Rubén Piedra Ávalos

Expediente 690/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
690/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2015

Partes del expediente

  • Rubén Piedra Ávalos

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de mayo de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, las constancias que ajuntó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En ocho de mayo de dos mil quince, el Secretario de Juzgado, licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con folio 8102.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil quince. Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito, firmado por la quejosa Imelda Ayala Cázares, mediante el cual requiere le sean devueltas las constancias acompañadas a sus escrito de demanda, autorizando para recogerlas a Francisco Guadalupe Berumen Lozano. En ese sentido, como lo solicita devuélvansele los documentos que solicita, sin que sea necesario dejar copia certificada de ellos en los autos, ello en atención a que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En ocho de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el oficio 3711/2015, registrado con el número de folio 8040, y anexos que se acompañan al mismo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo civil 326/2015-II, de su índice, el original del juicio civil ordinario número 148/2011, el cuadernillo de incidente para ejecución de sentencia, el cuadernillo de incidente de ejecución de sentencia, el cuadernillo de ejecución forzosa, y los dos cuadernillos relativos al incidente de recurso de revocación; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil quince, en los autos del citado juicio de amparo directo civil 326/2015-II, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en el auto de nueve de enero de dos mil catorce, dictado en el juicio civil ordinario 148/2011, -carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: "[.] 4. Ahora bien, el auto que constituye el acto reclamado dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dentro de los autos del juicio civil ordinario 148/2011, en el que se requirió al aquí quejoso Rubén Piedra Ávalos y otro, para que dentro del término de diez días, dieran cumplimiento voluntario al resolutivo quinto de la sentencia de segunda instancia de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, en lo relativo a restituir al actor de los bienes inmuebles objeto del contrato así como la concesión del pozo de agua a que se refiere la cláusula primera del mismo, apercibiéndolos para el caso de no dar cumplimiento voluntario en el término que se le concedió; se procedería en su contra en vía de ejecución forzosa; nació jurídicamente después de concluido el juicio natural, es decir, se trata de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito, carece de competencia legal para conocer del asunto. 5. En esas condiciones, procede declarar la incompetencia legal con fundamento en los artículos 34, 35, 45, primer párrafo, 47 y 107 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el escrito de demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que en vía de amparo indirecto se conozca de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, previa copia certificada que se deje en su lugar. [.]." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por RUBÉN PIEDRA ÁVALOS, contra actos de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas y otra autoridad; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 690/2015, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado, el auto de nueve de enero de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil número 148/2011, en el que se requirió al aquí quejoso Rubén Piedra Ávalos y otro, para que dentro del término de diez días, dieran cumplimiento voluntario al resolutivo quinto de la sentencia de segunda instancia de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, en lo relativo a restituir al actor de los bienes inmuebles objeto del contrato así como la concesión del pozo de agua a que se refiere la cláusula primera del mismo, apercibiéndolos para el caso de no dar cumplimiento voluntario en el término que se le concedió, se procedería en su contra en vía de ejecución forzosa. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'ULTIMA RESOLUCION', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'ultima resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve no constituye la última resolución en la fase de ejecución, sino que se trata de un auto que requiere a la parte demanda para que cumpla voluntariamente con la sentencia de segunda instancia de veintiuno de agosto de dos mil trece. Además, de lo antes expuesto se desprende que el promovente tiene la calidad de demandado en el juicio de origen, por tanto, es de indicarse que el referido quejoso no puede ser considerado como tercero extraño al procedimiento, que pudiera llevar a conclusión diversa, y ante ello, no opera la excepción para los terceros ajenos a juicio. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto evitar el cumplimiento de la sentencia que constituye la verdad legal e incontrovertible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Aunado a lo anterior, es de indicarse que el auto de nueve de enero de dos mil catorce, emitida dentro del juicio civil ordinario 148/2011, por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie que si bien el acto reclamado, no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV, segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, también lo es que deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que, el acto reclamado es de la misma naturaleza que los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, en consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de garantías promovida por RUBÉN PIEDRA ÁVALOS. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado Ricardo Galaviz Betancourt (cédula 3383611), y como autorizada para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a Karla Sardel Olivas Hernández, y como domicilio legal de su parte, el ubicado en Paseo de San Fernando, número trescientos dieciséis, del fraccionamiento San Fernando, de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. ALFONSO".

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