Salvador Peralta Martínez O Enrique Peralta Sierra

Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Salvador Peralta Martínez O Enrique Peralta Sierra

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, tres de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso y el defensor público no interpusieron recurso de queja contra los proveídos de diez de marzo (por el cual se desechó la demanda de amparo) y dieciocho de abril de dos mil veintitrés (a través del cual se desechó por notoriamente improcedente el incidente de nulidad de notificación promovido). Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que los referidos acuerdos han causado estado (han quedó firmes). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de las actuaciones, se advierte el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se requirió a Julio Arturo Gómez Peña, defensor público del quejoso *, para que en el plazo de tres días corrigiera, aclarara o complementara la petición hecha por el quejoso, mediante diligencia practicada el veintiuno de marzo del año en curso, respecto al incidente de nulidad de notificación que promovió. Sin embargo, el plazo otorgado para desahogar el referido requerimiento ha transcurrido, pues fue notificado de manera personal, el veintisiete de marzo del presente año, sin que lo haya hecho. Se hace efectivo el apercibimiento formulado. Con motivo de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el proveído de mérito, y se provee conforme a derecho respecto de la petición efectuada por *, mediante diligencia practicada el veintiuno de marzo del año en curso, relativa al incidente de nulidad de notificación que promovió. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; se desecha de plano, por notoriamente improcedente, el incidente de nulidad de notificación promovido por el quejoso, en atención a las siguientes consideraciones: Mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de marzo del año en curso, se remitió la demanda de amparo promovida por *. En dicha demanda de amparo, señaló como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho de Coahuila "CPS-18-Cohuila". Luego, a través del proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda al encontrar causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, conforme a los argumentos expuestos en dicho acuerdo. En tal virtud, y en vista de que el domicilio que señaló el quejoso está fuera de la residencia de este juzgado de Distrito, se ordenó girar el exhorto 30/2023, con número de orden 90/2023, al Juzgado de Distrito en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordenara a quien correspondiera realizar la notificación del citado acuerdo a *. Por lo anterior, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del exhorto 453/2023 de su índice, radicó el girado por este órgano jurisdiccional y ordenó turnar los autos al diligenciario adscrito a aquél juzgado, para que notificara al quejoso *. En cumplimiento de lo ordenado por la citada jueza de distrito, a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de marzo del año en curso, se constituyó en el centro penitenciario donde se encuentra recluido el mencionado quejoso, quien se entrevistó con él y le notificó el proveído de diez de marzo del presente año, entregándole copia autorizada del mismo. De lo anterior se desprende que, la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, notificó legalmente el auto al que se hace alusión, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I.- Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a).- El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; ." Circunstancia que se acredita con las constancias remitidas por la Jueza de Distrito en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, recibidas en este juzgado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés y acordadas el veinticuatro siguiente. Por lo anterior, se reitera que, el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso Salvador Peralta Martínez o Enrique Peralta Sierra, debe desecharse por notoriamente improcedente, porque la notificación de la determinación de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aludida se realizó en los términos que dispone el numeral 27, fracción I, incisos a) de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que el centro penitenciario donde se encuentra recluido el quejoso, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano judicial, puesto que se solicitó el auxilio del homologo federal (a través del exhorto enviado) que tiene competencia territorial en aquél lugar, y fue su personal quien, conforme a derecho, realizó la diligencia respectiva

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, se advierte que, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 30/2023, con número de orden 90/2023, del índice de este juzgado, en el que se encomendó notificar al quejoso *, el proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se ordena dar de baja el exhorto de mérito con la hipótesis de "diligenciado", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Petición del quejoso. Por otra parte, de la lectura de las constancias remitidas por el homologo, se advierte que en la diligencia de notificación de veintiuno de marzo del presente año, el quejoso textualmente asentó lo siguiente: "PROMUEVO INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN" Sin embargo, *, omitió precisar contra que notificación interpone dicho medio de impugnación. Lo anterior resulta menester porque, del estado procesal de las actuaciones, se advierte que, el presente juicio de amparo derivó de una separación de juicios, y, durante la tramitación de este expediente sólo existe la notificación personal de veintiuno de los presentes, relativa al auto de desechamiento de la demanda de amparo, la cual se entendió directamente con *. Por tanto, no existe certeza de cuál es la notificación que en realidad desea impugnar el quejoso. Por otra parte, del acuerdo de radicación también se aprecia que se determinó que subsistiría el nombramiento y cargo del licenciado * , adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, como defensor público del quejoso. Entonces, a fin de no dejar en estado de indefensión a *, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se requiere al mencionado defensor público, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, corrija, aclare o complemente la petición hecha por el quejoso. Se le apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal efecto, se proveerá conforme a derecho proceda respecto de la petición efectuada por *. Notifíquese

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe el oficio de cuenta, confirma electrónica del titular y la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En éste, se remite copia certificada del expediente 5/2023-PAR del índice de dicho juzgado, así como dos anexos, con motivo de la separación de juicios respecto de la demanda de amparo presentada por * y otros, por propio derecho. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se ordena acusar recibo al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el oficio y anexos recibidos. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Vinculación de expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. En ese sentido, toda vez que el presente asunto deriva de una separación de juicio, aunado a que el oficio de cuenta y la copia certificada del juicio de amparo 5/2023-PAR fueron recibidos de manera física a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se solicita de manera atenta al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que, de no tener inconveniente alguno, instruya a quien corresponda que ponga a disposición de esta autoridad (vincule al presente asunto) la versión electrónica del expediente de mérito (5/2023-PAR) a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para su consulta. Quejoso, precisión de las autoridades responsables y acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, conviene precisar que en términos del acuerdo de separación de juicios, de siete de marzo del año en curso, emitido en el expediente 5/2023-PAR, y las constancias que integran el expediente, este juicio comprenderá lo siguiente: Parte quejosa: ?*. Autoridades responsables: Ordenadora. a) Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ejecutora. b) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Actos reclamados: 1. A la ordenadora: la omisión de notificar en tiempo y forma la resolución del toca de apelación 51/2020 en su lugar de reclusión (de forma personal). 2. A la ejecutora: la omisión de notificar en tiempo y forma los exhortos emitidos por la ordenadora para notificarle dicha resolución. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharán de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. En el presente caso se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso reclama los siguientes actos: 1. A la ordenadora: la omisión de notificar en tiempo y forma la resolución del toca de apelación 51/2020 en su lugar de reclusión (de forma personal). 2. A la ejecutora: la omisión de notificar en tiempo y forma los exhortos emitidos por la ordenadora para notificarle dicha resolución. Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve improcedente la acción de tutela constitucional, puntualmente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, y 107, fracción IV, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los cuales refieren: De conformidad con los numerales en cita, para impugnar en amparo indirecto un acto emitido fura de juicio, es necesario que éste se vulnere de manera directa y material algún derecho sustantivo protegido por la constitución o algún tratado internacional signado por el Estado mexicano. Lo anterior, porque el juicio de amparo tiene como finalidad garantizar el respeto de esos derechos por parte de cualquier autoridad y, en caso de darse una trasgresión, restituir al individuo en el goce de ese derecho. De ahí la necesidad de comprobar una afectación real y directa en esos derechos para acceder al juicio de protección. Por ello, cuando se trata de una violación a derechos procesales, el juicio de amparo es improcedente, pues estas pueden subsanarse en la secuela del propio juicio o con el dictado de la sentencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la improcedencia del juicio de amparo contra actos carentes de afectación material a derechos sustantivos en la jurisprudencia de rubro: *Además, esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcir el derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento. Incluso, en el recurso de apelación o en el juicio de amparo directo (de obtener una sentencia desfavorable). En otras palabras, para que este juicio de amparo fuera procedente, la violación aducida debe restringir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente con producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender al resultado del fallo de modo irremediable. En el caso, el quejoso reclama la omisión de la sala responsable de notificarle la resolución emitida en el toca de apelación 51/2020 en su lugar de reclusión. En ese sentido, se advierte que no existe una afectación a algún derecho fundamental de *, porque al tener la calidad de sentenciado y apelante en el toca 51/2020, tiene a salvo sus derechos para solicitar a la sala responsable que le notifique la ejecutoria que, en su caso, haya emitido, pues en la demanda no refiere que haya formulado dicha solicitud y que ésta le haya sido negada. Además, de estar inconforme con la notificación que en su caso ya se hubiere realizado, también tiene a su disposición el incidente de nulidad de notificaciones en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 46, fracción XIV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. En esas condiciones, la omisión reclamada no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues únicamente involucra actos procesales. Por tanto, se insiste, no existe alguna afectación a los derechos fundamentales de *. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, y 107, fracción IV, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el lugar de su reclusión ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho de Coahuila "CPS-18-Cohuila". Defensor público. La revisión de los autos de origen permitió advertir que mediante oficio PJEP/IDP/DG-081/2023, la Directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla designó como defensor público del quejoso *, al abogado *, quien aceptó y protestó el cargo en comparecencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, toda vez que el referido defensor público ya tiene conocimiento del juicio de amparo instado por *, así como para evitar la duplicidad de designaciones y no aumentar la carga de trabajo del referido instituto de manera innecesaria, se determina que en este juicio subsistirá el nombramiento y cargo del licenciado *. Por tanto, se ordena notificarle de manera personal el presente acuerdo (en el domicilio señalado en la diligencia de aceptación de cargo *, para ello el actuario adscrito deberá correrle traslado con copia simple de la demanda y autorizada de este proveído. Notificación al quejoso. Dado que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-18-Cohuila", ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se provee: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal4, líbrese atento exhorto -en línea- al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional ordene a quien corresponda que se constituya en el citado centro penitenciario y le notifique de manera personal este proveído al quejoso *, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles a fin de realizar lo encomendado, así como para que provea todas las diligencias que sean necesarias para materializar la notificación solicitada. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuando se realice la diligencia con el citado quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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