Rosalio Espinoza Calderon
Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ROSALIO ESPINOZA CALDERON y Otros.
- Rosalio Espinoza Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoracion en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla a treinta de septiembre de dos mil veintidós. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por********************, contra los actos precisados en el considerando ******************** de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo.******************** NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de agosto pasado, se ordenó dar vista al promovente Rosalino Espinoza Calderón, para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como actos reclamados la determinación de retirar al directo quejoso y menor J.M.E.T., del domicilio del promovente de amparo el diecinueve de julio del año en curso, y la posterior providencia de dejar al menor al cuidado de su madre Janet Téllez Osorio, que emanaron del expediente derivado del reporte de maltrato 680/2022, iniciado en el Departamento de Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato perteneciente a la Procuraduría de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. En ese sentido, resulta evidente que se encuentra transcurriendo el mencionado término ya que el referido proveído -de veintiséis de agosto de dos mil veintidós-, se le notificó por lista -previo citatorio- el uno de los corrientes, notificación que surtió efectos el dos siguiente, por lo que dicho termino transcurrirá del cinco al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, previo descuento de los sábados y domingos que median en dicho plazo, así como el catorce y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; al igual que el quince del citado mes, en atención a lo indicado mediante circular 5/2022 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, al ser inconcuso que no será posible celebrar la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordena su diferimiento y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
CITATORIO. Se notifica por lista al promovente el siguiente auto. San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de veintidós de los corrientes, se tuvo por rendido el informe justificado de 1. Hiram Méndez Crisanto, Procurador de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, por sí y en representación de 2. Alejandra Guarneros Espinosa y 3. Arturo Almonte Carrera, abogados adscritos a la Procuraduría de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Ahora, del análisis de las constancias que se anexaron a dicho informe, se aprecia que la determinación de retirar al directo quejoso y menor J.M.E.T., del domicilio del promovente de amparo el diecinueve de julio del año en curso, y la posterior providencia de dejar al supracitado menor al cuidado de su madre Janet Téllez Osorio, emanaron del expediente derivado del reporte de maltrato 680/2022, iniciado en el Departamento de Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato perteneciente a la Procuraduría de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Por lo tanto, para la debida integración de este juicio de amparo es necesario requerir al promovente Rosalino Espinoza Calderón, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, refiera si es su deseo señalar como actos reclamados destacado tales determinaciones. Lo anterior, en atención a que el peticionario del amparo únicamente señaló como actos reclamados la incomunicación, la desaparición forzada de persona, así como la detención y aseguramiento del menor con iniciales J.M.E., o J.M.E.T., y, de las constancias acompañadas al informe justificado de la autoridad señalada como responsable, se advierte la integración de dicho expediente. Por otro lado, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá únicamente como actos reclamados los señalados en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Cobran aplicación al caso las jurisprudencias siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese personalmente la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
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