Roberto Ruíz Luján
Expediente 919/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roberto Ruíz Luján
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del catorce al veintisiete de octubre del año en curso, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de dicho mes y año, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 919/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Toda vez que la parte quejosa no solicitó la tramitación del incidente de suspensión respectivo al presente juicio de amparo; en consecuencia no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la secretaria encargada del despacho con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el cinco de octubre de la presente anualidad (fojas 41 a 47), en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otro lado, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Roberto Ruíz Luján, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen (fojas 2 a 5). Autoridad responsable: Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La falta de resolución sea de admisión de procedimiento, de desechamiento o prevención de solicitud, dentro de mi solicitud de procedimiento de desistimiento y adjudicación con respecto a los lotes 46, fracción B, con superficie de 12-50-00 hectáreas de labor, lote 44-A-2 con superficie de 10-00-200 hectáreas de labor y 45-A-2, con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, procedimientos promovido por el suscrito." Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 6 a 8), se registró la demanda con el número 919/2016 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, al tenor del acta que antecede (foja 40); por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: Del Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso dentro del expediente 1018/2016 relativa a la solicitud de procedimiento de desistimiento y adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, negó la existencia de acto reclamado; toda vez que manifestó que mediante auto de cuatro de julio del año en curso, dio respuesta a la petición formulada por el quejoso dentro del expediente 1018/2016 relativo al Procedimiento Administrativo de Desistimiento y Adjudicación promovido por Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado de Javier Ruíz Lara (fojas 11 a 15). No obstante, dicha negativa queda desvirtuada tomando en consideración que la autoridad responsable, no acreditó haber notificado dicha determinación al solicitante, lo que originó el desconocimiento de su existencia. Lo que se corrobora con la copia certificada que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, relativa al expediente 1018/2016; documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil dieciséis, Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado legal del quejoso Roberto Ruíz Luján, presentó de manera escrita ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, una solicitud de procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañón, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 2. Mediante diversos proveídos de cuatro de julio de la presente anualidad, la autoridad dio respuesta a la referida petición formulada, en la que por una parte tuvo a Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado de Javier Ruíz Lara, por desistido respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; y, por otra parte, tuvo por recibida la solicitud de adjudicación promovida por Roberto Ruíz Luján, respecto de los citados bienes inmuebles y ordenó al solicitante realizar los pagos respectivos para la adjudicación y expedición de título; determinaciones que no habían sido notificadas conforme a derecho. 3. El diecinueve de agosto de la presente anualidad, se notificó a Cuauhtemóc Espinoza Pantoja, en su carácter de abogado patrono del quejoso Roberto Ruíz Luján, los autos precisados en el apartado anterior (fojas 24 a 27). QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente que en el procedimiento de origen no ha existido pronunciamiento alguno sobre la petición que realizó el uno de julio de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable, en relación con el procedimiento de desistimiento y adjudicación respecto de los bienes inmuebles que menciona. Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no han sido acordadas las peticiones que realizó en su escrito de fecha uno de julio de dos mil dieciséis. En éste, el actor solicitó, en concreto, el desistimiento y la adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañón, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el cinco de agosto de dos mil dieciséis, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que en el procedimiento administrativo natural se hubiera hecho del conocimiento el acuerdo recaído a las peticiones descritas. Sin embargo, del estudio de las constancias que remitió, en apoyo a su informe con justificación, el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas, (fojas 11-15), se obtiene que con fecha cuatro de julio del presente año, dentro del expediente 1018/2016 de su índice, el director responsable proveyó las peticiones formuladas por el aquí quejoso y que constituyen el acto que originó el presente asunto, mediante los cuales, ente otras cosas, tuvo a Juan Antonio Ruíz Lara como apoderado legal de Javier Ruíz Lara, por desistido respecto de los lotes 46, fracción B, con superficie de 12-50-00 hectáreas de labor, 44-A-2 con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor y 45-A-2, con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor, todos ubicados en la zona de fraccionamientos de "Calera", municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 11 y 12) Y por otro lado, tuvo por recibida la solicitud de adjudicación realizada por Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado legal de Roberto Ruíz Luján, respecto de los referidos lotes descritos en el párrafo que antecede (fojas 13 a 15). Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas al oficio de mérito, se acreditó que dichas determinaciones fueron notificadas de manera personal al abogado patrono de la parte quejosa el diecinueve de agosto del año en curso. De lo anterior, se deriva que las promociones referidas ya fueron acordadas en el procedimiento administrativo natural y hecho del conocimiento del quejoso. Por tanto, con los autos de cuatro de julio de dos mil dieciséis, notificados al solicitante el diecinueve de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable dio respuesta a las promociones realizadas por el aquí quejoso, las que constituyen el objeto de la omisión reclamada. Lo precedente es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso el efecto de la sentencia hubiera sido obligar a la autoridad responsable a emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que no hubiera proveído. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable comunicó la respuesta a la petición realizada por Roberto Ruíz Luján, en su escrito de uno de julio del presente año y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto de la respuesta dada a su petición, a pesar de habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad (foja 28). Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Ruíz Luján contra el acto que reclamó del Director de Fraccionamiento Rurales del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de respuesta a su petición; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Roberto Ruíz Luján, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen (fojas 2 a 5). Autoridad responsable: Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La falta de resolución sea de admisión de procedimiento, de desechamiento o prevención de solicitud, dentro de mi solicitud de procedimiento de desistimiento y adjudicación con respecto a los lotes 46, fracción B, con superficie de 12-50-00 hectáreas de labor, lote 44-A-2 con superficie de 10-00-200 hectáreas de labor y 45-A-2, con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, procedimientos promovido por el suscrito." Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 6 a 8), se registró la demanda con el número 919/2016 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, al tenor del acta que antecede (foja 40); por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: Del Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso dentro del expediente 1018/2016 relativa a la solicitud de procedimiento de desistimiento y adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, negó la existencia de acto reclamado; toda vez que manifestó que mediante auto de cuatro de julio del año en curso, dio respuesta a la petición formulada por el quejoso dentro del expediente 1018/2016 relativo al Procedimiento Administrativo de Desistimiento y Adjudicación promovido por Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado de Javier Ruíz Lara (fojas 11 a 15). No obstante, dicha negativa queda desvirtuada tomando en consideración que la autoridad responsable, no acreditó haber notificado dicha determinación al solicitante, lo que originó el desconocimiento de su existencia. Lo que se corrobora con la copia certificada que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, relativa al expediente 1018/2016; documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil dieciséis, Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado legal del quejoso Roberto Ruíz Luján, presentó de manera escrita ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, una solicitud de procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañón, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 2. Mediante diversos proveídos de cuatro de julio de la presente anualidad, la autoridad dio respuesta a la referida petición formulada, en la que por una parte tuvo a Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado de Javier Ruíz Lara, por desistido respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañon, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; y, por otra parte, tuvo por recibida la solicitud de adjudicación promovida por Roberto Ruíz Luján, respecto de los citados bienes inmuebles y ordenó al solicitante realizar los pagos respectivos para la adjudicación y expedición de título; determinaciones que no habían sido notificadas conforme a derecho. 3. El diecinueve de agosto de la presente anualidad, se notificó a Cuauhtemóc Espinoza Pantoja, en su carácter de abogado patrono del quejoso Roberto Ruíz Luján, los autos precisados en el apartado anterior (fojas 24 a 27). QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente que en el procedimiento de origen no ha existido pronunciamiento alguno sobre la petición que realizó el uno de julio de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable, en relación con el procedimiento de desistimiento y adjudicación respecto de los bienes inmuebles que menciona. Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no han sido acordadas las peticiones que realizó en su escrito de fecha uno de julio de dos mil dieciséis. En éste, el actor solicitó, en concreto, el desistimiento y la adjudicación respecto de los lotes 46, fracción B, 44-A-2 y 45-A-2 con superficies de 12-50-00, 10-00-00 y 10-00-00 hectáreas de labor respectivamente, todos ubicados en lo zona de fraccionamientos de Calera, en terrenos expropiados a la Hacienda de Bañón, municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el cinco de agosto de dos mil dieciséis, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que en el procedimiento administrativo natural se hubiera hecho del conocimiento el acuerdo recaído a las peticiones descritas. Sin embargo, del estudio de las constancias que remitió, en apoyo a su informe con justificación, el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas, (fojas 11-15), se obtiene que con fecha cuatro de julio del presente año, dentro del expediente 1018/2016 de su índice, el director responsable proveyó las peticiones formuladas por el aquí quejoso y que constituyen el acto que originó el presente asunto, mediante los cuales, ente otras cosas, tuvo a Juan Antonio Ruíz Lara como apoderado legal de Javier Ruíz Lara, por desistido respecto de los lotes 46, fracción B, con superficie de 12-50-00 hectáreas de labor, 44-A-2 con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor y 45-A-2, con superficie de 10-00-00 hectáreas de labor, todos ubicados en la zona de fraccionamientos de "Calera", municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 11 y 12) Y por otro lado, tuvo por recibida la solicitud de adjudicación realizada por Juan Antonio Ruíz Lara, apoderado legal de Roberto Ruíz Luján, respecto de los referidos lotes descritos en el párrafo que antecede (fojas 13 a 15). Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas al oficio de mérito, se acreditó que dichas determinaciones fueron notificadas de manera personal al abogado patrono de la parte quejosa el diecinueve de agosto del año en curso. De lo anterior, se deriva que las promociones referidas ya fueron acordadas en el procedimiento administrativo natural y hecho del conocimiento del quejoso. Por tanto, con los autos de cuatro de julio de dos mil dieciséis, notificados al solicitante el diecinueve de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable dio respuesta a las promociones realizadas por el aquí quejoso, las que constituyen el objeto de la omisión reclamada. Lo precedente es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso el efecto de la sentencia hubiera sido obligar a la autoridad responsable a emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que no hubiera proveído. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable comunicó la respuesta a la petición realizada por Roberto Ruíz Luján, en su escrito de uno de julio del presente año y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto de la respuesta dada a su petición, a pesar de habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad (foja 28). Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Ruíz Luján contra el acto que reclamó del Director de Fraccionamiento Rurales del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de respuesta a su petición; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha fenecido el término de quince días que se otorgó a la parte quejosa, mediante proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad, a efecto de que manifestara a este juzgado si deseaba ampliar su escrito de demanda respecto de los actos reclamados, sin que a la fecha lo haya realizado; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de mérito, y se tiene por no ampliado dicho escrito de demanda, por lo tanto, se continua con la tramitación del juicio respecto de los actos y autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
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