Rosalinda Soto Gonzalez

Expediente 1216/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1216/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Rosalinda Soto Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 11), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1216/2019-A, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional, a reclamar del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla: la omisión de dictar el fallo correspondiente al procedimiento abreviado que se tramita en autos de la causa penal 43/2017/CHOLULA, y su consecuente reclusión en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. DESECHAMIENTO. Al respecto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de dictar el fallo correspondiente dentro de la causa penal 43/2017/CHOLULA, del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del término de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el procedimiento abreviado. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de actuar por parte del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para dictar el fallo correspondiente dentro de la causa penal 43/2017/CHOLULA, dentro del término de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el procedimiento abreviado; y, conforme a lo dispuesto en el numeral 135 del mismo ordenamiento, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." No se inadvierte que la pretensión del quejoso al promover este juicio de amparo es continuar afrontando en libertad el proceso seguido en su contra; sin embargo, resulta inviable por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 205/2014 de la que derivó la siguiente tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA. Los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, prevén que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante tal situación, se establece que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse armónicamente con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la interpretación sistemática de estas normas, se desprende que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación, con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia definitiva, que equivaldría a la justificación de su prolongación. Mientras que en la justificación inicial de la prisión preventiva, el juez no tiene mayores elementos que los aportados por el Ministerio Público; en la justificación de la prolongación de la prisión preventiva por la actualización de un plazo razonable en el juicio, el juzgador cuenta con otros elementos que le permiten valorar si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar." En dicha ejecutoria estableció que cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) El artículo 20, Apartado A, fracción VIII, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado. b) Por ende, para determinar si ha transcurrido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la i) complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. c) Aunado a lo anterior, con el objeto de no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. d) Para llevar a cabo lo descrito en el punto anterior, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. De lo anterior se colige que, efectivamente, existe la posibilidad de que al encausado sujeto a prisión preventiva se le permita continuar afrontando su proceso en libertad, cuando se haya excedido más allá de lo razonable el plazo establecido constitucionalmente para ello y existan las condiciones que así lo permitan, lo que será determinado por el análisis que el juzgador competente debe hacer de los elementos destacados anteriormente. Así, tomando en consideración que, la imputada Rosalinda Soto González, aquí quejosa, se encuentra privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, con motivo de la medida cautelar impuesta, dictada en su contra por el Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; en consecuencia, es incuestionable que dicha quejosa se encuentra a disposición de ese juzgado ordinario por cuanto hace a su libertad personal, pues fue dicho órgano jurisdiccional quien la mantiene en prisión preventiva. Por tanto, es a dicha autoridad judicial a quien, en su caso, previa solicitud de la imputada o su defensa, y escuchando a todas las partes, a quien correspondería realizar el análisis primigenio de los elementos relatados anteriormente y decidir si resulta procedente o no modificar la medida cautelar de prisión preventiva del encausado, decisión que podría ser objeto del medio de defensa ordinario contemplado por la legislación procesal aplicable y, en su caso, de control constitucional por la vía de amparo biinstancial. DOMICILIO. Toda vez que la quejosa manifiesta estar recluida en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Así mismo, téngase como domicilio el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo, a las personas que autoriza para tal efecto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto al número telefónico que proporciona, a efecto, de ser contactado, pues tal medio de comunicación no está previsto en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan David Ramírez Ortega, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A JUAN DAVID RAMÍREZ ORTEGA, AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DEL ACTUAL, QUE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1216/2019-A, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional, a reclamar del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla: la omisión de dictar el fallo correspondiente al procedimiento abreviado que se tramita en autos de la causa penal 43/2017/CHOLULA, y su consecuente reclusión en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. DESECHAMIENTO. Al respecto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de dictar el fallo correspondiente dentro de la causa penal 43/2017/CHOLULA, del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del término de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el procedimiento abreviado. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de actuar por parte del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para dictar el fallo correspondiente dentro de la causa penal 43/2017/CHOLULA, dentro del término de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el procedimiento abreviado; y, conforme a lo dispuesto en el numeral 135 del mismo ordenamiento, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." No se inadvierte que la pretensión del quejoso al promover este juicio de amparo es continuar afrontando en libertad el proceso seguido en su contra; sin embargo, resulta inviable por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 205/2014 de la que derivó la siguiente tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA. Los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, prevén que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante tal situación, se establece que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse armónicamente con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la interpretación sistemática de estas normas, se desprende que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación, con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia definitiva, que equivaldría a la justificación de su prolongación. Mientras que en la justificación inicial de la prisión preventiva, el juez no tiene mayores elementos que los aportados por el Ministerio Público; en la justificación de la prolongación de la prisión preventiva por la actualización de un plazo razonable en el juicio, el juzgador cuenta con otros elementos que le permiten valorar si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar." En dicha ejecutoria estableció que cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) El artículo 20, Apartado A, fracción VIII, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado. b) Por ende, para determinar si ha transcurrido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la i) complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. c) Aunado a lo anterior, con el objeto de no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. d) Para llevar a cabo lo descrito en el punto anterior, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. De lo anterior se colige que, efectivamente, existe la posibilidad de que al encausado sujeto a prisión preventiva se le permita continuar afrontando su proceso en libertad, cuando se haya excedido más allá de lo razonable el plazo establecido constitucionalmente para ello y existan las condiciones que así lo permitan, lo que será determinado por el análisis que el juzgador competente debe hacer de los elementos destacados anteriormente. Así, tomando en consideración que, la imputada Rosalinda Soto González, aquí quejosa, se encuentra privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, con motivo de la medida cautelar impuesta, dictada en su contra por el Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro - Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; en consecuencia, es incuestionable que dicha quejosa se encuentra a disposición de ese juzgado ordinario por cuanto hace a su libertad personal, pues fue dicho órgano jurisdiccional quien la mantiene en prisión preventiva. Por tanto, es a dicha autoridad judicial a quien, en su caso, previa solicitud de la imputada o su defensa, y escuchando a todas las partes, a quien correspondería realizar el análisis primigenio de los elementos relatados anteriormente y decidir si resulta procedente o no modificar la medida cautelar de prisión preventiva del encausado, decisión que podría ser objeto del medio de defensa ordinario contemplado por la legislación procesal aplicable y, en su caso, de control constitucional por la vía de amparo biinstancial. DOMICILIO. Toda vez que la quejosa manifiesta estar recluida en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Así mismo, téngase como domicilio el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo, a las personas que autoriza para tal efecto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto al número telefónico que proporciona, a efecto, de ser contactado, pues tal medio de comunicación no está previsto en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan David Ramírez Ortega, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico."

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