Rosario Martinez Padierna
Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosario Martinez Padierna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117 de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, la autoridad responsable acompaña diversas constancias que integran el proceso penal 106/2012 de su índice, de las que se advierte que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ordenó la remisión del testimonio de dicho proceso a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en turno, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el defensor y por la sentenciada, aquí quejosa, en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior se sigue que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese sentido, conviene precisar que el aquí quejoso reclama: La omisión del Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, de remitir el proceso 106/2012 de su índice, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en turno, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad Puebla, por el defensor y por la sentenciada, aquí quejosa ROSARIO MARTÍNEZ PADIERNA, en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el testimonio del citado proceso para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el defensor y por la aquí quejosa ROSARIO MARTÍNEZ PADIERNA, la que fue recibida en la Oficialía Común de Salas Penales el trece de abril de dos mil dieciocho, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veinte de marzo de dos mil dieciocho y recibida en este juzgado el mismo día. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en este Juzgado de Distrito el veinte de marzo de dos mil dieciocho y el testimonio del proceso penal 106/2012, del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, fue remitido a la Sala en Materia Penal en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla el veintidós de marzo de dos mil dieciocho y recibido el trece de abril siguiente, posterior a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si la pretensión del quejoso, era que se estudiara la omisión del juez responsable de remitir los autos del proceso de origen para la substanciación del recurso de apelación de que se trata a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla que por turno le correspondiera conocer de dicho recurso, se tiene que al haber remitido el testimonio de mérito y ser recibidos en la Oficialía Común de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entonces, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese la presente determinación a las partes. No escapa a la atención de la suscrita jueza Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado Juan Carlos Ávila Guerrero; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117 de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, la autoridad responsable acompaña diversas constancias que integran el proceso penal 106/2012 de su índice, de las que se advierte que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ordenó la remisión del testimonio de dicho proceso a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en turno, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el defensor y por la sentenciada, aquí quejosa, en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior se sigue que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese sentido, conviene precisar que el aquí quejoso reclama: La omisión del Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, de remitir el proceso 106/2012 de su índice, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en turno, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad Puebla, por el defensor y por la sentenciada, aquí quejosa ROSARIO MARTÍNEZ PADIERNA, en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el testimonio del citado proceso para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el defensor y por la aquí quejosa ROSARIO MARTÍNEZ PADIERNA, la que fue recibida en la Oficialía Común de Salas Penales el trece de abril de dos mil dieciocho, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veinte de marzo de dos mil dieciocho y recibida en este juzgado el mismo día. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en este Juzgado de Distrito el veinte de marzo de dos mil dieciocho y el testimonio del proceso penal 106/2012, del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, fue remitido a la Sala en Materia Penal en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla el veintidós de marzo de dos mil dieciocho y recibido el trece de abril siguiente, posterior a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si la pretensión del quejoso, era que se estudiara la omisión del juez responsable de remitir los autos del proceso de origen para la substanciación del recurso de apelación de que se trata a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla que por turno le correspondiera conocer de dicho recurso, se tiene que al haber remitido el testimonio de mérito y ser recibidos en la Oficialía Común de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entonces, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese la presente determinación a las partes. No escapa a la atención de la suscrita jueza Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado Juan Carlos Ávila Guerrero; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos los oficios signados por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi, Puebla, Subdirector Jurídico, Director y Presidente del Comité Técnico, todos del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla y anexos, por medio de los cuales informan las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, agréguense a los autos las copias para conocimiento de los oficios signados por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por medio de los cuales, ordena al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi, Puebla, Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión y Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad responsable Director General del Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.) SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a 3) Máximo Aguilar Santiago, 4) Ramón Ramos Cervantes, 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz y 6) Gustavo Contreras Reyes; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, para asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que una vez que quede firme la presente sentencia y se requiera su cumplimiento, realicen lo siguiente: 1.- La autoridad responsable 5. Dirección General de Centros de Reinserción Social en el Estado de Puebla: 1.1 Deje insubsistente únicamente por lo que respecta al aquí quejoso 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz, el oficio 13300 de fecha cuatro de septiembre de dos mil dos y su ejecución mediante el cual se ordena su traslado del Centro de Readaptación Social de Puebla al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y, 1.2 Emita una diversa, con libertad de jurisdicción, fundada, y motivadamente, donde subsane las deficiencias destacadas en esta sentencia. Se precisa que el presente fallo concesorio no implica necesariamente que se regrese al aquí quejoso 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz, al Centro de Readaptación Social de Puebla, dado que únicamente se concedió la protección constitucional por vicios formales en el oficio reclamado por la autoridad responsable quien era competente al momento de su emisión. (.)" Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por separado por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable requerida y, por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Javier Galvez Delgado, quien autoriza y da fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos los oficios signados por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi, Puebla, Subdirector Jurídico, Director y Presidente del Comité Técnico, todos del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla y anexos, por medio de los cuales informan las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, agréguense a los autos las copias para conocimiento de los oficios signados por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por medio de los cuales, ordena al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi, Puebla, Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión y Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, de autos se advierte que la autoridad responsable Director General del Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.) SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a 3) Máximo Aguilar Santiago, 4) Ramón Ramos Cervantes, 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz y 6) Gustavo Contreras Reyes; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, para asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que una vez que quede firme la presente sentencia y se requiera su cumplimiento, realicen lo siguiente: 1.- La autoridad responsable 5. Dirección General de Centros de Reinserción Social en el Estado de Puebla: 1.1 Deje insubsistente únicamente por lo que respecta al aquí quejoso 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz, el oficio 13300 de fecha cuatro de septiembre de dos mil dos y su ejecución mediante el cual se ordena su traslado del Centro de Readaptación Social de Puebla al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y, 1.2 Emita una diversa, con libertad de jurisdicción, fundada, y motivadamente, donde subsane las deficiencias destacadas en esta sentencia. Se precisa que el presente fallo concesorio no implica necesariamente que se regrese al aquí quejoso 5) José Silverio Quintero Ruiz o Silverio Quintero Ruiz, al Centro de Readaptación Social de Puebla, dado que únicamente se concedió la protección constitucional por vicios formales en el oficio reclamado por la autoridad responsable quien era competente al momento de su emisión. (.)" Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por separado por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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