Roberto Reyes Acevedo

Expediente 857/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
857/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Roberto Reyes Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco del mes y año que transcurre, dentro del juicio de amparo 857/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos, en particular con la certificación que antecede, así como con la copia certificada del escrito 13929. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Roberto Reyes Acevedo y otro; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger la documental que se anexó al escrito presentado el cuatro de los corrientes, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Finalmente, agréguese a sus autos la copia certificada del escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Eduardo Borrego Moreira, mediante el cual solicita la devolución de los originales de los documentos fundatorios presentados en el presente juicio de amparo; sin embargo, una vez revisado el presente sumario se advierte no obran documentos originales anexados por parte del quejoso, con excepción de ocho discos compactos y la autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho a nombre de su autorizado Edgar Francisco González Romo. En consecuencia, una vez que especifique a qué documentos se refiere en su ocurso de cuenta y reiterada que sea su petición, acuérdese lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE OCTUBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULOP 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco del mes y año que transcurre, dentro del juicio de amparo 857/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos, en particular con la certificación que antecede, así como con la copia certificada del escrito 13929. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Roberto Reyes Acevedo y otro; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger la documental que se anexó al escrito presentado el cuatro de los corrientes, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Finalmente, agréguese a sus autos la copia certificada del escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Eduardo Borrego Moreira, mediante el cual solicita la devolución de los originales de los documentos fundatorios presentados en el presente juicio de amparo; sin embargo, una vez revisado el presente sumario se advierte no obran documentos originales anexados por parte del quejoso, con excepción de ocho discos compactos y la autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho a nombre de su autorizado Edgar Francisco González Romo. En consecuencia, una vez que especifique a qué documentos se refiere en su ocurso de cuenta y reiterada que sea su petición, acuérdese lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.

  3. Principal

    El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra CERTIFICA: Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, promovieron diverso juicio contra actos de la Presidenta Municipal de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; de igual forma, se hace constar que dicho juicio se radicó bajo el número 800/2017, el cual fue desechado. CONSTE. En la misma fecha la secretaria da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con los escritos registrados con los folios 13324 y 13325. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el primero de los escritos de cuenta signado por Edgar Francisco González Romo, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le tenga en el presente asunto como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y por tanto, adjunta autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con número 12490, así como copia simple de la misma. En tal virtud, como lo solicita, se le tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia. Previa copia certificada que en su lugar se deje, devuélvasele el documento que acompañó a su escrito, asentando razón por su recibo en autos. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el segundo de los ocursos de cuenta signado por los quejosos Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres del mes y año en curso. En tales condiciones, se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridades responsables: Ordenadoras: Presidenta Municipal de Zacatecas. Orden girada para desalojo y despojo de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo con la intención de construir un estacionamiento. Orden a efecto de desconectar los cuartos refrigerantes que se usan para mantener en buen estado los productos, los cuales se encuentran en las instalaciones del rastro municipal. Gestiones para lograr la firma de convenio de entrega de recursos, firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas. -Publicación de la Licitación Pública Nacional en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCLXVIII, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, tercera sección, página 282, en particular la Licitación Pública Nacional L.O. 932076965-E61-2017, la cual tiene como finalidad demoler las instalaciones del rastro municipal para construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Ejecutoras: Secretario de Obras Públicas Municipales de Zacatecas y Titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas: -Obras de demolición, medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la construcción del estacionamiento en el lugar que ahora ocupa el rastro municipal de zacatecas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, los quejosos combaten: La orden girada para desalojo y despojo de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo con la intención de construir un estacionamiento. Orden a efecto de desconectar los cuartos refrigerantes que se usan para mantener en buen estado los productos, los cuales se encuentran en las instalaciones del rastro municipal. Gestiones para lograr la firma de convenio de entrega de recursos, firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. -Publicación de la Licitación Pública Nacional en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCLXVIII, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, tercera sección, página 282, en particular la Licitación Pública Nacional L.O. 932076965-E61-2017, la cual tiene como finalidad demoler las instalaciones del rastro municipal para construir un estacionamiento para el mercado de abastos. -Obras de demolición, medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la construcción del estacionamiento en el lugar que ahora ocupa el rastro municipal de zacatecas. No obstante, de su escrito de demanda se advierte los peticionarios del amparo precisan que el quince de septiembre del año que transcurre, durante el primer informe de gobierno del municipio de Zacatecas, la presidenta declaró la intención de demoler el rastro municipal para instalar un estacionamiento público. Sin embargo, lo cierto, es que el dieciocho de agosto pasado, presentaron en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, diversa demanda de amparo, la cual le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, misma que fue registrada bajo el número 800/2017, como se desprende de la cuenta secretarial, promovido entre otros por Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, contra actos de la presidenta municipal de Zacatecas y otras autoridades, lo cual, es un hecho notorio para el suscrito juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la copia de la demanda de amparo que dio origen al diverso juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. Del referido juicio de derechos se advierte se destacaron entre otros actos reclamados los siguientes: "- Orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal." Al recibirse la demanda, se previno a los quejosos para que precisaran la fecha en la que tuvieron conocimiento de cada una de los citados actos reclamados. A lo que los antes nombrados manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de los actos reclamados en las siguientes fechas: Orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento, el ocho de junio de dos mil diecisiete. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento, el doce de junio de dos mil diecisiete. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos, el doce de junio de dos mil diecisiete. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal, el ocho de junio de dos mil diecisiete. -Obras de demolición, medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la construcción del estacionamiento en el lugar que ahora ocupa el rastro municipal de zacatecas. Por tanto, toda vez que la pretensión en una y otra determinación envuelve los mismos hechos que considera violatorios de sus derechos, pues en ambos amparos se duele de la orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento; la orden girada para desconectar los cuartos refrigerantes que utilizan para mantener en buen estado su producto y que se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativa tendientes a la construcción de un estacionamiento en el lugar que ocupa el rastro municipal en esta ciudad. De ahí que, se insiste, los quejosos conocieron de los actos que reclaman desde el ocho y doce de junio del año que transcurre, respectivamente. Entonces, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados señalado en los incisos a) y d), comenzó a contar el nueve de ese propio mes y año y concluyó el veintinueve siguiente, con exclusión de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del citado mes y año en curso, por corresponder a sábados y domingos. Por cuanto hace al diverso acto precisado en los incisos b) y c), la fecha que se considera para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de trece de junio de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se ostentan sabedores de dichos actos reclamados (doce de junio del año en curso) y concluyó el tres de julio del presente año, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio y uno y dos de julio de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. En lo referente al acto reclamado señalado en el inciso e), la data que se toma en consideración para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de uno de agosto de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se hicieron sabedores de dichos actos (veintiocho de julio del año en curso) y finaliza el veintiuno de agosto del año que transcurre, con exclusión de los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el dos de octubre de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados en estudio son la orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento; la orden girada para desconectar los cuartos refrigerantes que utilizan para mantener en buen estado su producto y que se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativa tendientes a la construcción de un estacionamiento en el lugar que ocupa el rastro municipal en esta ciudad, por lo que es claro que no encuadran en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Por otro lado, respecto a los actos reclamados consistentes en: Las gestiones para lograr la firma de convenio de entrega de recursos, firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La publicación de la Licitación Pública Nacional en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCLXVIII, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, tercera sección, página 282, en particular la Licitación Pública Nacional L.O. 932076965-E61-2017, la cual tiene como finalidad demoler las instalaciones del rastro municipal para construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Este resolutor estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de la misma ley, por la aplicación de las jurisprudencias que más adelante se precisan; disposiciones legales del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El primero de los numerales citados, dispone que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando de alguna otra disposición de la ley o jurisprudencia se actualice alguna causal de improcedencia. Por su parte, del artículo transcrito en segundo término, pone de manifiesto la obligatoriedad para los Juzgados de Distrito, de observar los criterios jurisprudenciales que emitan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, ha sido criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en sus tesis jurisprudenciales II.3o. J/69 y VI. 2o. J/99, respectivamente, sostener que el juicio de amparo biinstancial deviene improcedente si los actos reclamados no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Apoya la anterior consideración las tesis jurisprudenciales, bajo los rubros y textos que a continuación se indican: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Precisado lo anterior, como se adelantó, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que los demandantes de amparo reclaman actos que son una consecuencia de otros que previamente consintieron. Lo anterior es así, en razón a que este juzgador advierte que los actos reclamados consistentes en las gestiones para lograr la firma de convenio de entrega de recursos, firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la publicación de la licitación pública nacional en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCLXVIII, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, tercera sección, página 282, en particular la Licitación Pública Nacional L.O. 932076965-E61-2017, la cual tiene como finalidad demoler las instalaciones del rastro municipal para construir un estacionamiento para el mercado de abastos, son actos derivados de otros consentidos, pues los quejosos, en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad precisaron como diversos actos reclamados la orden girada para desalojo y despojo de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo con la intención de construir un estacionamiento, orden a efecto de desconectar los cuartos refrigerantes que se usan para mantener en buen estado los productos, los cuales se encuentran en las instalaciones del rastro municipal, obras de demolición, medición y todas aquellas acciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la construcción del estacionamiento en el lugar que ahora ocupa el rastro municipal de Zacatecas. De los cuales, los quejosos previamente tuvieron conocimiento (ocho y doce de junio del año en curso, respectivamente) y no los impugnaron a través de los medios ordinarios y extraordinario respectivos, es inconcuso que los consintieron tácitamente, resultando por consiguiente improcedente el presente juicio de amparo. Por identidad de razón es aplicable la tesis II.2o.C.43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito que prescribe: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario; a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia." Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Roberto Reyes Acevedo y Carlos Eduardo Borrego Moreira, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XIV y 17 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, como lo solicitan los quejosos en su escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les tiene señalando como representante común a Carlos Eduardo Borrego Moreira, sin perjuicio de que la parte quejosa lo sustituya por otro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CUENTA. El tres de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con: Demanda de amparo promovida por Roberto Reyes Acevedo, registrada con el folio 13219, siete copias de ésta y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que Edgar Francisco González Romo, no tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Reyes Acevedo, contra actos de la Presidenta Municipal de Zacatecas y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 857/2017; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; [.]". Por su parte, el numeral 108, fracción I, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]". De los preceptos transcritos se desprende que cuando de la demanda de amparo se advierta que no se cumplió con lo previsto en el artículo 108, el juez podrá requerir al promovente para que la aclare o proporcione los datos que no expuso. Ahora, toda vez que la persona que dice promover la presente demanda es Roberto Reyes Acevedo. Sin embargo, la demanda es calzada por el antes nombrado y por diversa persona de nombre Carlos Eduardo Borrego Moreira. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumplan con lo siguiente: Precise si el presente juicio de amparo también es promovido a nombre de Carlos Eduardo Borrego Moreira. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, exhiba copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al peticionario del amparo, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por presentada la demanda únicamente por cuanto hace a Roberto Reyes Acevedo se refiere. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Edgar Francisco González Romo, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida La Florida número cuatro (4) colonia La Florida, en Guadalupe, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.

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