Rosalia Baez Lozada

Expediente 25/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
25/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Rosalia Baez Lozada
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Mesa de Trámite Turno Vespertino de la Agencia Perteneciente A la Delegación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad de Centro del Sistema Tradicional (anexo I), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusa de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE mayo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 30 a 43), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "Determine de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado si procede o no continuar integrando la averiguación previa ******************** a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. "1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." Resolución que en auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 53 a 56). Ahora bien, mediante oficio 262 de veinticinco de marzo de dos mil diecisiete (fojas 70 y 71), la fiscal responsable informó a esta autoridad que visto el estado procesal que guardaba la indagatoria ********************, consideraba continuar con su integración, por lo que, solicitó diversos elementos de prueba para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Atento lo anterior, en auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se requirió a la representación social remitiera a esta autoridad constancia de la que se advirtiera que ordenó la preparación para el desahogo de las pruebas que mencionó en el referido oficio (fojas 72 y 73). Así, mediante similar 346 de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 80 a 103), la representación social remitió a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la indagatoria ********************, de las que se advierte la preparación para el desahogo de las pruebas que consideró necesarias para integrar dicha averiguación previa, como son, entre otras, los acuses de los oficios que giró a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla (para que el perito designado determine el detrimento patrimonial sufrido por la quejosa Rosalía Báez Lozada), al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla (le informe si Alsibiades César Sevilla cuenta con cédula profesional), al Juez Noveno de lo Civil de la ciudad de Puebla (le remita copia certificada del expediente 214/2010), al Juez Quinto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (le informe si en los expedientes 2059/1996, 1178/2003 y 1532/1996, se apersonó Alsibiades César Sevilla) y al Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (si dentro del expediente 278/1996 se apersonó Alsibiades César Sevilla). Constancias de las que se advierte que la fiscal responsable ha ordenado la preparación de los medios de prueba que considera necesarios para integrar la referida averiguación previa, con lo cual se cumple con uno de los supuestos de la ejecutoria de amparo. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 30 a 43), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "Determine de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado si procede o no continuar integrando la averiguación previa ******************** a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. "1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." Resolución que en auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 53 a 56). Ahora bien, mediante oficio 262 de veinticinco de marzo de dos mil diecisiete (fojas 70 y 71), la fiscal responsable informó a esta autoridad que visto el estado procesal que guardaba la indagatoria ********************, consideraba continuar con su integración, por lo que, solicitó diversos elementos de prueba para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Atento lo anterior, en auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se requirió a la representación social remitiera a esta autoridad constancia de la que se advirtiera que ordenó la preparación para el desahogo de las pruebas que mencionó en el referido oficio (fojas 72 y 73). Así, mediante similar 346 de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 80 a 103), la representación social remitió a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la indagatoria ********************, de las que se advierte la preparación para el desahogo de las pruebas que consideró necesarias para integrar dicha averiguación previa, como son, entre otras, los acuses de los oficios que giró a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla (para que el perito designado determine el detrimento patrimonial sufrido por la quejosa Rosalía Báez Lozada), al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla (le informe si Alsibiades César Sevilla cuenta con cédula profesional), al Juez Noveno de lo Civil de la ciudad de Puebla (le remita copia certificada del expediente 214/2010), al Juez Quinto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (le informe si en los expedientes 2059/1996, 1178/2003 y 1532/1996, se apersonó Alsibiades César Sevilla) y al Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (si dentro del expediente 278/1996 se apersonó Alsibiades César Sevilla). Constancias de las que se advierte que la fiscal responsable ha ordenado la preparación de los medios de prueba que considera necesarios para integrar la referida averiguación previa, con lo cual se cumple con uno de los supuestos de la ejecutoria de amparo. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo incorporado en el proveído de veintinueve de marzo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la resolución dictada el veinticinco de abril del actual, por los motivos que de la misma se desprenden; en consecuencia, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que proceda a practicar la mencionada diligencia en el domicilio señalado para tal efecto, aun en horas y días inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, toda vez que en la razón de cuenta se desprende que se buscó a dicha parte únicamente en hora y día hábil.

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