Salvador Orlando Reyes Castillo

Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
958/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Salvador Orlando Reyes Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSION 958/2019-VIII. Puebla, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que en auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió al disconforme para que compareciera al local que ocupa este juzgado a fin de que se le hiciera entrega del billete de depósito , expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional ($2,500.00) a fin de garantizar la suspensión definitiva. Lo anterior una vez fenecido el término de seis meses que tiene la parte tercera interesada, para que en su caso, interpusiera el incidente de daños y perjuicios correspondiente, sin embargo, en el presente asunto, dicha parte no fue emplazada, pues el catorce de noviembre de dos mil diecinueve se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que dicho llamamiento se hubiera efectuado. En ese contexto, se deja a disposición del quejoso Se apercibe al quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, que pasados los dos años otorgados, se declarará prescrito su derecho para recoger la garantía y se remitirá el referido billete a la Tesorería de la Federación. Se hace la precisión de que el billete de depósito habrá de endosarse únicamente a favor del quejoso, porque es quien aparece en el documento como depositante. Notifíquese; y en forma personal al quejoso Salvador Orlando Reyes Castillo, (en su domicilio procesal).

  2. Principal

    Agréguese al expediente el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual acusa recibo de tres anexos formados con dos discos en formato DVD, relativos a los registros de audio y video de la carpeta administrativa *****, de su índice, y copias certificadas de la misma. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Incidental

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que con esta fecha quedó firme el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó fuera de audiencia en el expediente principal del cual deriva el presente incidente, lo cual constituye un hecho notorio para quien suscribe, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que también es procedente el archivo de este incidente. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es depurable, porque se concedió la suspensión provisional y definitiva. Mientras que el cuaderno duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden de ideas, se hace la observación de que debido a que en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa se sobreseyó fuera de audiencia, y toda vez que en autos obra el billete de depósito número ******, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a fin de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida mediante interlocutoria de once de octubre de dos mil diecinueve; en esas condiciones, dada la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al disconforme para que una vez que fenezca el término de seis meses que tiene la parte tercera interesada para que en su caso, interponga el incidente de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 156 de la ley de la materia, comparezca debidamente identificado con credencial idónea para ello, a fin de que se le haga entrega del billete de depósito en mención; lo anterior, obedece a que el expediente de que se trata es susceptible de depuración dentro de los seis meses siguientes a partir de esta fecha.

  4. Principal

    Agréguese al expediente el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y remite un disco compacto DVD correspondiente a la audiencia celebrada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en autos de la carpeta administrativa **, generadora del acto reclamado, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***, a más de otros. De lo cual este juzgador queda por enterado para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en relación al - disco compacto disco versátil digital (DVD) que contiene copia del audio y video de la audiencia celebrada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en autos de la carpeta administrativa *** - fórmese el cuaderno auxiliar III relativo a este juicio constitucional. Por otra parte, del estado procesal de las actuaciones, se observa que el acto reclamado por el quejoso en el presente sumario constitucional, se enfocó en lo siguiente: ".la ilegal e inconstitucional orden de busca, aprensión y detención en mi contra." (foja 3). Pero el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en oficio recibido en este juzgado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, remitió copia del audio y video de la audiencia que resolvió la situación jurídica del quejoso, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por los delitos de lesiones, robo agravado y abuso de autoridad, previstos y sancionados en los artículos 419 fracción II, IV, 436 Quaterdecies, 439, 305, 373, 374 fracción II, 380 fracciones I, XI en relación con los diversos 13 y 21 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en autos de la carpeta judicial administrativa **. Entonces, resulta válido afirmar que se produjo un cambio de situación jurídica, porque la orden de aprehensión emitida dentro de la carpeta judicial administrativa **** (acto reclamado), alcanzó su objetivo pues logró que compareciera el quejoso de manera voluntaria ante la autoridad responsable, a rendir su declaración preparatoria. Lo cual propició que se iniciara el plazo constitucional, y en este fue resuelta la situación jurídica de aquel, con una resolución en la que se le decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por los delitos de lesiones, robo agravado y abuso de autoridad, previstos y sancionados en los artículos 419 fracción II, IV, 436 Quaterdecies, 439, 305, 373, 374 fracción II, 380 fracciones I, XI en relación con los diversos 13 y 21 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Por tanto, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se decreta el sobreseimiento en este juicio por cambio de situación jurídica, respecto de la orden de aprehensión emitida (el principal acto combatido). Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA) El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia que estaba señalada. Ello conforme la tesis jurisprudencial 2ª.J/10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Se hace notar que el sobreseimiento comprende al juez responsable (la única ordenadora) y las autoridades ejecutoras. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que a la fecha se encuentra pendiente el emplazamiento a juicio del tercero interesado ***, toda vez que el sentido del presente acuerdo no causa perjuicio alguno a los intereses de éste, por lo cual resulta innecesario insistir en su emplazamiento. En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y día que estaban señaladas a fin de celebrar la audiencia constitucional que serían las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Por lo que se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se deja establecido que el sobreseimiento decretado en este acuerdo, habrá de informarse a las partes, a fin de garantizar su derecho fundamental al recurso judicial.

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