Salvador Lombroso Levy
Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Lombroso Levy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Enrique Suárez García, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento realizado a su representado en el auto catorce de noviembre de la presente anualidad, solicita se le otorgue una prórroga, a fin de que el quejoso Salvador Lombroso Levy comparezca ante este órgano jurisdiccional para ratificar su escrito de desistimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, en virtud de se encuentra fuera del País y regresa hasta el veintiocho de noviembre de la presente anualidad. En tal virtud, hágase del conocimiento del promovente que su representado estará en aptitud de ratificar el escrito con folio 17015, siempre que la sentencia dictada en autos no cause ejecutoria, por tanto, mientras ello no acontezca podrá comparecer ante este Juzgado en horario hábil a manifestar su interés de ratificar dicho escrito. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que en el juicio de origen se decretó la extinción y conclusión del juicio en etapa de ejecución por cumplimiento voluntario del convenio de transacción judicial celebrado por las partes y elevado a categoría de cosa juzgado y manifiesta adjuntar a su informe copia certificada de las actuaciones que justifican el cumplimiento dado al fallo protector; ahora, dado que dicho oficio fue remitido vía electrónica, se estará en espera de las mismas, en caso de que las haga llegar vía ordinaria. Por tanto, una vez que sean recibidas en este órgano jurisdiccional las aludidas constancias y transcurra el término otorgado al quejoso para que ratifique su escrito de desistimiento o en caso de que esto último no ocurra, transcurra el plazo que refiere el artículo 186 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Salvador Lombroso Levy, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses. Ahora tomando en consideración que la sentencia dictada en este asunto aún no ha quedado firme y con el propósito de atender su petición con la debida certeza de su intención, requiérase al directamente quejoso, de así convenir a sus intereses, manifieste ante el fedatario judicial que realice la notificación de este proveído si ratifica o no el escrito de cuenta, o bien, dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, se presente a este órgano jurisdiccional debidamente identificado y manifieste si ratifica su firma, apercibida que de no hacerlo así, se continuará con la tramitación de este juicio. Es aplicable únicamente en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 119/2006, con de registro 174481, ubicada en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23/08/24 18:14:45 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.48.ac MARIA ELIZABETH REYES MORENO establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Así como la diversa 2a./J. 82/2016 (10a.), visible en la página 642, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2012059, que establece: "DESISIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 543/2023-C, por Salvador Lombroso Levy, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la cual fue remitida a este Juzgado ese mismo día, la demanda de amparo promovida por Salvador Lombroso Levy, en la que señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los que a continuación se enuncian: AUTORIDAD RESPONSABLE: Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali Jueza Décimo Primero de Primera Instancia de lo Civil Especializada en Materia Mercantil con el carácter de ordenadora, con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO "i) De la H. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, el dictado y ejecución de la resolución de fecha 21 de abril del 2023 en autos del toca judicial número 1034/2023. ii) De la H. Jueza Décimo Primero de Primera Instancia de lo Civil Especializada en Materia Mercantil de este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la ejecución de la resolución de fecha fecha 21 de abril de 2023 dictada por la H. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California en autos del expediente judicial número 1625/2016." (sic.) Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en el artículo 1, 14, 16, 17, 94, 108, 113 y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la admisión a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado; se reconoció el carácter de terceros interesados a Omar Osuna Berelleza y a Enrique Alfonso Díaz Vega, a quienes se emplazó y comparecieron a juicio; asimismo, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, escrito aclaratorio, los informes justificados y en atención a la causa de pedir se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: ( La resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali en el toca 1034/2022 y su ejecución. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que al rendir su Informe justificado los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, aceptaron la existencia del acto reclamado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas enviadas como apoyo al informe justificado rendido por la responsable citada, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente, se tiene por cierto el acto reclamado a la Jueza Décimo Primero de Primera Instancia de lo Civil Especializada en Materia Mercantil, toda vez que no obstante de que fue omisa en rendir su informe justificado, la existencia de los actos que se le reclaman puede advertirse de las constancias allegadas a estos autos por la diversa autoridad responsable en cita. Cuarto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes en este juicio no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni de las constancias de autos se advierte alguna que deba hacerse valer de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación que hace valer el impetrante. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Ahora bien, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, número de registro 164618, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa aduce que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 94, 108, 113 y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las autoridades responsables violentaron su derecho de contar con una debida tutela judicial ya que a pesar de que en el juicio natural se celebró un convenio judicial en el que se establecieron las bases del cómo y cuándo se pagaría (cosa juzgada), determinó dejar de aprobar el remate en el cual solicitó la adjudicación del bien inmueble embargado previamente, por dos razones: la primera, porque consideró que no había identidad del bien inmueble objeto del remate con el descrito en el avalúo relativo y la segunda porque consideró que el quejoso al solicitar la adjudicación del bien inmueble omitió expresar que se lo adjudicaba por las dos terceras partes hasta por el monto que se adeudaba, sin embargo, considera que con las documentales obrantes en el juicio se podían advertir claramente los datos del inmueble materia de remate. Que las autoridades responsables debieron valorar si había más elementos o constancias de las que se pudiera advertir una plena certeza jurídica sobre la identidad del inmueble objeto del remate y al no hacerlo, con su actuar violan sus derechos de tutela judicial eficaz, legalidad y certeza jurídica en virtud de que los argumentos que esgrimen en la resolución que combate carecen de una debida fundamentación y motivación, sosteniendo criterios sumamente subjetivos. Además, señala que los datos de ubicación del inmueble materia de remate no inciden de manera directa, ni sustancial respecto de la aprobación del mismo. De igual manera considera que la Sala responsable violenta el principio básico para proveer de forma fundada y debidamente motivada la resolución o conclusión a la que arribó cuando señala que el quejoso dejó de cumplir con lo establecido por el artículo 1412, párrafo cuarto, del código de comercio y ante ello procedente la desaprobación del remate, ello contrario a lo establecido por el artículo 14 Constitucional. En el caso materia de estudio, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar el acto reclamado en base a los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa Salvador Lombroso Levy, ello por no encontrarse en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, los motivos de disenso precisados se consideran esencialmente fundados, en base a lo que enseguida se expondrá: Para una mejor comprensión del asunto se considera conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado siguientes: El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, Alberto Maya Levy, en su carácter de gerente general de la empresa Promotora Agua Caliente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio ordinario mercantil, ejerciendo la acción de rescisión del contrato de Cesión Futura de Derechos de Partes Sociales, en contra de Óscar Osuna Berrelleza y Enrique Alfonso Díaz Vega. En el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se radicó la demanda y se ordenó el emplazamiento de los demandados en el juicio de origen. Emplazamiento a juicio de los demandados Óscar Osuna Berrelleza y Enrique Alfonso Díaz Vega. En el auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora y demandados, exhibiendo un convenio judicial, el cual ratificaron ante la presencia judicial, sin embargo en este auto no se les tuvo por aprobado. Escrito presentado el uno de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual el abogado procurador de la parte actora interpuso recurso de revocación en contra de la determinación referida con antelación. Mediante resolución dictada el dos de marzo de dos mil diecisiete, el Juez responsable determinó declarar fundado el recurso de revocación hecho valer por el abogado procurador de la parte actora y en consecuencia, aprobar el convenio judicial exhibido por las partes. Mediante escrito presentado ante la responsable el diez de febrero de dos mil veintiuno, solicitó la ejecución forzosa del convenio judicial respecto de la liquidación de la suerte principal e intereses generados. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se emitió la resolución correspondiente y se determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Se ajusta la LIQUIDACIÓN DE SUERTE PRINCIPAL E INTERESES MORATORIOS formulada por el actor, atento a las razones expresadas en el presente fallo.- SEGUNDO.- Con motivo del ajuste realizado en la liquidación, lo oportuno es aprobarla en los términos siguientes: "a) Como saldo de capital adeudado la cantidad de $86,288.75 dólares (ochenta y seis mil doscientos ochenta y ocho dólares 75/100 moneda de los Estados Unidos de América). Por cuanto a los intereses moratorios ocasionados, en los términos antes cuantificados en este fallo, se aprueba la liquidación por la cantidad de $106,228.63 dólares (sesenta y siete mil trescientos noventa y ocho dólares 70/100 moneda de los Estados Unidos de América) ocasionados hasta el mes de febrero de dos mil veintiuno." En el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró firme la resolución referida con antelación y toda vez que la parte demandada no hizo manifestación alguna en relación al cumplimiento que le hubiese dado al convenio judicial celebrado por las partes, se tuvo a ésta por rebelde y por perdido el derecho que dejó de ejercitar. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintiuno, el abogado procurador de la parte actora hoy quejosa, solicitó el embargo del bien inmueble descrito como departamento B-1002, condominio nivel diez en los lotes 10 y 11 de la manzana 13, del fraccionamiento Jardines de Chapultepec, la fracción B, y predio rústico situado a espaldas del antiguo campo de Golf de Agua Caliente, inscrito a favor del demandado Omar Osuna Berrelleza y para tal efecto exhibió la hoja de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, con folio real 1577100 y la escritura correspondiente al contrato de compraventa, en la que aparece como comprador el demandado antes citado y anexos, consistentes en un recibo del predial con clave catastral CX-013-277 y un avalúo número 1049/2021-AF, emitido por el perito Jorge González Pérez Arce, en el que aparece como propietario Aslan Sarabia Peraza. Avalúo número 1049B/2021-AF, presentado por el abogado procurador de la parte actora, emitido por el perito Jorge González Pérez Arce, fechado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se comisionó al Actuario adscrito al Juzgado de a fin de que realizara la traba real y formal de embargo del bien inmueble identificado con el folio 1577100. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de remate en primer almoneda y ante la falta de postores, en uso de la voz el actor solicitó se le adjudicara el bien embargado a su favor, en las dos terceras partes del valor del avalúo del inmueble embargado, por lo que se procedió a adjudicar el mismo a Salvador Lombroso Levy en la cantidad de $7,046.807.60 pesos (siete millones cuarenta y seis mil ochocientos siete pesos 60/100 moneda nacional) y se dio vista a la contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al abogado procurador de la parte actora promoviendo incidente de liquidación y/o conversión de dólares americanos a moneda nacional de la sentencia interlocutoria. Auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se proveyó en relación a las objeciones hechas valer por la parte demandada. Auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por el que en lo que aquí interesa la autoridad responsable determinó no aprobar el remate celebrado en la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California de aplicación supletoria. Escrito mediante el cual la parte actora hoy quejosa, interpuso recurso de apelación en contra del auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós. Resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual los Magistrados responsables determinaron lo siguiente: ". I. Se confirman en grado de apelación autos de fecha cuatro y veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Provisional del Juzgado Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el expediente número 1625/2016, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por SALVADOR LOMBROSO LEVY en contra de OMAR OSUNA BERRELLEZA y ENRIQUE ALFONSO DIAZ VEGA." Siendo esta última la resolución materia de este juicio de amparo. La sala responsable en la resolución que constituye el acto reclamado, al atender el recurso de apelación interpuesto, por una parte, se limitó a manifestar que existía una variación en los datos de identificación del propietario y del inmueble materia de la litis y, que por ello, era necesario se acreditara fehacientemente la identificación del inmueble controvertido, por lo que era correcta la determinación del Juez responsable. Sin embargo, la sala responsable omitió pronunciarse respecto de lo manifestado por el apelante en relación con las documentales y datos coincidentes con los cuales considera acreditada la identificación del bien inmueble materia de remate, ello no obstante de que haya precisado lo siguiente: ".Es necesario mencionar que el solo hecho de que en el avalúo emitido por el perito Jorge González Pérez Arce, se haya asentado como propietario del predio a rematar, el nombre de Aslan Sarabia Peraza y no el del deudor Omar Osuna Berrelleza, además de señalar un lote que no corresponde a donde se encuentra construido el edificio, pues el citado avalúo indica lote 277 mientras que el condominio o departamento se refiere a lotes 10 y 11 ya es motivo suficiente para generar dudas en los posibles postores, sin que deba ser su obligación el tener que acudir a verificar las constancias de autos, para suponer la identidad del predio sujeto a remate, así como de quien es el propietario, ya que ello no puede ser confuso en su perjuicio." Sin embargo, el argumento vertido por el apelante fue el siguiente: " La H. A quo, dejo de advertir y justipreciar que desde el momento en que se señalo el bien inmueble para embargo, se exhibió testimonio de la escritura pública número 10,184 volumen 6356 de fecha 1 de julio del año 2021, pasada ante la fe pública del señor Licenciado Xavier Ibañez Veramendi, titular de la Notaría Pública número 3 de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, en la cual obra el contrato de compraventa mediante el cual el objeto del embargo, remate y adjudicación en el presente juicio, en el que obra un avalúo realizado por el perito Jorge González Pérez Arce, que es el perito que también elaboro el avalúo que sirvió de base para sacar a remate el bien inmueble multicitado; es decir, es un mismo avalúo, que fue elaborado por el mismo valuador, con los cambios de fecha de emisión del avalúo y lo único que se omitió cambiar, es que en el avalúo que sirvió para la compraventa aparece como propietario ASLAN SARABIA PERAZA, y se dejó el mismo nombre en el avalúo que sirvió para el remate del bien inmueble, dejando de ser un elemento substancial como para considerar que se trata de dos bienes inmuebles distintos; circunstancias éstas que dejó de advertir, justipreciar y valorar la H. A quo. Recordemos que estamos ante un condominio y por lo tanto físicamente la torre se encuentra construida en el lote 10 y 11, ahora bien, que catastro conforma sus claves catastrales de lote y manzana, en este caso CX-013-277, el 13 corresponde a la manzana y el 277 funge como numero identificatorio y se inserta como identificado el departamento en lugar de el lote. [.] Tanto en el avalúo elaborado por el perito Jorge González Pérez Arce, que sirvió como base en la celebración de la compraventa mediante la cual el señor Omar Osuna Berrelleza adquirió al bien inmueble embargado, según consta en el testimonio de la escritura pública número 190,184 volumen 6356 de fecha 1 de julio del año 2021, pasada ante la fe pública del señor Licenciado Xavier Ibañez Veramendi titular de la Notaría Pública número 3 de esta Ciudad de Tijuana, Baja California (obra en autos); coo en el avalúo que elaboro el perito Jorge González Pérez Arce que sirvió como base para sacar a remate el bien inmueble, en ambos se puede advertir: El inmueble que se va a rematar es un departamento, descrito como departamento condominio. Clave catastral CX013277. Superficie de terreno 282.90 metros cuadrados. Superficie de construcción 425.75 metros cuadrados. Respecto de su ubicación: Delegación Centro, de la Colonia Jardines de Chapultepec, de la calle Fresno, número exterior 5430, número interior B 1002." Ahora, de las constancias que allegó la autoridad responsable, se puede corroborar la presentación del escrito al que hizo referencia la parte actora, ahora quejosa, en el que solicitó el embargo del bien materia de remate y al que se adjuntó la escritura correspondiente al contrato de compraventa, en la que aparece como comprador el demandado Omar Osuna Berrelleza, con sus anexos correspondientes, entre ellos un recibo del predial, en el que se advierte como clave catastral CX-013-277 y el avalúo número 1049/2021-AF, emitido por el perito Jorge González Pérez Arce, que sirvió de base para dicha transacción, en el que se señaló como propietario Aslan Sarabia Peraza, de los cuales se pueden apreciar los datos de identidad del inmueble objeto de remate, específicamente la clave catastral antes referida, la superficie de terreno 282.90 m2, superficie de construcción 425.75, y sus colindancias, las cuales fueron debidamente detalladas en el escrito de referencia, datos que se pueden verificar dado que cuentan con código "QR" de verificación. Circunstancia que sí se hizo valer en el recurso de apelación correspondiente, ya que el apelante precisó que se dejó de advertir y justipreciar que existen todos los elementos, documentos y demás constancias que obran en autos, en las cuales se puede advertir que bajo ninguna circunstancia, existe diferencia entre el avalúo que sirvió como elemento para sacar a remate el bien inmueble embargado y las señaladas en el mencionado instrumento notarial. Por lo que afirmó que el inmueble materia de ejecución se encuentra plenamente identificado, precisando que catastro conforma sus claves catastrales de lote y manzana, en este caso CX-013-277, el 13 corresponde a la manzana y el 277 como número identificatorio. Por tanto, a juicio de esta Juzgadora, la sala responsable contaba con elementos para determinar si efectivamente, la clave catastral, el folio real y las medidas y colindancias descritas en cada una de dichas documentales públicas y privadas llevan a la convicción de determinar la identidad del inmueble respecto del cual se fincó remate. En efecto, en el caso se estima que la autoridad responsable debió dar respuesta a los agravios sometidos a su consideración y analizar y emitir un pronunciamiento respecto de cada uno de los documentos señalados por la parte actora y que obran en autos; habida cuenta que, de la resolución combatida no se advierte que la sala se hubiese ocupado de analizar la documental pública de la que se advierte la clave catastral CX013277, la cual es única, confrontando los datos respecto de los antecedentes registrales, ubicación, medidas y colindancias con los que aparecen en el instrumento público en el que se hizo constar, la compraventa del bien inmueble en el que aparece como comprador el demandada Omar Osuna Berrelleza; así como frente a aquellos datos de ubicación señalados en el avalúo a que hizo referencia el apelante, hoy quejoso, en sus agravios. Así las cosas, aun y cuando efectivamente resulta evidente que no hay coincidencia respecto del nombre propietario con el codemandado, lo cierto es que en los autos del juicio de origen sí existen elementos para determinar si con los datos de identificación advertidos en las constancias que obran en el expediente existe identidad en el bien inmueble materia de remate. Aunado a que ninguno de los acuerdos emitidos por el a quo en el procedimiento de remate, presenta inconsistencia alguna, por lo que cualquier publicidad que se dio al mismo, contenía los datos exactos. Asimismo, en relación con el segundo agravio en estudio, la Sala responsable omitió dar contestación a lo manifestado por el hoy quejoso, en relación a la obligación que consideró le era impuesta en relación con lo establecido en el numeral 1412 del Código de Comercio, toda vez que argumentó que la responsable le atribuyó la obligación de precisar que solicitaba la adjudicación del bien inmueble materia de remate por las dos terceras partes de lo sentenciado no así del total del avalúo, sin embargo, consideró que ninguna legislación que regula el procedimiento natural, establece que en caso de haberse realizado o gestionado esa omisión, la consecuencia debe ser que se deje de aprobar el remate, ya que la postura legal prevista en el artículo 573 del propio ordenamiento no constituye un acto privativo, conculcatorio del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dicho precepto no tiene la finalidad de quitar parte del valor del bien inmueble que sale a remate, sino simplemente determinar la postura legal y las bases para calcularla, luego entonces contaría con diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva, para exhibir el remanente. De igual manera hizo valer como agravio, lo siguiente: ".La H. A quo nos dejan completo estado de indefensión, pues arribó a una cantidad respecto de la cual se ignora el cómo es que llegó a dicha cantidad, en este caso, la cantidad de $3,985,687.32 pesos, que refiere en el acuerdo que se combate, razón por la cual es importante y trascendente que primero y antes de haber emitido esa resolución cuantificado una liquidación en pesos, debió de advertir y tener a bien a considerar el incidente a que me referí en el punto anterior, ya que hacer una afirmación como la que hizo en determinar una cantidad sin expresar de forma motivada, es decir , precisando cómo es que llegó a la cantidad que refiere que los condenados tenían que liquidar esa cantidad en pesos, es un acto arbitrario pues deja de estar fundado y debidamente motivado, muy por el contrario a lo expuesto y probado en el incidente antes aludido y promovido por la parte actora, en el cual se ofreció la impresión correspondiente al tipo de cambio que publica día a día el Banco de México." A lo que la Sala responsable señaló: "Asimismo dice el apelante que se deja en estado de indefensión a sus representados, el que la A quo determinara que la cantidad de lo sentenciado y liquidado fuera por la suma de $3,985,687.32 pesos (tres millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos con 32/100 Moneda Nacional), desconociendo como es que se llegó a dicha cantidad, sin embargo dicha inconformidad o motivo de disenso resulta infundado y por lo tanto inatendible, pues no debe ignorarse el hecho de que de autos se desprende que por interlocutoria ejecutoriada del día diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, se ajustó la liquidación de suerte principal e interese moratorios formulada por el actor, en la que se aprobó por saldo de capital adeudado un total de $86,288.75 dólares (Ochenta y seis mil doscientos ochenta dólares con 75/100 Moneda de los Estados Unidos de América) y de intereses moratorio ocasionados $106,228.63 dólares (Ciento seis mil doscientos veintiocho dólares con 63/100 Moneda de los Estados Unidos de América), dando un total de $192,517.38 dólares (Ciento noventa y dos mil quinientos diecisiete con 38/100 Dólares Moneda de los Estados Unidos de América), mismos que al multiplicarlos por el tipo de cambio que regía el día dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, fecha de la audiencia de remate, que en ese entonces era de $20,700 (Veinte pesos con 7030 centavos Moneda Nacional) nos da el total de la suma al inicio referida, motivo por el cual es ilógico que el recurrente manifieste que desconoce de dónde surgió la misma." Razonamiento de la responsable del cual no se advierte atendida la manifestación del hoy quejoso en relación con el incidente planteado y que resulta trascendente para sustentar el sentido del fallo, ya que éste fue posterior a la resolución en la que refiere sustentar su determinación y por tanto incongruente que ante ello considerara correcta la resolución del Juez responsable. Por tanto, si la sala responsable contaba con los elementos referidos y omitió pronunciarse respecto de aspectos que tenía a su alcance; entonces resultan fundados los conceptos de violación, materia de estudio. En las narradas circunstancias, al ser fundados los motivos de queja previamente analizados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos precisados en el considerando siguiente. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos reclamados de la autoridad ejecutora, ya que al ser inconstitucionales los actos de la ordenadora, a igual conclusión debe llegarse por lo que se refiere a los actos de aquella, al no reclamarse por vicios propios. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/338, consultable en la página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre de 1994, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Sexto. Efectos de la concesión de Amparo. La autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, deberá: Dejar insubsistente la resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca 1034/2022. Dictar una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria analice la totalidad de los agravios formulados por la parte actora apelante Salvador Lombroso Levy. Proceda a la valoración de cada uno de los documentos señalados por la parte quejosa, pronunciándose respecto del folio, clave catastral, superficie y colindancias del predio que en ellos se detalla en relación con el inmueble materia de remate, así como el hecho que la publicidad dada al procedimiento de remate se emitió sin errores o inconsistencias. Determine con libertad de jurisdicción si de la valoración y confrontación de todos esos datos se arriba a la conclusión de que se trata del mismo bien inmueble materia de remate, no obstante el error asentado en el avalúo en cuanto al propietario y si la determinación que en su caso se emita en el incidente de conversión planteado por el apelante trasciende a la cuantificación de la condena para la determinación del remanente a devolver a los codemandados. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Salvador Lombroso Levy, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta ciudad y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy once de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Tijuana, ********************aja California, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de cinco de junio del año en curso, se reservó proveer respecto al escrito presentado por Omar Osuna********************, por medio del cual solicitó se le tuviera apersonando al presente juicio de amparo en representación del diverso tercero interesado ******************** ello hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias relativas al juicio de origen, a fin de estar en posibilidad de verificar la personalidad con la que se ostenta y en su caso tenerle por acreditada la misma en este asunto. En ese sentido y toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de ********************aja California, con sede en esta ciudad, anexas a su informe justificado, -tomo Uno, foja 235- se desprende que a Omar Osuna********************, le reviste la calidad de apoderado legal del tercero interesado ******************** toda vez que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de origen 1625/2016, del índice de la autoridad responsable, se le tuvo por reconocida la personalidad con que comparece; por tanto, con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Omar Osuna********************, el carácter con el que comparece a juicio. En consecuencia, se tiene como domicilio del tercero interesado ******************** para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, Letra "********************", esquina ********************oulevard Rodolfo Sánchez Taboada, ********************, en esta ciudad, y como personas autorizadas a ********************, quienes contarán con todas las facultades a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese.
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