Rosa Olivia Castilla Guerra
Expediente 167/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Raul Castilla Guerra
- Rosa Olivia Castilla Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 167/2018-E (foja 6), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de la Secretaria María del Carmen Ortega Reguera, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por ROSA OLIVIA CASTILLA GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANO JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA (fojas 1 a 4), auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (suspensión provisional, con fojas 5 a 9), e informes previos de las autoridades responsables. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo vigente, se admiten y se tienen por desahogadas con base en su naturaleza las pruebas documentales ofrecidas por las autoridades 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación, y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por conducto de su representación (fojas 18 a 22 y 24); por lo que se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente... R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ROSA OLIVIA CASTILLA GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANO JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual, remite la comunicación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al respecto, se provee: Téngase por recibido el oficio del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a través del cual, informa las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida al quejoso el veintiuno de febrero del actual (fojas 6 a 10), sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues el veintitrés de febrero pasado (fojas 26), se tuvo por recibido el oficio de cuenta, acordándose lo procedente, por lo que, agréguese para que obre únicamente como corresponda. Por lo que hace, al oficio relativo al diverso juicio de amparo 165/2018-C del índice de este juzgado, con fotocopia certificada del oficio de cuenta, acuérdese lo conducente en el cuaderno correspondiente. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que ROSA OLIVIA CASTILLA GUERRA, compareció en nombre del quejoso JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA, a través del escrito recibido en este juzgado por la secretaria de guardia el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades; de quienes reclamó los siguientes actos: La incomunicación y tortura del quejoso directo; y, La detención. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el juicio de amparo indirecto 167/2018-E, se tramitó la misma; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; y se ordenó la localización del quejoso directo, a efecto de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su nombre (fojas 6 a 10). Mediante diligencia de esa misma data, el quejoso JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA ratificó la demanda de amparo promovida a su favor (fojas 12); y, por acuerdo de veintidós de febrero pasado, se admitió la misma, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 28 a 30). Ahora bien, del escrito de demanda, deriva que la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados anteriormente- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe. Fojas 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. Niega 38 y 44 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 49 y 51 3. Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Niega 53 Las referidas autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados precisados en el inciso a) del presente acuerdo; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Negativa que se corrobora con la diligencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, practicada por el actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y al entrevistarse con el quejoso directo JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA (foja 12), hizo constar coincidentemente -en lo que al caso interesa- que no presenta huellas de maltrato o tortura y ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; además de que le refirió que ya se había comunicado con sus familiares. Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que el quejoso no estuvo incomunicado ya que se le permitió comunicarse con sus familiares; además de que no presentar ninguna huella de maltrato o tortura. Diligencia que adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó un funcionario judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo se entendió con el directo agraviado, se estiman ciertos si no hay prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Así mismo, del caudal probatorio que obra en los autos del presente sumario constitucional, no se aprecia constancia alguna que evidencia que existieron actos de tortura en contra del referido quejoso. En consecuencia, ante la inexistencia de ese acto reclamado (incomunicación o tortura), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, respecto de aquel. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado precisado en el inciso b) del presente acuerdo, que la parte quejosa hizo valer como ".la ilegal privación..."; la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado refirió lo siguiente: "No obstante lo anterior le informo a usted que mediante oficio 281/2018-CHIG, de fecha 22 de Febrero de 2018, el Lic. JOSÉ TÓMAS TITLA DAMIÁN, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, puso a disposición del Juez de Control Judicial de la Región Norte del Estado de Puebla (sic), con sede en casa de Justicia Puebla al C. JESÚS RÁUL CASTILLA GUERRA, por su probable comisión de un hecho con apariencia de los delitos de Tentativa de Homicidio, Portación de Instrumento Prohibido y delitos contra Funcionarios Públicos, dentro de la Carpeta de Investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN." Lo que se acredita con las copias certificadas que remitieron como justificante a su informe (fojas 40 a 43 y 46) -a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°- de cuyo contenido se puede advertir que efectivamente el veintidós de febrero pasado, se puso a disposición del Juez de Control Judicial de la Región Norte del Estado de Puebla, con sede en casa de Justicia de Zacatlán, Puebla al quejoso JESÚS RAÚL CASTILLA GUERRA, por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho con apariencia de los delitos de tentativa de homicidio, portación de instrumento prohibido y delitos contra funcionarios públicos, dentro de la carpeta de investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN. En ese sentido, esta autoridad Federal advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Así las cosas, como se indicó en párrafos que anteceden la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional reclamando también la detención que se ejecutó el veinte de febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, del informe justificado y documentales remitidas por el 1. Fiscal General del Estado de Puebla (ya valoradas anteriormente), se advierte que a través del oficio 281/2018/CHIG de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso ya fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Norte, por su probable comisión de un hecho con apariencia de diversos delitos. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubieren podido incurrir con la detención del quejoso, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra, consistente en que el representante social solicitó audiencia de control de detención. Lo anterior, en virtud de que la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.2o.P.44 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo." Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la jurisprudencia la cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de Amparo no contraviene las disposiciones de la actual legislación, que establece: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." En esa tesitura, procede decretar también el sobreseimiento del diverso acto reclamado que la parte quejosa hizo valer como la ".la ilegal privación.."; traducido como la detención del quejoso de mérito, en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con cuarenta minutos el veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 17); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las siguientes autoridades responsables: 1.Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. 2.Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla.3.Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto.Con los que da cuenta el Secretario, para que surtan los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Y, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, ofreciendo como pruebas las documentales que anexan a los informes de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional.
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