Rosalina Narciso Cosca
Expediente 1009/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosalina Narciso Cosca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 272 a 277), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de marzo al doce de abril de dos mil diecinueve, sin que lo realizaran. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Control Adscrito a la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, se ordena su devolución, debiéndose dejar hojas de sustitución en las fojas ciento cuatro (104) y doscientos treinta y nueve (239) de autos; y, requiérasele para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al tercero interesado Francisco Valencia Flores, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al tercero interesado Francisco Valencia Flores, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1009/2018-C; d) Notifique al tercero interesado el presente auto; e) Le corra traslado con copia autorizada de la citada determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si el tercero interesado quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Por otra parte, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
*(PUBLICACIÓN CITATORIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la quejosa Rosalina Narciso Cosca y al tercero interesado Francisco Valencia Flores, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), a la sentencia de amparo; plazo en el que, únicamente la peticionaria de amparo, desahogó dicha vista En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos En principio, es necesario indicar que en sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 145 a 166), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "() Efectos de la concesión del amparo En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede a la quejosa Rosalina Narciso Cosca, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación emitida dentro de la audiencia celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la carpeta administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima Rosalina Narciso Cosca, en contra de la determinación de esa propia fecha, en el que se ordenó la reposición del plazo para la investigación complementaria 2) En su lugar emita otra en la que a la luz de las consideraciones vertidas en esta sentencia, declare fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la quejosa Rosalina Narciso Cosca 3) Una vez realizado lo anterior, revoque la determinación impugnada, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra resolución en la que limitándose a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ampliación del plazo de la investigación complementaria que formuló la defensa del ahí imputado Francisco Valencia Flores Los efectos de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, no surten efectos de manera inmediata, en virtud de ser el acto reclamado una determinación emitida dentro de una carpeta administrativa relativa a la prórroga del plazo de investigación complementaria ()" [Foja 164] En acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 209 a 211), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento al juez responsable En tales condiciones, el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), mediante oficios JOPT/242/2019 y JOPT/285/2019 de dieciocho y veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 226 y 238), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional y, para acreditarlo, remitió un disco en formato DVD (disco versátil digital), que contiene la audiencia de veintiuno de febrero del año en curso, celebrada en la carpeta judicial administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN de su índice (foja 239) Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, cobra aplicabilidad la jurisprudencia 1a/J 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga" Ahora bien, de las referidas documentales, se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN, de su índice: a) Por auto de dieciocho de febrero del año en curso, dejó insubsistente la resolución emitida en audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa de origen, y señaló las catorce horas del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia en la que daría cumplimiento al resto de los efectos del fallo protector (foja 226) b) En la fecha indicada, se llevó a cabo la audiencia señalada, con la comparecencia del agente del Ministerio Público, de la parte ofendida -aquí quejosa-, del asesor victimal, del imputado y de su defensor particular, en la cual, en lo que aquí interesa, el juez de control determinó lo siguiente: 1 Reiteró que dejaba insubsistente la determinación emitida dentro de la audiencia celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima Rosalina Narciso Cosca, en contra de la determinación de esa propia fecha, en la que ordenó la reposición del plazo para la investigación complementaria (minutos 03:30:30 a 03:31:01 DVD-1); 2 Declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima -aquí quejosa- Rosalina Narciso Cosca (minutos 03:31:02 a 03:31:13 DVD-1); y, 3 Realizado lo anterior, revocó la determinación impugnada, y dictó otra en la que, siguiendo los lineamientos de la sentencia dictada en este juicio, a efecto de limitarse a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo, reprodujo la parte conducente de la audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (minutos 03:35:28 a 04:04:40 DVD-1); y, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió lo siguiente, respecto a la solicitud de ampliación de plazo de la investigación complementaria, que formuló la defensa del imputado: "() Es cierto lo que refieren el agente del Ministerio Público y el Asesor Jurídico, en cuanto a que el plazo de cierre de investigación complementaria puede ser hasta por seis meses, en el caso específico, por la naturaleza del hecho delictuoso que se vinculó al imputado por el delito de homicidio Aunado a que es el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que fija que el Ministerio Público puede solicitar prórroga de investigación complementaria con la finalidad de mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición, siempre y cuando no se rebase el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, hace notar el Asesor Jurídico que debe llevarse a cabo de manera justificada Insisto, no es el artículo 321 el que habla de la justificación, sino el 322, y alude a una circunstancia excepcional, pero es una cuestión que se asigna al Ministerio Público, no a la defensa, el texto del artículo 322 así reza al inicio: 'De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga' En el caso concreto, la defensa cita que llevó a cabo solicitudes ante el Ministerio Público para que citara a personas que pudiera entrevistar y se desahogaran otros medios de prueba que pretendía, fotografía, criminalística, topografía, registros de telefonía digital, entrevista a los elementos aprehensores; y no tuvo respuesta Como contestación, la fiscalía y el asesor indican que pudo el defensor acudir ante el órgano de control, o en su caso, ante el Ministerio Público para requerirle que atendiera sus peticiones El defensor argumentó que diversos escritos había presentado ante la fiscalía y no obtenía respuesta En el caso específico, debe observarse que existe razón suficiente por parte de la defensa en solicitar que se le conceda plazo de investigación prorrogada, debido a que no ha tenido posibilidad de recabar la información o los medios de prueba que pretende para lograr el esclarecimiento de los hechos, lograr la identidad de personas a través de las entrevistas de los elementos aprehensores, quienes indicaron que habían más de cincuenta personas en el momento de la intercepción del imputado Registros de comunicación digital, en particular, de telefonía; peritos Y eso se debe a que existe el principio de presunción de inocencia que favorece al imputado y el ejercicio de derecho de defensa que indicó el defensor, ha tenido como finalidad lograr el esclarecimiento, aunque dijo que es de la 'verdad', circunstancia que es muy difícil lograr El esclarecimiento de los hechos es el principio que refiere el artículo 20 de la Constitución Federal y la reglamentación del Código Nacional de Procedimientos Penales Y, si en el caso específico, no se ha podido desvirtuar ni contradecir que la fiscalía hubiera dado las posibilidades suficientes, o al menos mínimas, a la defensa para que pudiera apoyarle y recabar la información que indicó, entonces, se debe entender que se vulnera precisamente la posibilidad que tiene la defensa para lograr su objetivo, el debido ejercicio del derecho de defensa, para desvirtuar lo que se atribuye al imputado, al menos, en la forma que quedó expuesto en la vinculación El artículo 20 de la Constitución Federal, consagrando derechos humanos, en el apartado B, en relación a los derechos del imputado, en primer lugar, la fracción I alude a que, en todo tiempo se presuma su inocencia; y, la fracción IV, indica que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; la fracción VI, del mismo apartado, cita: 'Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo'; la fracción VIII, alude a la defensa técnica o adecuada, para garantizar precisamente ese derecho en favor del imputado Si en el caso específico, la mención concreta de la defensa, es en el sentido que se le ha obstaculizado por parte de la fiscalía para lograr se le brinde el auxilio para recabar informes, a través de entrevistas, y le ha dado a conocer a la fiscalía quiénes son las personas que deben ser citadas para lograr la entrevista y la naturaleza de las pruebas que pretende llevar a cabo, eso es en ejercicio de lo que el defensor, el asesor denominó principio de libertad probatoria Que es cierto que también pudiera llevar a cabo entrevistas por sí, y sin apoyo del Ministerio Público, pero también la disposición constitucional es en el sentido, que si el imputado, a través de su defensa, lógicamente, solicita el apoyo para recabar esa información, se le debe otorgar, y no es un acto meramente potestativo, para poder decidir sí o no, sino la obligación indicada en la fracción IV, apartado B, del artículo 20 constitucional, se le recibirá, se le debe auxiliar para obtener la comparecencia de las personas Entonces, son conductas determinantes que implican una obligación, no una posibilidad de hacerlo, y no puede entenderse que, si no exigió en su momento que se le respetara el plazo para la investigación, y que, dentro del límite otorgado a la fiscalía, o dentro del plazo complementario que se otorgó a la fiscalía, tendría que hacerlo En el caso específico, la defensa se duele en cuanto a que la fiscalía no le ha apoyado, ni siquiera le ha dado respuesta a sus peticiones y, con ello se violenta el derecho de defensa En el caso específico, estima el órgano de control jurisdiccional, que debe garantizarse el derecho de defensa, en observancia a los principios constitucionales, a través de los cuales pueda visualizarse que se advierte la necesidad de observar el principio de inocencia que debe regir en favor del imputado, hasta en tanto se demuestre lo contrario Y, precisamente, para observar esa garantía, por parte de la fiscalía, otorgar a la defensa, los medios, los recursos indispensables para lograr el desahogo de los medios de prueba que estime oportunos y respecto de los cuales, con oportunidad, le solicitó apoyo para recabar la información correspondiente En consecuencia, el órgano de control jurisdiccional estima fundadas las razones de la defensa particular del imputado para solicitar la ampliación, la concesión, mejor dicho, el otorgamiento de dos meses para complementar su investigación Por tanto, observando las disposiciones de la ejecutoria constitucional, siguiendo los lineamientos en ella establecidos, habiendo dejando insubsistente la parte conducente de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al declarar fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la ofendida Rosalina Narciso Cosca, se resuelve en el sentido de, atendiendo a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, se concede la ampliación, o se prorroga el plazo de investigación complementaria por dos meses, solicitados por la defensa particular del imputado" (Minutos 04:14:24 a 04: 27:27 DVD-1) Ahora bien, se estima que el juez responsable se ciñó a los lineamientos del fallo protector, pues la parte considerativa de dicha resolución, en esencia, determinó que en estricto apego a los principios de contradicción e igualdad ante la ley, el referido juez debía resolver la solicitud planteada por la defensa del imputado, relativa a la ampliación del lapso de la investigación complementaria, limitándose a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo Por lo que, la responsable concedió la ampliación del plazo de investigación complementaria por dos meses, por los argumentos expuestos en la propia audiencia; sin que esta autoridad Federal esté facultada para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan esa nueva determinación, pues fueron realizadas con la libertad de jurisdicción que le fue concedida En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia No se soslayan las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cinco de marzo del año en curso (fojas 251 a 258), en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria constitucional; sin embargo, aquéllas resultan inatendibles en el presente auto, pues fueron encaminadas a señalar que la responsable incurrió en repetición del acto reclamado, reservándose su derecho para realizar la correspondiente denuncia Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de que tales argumentos sean tendentes a destacar que el fallo constitucional no se encuentra debidamente cumplido, debe precisarse que estos resultan inoperantes, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector, pues esencialmente combaten cuestiones de fondo de la nueva resolución, es decir, las consideraciones que, a su arbitrio, tomó en cuenta la autoridad responsable para emitirla; máxime que al juez responsable se le otorgó plenitud de jurisdicción en su actuación, y fue en uso de esa libertad, que sustentó las consideraciones que ahora se exponen, por lo que, en todo caso, aquéllas tendrían que ser estudiadas en un nuevo juicio de amparo Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REPETICION DE ACTO RECLAMADO NO EXISTE CUANDO LA NUEVA RESOLUCION QUE DICTO LA RESPONSABLE CON LIBERTAD DE JURISDICCION ES SIMILAR EN SU SENTIDO A LA QUE FUE MATERIA DE AMPARO, PERO CON DIFERENTE MOTIVACION No se incurre en repetición de acto reclamado cuando la nueva resolución que dicte la responsable con plenitud de jurisdicción declare que los agravios resultan inoperantes e insuficientes con fundamento en el análisis de cuestiones que no fueron materia de examen en el acto materia del amparo, puesto que al no constreñir la ejecutoria a resolver en determinada forma, debe concluirse que la responsable tiene amplias facultades para pronunciarse en el sentido que legalmente estime procedente" En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al tercero interesado Francisco Valencia Flores, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al tercero interesado Francisco Valencia Flores, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1009/2018-C; d) Notifique al tercero interesado el presente auto; e) Le corra traslado con copia autorizada de la citada determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si el tercero interesado quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación Por otra parte, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación (...)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la quejosa Rosalina Narciso Cosca y al tercero interesado Francisco Valencia Flores, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), a la sentencia de amparo; plazo en el que, únicamente la peticionaria de amparo, desahogó dicha vista En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos En principio, es necesario indicar que en sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 145 a 166), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "() Efectos de la concesión del amparo En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede a la quejosa Rosalina Narciso Cosca, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación emitida dentro de la audiencia celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la carpeta administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima Rosalina Narciso Cosca, en contra de la determinación de esa propia fecha, en el que se ordenó la reposición del plazo para la investigación complementaria 2) En su lugar emita otra en la que a la luz de las consideraciones vertidas en esta sentencia, declare fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la quejosa Rosalina Narciso Cosca 3) Una vez realizado lo anterior, revoque la determinación impugnada, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra resolución en la que limitándose a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ampliación del plazo de la investigación complementaria que formuló la defensa del ahí imputado Francisco Valencia Flores Los efectos de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, no surten efectos de manera inmediata, en virtud de ser el acto reclamado una determinación emitida dentro de una carpeta administrativa relativa a la prórroga del plazo de investigación complementaria ()" [Foja 164] En acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 209 a 211), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento al juez responsable En tales condiciones, el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), mediante oficios JOPT/242/2019 y JOPT/285/2019 de dieciocho y veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 226 y 238), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional y, para acreditarlo, remitió un disco en formato DVD (disco versátil digital), que contiene la audiencia de veintiuno de febrero del año en curso, celebrada en la carpeta judicial administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN de su índice (foja 239) Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, cobra aplicabilidad la jurisprudencia 1a/J 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga" Ahora bien, de las referidas documentales, se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa 21/2018/TEZIUTLÁN, de su índice: a) Por auto de dieciocho de febrero del año en curso, dejó insubsistente la resolución emitida en audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa de origen, y señaló las catorce horas del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia en la que daría cumplimiento al resto de los efectos del fallo protector (foja 226) b) En la fecha indicada, se llevó a cabo la audiencia señalada, con la comparecencia del agente del Ministerio Público, de la parte ofendida -aquí quejosa-, del asesor victimal, del imputado y de su defensor particular, en la cual, en lo que aquí interesa, el juez de control determinó lo siguiente: 1 Reiteró que dejaba insubsistente la determinación emitida dentro de la audiencia celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima Rosalina Narciso Cosca, en contra de la determinación de esa propia fecha, en la que ordenó la reposición del plazo para la investigación complementaria (minutos 03:30:30 a 03:31:01 DVD-1); 2 Declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima -aquí quejosa- Rosalina Narciso Cosca (minutos 03:31:02 a 03:31:13 DVD-1); y, 3 Realizado lo anterior, revocó la determinación impugnada, y dictó otra en la que, siguiendo los lineamientos de la sentencia dictada en este juicio, a efecto de limitarse a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo, reprodujo la parte conducente de la audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (minutos 03:35:28 a 04:04:40 DVD-1); y, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió lo siguiente, respecto a la solicitud de ampliación de plazo de la investigación complementaria, que formuló la defensa del imputado: "() Es cierto lo que refieren el agente del Ministerio Público y el Asesor Jurídico, en cuanto a que el plazo de cierre de investigación complementaria puede ser hasta por seis meses, en el caso específico, por la naturaleza del hecho delictuoso que se vinculó al imputado por el delito de homicidio Aunado a que es el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que fija que el Ministerio Público puede solicitar prórroga de investigación complementaria con la finalidad de mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición, siempre y cuando no se rebase el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, hace notar el Asesor Jurídico que debe llevarse a cabo de manera justificada Insisto, no es el artículo 321 el que habla de la justificación, sino el 322, y alude a una circunstancia excepcional, pero es una cuestión que se asigna al Ministerio Público, no a la defensa, el texto del artículo 322 así reza al inicio: 'De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga' En el caso concreto, la defensa cita que llevó a cabo solicitudes ante el Ministerio Público para que citara a personas que pudiera entrevistar y se desahogaran otros medios de prueba que pretendía, fotografía, criminalística, topografía, registros de telefonía digital, entrevista a los elementos aprehensores; y no tuvo respuesta Como contestación, la fiscalía y el asesor indican que pudo el defensor acudir ante el órgano de control, o en su caso, ante el Ministerio Público para requerirle que atendiera sus peticiones El defensor argumentó que diversos escritos había presentado ante la fiscalía y no obtenía respuesta En el caso específico, debe observarse que existe razón suficiente por parte de la defensa en solicitar que se le conceda plazo de investigación prorrogada, debido a que no ha tenido posibilidad de recabar la información o los medios de prueba que pretende para lograr el esclarecimiento de los hechos, lograr la identidad de personas a través de las entrevistas de los elementos aprehensores, quienes indicaron que habían más de cincuenta personas en el momento de la intercepción del imputado Registros de comunicación digital, en particular, de telefonía; peritos Y eso se debe a que existe el principio de presunción de inocencia que favorece al imputado y el ejercicio de derecho de defensa que indicó el defensor, ha tenido como finalidad lograr el esclarecimiento, aunque dijo que es de la 'verdad', circunstancia que es muy difícil lograr El esclarecimiento de los hechos es el principio que refiere el artículo 20 de la Constitución Federal y la reglamentación del Código Nacional de Procedimientos Penales Y, si en el caso específico, no se ha podido desvirtuar ni contradecir que la fiscalía hubiera dado las posibilidades suficientes, o al menos mínimas, a la defensa para que pudiera apoyarle y recabar la información que indicó, entonces, se debe entender que se vulnera precisamente la posibilidad que tiene la defensa para lograr su objetivo, el debido ejercicio del derecho de defensa, para desvirtuar lo que se atribuye al imputado, al menos, en la forma que quedó expuesto en la vinculación El artículo 20 de la Constitución Federal, consagrando derechos humanos, en el apartado B, en relación a los derechos del imputado, en primer lugar, la fracción I alude a que, en todo tiempo se presuma su inocencia; y, la fracción IV, indica que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; la fracción VI, del mismo apartado, cita: 'Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo'; la fracción VIII, alude a la defensa técnica o adecuada, para garantizar precisamente ese derecho en favor del imputado Si en el caso específico, la mención concreta de la defensa, es en el sentido que se le ha obstaculizado por parte de la fiscalía para lograr se le brinde el auxilio para recabar informes, a través de entrevistas, y le ha dado a conocer a la fiscalía quiénes son las personas que deben ser citadas para lograr la entrevista y la naturaleza de las pruebas que pretende llevar a cabo, eso es en ejercicio de lo que el defensor, el asesor denominó principio de libertad probatoria Que es cierto que también pudiera llevar a cabo entrevistas por sí, y sin apoyo del Ministerio Público, pero también la disposición constitucional es en el sentido, que si el imputado, a través de su defensa, lógicamente, solicita el apoyo para recabar esa información, se le debe otorgar, y no es un acto meramente potestativo, para poder decidir sí o no, sino la obligación indicada en la fracción IV, apartado B, del artículo 20 constitucional, se le recibirá, se le debe auxiliar para obtener la comparecencia de las personas Entonces, son conductas determinantes que implican una obligación, no una posibilidad de hacerlo, y no puede entenderse que, si no exigió en su momento que se le respetara el plazo para la investigación, y que, dentro del límite otorgado a la fiscalía, o dentro del plazo complementario que se otorgó a la fiscalía, tendría que hacerlo En el caso específico, la defensa se duele en cuanto a que la fiscalía no le ha apoyado, ni siquiera le ha dado respuesta a sus peticiones y, con ello se violenta el derecho de defensa En el caso específico, estima el órgano de control jurisdiccional, que debe garantizarse el derecho de defensa, en observancia a los principios constitucionales, a través de los cuales pueda visualizarse que se advierte la necesidad de observar el principio de inocencia que debe regir en favor del imputado, hasta en tanto se demuestre lo contrario Y, precisamente, para observar esa garantía, por parte de la fiscalía, otorgar a la defensa, los medios, los recursos indispensables para lograr el desahogo de los medios de prueba que estime oportunos y respecto de los cuales, con oportunidad, le solicitó apoyo para recabar la información correspondiente En consecuencia, el órgano de control jurisdiccional estima fundadas las razones de la defensa particular del imputado para solicitar la ampliación, la concesión, mejor dicho, el otorgamiento de dos meses para complementar su investigación Por tanto, observando las disposiciones de la ejecutoria constitucional, siguiendo los lineamientos en ella establecidos, habiendo dejando insubsistente la parte conducente de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al declarar fundado el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico de la ofendida Rosalina Narciso Cosca, se resuelve en el sentido de, atendiendo a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, se concede la ampliación, o se prorroga el plazo de investigación complementaria por dos meses, solicitados por la defensa particular del imputado" (Minutos 04:14:24 a 04: 27:27 DVD-1) Ahora bien, se estima que el juez responsable se ciñó a los lineamientos del fallo protector, pues la parte considerativa de dicha resolución, en esencia, determinó que en estricto apego a los principios de contradicción e igualdad ante la ley, el referido juez debía resolver la solicitud planteada por la defensa del imputado, relativa a la ampliación del lapso de la investigación complementaria, limitándose a los argumentos vertidos por las partes en el debate respectivo Por lo que, la responsable concedió la ampliación del plazo de investigación complementaria por dos meses, por los argumentos expuestos en la propia audiencia; sin que esta autoridad Federal esté facultada para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan esa nueva determinación, pues fueron realizadas con la libertad de jurisdicción que le fue concedida En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia No se soslayan las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cinco de marzo del año en curso (fojas 251 a 258), en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria constitucional; sin embargo, aquéllas resultan inatendibles en el presente auto, pues fueron encaminadas a señalar que la responsable incurrió en repetición del acto reclamado, reservándose su derecho para realizar la correspondiente denuncia Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de que tales argumentos sean tendentes a destacar que el fallo constitucional no se encuentra debidamente cumplido, debe precisarse que estos resultan inoperantes, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector, pues esencialmente combaten cuestiones de fondo de la nueva resolución, es decir, las consideraciones que, a su arbitrio, tomó en cuenta la autoridad responsable para emitirla; máxime que al juez responsable se le otorgó plenitud de jurisdicción en su actuación, y fue en uso de esa libertad, que sustentó las consideraciones que ahora se exponen, por lo que, en todo caso, aquéllas tendrían que ser estudiadas en un nuevo juicio de amparo Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REPETICION DE ACTO RECLAMADO NO EXISTE CUANDO LA NUEVA RESOLUCION QUE DICTO LA RESPONSABLE CON LIBERTAD DE JURISDICCION ES SIMILAR EN SU SENTIDO A LA QUE FUE MATERIA DE AMPARO, PERO CON DIFERENTE MOTIVACION No se incurre en repetición de acto reclamado cuando la nueva resolución que dicte la responsable con plenitud de jurisdicción declare que los agravios resultan inoperantes e insuficientes con fundamento en el análisis de cuestiones que no fueron materia de examen en el acto materia del amparo, puesto que al no constreñir la ejecutoria a resolver en determinada forma, debe concluirse que la responsable tiene amplias facultades para pronunciarse en el sentido que legalmente estime procedente" En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al tercero interesado Francisco Valencia Flores, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al tercero interesado Francisco Valencia Flores, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1009/2018-C; d) Notifique al tercero interesado el presente auto; e) Le corra traslado con copia autorizada de la citada determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si el tercero interesado quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación Por otra parte, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por la quejosa Rosalina Narciso Cosca, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, mismas que serán consideradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no se inadvierte que la peticionaria de amparo manifestó en su escrito de cuenta que, a su parecer, la autoridad responsable incurrió en repetición del acto reclamado; sin embargo, no ha lugar a ordenar el tramite previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, pues la ocursante también señaló que se reserva su derecho para realizar la denuncia correspondiente.
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