Salvador Ortíz Morales

Expediente 816/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
816/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • Salvador Ortíz Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Se agrega al expediente la razón de la actuaria adscrita, por la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el auto de veintinueve de agosto del año en curso al quejoso, dada la inexistencia del número exterior +++, en el domicilio que fue señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones: +++. En esas condiciones, se ordena notificar al quejoso el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho por medio de lista que se fije en este juzgado así como este proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO SE NOTIFICA POR LISTA EL DIVERSO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO AL QUEJOSO. Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ********** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Región Judicial Sur Oriente en Tehuacán. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la demanda de amparo advierto que el quejoso reclama lo siguiente: ".la negativa de Ejercer la Acción Penal dentro de la carpeta de investigación *************.". Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejo manifiesta ".hasta la presente fecha no ha emitido acuerdo alguno mediante el que ya sea (sic) ejercite acción penal o reserve su dictado, siendo en resumen el acto por el cual promuevo el presente juicio de garantías.". De igual forma en los conceptos de violación el quejoso manifiesta: ".la autoridad señalada como responsable, ha sido omisa en ejecutar su obligación ya sea de ejercer la acción penal o incluso el no ejercicio de la acción penal, pero su inactividad afecta mis derechos constitucionales, poniéndome en estado de incertidumbre jurídica.". Lo anterior, permite afirmar que el acto reclamado en esta vía de amparo, consiste en la omisión del ministerio público responsable en pronunciarse respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *********. Además, de los antecedentes del acto reclamado también se advierte que el quejoso, en su calidad de agraviado presentó querella, por el delito de despojo, la cual fue radicada como el ****** *******, misma que fue elevada a carpeta de investigación con el número **************, lo que resalta que dicha carpeta de investigación se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio, al haber presentado su querella el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, fecha en la cual ya se encontraba vigente dicho sistema. Por tanto, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la abstención reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, presento el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". Del precepto anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1ª./J.28/2018 (10a.) y 1a./J.27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las jurisprudencias citadas que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el único acto reclamado por el quejoso -abstención de ejercer la acción penal o el no ejercicio de la acción penal- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. De hecho, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la abstención combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esa abstención en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la referida indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, afirmo en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, pues en mi opinión es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en la carpeta de investigación **************. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, quedan autorizadas las personas referidas en ese ocurso inicial, sólo para tales efectos e imponerse de los autos, porque omitió conferirles en forma expresa tal autorización en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la ley de la materia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ********** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Región Judicial Sur Oriente en Tehuacán. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la demanda de amparo advierto que el quejoso reclama lo siguiente: ".la negativa de Ejercer la Acción Penal dentro de la carpeta de investigación *************.". Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejo manifiesta ".hasta la presente fecha no ha emitido acuerdo alguno mediante el que ya sea (sic) ejercite acción penal o reserve su dictado, siendo en resumen el acto por el cual promuevo el presente juicio de garantías.". De igual forma en los conceptos de violación el quejoso manifiesta: ".la autoridad señalada como responsable, ha sido omisa en ejecutar su obligación ya sea de ejercer la acción penal o incluso el no ejercicio de la acción penal, pero su inactividad afecta mis derechos constitucionales, poniéndome en estado de incertidumbre jurídica.". Lo anterior, permite afirmar que el acto reclamado en esta vía de amparo, consiste en la omisión del ministerio público responsable en pronunciarse respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *********. Además, de los antecedentes del acto reclamado también se advierte que el quejoso, en su calidad de agraviado presentó querella, por el delito de despojo, la cual fue radicada como el ****** *******, misma que fue elevada a carpeta de investigación con el número **************, lo que resalta que dicha carpeta de investigación se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio, al haber presentado su querella el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, fecha en la cual ya se encontraba vigente dicho sistema. Por tanto, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la abstención reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, presento el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". Del precepto anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1ª./J.28/2018 (10a.) y 1a./J.27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las jurisprudencias citadas que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el único acto reclamado por el quejoso -abstención de ejercer la acción penal o el no ejercicio de la acción penal- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. De hecho, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la abstención combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esa abstención en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la referida indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, afirmo en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, pues en mi opinión es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en la carpeta de investigación **************. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, quedan autorizadas las personas referidas en ese ocurso inicial, sólo para tales efectos e imponerse de los autos, porque omitió conferirles en forma expresa tal autorización en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la ley de la materia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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