Rubén Villegas Gómez
Expediente 573/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rubén Villegas Gómez
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de doce de abril del año en curso, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por Rubén Villegas Gómez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
En doce de abril de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 7162, con anexos y copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueve RUBÉN VILLEGAS GÓMEZ, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 573/2016, y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Del examen integral de la demanda de amparo se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Con base en dichas porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es dable colegir, que contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, es pertinente destacar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Local de Conciliación responsable, en el juicio laboral 295/2014, por medio de la cual, como se aprecia tanto del contenido integral de la demanda como de la copia cotejada de la propia resolución que el quejoso acompañó a dicha demanda; se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el actor en el juicio principal, aquí quejoso, dentro de celebración de la audiencia trifásica, al estimar que el licenciado Iván Navarro Solís, quien compareció en su carácter de apoderada de la parte codemandada, Tribunal Superior de Justicia del Estado, no contaba con facultades para dar contestación a la ampliación de demanda ni para interponer la reconvención en contra del propio actor. Así pues, se estima que el amparo indirecto que se promueve, es improcedente, en virtud de que conforme a la redacción del artículo 107, específicamente en su fracción V, contenido en la Ley de Amparo en vigor, la resolución interlocutoria dictada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 295/2015-V, no constituye un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos del quejoso, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a favor de las personas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en instrumentos internacionales. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, registro 190368, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Dicho concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo, debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. De ahí, que fue considerado que tales resoluciones implicaban una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando aquélla en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, pues entonces, la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo (a diferencia de la fracción IV de la Ley de Amparo derogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello, debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se estima que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede ser considerado como de aquéllos en que se afecten derechos sustantivos, en tanto que esa violación constituye un acto procesal subsanable si se obtiene laudo favorable, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por aquél. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de ello, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se estima resultan jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional, sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, bajo los cuales, no puede considerarse la determinación que resuelve cuestiones inherentes a la personalidad (salvo cuando se desestima la relativa a la de la parte actora, pues dada su naturaleza y consecuencias que produce, contra ésta procede el amparo directo), en tanto que sus efectos y consecuencias, pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable. Además, conviene acotar que no se opone a lo considerado en el presente fallo, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres del mismo mes de abril de dos mil trece, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V, el cual, no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De manera que en términos del artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por el que se promulgó la nueva Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia antes indicada, dejó de ser aplicable a los juicios de control constitucional que se promueven a partir de que entró en vigor este ordenamiento. Cabe agregar, que en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto mayoritario de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, determinó desechar el proyecto que resolvía la contradicción de tesis 377/2013 (entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito), en el cual se proponía la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que dirime cuestiones de personalidad, con base en las consideraciones que sustancialmente fueron reiteradas en esta sentencia, según se puede apreciar de las versiones taquigráficas publicadas en la página oficial del máximo tribunal. Por ello, en esas sesiones los seis Ministros mencionados, votaron en contra del proyecto referido, en tanto que consideraron que la redacción actual de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, limita la procedencia del juicio de amparo indirecto, a aquellos actos dentro de juicio que afecten derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de actos procesales, como ocurre con el que define la personería de quien interviene en el proceso, con independencia de la magnitud de su afectación, ya fuera exorbitante o superior para el propio proceso, razón por la cual se ordenó returnar el asunto a diverso Ministro. Para ilustrar lo anterior, se citan las tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se leen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, se cita la tesis II.1o.C.1 K (10a.), registro 2005910, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se lee: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." De lo anterior, se obtiene que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, para combatir el acto que aquí se reclama, consistente en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral 295/V/2014, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el aquí quejoso en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues se reitera, dicha actuación no genera una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, en los términos expuestos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales, que no generan un efecto de imposible reparación sobre las personas o las cosas, y sus efectos, pueden ser reparados mediante la obtención de un laudo favorable o bien, de serle adverso dichas violaciones podrían quedar subsanadas con el eventual cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos del quejoso, sino sólo efectos procesales o adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por RUBÉN VILLEGAS GÓMEZ. Se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Bertha Alejandra García Acuña (1711673), José Santos Rivas Juárez (1716117) y Jaime Alberto Elías Román (6145817), toda vez que cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el sistema único de profesionales del derecho de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Ventura Salazar número 328, interior cinco, zona centro de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo. Doy Fe. OLivia
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