Roberto Reyes Acevedo
Expediente 800/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roberto Reyes Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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En diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con un escrito con registro 13929. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Carlos Eduardo Borrego Moreira; atento a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia certificada que en su lugar se deje, devuélvase los documentos originales que menciona en su ocurso, asentando razón por su recibo, autorizando para que en su nombre y representación los reciba a la persona que al efecto designa. Por otra parte, toda vez que solicita la devolución de los documentos que obran agregados al expediente 857/2017, con copia certificada del ocurso de cuenta, acuérdese lo conducente en el mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra
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El once de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diez de octubre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 800/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos en particular de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Roberto Reyes Acevedo y otros; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el juez Iván Ojeda Romo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos en particular de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Roberto Reyes Acevedo y otros; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa".
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CUENTA. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número de folio 13062 y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Roberto Reyes Acevedo, Juan Manuel Vásquez Martínez, Carlos Murillo Chávez, Fernando Murillo Vásquez, Roberto Reyes Hernández, Abraham Vásquez Agüero, Ángel Vásquez Martínez, Rogelio Tiscareño Valdez, Francisco Muñoz Aguilera, Abelardo Muñoz Galván, Bernardo Ismael Murillo Murillo, Efrén Murillo Vásquez, Ismael Murillo Vásquez, Efraín Jaramillo Martínez, Enrique Villagrana Macías, Ma. de los Ángeles Maldonado Nava, José Ángel Vásquez Agüero, Arturo García Márquez, María Guadalupe Villa Ramírez, Alonso Borrego Castillo, Santiago Vásquez Martínez, Israel Martínez Villa, Erik Díaz Villa, Víctor Manuel Vázquez Muro, Miguel Borrego Moreira, Francisco de Jesús Frausto García, Samuel Frausto Ortiz, Eduardo Castro Rentería, Jaime Díaz Arteaga, Apolonio Ramos Espinoza, Daniel Reyes Ramos, Margarito Ruiz Ortiz, Gil Rodríguez Trejo, Manuel de Jesús Ortiz Medellín, Juan Devora Rodríguez, Carlos Javier Belmontes Márquez, Enrique Fernández Samaniego, Gregorio Hernández Inchaurregui, Sixto Ramos Saucedo, Hugo Fernández Samaniego, Maurilio Fernández Padilla, Sebastiana Rodríguez Herrera, Juan Manuel Fernández Padilla, Antonio Fernández Padilla, Arturo Rodríguez Soriano, Jaime Haro Miramontes, Pedro Martínez Ramos, Antonio Reveles Ramírez, Everardo Guerrero Jaramillo, Antonio Orozco Duarte, Israel Martínez Villa, Luis Alberto Díaz Villa, Martín Villa Ramírez y Carlos Eduardo Borrego Moreira, por el cual dan cumplimiento a la prevención realizada el veintiuno de septiembre de los corrientes. Atento a su contenido, se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalaron como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Presidenta Municipal de Zacatecas. Orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento. Orden girada a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zacatecas, a efecto de realizar mediciones del rastro municipal y sus inmediaciones. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento. Orden para que se realicen inspecciones y operativos necesarios a efecto de que las carnicerías no tengan el sello del TIF en sus productos y así clausurarlas. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal. Secretario de Servicios Públicos Municipales de Zacatecas. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal. Titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Gobierno del Estado de Zacatecas. Orden girada a efecto de retirar mediante el uso de grúas, los remolques y vehículos particulares que utilizan como herramientas de trabajo, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal. Titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas. Orden girada para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento. Titular de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas. La orden girada al Subsecretario de Ganadería, así como al Director de Ganadería, ambos de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto de que gestionen recursos económicos y realicen reuniones con los quejosos a efecto de ofrecerles recursos a cambio de que trasladen sus actividades al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. Director de Obras Públicas Municipales, al encargado del rastro municipal de Zacatecas y titular de la Secretaría de Infraestructura del gobierno del Estado. Las mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento. Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas y del titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Gobierno del Estado. Utilización de la fuerza pública en dicho desalojo. Director y Subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Las gestiones y reuniones realizadas a efecto de llevar a cabo el cese de funciones del rastro municipal, el cual se ha apersonado a fin de ofrecerles apoyo económico en programas o herramientas de trabajo, a efecto de que se trasladen al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Zacatecas. El dictamen emitido a favor del cese de funciones del rastro municipal. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate: De la Presidenta Municipal de Zacatecas. Orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento. Orden girada a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zacatecas, a efecto de realizar mediciones del rastro municipal y sus inmediaciones. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento. Orden para que se realicen inspecciones y operativos necesarios a efecto de que las carnicerías no tengan el sello del TIF en sus productos y así clausurarlas. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal. Del Secretario de Servicios Públicos Municipales de Zacatecas. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal. Del Titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Gobierno del Estado de Zacatecas. Orden girada a efecto de retirar mediante el uso de grúas, los remolques y vehículos particulares que utilizan como herramientas de trabajo, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal. Del Titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas. Orden girada para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento. Del Titular de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas. La orden girada al Subsecretario de Ganadería, así como al Director de Ganadería, ambos de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto de que gestionen recursos económicos y realicen reuniones con los quejosos a efecto de ofrecerles recursos a cambio de que trasladen sus actividades al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. Del Director de Obras Públicas Municipales, al encargado del rastro municipal de Zacatecas y titular de la Secretaría de Infraestructura del gobierno del Estado. Las mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento. Del Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas y del titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Gobierno del Estado. Utilización de la fuerza pública en dicho desalojo. Del Director y Subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Las gestiones y reuniones realizadas a efecto de llevar a cabo el cese de funciones del rastro municipal, el cual se ha apersonado a fin de ofrecerles apoyo económico en programas o herramientas de trabajo, a efecto de que se trasladen al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. Del Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Zacatecas. El dictamen emitido a favor del cese de funciones del rastro municipal. Luego, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que los promoventes del amparo manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de los actos reclamados en las siguientes fechas: Orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento, el ocho de junio de dos mil diecisiete. Orden girada a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zacatecas, a efecto de realizar mediciones del rastro municipal y sus inmediaciones, el doce de junio de dos mil diecisiete. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento, el doce de junio de dos mil diecisiete. Orden para que se realicen inspecciones y operativos necesarios a efecto de que las carnicerías no tengan el sello del TIF en sus productos y así clausurarlas, el ocho de junio de dos mil diecisiete. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos, el doce de junio de dos mil diecisiete. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal, el ocho de junio de dos mil diecisiete. Orden girada a efecto de retirar mediante el uso de grúas, los remolques y vehículos particulares que utilizan como herramientas de trabajo, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal, el veintiocho de julio de dos mil diecisiete. La orden para gestionar recursos económicos y realicen reuniones con los quejosos a efecto de ofrecerles recursos a cambio de que trasladen sus actividades al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas, el veinte de julio de dos mil diecisiete. Mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento, el doce de junio de dos mil diecisiete. Conocimiento del desalojo, utilizando la fuerza pública, el veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Las gestiones y reuniones realizadas a efecto de llevar a cabo el cese de funciones del rastro municipal, el cual se ha apersonado a fin de ofrecerles apoyo económico en programas o herramientas de trabajo, a efecto de que se trasladen al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas, el veinte de julio de dos mil diecisiete. Del dictamen emitido a favor del cese de funciones del rastro municipal, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Entonces, por lo que respecta a los actos reclamados señalados en los incisos a), d) y f), de los cuales refieren los quejosos tuvieron conocimiento de los mismos el ocho de junio de dos mil diecisiete; por lo que la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de nueve de ese propio mes y año y concluyó el veintinueve siguiente, con exclusión de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del citado mes y año en curso, por corresponder a sábados y domingos. Por cuanto hace a los diversos actos precisados en los incisos b), c), e) e i), la fecha que se considera para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de trece de junio de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se ostentan sabedores de dichos actos reclamados (doce de junio del año en curso) y concluyó el tres de julio del presente año, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio y uno y dos de julio de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Asimismo, respecto a los actos reclamados indicados los inciso g) y j), la fecha que se toma en cuenta para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se ostentaron sabedores de dichos actos reclamados (veintiocho de julio del año en curso) y finaliza el dieciocho de agosto del año que transcurre, con exclusión de los días cinco, seis, doce y trece, del citado mes y año, por corresponder a sábados y domingos. En lo referente a los actos reclamados señalados en los incisos h) y k), la data que se toma en consideración para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se hicieron sabedores de dichos actos (veinte de julio del año en curso) y finaliza el diez de agosto del año que transcurre, con exclusión de los días veintidós, veintitrés veintinueve y treinta de julio y cinco y seis de agosto de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por último, el acto reclamado precisado en el inciso l), la fecha que se considera para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, que corresponde al día siguiente hábil del que se ostentan sabedores de dichos actos reclamados (veintiocho de junio del presente año) y finaliza el diecinueve de julio siguiente, con exclusión de los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el once de septiembre de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se precisó, los actos reclamados en esta instancia constitucional los constituyen: La orden girada para desalojarlos y despojarlos de las instalaciones del rastro municipal, así como la orden de destruirlo, derribarlo o demolerlo a fin de construir un estacionamiento. Orden girada a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Zacatecas, a efecto de realizar mediciones del rastro municipal y sus inmediaciones. Orden para que sean desconectados los cuartos refrigerantes que se utilizan para la conservación de carne, que se encuentran en las instalaciones del citado establecimiento. Orden para que se realicen inspecciones y operativos necesarios a efecto de que las carnicerías no tengan el sello del TIF en sus productos y así clausurarlas. Orden para realizar mediciones y estudios de mecánica de suelos en las inmediaciones del rastro municipal con el objeto de demoler las instalaciones y así construir un estacionamiento para el mercado de abastos. Orden a efecto de decretar el cese de funciones y demolición del rastro municipal. Orden girada a efecto de retirar mediante el uso de grúas, los remolques y vehículos particulares que utilizan como herramientas de trabajo, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones del rastro municipal. La orden girada para gestionar recursos económicos y realicen reuniones con los quejosos a efecto de ofrecerles recursos a cambio de que trasladen sus actividades al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. Mediciones y estudios de mecánica de suelos realizados en las inmediaciones del rastro municipal, así como las obras de demolición y la construcción de un estacionamiento. Conocimiento del desalojo, utilizando la fuerza pública. Las gestiones y reuniones realizadas a efecto de llevar a cabo el cese de funciones del rastro municipal, el cual se ha apersonado a fin de ofrecerles apoyo económico en programas o herramientas de trabajo, a efecto de que se trasladen al rastro municipal de Fresnillo, Zacatecas. El dictamen emitido a favor del cese de funciones del rastro municipal. Por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Roberto Reyes Acevedo, Juan Manuel Vásquez Martínez, Carlos Murillo Chávez, Fernando Murillo Vásquez, Roberto Reyes Hernández, Abraham Vásquez Agüero, Ángel Vásquez Martínez, Rogelio Tiscareño Valdez, Francisco Muñoz Aguilera, Abelardo Muñoz Galván, Bernardo Ismael Murillo Murillo, Efrén Murillo Vásquez, Ismael Murillo Vásquez, Efraín Jaramillo Martínez, Enrique Villagrana Macías, Ma. de los Ángeles Maldonado Nava, José Ángel Vásquez Agüero, Arturo García Márquez, María Guadalupe Villa Ramírez, Alonso Borrego Castillo, Santiago Vásquez Martínez, Israel Martínez Villa, Erik Díaz Villa, Víctor Manuel Vázquez Muro, Miguel Borrego Moreira, Francisco de Jesús Frausto García, Samuel Frausto Ortiz, Eduardo Castro Rentería, Jaime Díaz Arteaga, Apolonio Ramos Espinoza, Daniel Reyes Ramos, Margarito Ruiz Ortiz, Gil Rodríguez Trejo, Manuel de Jesús Ortiz Medellín, Juan Devora Rodríguez, Carlos Javier Belmontes Márquez, Enrique Fernández Samaniego, Gregorio Hernández Inchaurregui, Sixto Ramos Saucedo, Hugo Fernández Samaniego, Maurilio Fernández Padilla, Sebastiana Rodríguez Herrera, Juan Manuel Fernández Padilla, Antonio Fernández Padilla, Arturo Rodríguez Soriano, Jaime Haro Miramontes, Pedro Martínez Ramos, Antonio Reveles Ramírez, Everardo Guerrero Jaramillo, Antonio Orozco Duarte, Israel Martínez Villa, Luis Alberto Díaz Villa, Martín Villa Ramírez y Carlos Eduardo Borrego Moreira, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
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