Rosa Tanith Daniel Garcia

Expediente 1047/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1047/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • ROSA TANITH DANIEL GARCIA y Otros.
  • Rosa Tanith Daniel Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio signado -electrónicamente- por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el pedimento 554/2023 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado federal. Del comunicado señalado en último lugar, se aprecia que esa fiscalía solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente expediente y de los incidentes "de previo y especial pronunciamiento"; además, para justificar su solicitud, remite un oficio del Encargado de la Dirección de Control Técnico de Amparo Foráneo de la Fiscalía General de la República. Al respecto, se le informa que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, y que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión, tal como se aprecia de la parte final del proveído dictado el primero de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, únicamente se ordena la remisión de una impresión con evidencia criptográfica del primero de los acuerdos mencionados, en virtud que el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considera dicha evidencia como una certificación oficial por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad indicada.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre pasado, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, al tratarse de un asunto concluido; asimismo, se señaló que el presente expediente era susceptible de destrucción, en virtud de haberse sobreseído fuera de audiencia en dicho sumario constitucional, sin embargo, de autos se advierte que en acuerdo de uno de octubre de dos mil veintidós, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, a favor de la quejosa Rosa Tanith Daniel García. En consecuencia, se regulariza el procedimiento en el presente controvertido constitucional, para el efecto de realizar la valoración correcta en cuanto a su destino; de ahí, que en atención a lo dispuesto en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos del punto 7.4 del Capítulo denominado "Expedientes Depurables" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente juicio de amparo, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes; y, cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la valoración con su correspondiente leyenda en la carátula de este juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión, por lista a sus autorizados y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, diversas circunstancias que permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. I. ACTO RECLAMADO. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por Rosa Oropeza Papaqui, en favor de la directa quejosa Rosa Tanith Daniel García, se aprecia que reclamó la incomunicación de esta última. Acto que atribuyó a: "a) La abogada Lidia Gutiérrez Ramírez, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, fiscal responsable de la carpeta de investigación 17490/2022/UF/PUEBLA o la que en realidad corresponda, puesto que no me dan información fidedigna de la situación de la quejosa directa; y, b) El Titular de Medidas Cautelares y Policía Procesal de Casa de Justicia de la Región Centro Poniente, con sede en Cholula. b) -SIC- El Titular de Medidas Cautelares y Policía Procesal de Casa de Justicia de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan. (.) a) La policía procesal adscrita a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de Casa de Justicia de la Región Centro Poniente, con sede en Cholula b) La policía procesal adscrita a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de Casa de Justicia de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan; y, c) La policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla." Conviene señalar que en acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, se tuvo como inexistente a la autoridad responsable que la promovente señaló como "Policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla." (Foja 104). II. INEXISTENCIA DEL ACTO. Al rendir sus correspondientes informes justificados, las autoridades responsables 2. Encargada de la Unidad de Medidas Cautelares, sede Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla y 4. Responsable de la Policía Estatal Procesal de la Región Centro Poniente, sede Casa De Justicia de San Andrés Cholula, Puebla (fojas 110 y 123 respectivamente), negaron la existencia del acto que se les atribuye y al efecto informaron que la directa quejosa no fue ingresada al área de seguridad de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla. Lo que se corrobora con el contenido de la razón actuarial de uno de octubre de dos mil veintidós, en la que la fedataria adscrita a este juzgado asentó que halló a la directa quejosa en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan y que ésta le manifestó, en lo que al caso interesa, que tras su detención motivada por el robo a una tienda "Oxxo" fue trasladada al complejo de C5. (Foja 27 vuelta). De lo que se sigue que, en efecto, la peticionaria de amparo en ningún momento estuvo a disposición de las mencionadas responsables, de ahí que se apuntale su negativa y los actos a ellas atribuidas sean inexistentes. Ahora, si bien por regla general debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto reclamado ha quedado acreditada fehacientemente; por lo que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, la referida inexistencia no podría ser desvirtuada, ya que su materialización es tal que ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto apuntado, respecto de tales autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio fuera de la audiencia constitucional, en relación con dicho acto. Tiene aplicación al caso, la tesis: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." III. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Por otro lado, en relación con la incomunicación de la directa quejosa atribuida a la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; 3. Encargado de la Unidad de Medidas Cautelares, sede Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, Puebla; y 5. Encargada de la Policía Estatal Procesal, sede Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, Puebla; quien esto resuelve, de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Justamente, el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el particular, se tiene que al momento de que la actuaria judicial adscrita a este tribunal localizó a la directa quejosa en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan el primero de los corrientes, la citada Rosa Tanith Daniel García, tuvo comunicación con su pareja sentimental a quien informó el nuevo lugar donde se encontraba detenida. (Foja 27 vuelta). Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado (incomunicación) ha quedado destruido en forma total e incondicional de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiera dejado huella en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Y, por ende, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 65); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese por personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión, por lista a sus autorizados y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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