Salvador Mendez Ortega
Expediente 1030/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Salvador Mendez Ortega
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte el quejoso omitió impugnar el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos, que dio origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se agrega a las presentes actuaciones el oficio de cuenta con anexo, el primero signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 582/2018, con número de orden 721/2018, del registro de este órgano jurisdiccional. Despacho que se envió para notificar al quejoso + el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, por lo que se tiene notificado al quejoso del referido proveído, pues así se desprende del acta realizada por el diligenciario correspondiente. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Por último, se hace notar que es innecesario notificar al quejoso en forma personal, el contenido del presente acuerdo, porque ningún derecho procesal está involucrado.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por + por propio derecho contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tehuacán Puebla. Ahora el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Ahora, de la demanda de amparo advierto que el quejoso reclama lo siguiente "el auto de fecha 18 de septiembre de 2018 y notificado al suscrito el día 11 de octubre del presente año, dentro de la causa penal 1062/2016, de los del Juzgado Oralidad Penal de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla ". Sin embargo, de la manifestación de aquel resalta que dicho auto reclamado versa respecto a la negativa de la autoridad de reaperturar el plazo de investigación complementaria. Por tanto, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular prevista en el artículo 61 fracción XXIII, relacionada con la diversa V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia, se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que se consideró por el Pleno del alto tribunal del país en la fracción V del artículo 107 de la legislación en la materia porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares fracción V del artículo 107 de la ley de la materia. Entonces, resulta inconcusa la actualización del parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal como se advierte del acto reclamado por la parte quejosa. De ahí que el acto reclamado consistente en que el juez responsable negó la reapertura del plazo de investigación complementaria, constituye violación al procedimiento que en nada afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, en términos de la fracción V del apartado B del artículo 173, de la Ley de Amparo, ya que en el caso de que dichas violaciones trasciendan a la sentencia definitiva y afecten las defensas de aquel, éstas podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo. Además el criterio actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia vigente. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Resulta aplicable, por las razones que expone, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231 , del rubro siguiente VIOLACIONES PROCESALES RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. En esas condiciones al margen de que fuera correcto o no el reaperturar el plazo de investigación complementaria lo cierto es que, la falta de desahogo de los medios convictivos que aduce el quejoso pretendía ofrecer, constituye un aspecto meramente procedimental que podría tener trascendencia en todo caso al dictar sentencia en el proceso de origen lo que incluso se corrobora con lo dispuesto por el artículo 173, fracción X de la Ley de Amparo que establece expresamente como violación reclamable en amparo directo, la falta de recepción de pruebas, de ahí que, se insiste, el amparo indirecto es improcedente en casos como este. Además el acto reclamado no vulnera el derecho fundamental sustantivo de defensa adecuada consagrado en la constitución, pues una vez concluida la etapa de investigación en caso de que el ministerio público determine formular acusación se continuará con la etapa intermedia, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, momento idóneo para que los imputados presenten los medios convictivos que estimen convenientes. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia, invocada pues en mi opinión es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de imputado. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 y la diversa fracción V del artículo 107 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia se ordena realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo lista y queda autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, por estar registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Asimismo, y dado que el quejoso + se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, lugar fuera de la residencia de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla con fundamento en los artículos 27 fracción II, 26 fracción III de la Ley de Amparo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se ordena librar despacho al Juez de lo Penal de Tehuacán Puebla,a efecto de que tenga a bien comisionar a quien corresponda notifique este acuerdo al quejoso en el interior del Centro de Reinserción Social de Tehuacán Puebla. Lo anterior, a fin de requerirle en el momento de la respectiva diligencia, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de este auto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo. Asimismo, deberá apercibirle que de omitir hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este juzgado al que omita cumplimentar. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. También se pide al juzgador del orden común que una vez realizada la diligencia ordene de inmediato la devolución de la comunicación oficial de mérito. Se le apercibe que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización en razón de su valor diario de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo vigente. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías a éste o la persona autorizada en la demanda de amparo pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares tendrán que sujetarse la autorizada y el quejoso al proceso de fotocopiado es decir serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve específicamente en su capítulo cuarto artículo décimo séptimo en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal que establece el procedimiento de asignación certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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