Salvador Moreno Aguilar
Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Salvador Moreno Aguilar
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 126/2022-VI. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL . DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 126/2022-VI. En nueve de febrero de dos mil veintidós Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada (de manera incompleta) vía electrónica y sin firma criptográfica, aparentemente promovida por *** Dicha modalidad (la electrónica) obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. En esa tesitura, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Sin embargo, la demanda de cuenta, presentada vía electrónica aparentemente por *** no tiene su firma electrónica y, por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío de la demanda (con la firma electrónica del quejoso o quejosos en mención). En efecto, aun cuando en la demanda aparece la imagen digitalizada de una firma autógrafa a nombre de Salvador Moreno Aguilar, y en entre las fojas digitalizadas de dicha demanda, aparece también un "acuse de envío de escrito" emitido por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a nombre de (como promovente) Marcelo Espinoza Caballero; lo cierto es que en el ocurso inicial de cuenta no se incluye la firma electrónica con evidencia criptográfica a nombre de ninguna de las dos personas físicas en mención. Esto, a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información; en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso o quejosos en cita, soslayaron el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, de la demanda (incompleta) se advierte que el mencionado quejoso o quejosos señalaron como actos reclamados: ".De la ORDENADORA, reclamo el haber dictado ORDEN DE BUSCA, APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y COMPARECENCIA en contra de los suscritos (sic), dentro de los autos de la Carpeta de Investigación número ***, radicada en el Juzgado (sic) Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.". Tales actos, si bien pudieran afectar la libertad personal de cada quejoso, lo cierto es que de ninguna forma constituyen actos fuera de procedimiento ni tampoco actos de carácter urgente como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque los antecedentes narrados en la demanda, reflejan que esos actos derivaron de un proceso penal 333/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla (según se infiere de las manifestaciones señaladas con el número 2, expresadas como hechos bajo protesta de decir verdad). Dicho de otro modo, los actos combatidos por el quejoso o quejosos, son actos dentro de procedimiento y que no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando (como se dijo) la parte quejosa reclama actos urgentes -de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo-. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso o quejosos en alusión, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. Aunado a lo anterior debe decirse que en la papeleta de la Oficina de Correspondencia Común (OCC) se asentó respecto de la demanda de amparo lo siguiente: "Cuenta con firma: NO". De igual manera, en el ya mencionado "acuse de envío de escrito" emitido por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a nombre de (como promovente) Marcelo Espinoza Caballero; destaca lo siguiente: "Sin evidencia criptográfica de la firma electrónica". Esto permite reforzar el argumento ya expuesto, toda vez que es inconcuso que la demanda de amparo presentada vía electrónica no contiene evidencia criptográfica de la parte promovente (firma electrónica). En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica de la parte quejosa. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 3º, 6º, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. se requiere a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, señalen medio de comunicación para establecer contacto. Domicilio físico, sin autorizados y acceso al expediente electrónico. No se tiene autorizado alguno en el presente expediente, así como tampoco se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, ni solicitó acceso al expediente electrónico, porque al haberse presentado la demanda de manera incompleta por la parte quejosa, no se logra advertir alguno de éstos. De ahí que con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se tienen las listas de este juzgado de distrito para notificar a la parte quejosa (incluso las notificaciones de carácter personal).Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (por lista), y cúmplase.
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