Rubén Piedra Avalos

Expediente 963/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
963/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
01/02/2017

Partes del expediente

  • Rubén Piedra Avalos
  • Agente del Ministerio Público Instructor Número Uno del Fuero Común del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    veinte de diciembre de dos mil dieciséis EJECUTORIA SOBRESEE El uno de febrero de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión transcurrió del trece al veintiséis del mes y año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 963/2016-6. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva y no se exhibió billete de depósito. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de este mes y año, en apoyo a esta autoridad federal, en la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte, se determina que tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Y, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 963/2016-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rubén Piedra Ávalos demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadoras 1) La Agencia del Ministerio Público Instructor Uno del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 2) La Agencia del Ministerio Público Instructor Dos del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 3) La Agencia del Ministerio Público Instructor Tres del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 4) La Unidad de Investigación Especializada y Mixta en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas. 5) La Agencia del Ministerio Público Instructor Uno del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. 6) La Agencia del Ministerio Público Instructor Dos del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. 7) Unidad de Investigación Especializada y Mixta en el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Ejecutoras 8) Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Sombrerete, Zacatecas. 9) Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Miguel de Auza, Zacatecas. Acto reclamado: De las autoridades ordenadoras: a) La orden de investigación y presentación girada contra el quejoso. De las autoridades ejecutoras: b) El cumplimiento de la orden reclamada. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la titular de este juzgado admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: De las autoridades ordenadoras: a) La orden de investigación y presentación girada contra el quejoso. De las autoridades ejecutoras: b) El cumplimiento de la orden reclamada. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades a las que no les corresponde el carácter de responsables. La agente del Ministerio Público número Dos (fojas 37 y 38), la agente del Ministerio Público número Uno (fojas 45 y 46), y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta con residencia en Sombrerete, Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, el agente del Ministerio Público número Uno (foja 50) y el agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta (foja 47), con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado. No obstante, como se verá, la orden reclamada resulta cierta respecto de una autoridad diversa (agente del Ministerio Público Tres, con residencia en Sombrerete, Zacatecas); de ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El agente del Ministerio Público Tres del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, negó la existencia de los actos reclamados, sobre la base de que únicamente había auxiliado al agente del Ministerio Público Uno en Calera, Zacatecas, en relación con la obtención de la declaración ministerial del quejoso en la averiguación previa que se sigue contra éste ante tal representación social, por el delito de fraude, cometido en agravio de Olegario Reveles Díaz; para tal efecto, manifestó giró orden de presentación y, posteriormente, ante la incomparecencia del indiciado, ordenó la investigación de su domicilio a elementos de la policía ministerial (fojas 12 y 13). Lo anterior revela la existencia de los actos reclamados, pues la autoridad ministerial referida aceptó haber emitido una orden de presentación del quejoso y, para cumplimentarla, requirió la investigación de su domicilio; lo que integra el supuesto básico materia de la inconformidad de la demanda de amparo. Por tanto, es evidente que en el informe justificado existen manifestaciones que envuelven la certeza de los actos materia de la presente instancia constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En consecuencia, resulta cierta la existencia de la orden de presentación e investigación reclamadas. Por su parte, los Comandantes Generales de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Sombrerete, y Miguel de Auza, fueron omisos en rendir su informe con justificación, a pesar de que fueron requeridos para tal efecto (fojas 44 y 57); entonces, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye, consistente en la ejecución de las órdenes reclamadas. Lo anterior se corrobora con el hecho de que, como se expuso, los actos reclamados resultan ciertos en la presente instancia constitucional, por lo que, dada su naturaleza, es evidente que su ejecución le corresponde a elementos de la policía ministerial, tal como lo manifestó la autoridad ordenadora. Luego, ante la omisión destacada, existe la presunción de que a las autoridades ejecutoras referidas se les encomendó el cumplimiento de las órdenes combatidas. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, se reclaman la orden de presentación girada contra el quejoso y la investigación del domicilio para su localización, a efecto de recabar la declaración ministerial en la investigación que se realiza en su contra por el delito de fraude cometido en perjuicio de Olegario Reveles Díaz, en auxilio del agente del Ministerio Público Número Uno del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas. Sin embargo, el trece de octubre de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público Tres, en Sombrerete, Zacatecas, manifestó que el veintisiete de septiembre siguiente, su similar en el municipio de Calera de dicha entidad solicitó se dejara sin efecto la colaboración que dio origen a las órdenes reclamadas, al haber otorgado el perdón el ofendido en la averiguación natural (foja 89); para acreditar lo anterior, acompañó la copia simple del oficio de solicitud anterior y la copia certificada de la comparecencia de perdón referida (fojas 90 y 91). Lo anterior se corrobora con las manifestaciones realizadas en ese sentido por el amparista en el escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en tanto afirmó que en la indagatoria de origen se le otorgó el perdón y se ordenó dejar sin efectos la colaboración que se solicitó para recabar su declaración ministerial (foja 58); luego, es evidente que las órdenes reclamadas se encuentran sin materia. En ese sentido, destaca que la autoridad ministerial responsable consideró innecesario recabar la declaración ministerial objeto de los actos reclamados. Por tanto, al carecer de materia las órdenes reclamadas y manifestar la autoridad ordenadora que ya no se requiere su ejecución, es evidente que han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se dejaran sin efecto las órdenes combatidas, lo que ya aconteció en la especie. Por tanto, los efectos de los actos reclamados han cesado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, debido a que los actos de ejecución no fueron combatidos por vicios propios. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Piedra Ávalos contra los actos que reclamó de la agente del Ministerio Público número Dos, la agente del Ministerio Público número Uno, y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta con residencia en Sombrerete, Zacatecas, el agente del Ministerio Público número Uno (foja 50), el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, el agente del Ministerio Público Tres en Sombrerete, Zacatecas, el Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Sombrerete, y el comandante de dicha corporación, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, consistente en la orden de investigación y de presentación girada contra el quejoso; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy cinco de enero de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. 33893, 33894 y 33895

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 963/2016-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rubén Piedra Ávalos demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadoras 1) La Agencia del Ministerio Público Instructor Uno del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 2) La Agencia del Ministerio Público Instructor Dos del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 3) La Agencia del Ministerio Público Instructor Tres del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. 4) La Unidad de Investigación Especializada y Mixta en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas. 5) La Agencia del Ministerio Público Instructor Uno del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. 6) La Agencia del Ministerio Público Instructor Dos del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. 7) Unidad de Investigación Especializada y Mixta en el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Ejecutoras 8) Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Sombrerete, Zacatecas. 9) Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Miguel de Auza, Zacatecas. Acto reclamado: De las autoridades ordenadoras: a) La orden de investigación y presentación girada contra el quejoso. De las autoridades ejecutoras: b) El cumplimiento de la orden reclamada. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la titular de este juzgado admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: De las autoridades ordenadoras: a) La orden de investigación y presentación girada contra el quejoso. De las autoridades ejecutoras: b) El cumplimiento de la orden reclamada. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades a las que no les corresponde el carácter de responsables. La agente del Ministerio Público número Dos (fojas 37 y 38), la agente del Ministerio Público número Uno (fojas 45 y 46), y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta con residencia en Sombrerete, Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, el agente del Ministerio Público número Uno (foja 50) y el agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta (foja 47), con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado. No obstante, como se verá, la orden reclamada resulta cierta respecto de una autoridad diversa (agente del Ministerio Público Tres, con residencia en Sombrerete, Zacatecas); de ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El agente del Ministerio Público Tres del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, negó la existencia de los actos reclamados, sobre la base de que únicamente había auxiliado al agente del Ministerio Público Uno en Calera, Zacatecas, en relación con la obtención de la declaración ministerial del quejoso en la averiguación previa que se sigue contra éste ante tal representación social, por el delito de fraude, cometido en agravio de Olegario Reveles Díaz; para tal efecto, manifestó giró orden de presentación y, posteriormente, ante la incomparecencia del indiciado, ordenó la investigación de su domicilio a elementos de la policía ministerial (fojas 12 y 13). Lo anterior revela la existencia de los actos reclamados, pues la autoridad ministerial referida aceptó haber emitido una orden de presentación del quejoso y, para cumplimentarla, requirió la investigación de su domicilio; lo que integra el supuesto básico materia de la inconformidad de la demanda de amparo. Por tanto, es evidente que en el informe justificado existen manifestaciones que envuelven la certeza de los actos materia de la presente instancia constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En consecuencia, resulta cierta la existencia de la orden de presentación e investigación reclamadas. Por su parte, los Comandantes Generales de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Sombrerete, y Miguel de Auza, fueron omisos en rendir su informe con justificación, a pesar de que fueron requeridos para tal efecto (fojas 44 y 57); entonces, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye, consistente en la ejecución de las órdenes reclamadas. Lo anterior se corrobora con el hecho de que, como se expuso, los actos reclamados resultan ciertos en la presente instancia constitucional, por lo que, dada su naturaleza, es evidente que su ejecución le corresponde a elementos de la policía ministerial, tal como lo manifestó la autoridad ordenadora. Luego, ante la omisión destacada, existe la presunción de que a las autoridades ejecutoras referidas se les encomendó el cumplimiento de las órdenes combatidas. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, se reclaman la orden de presentación girada contra el quejoso y la investigación del domicilio para su localización, a efecto de recabar la declaración ministerial en la investigación que se realiza en su contra por el delito de fraude cometido en perjuicio de Olegario Reveles Díaz, en auxilio del agente del Ministerio Público Número Uno del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas. Sin embargo, el trece de octubre de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público Tres, en Sombrerete, Zacatecas, manifestó que el veintisiete de septiembre siguiente, su similar en el municipio de Calera de dicha entidad solicitó se dejara sin efecto la colaboración que dio origen a las órdenes reclamadas, al haber otorgado el perdón el ofendido en la averiguación natural (foja 89); para acreditar lo anterior, acompañó la copia simple del oficio de solicitud anterior y la copia certificada de la comparecencia de perdón referida (fojas 90 y 91). Lo anterior se corrobora con las manifestaciones realizadas en ese sentido por el amparista en el escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en tanto afirmó que en la indagatoria de origen se le otorgó el perdón y se ordenó dejar sin efectos la colaboración que se solicitó para recabar su declaración ministerial (foja 58); luego, es evidente que las órdenes reclamadas se encuentran sin materia. En ese sentido, destaca que la autoridad ministerial responsable consideró innecesario recabar la declaración ministerial objeto de los actos reclamados. Por tanto, al carecer de materia las órdenes reclamadas y manifestar la autoridad ordenadora que ya no se requiere su ejecución, es evidente que han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se dejaran sin efecto las órdenes combatidas, lo que ya aconteció en la especie. Por tanto, los efectos de los actos reclamados han cesado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, debido a que los actos de ejecución no fueron combatidos por vicios propios. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Piedra Ávalos contra los actos que reclamó de la agente del Ministerio Público número Dos, la agente del Ministerio Público número Uno, y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta con residencia en Sombrerete, Zacatecas, el agente del Ministerio Público número Uno (foja 50), el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, el agente del Ministerio Público Tres en Sombrerete, Zacatecas, el Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Sombrerete, y el comandante de dicha corporación, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, consistente en la orden de investigación y de presentación girada contra el quejoso; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy cinco de enero de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. 33893, 33894 y 33895"

  4. Principal

    El diez de noviembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con un fax registrado bajo el número 18667. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el fax de cuenta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. En la inteligencia de que el informe rendido vía fax se tiene como auténtico su contenido y firma que lo calza, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos ópticos o en cualquier otra tecnología, incluyendo desde luego a los informes que se emiten vía fax. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia de ley señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo. En el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretaria que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla. DOY FE. *María del Carmen*

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