Rubén Piedra Ávalos

Expediente 805/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
805/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Rubén Piedra Ávalos
  • Gerardo Pérez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro número 15865 y anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta 8531/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución de ocho del presente mes y año dictada en el recurso de queja civil 84/2016; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad, DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por el autorizado de los quejosos, contra el auto de veintinueve de junio del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió dicho inconforme. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense el presente asunto. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito de en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza y da fe. Jenn! -_-

  2. Principal

    En dos de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un oficio registrado con el número 13694. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del oficio 33202/2016, de catorce de julio pasado e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el licenciado Jesús María Ceceñas Castañeda, en su carácter de autorizado de los quejosos Rubén Piedra Avalos y Gerardo Pérez Sánchez, contra el auto de veintinueve de junio del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente sumario quedando registrada con el expediente queja civil 84/2016-4. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. /manuelcc

  3. Principal

    En catorce de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con un escrito y sus copias registrado con el folio número 12959.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Jesús María Ceceñas Castañeda, en su carácter de autorizado de los quejosos RUBÉN PIEDRA ÁVALOS y GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, téngasele por promoviendo RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintinueve de junio del año en curso, que se desechó de plano la demanda de garantías; en consecuencia, sin dilación alguna, remítase el escrito por el que se interpone el recurso de mérito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. cecy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Piedra Ávalos y Gerardo Pérez Sánchez, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, se ordena registrarla en el libro de gobierno con el número 805/2016-2, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se está en presencia de una causa de improcedencia notoria y manifiesta prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'ULTIMA RESOLUCION', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, procede evidenciar por qué el acto reclamado, a saber, la interlocutoria de tres de junio del año en curso que resolvió el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el proveído de veintiuno de abril pasado, dentro del juicio civil ordinario 148/2011, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, no constituye la última resolución en la fase de ejecución. En la especie, del contenido de la demanda se desprenden como antecedentes del acto reclamado los siguientes: Ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, se encuentra registrado el juicio civil ordinario número 148/2011 promovido por Joel Botello Rodríguez, abogado patrono de José Luis Olvera Fraga, contra los aquí quejosos, donde se demandó la recisión de un contrato de compraventa de un bien inmueble; el cual se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. El catorce de enero de dos mil dieciséis, el citado abogado patrono de la parte actora, promovió ante la responsable, incidente de ejecución de sentencia, a fin de cuantificar la condena impuesta por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas en los autos del toca 766/2012, determinando la recisión del contrato de compraventa celebrado entre los aquí quejosos con José Luis Olvera Fraga. Por acuerdos de veinte y veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el Juez responsable, en el primero de los citados, admitió el incidente de ejecución en comento, ordenando dar vista a las partes por el término de tres días y, además, tuvo al promovente designando perito en materia de valuación, a efecto de cuantificar las rentas adeudadas; mientras, en el segundo de los autos referidos, se tuvo a la parte demandada, designando perito para los mismos efectos. En esas condiciones, los expertos de las partes emitieron su respectivo dictamen en materia de que se trata, con los cuales el Juzgador de origen ordenó dar vista a las partes; la actora impugnó y objetó el peritaje emitido por el profesionista que designó la parte demandada en el juicio civil de origen, solicitando la intervención de uno tercero en discordia, petición que la autoridad responsable negó. Inconforme con esa resolución, José Luis Olvera Fraga interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió por interlocutoria de veintitrés de febrero del presente año, en el sentido de declararlo fundado y ordenar la designación de un perito tercero en discordia por conducto de la Central de Peritos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas; y, por auto de once de abril próximo pasado, tuvo al ingeniero Josué Hernández Castor emitiendo su opinión pericial. La parte actora impugnó la opinión emitida por el citado profesional, solicitando a la autoridad responsable la designación de diverso perito tercero, a fin de que repitiera o ampliara esa probanza; solicitud a la que recayó el proveído de veintiuno de abril del citado mes y año, en el cual se negó. Por no estimarla ajustada a derecho, el actor interpuso en su contra recurso de revocación, el cual se declaró fundado por interlocutoria de tres de junio del presente año, y se revocó el auto impugnado, para ahora solicitar al perito tercero la ampliación de su peritaje en materia de valuación. La determinación reseñada en último término constituye materia de reclamo de esta instancia constitucional. De lo antes expuesto, se evidencia que la parte quejosa, pretende impugnar la resolución interlocutoria emitida en el incidente de ejecución de sentencia promovido en el juicio antes mencionado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, que resolvió la revocación interpuesta contra el auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se dejó sin efectos el citado proveído y ordenó solicitar al perito tercero en discordia la ampliación de su dictamen en materia de valuación. En la demanda de amparo la quejosa refiere que es parte demandada dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, por tanto, es de indicarse que no puede ser considerada como tercera extraña al procedimiento, que pudiera llevar a conclusión diversa y ante ello, no opera la excepción para los terceros ajenos a juicio. Como puede verse, atendiendo al acto reclamado consistente en resolución interlocutoria que resolvió el recurso de revocación ya mencionado, es de indicarse que tal acto debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquel proveído en que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, la determinación que la parte quejosa señala como acto reclamado, es aquella a través de la cual el Juez responsable dejó sin efectos el auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis y, ordenó se solicitara al perito tercero que ampliara su dictamen a fin de cuantificar la condena impuesta en el juicio civil mencionado; por tanto, es evidente que no se está en presencia de aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia que constituye la verdad legal e incontrovertible. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis de los rubros y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." "PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. UNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACION DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.- Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Aunado a lo anterior, es de indicarse que la resolución interlocutoria de que se trata, de modo alguno reúne las características de una interlocutoria firme que desestime excepciones sustanciales y perentorias, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia; por lo que no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Así, pues de su contenido se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un recurso de revocación promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede aquél contra la última resolución; entonces, en el caso, es de afirmarse que la resolución reclamada reúne, en esencia, las características en que se sustentó el criterio en cita, pues la resolución que fue materia del recurso de revocación se emitió en la etapa de ejecución que dio por concluida la contenciosa de un litigio y, como se evidenció, sólo puede ser impugnada a través del juicio de amparo, hasta en tanto se pronuncie la "última resolución", en la etapa de ejecución, así como que en dicho procedimiento se podrán impugnar todas aquellas violaciones, que, habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa en la fase ejecutiva. En tales condiciones, debe concluirse que, en la especie, si bien los actos reclamados no se encuentran en los comprendidos por la fracción IV segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, también lo es que deberán reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que son de la misma naturaleza que los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; en consecuencia, en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 107 de la legislación en consulta, interpretada en sentido contrario, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda promovida por Rubén Piedra Ávalos y Gerardo Pérez Sánchez. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de San Fernando número 316, del Fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jesús María Ceceñas Castañeda (cédula profesional 581447), y únicamente para oír y recibir notificaciones a Benjamín Valles Aguirre, Karlo Valles Sánchez, José Benjamín Valles Sánchez, Juvenal Zamora Breceda, y al pasante en derecho Jesús Rodríguez Ávila."

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