Rubén Rivera Velázquez
Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 37 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rubén Rivera Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del cuatro al dieciocho de octubre de la presente anualidad. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete ni alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en el entendido de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. en consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que amerite ser devuelto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA RUBÉN RIVERA VELÁZQUEZ, LA SENTENCIA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL AUTO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 19516. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. ...." "....San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 250/2018, promovido por Rubén Rivera Velázquez, contra los actos del Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Rubén Rivera Velázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: I. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. II. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. III. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actos reclamados: "1.- Del C. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República Mexicana.- - - Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante instrucción girada a la autoridad señalada como ejecutora LAE. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 1.323 de fecha 19 de enero de 2018, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018.- - - Del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- - - Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018.- - - Del LAE. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- - - Reclamo la ejecución de la orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que me fuera notificada mediante oficio CSCT.6.31.305.117/2018. En fecha 26 de enero de 2018". La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 5, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el expediente con el número 250/2018; admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. La audiencia constitucional se verificó el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 146. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 250/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 465/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Debe ponerse de manifiesto que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, es obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional. Debe destacarse que en el caso el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "1. Del C. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante instrucción girada a la autoridad señalada como ejecutora LAE Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 1.323 de fecha 19 de enero de 2018, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018. Del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018. Del LAE Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ejecución de la orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera notificada mediante oficio CSCT.6.31.305.117/2018. En fecha 26 de enero de 2018". De la anterior transcripción se desprende que el impetrante reclama la orden de suspensión de su empleo por diez días naturales, que aduce fue solicitada por el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante oficio 1.323 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Así mismo, señala que reclama la orden de suspensión de su empleo por diez días naturales que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017. Ahora bien, de las constancias que adjunto a su informe justificado el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que mediante resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DR-0078/2017, se determinó que el aquí quejoso era administrativamente responsable del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que se le impuso una sanción consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión que desempeñara, por un periodo de diez días naturales (fojas 22 a 62). b) Que mediante oficio 09/300/1338/2017, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción antes precisada, a efecto de que procediera a ejecutarla de inmediato (foja 21). c) Que mediante oficio 1.-001, de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción impuesta al impetrante, a efecto de que realizara de forma inmediata las acciones tendentes a hacerla efectiva (fojas 19 a 20). d) Que mediante oficio CSCT.6.31.305. 117/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al aquí quejoso el contenido de los oficios precisados en los incisos b) y c) que anteceden [citó por error mecanográfico el oficio 1.323, cuando lo correcto era 1.-001, ver foja 16], haciendo de su conocimiento que la sanción impuesta se aplicaría del uno al diez de febrero de dos mil dieciocho (foja 63). De las constancias precisadas con anterioridad, se desprende que contrario a lo que aduce el quejoso, la suspensión de su empleo por diez días naturales no fue ordenada en los oficios 1.-001 y 09/300/1338/2017, sino que la misma fue impuesta a través de una resolución definitiva dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número DR-0078/2017. En este orden de ideas, en términos de los artículos 74 fracción I y 76 de la Ley de Amparo, se corrigen los errores en que incurrió el impetrante y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: I. La resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el expediente DR-0078/2017, a través de la cual se impuso al quejoso una sanción consistente en suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de diez días naturales. II. El oficio 09/300/1338/2017, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, a través de cual el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción antes precisada, a efecto de que procediera a ejecutarla de inmediato. III. El oficio 1.-001 de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual comunicó al Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción impuesta a efecto de que realizara de forma inmediata las acciones tendentes a hacerla efectiva. IV. El oficio CSCT.6.31.305. 117/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual comunicó al aquí quejoso el contenido de los oficios precisados en los puntos II y III que anteceden, haciendo de su conocimiento que la sanción impuesta se aplicaría del uno al diez de febrero de dos mil dieciocho. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de los actos reclamados]. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando que antecede, pues así se desprende de las constancias que en copia certificada exhibió el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2 (fojas 19 a 63). CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 128), plantea la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, pues aduce que en contra de los actos reclamados el quejoso interpuso recurso de revocación ante esa misma autoridad. Es fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable; para considerarlo así, es necesario transcribir el citado precepto legal, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la interpretación del artículo transcrito se desprende que para que se actualice la causal de improcedencia en cuestión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: a) Que el propio quejoso haya interpuesto un recurso o medio legal de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto contra el cual se solicitó el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro lado, porque el juzgador de amparo debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe verificar si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto contra la autoridad responsable, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado haya sido admitido, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa ordinario constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se solicita amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 190665 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Página: 15 "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Ahora bien, respecto al requisito relativo a que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; debe iterarse que el peticionario en la presente instancia constitucional reclama: la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete dictada en el expediente DR-0078/2017, a través de la cual se impuso una suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de diez días naturales; y los oficios 09/300/1338/2017, 1.-001 y CSCT.6.31.305. 117/2018, a través de los cuales se ejecutó la citada suspensión. Por otra parte, de la confesión expresa realizada por el quejoso en su demanda de amparo (foja 3), la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo; se advierte que promovió recurso de revocación contra la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DR-0078/2017. Es menester destacar que si bien es cierto que no se advierte que en el recurso de revocación se hubieren impugnado los oficios 09/300/1338/2017, 1.-001 y CSCT.6.31.305. 117/2018; sin embargo, la resolución que se dicte al resolver el medio ordinario de defensa sí puede tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos, porque tales oficios están encaminados a ejecutar la suspensión impuesta al aquí quejoso, siendo que dicha sanción no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o, en su caso, en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; lo anterior, de conformidad con los artículos 21 antepenúltimo párrafo y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 163548 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 141/2010 Página: 281 "SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las garantías de audiencia y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colman cuando se otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación de su inicio y de sus consecuencias, la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar en su defensa y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, no obstante que el numeral 25 de la indicada Ley prevea que contra la resolución que las impuso procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, no viola las citadas garantías constitucionales pues, por un lado, la resolución en la que se imponen las sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las formalidades esenciales en mención, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de referencia y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley citada, por lo que aun cuando se haya efectuado la ejecución de la sanción, ésta no se consuma de un modo irreparable y no quedan sin materia los mencionados medios de defensa". Respecto al requisito consistente en que el recurso o medio de defensa haya sido admitido, debe decirse que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (fojas 67 a 68), fue admitido el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso. Finalmente, también se encuentra acreditado el requisito consistente en que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues al efecto, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". En este orden de ideas, al estar acreditado que el quejoso promovió un medio ordinario de defensa que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, que dicho recurso fue admitido a trámite y que es la vía idónea para lograr la insubsistencia de los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Al haber resultado fundada la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario el estudio de la diversa planteada por Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, fojas 128 a 129), pues no variaría el sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Rivera Velázquez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Joaquín Ramírez Guzmán, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. ..."
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Juicio de Amparo: 250/2018 El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 19516. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. ...." "....San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 250/2018, promovido por Rubén Rivera Velázquez, contra los actos del Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Rubén Rivera Velázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: I. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. II. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. III. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actos reclamados: "1.- Del C. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República Mexicana.- - - Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante instrucción girada a la autoridad señalada como ejecutora LAE. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 1.323 de fecha 19 de enero de 2018, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018.- - - Del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- - - Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018.- - - Del LAE. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- - - Reclamo la ejecución de la orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que me fuera notificada mediante oficio CSCT.6.31.305.117/2018. En fecha 26 de enero de 2018". La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 5, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el expediente con el número 250/2018; admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. La audiencia constitucional se verificó el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 146. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 250/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 465/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Debe ponerse de manifiesto que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, es obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional. Debe destacarse que en el caso el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "1. Del C. Gerardo Ruiz Esparza, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante instrucción girada a la autoridad señalada como ejecutora LAE Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 1.323 de fecha 19 de enero de 2018, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018. Del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ilegal orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017, que me fuera notificada por la autoridad señalada como ejecutora el día 26 de enero de 2018. Del LAE Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Reclamo la ejecución de la orden de suspensión de mi empleo por diez días naturales, que fuera notificada mediante oficio CSCT.6.31.305.117/2018. En fecha 26 de enero de 2018". De la anterior transcripción se desprende que el impetrante reclama la orden de suspensión de su empleo por diez días naturales, que aduce fue solicitada por el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante oficio 1.323 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Así mismo, señala que reclama la orden de suspensión de su empleo por diez días naturales que fuera solicitada mediante oficio 09/300/1338/2017. Ahora bien, de las constancias que adjunto a su informe justificado el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que mediante resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DR-0078/2017, se determinó que el aquí quejoso era administrativamente responsable del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que se le impuso una sanción consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión que desempeñara, por un periodo de diez días naturales (fojas 22 a 62). b) Que mediante oficio 09/300/1338/2017, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción antes precisada, a efecto de que procediera a ejecutarla de inmediato (foja 21). c) Que mediante oficio 1.-001, de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción impuesta al impetrante, a efecto de que realizara de forma inmediata las acciones tendentes a hacerla efectiva (fojas 19 a 20). d) Que mediante oficio CSCT.6.31.305. 117/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al aquí quejoso el contenido de los oficios precisados en los incisos b) y c) que anteceden [citó por error mecanográfico el oficio 1.323, cuando lo correcto era 1.-001, ver foja 16], haciendo de su conocimiento que la sanción impuesta se aplicaría del uno al diez de febrero de dos mil dieciocho (foja 63). De las constancias precisadas con anterioridad, se desprende que contrario a lo que aduce el quejoso, la suspensión de su empleo por diez días naturales no fue ordenada en los oficios 1.-001 y 09/300/1338/2017, sino que la misma fue impuesta a través de una resolución definitiva dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número DR-0078/2017. En este orden de ideas, en términos de los artículos 74 fracción I y 76 de la Ley de Amparo, se corrigen los errores en que incurrió el impetrante y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: I. La resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el expediente DR-0078/2017, a través de la cual se impuso al quejoso una sanción consistente en suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de diez días naturales. II. El oficio 09/300/1338/2017, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, a través de cual el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción antes precisada, a efecto de que procediera a ejecutarla de inmediato. III. El oficio 1.-001 de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual comunicó al Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la sanción impuesta a efecto de que realizara de forma inmediata las acciones tendentes a hacerla efectiva. IV. El oficio CSCT.6.31.305. 117/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual comunicó al aquí quejoso el contenido de los oficios precisados en los puntos II y III que anteceden, haciendo de su conocimiento que la sanción impuesta se aplicaría del uno al diez de febrero de dos mil dieciocho. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de los actos reclamados]. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando que antecede, pues así se desprende de las constancias que en copia certificada exhibió el Director del Centro SCT, Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2 (fojas 19 a 63). CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 128), plantea la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, pues aduce que en contra de los actos reclamados el quejoso interpuso recurso de revocación ante esa misma autoridad. Es fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable; para considerarlo así, es necesario transcribir el citado precepto legal, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la interpretación del artículo transcrito se desprende que para que se actualice la causal de improcedencia en cuestión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: a) Que el propio quejoso haya interpuesto un recurso o medio legal de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto contra el cual se solicitó el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro lado, porque el juzgador de amparo debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe verificar si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto contra la autoridad responsable, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado haya sido admitido, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa ordinario constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se solicita amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 190665 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Página: 15 "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Ahora bien, respecto al requisito relativo a que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; debe iterarse que el peticionario en la presente instancia constitucional reclama: la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete dictada en el expediente DR-0078/2017, a través de la cual se impuso una suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de diez días naturales; y los oficios 09/300/1338/2017, 1.-001 y CSCT.6.31.305. 117/2018, a través de los cuales se ejecutó la citada suspensión. Por otra parte, de la confesión expresa realizada por el quejoso en su demanda de amparo (foja 3), la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo; se advierte que promovió recurso de revocación contra la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DR-0078/2017. Es menester destacar que si bien es cierto que no se advierte que en el recurso de revocación se hubieren impugnado los oficios 09/300/1338/2017, 1.-001 y CSCT.6.31.305. 117/2018; sin embargo, la resolución que se dicte al resolver el medio ordinario de defensa sí puede tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos, porque tales oficios están encaminados a ejecutar la suspensión impuesta al aquí quejoso, siendo que dicha sanción no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o, en su caso, en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; lo anterior, de conformidad con los artículos 21 antepenúltimo párrafo y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 163548 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 141/2010 Página: 281 "SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las garantías de audiencia y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colman cuando se otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación de su inicio y de sus consecuencias, la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar en su defensa y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, no obstante que el numeral 25 de la indicada Ley prevea que contra la resolución que las impuso procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, no viola las citadas garantías constitucionales pues, por un lado, la resolución en la que se imponen las sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las formalidades esenciales en mención, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de referencia y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley citada, por lo que aun cuando se haya efectuado la ejecución de la sanción, ésta no se consuma de un modo irreparable y no quedan sin materia los mencionados medios de defensa". Respecto al requisito consistente en que el recurso o medio de defensa haya sido admitido, debe decirse que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (fojas 67 a 68), fue admitido el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso. Finalmente, también se encuentra acreditado el requisito consistente en que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues al efecto, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". En este orden de ideas, al estar acreditado que el quejoso promovió un medio ordinario de defensa que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, que dicho recurso fue admitido a trámite y que es la vía idónea para lograr la insubsistencia de los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Al haber resultado fundada la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario el estudio de la diversa planteada por Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, fojas 128 a 129), pues no variaría el sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Rivera Velázquez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Joaquín Ramírez Guzmán, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. ..."
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Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama que remite el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que el veintiuno de junio del año en curso, recibió el oficio 3011/2018, por el que se le solicitó su informe justificado; toda vez que en auto de treinta de julio del propio año se tuvo a dicha autoridad rindiendo el informe de mérito. Notifíquese.
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