Roberto René Pérez Hernández

Expediente 1290/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1290/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Roberto René Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el licenciado Amuraby Gutiérrez Torres, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido y como lo solicita, se le tiene renunciando al carácter con el que se ostenta. Asimismo, se ordena dar de baja al usuario "amuraby" para la consulta y notificaciones electrónicas relativas al presente juicio. Por tanto, se ordena al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que el usuario descrito sea dado de baja en el expediente en que se actúa. Finalmente; hágase la anterior circunstancia del conocimiento de la parte quejosa y requiérasele a efecto de que en el acto de la notificación, o bien, en el término de tres días hábiles legalmente computado, señale nuevo usuario y/o domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, sede de este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal le serán practicadas en el domicilio procesal señalado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ...Fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1290/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: Las determinaciones de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa del ********************al ********************, que establecieron el cómputo de las sanciones de inhabilitación impuestas al quejoso en cada uno de ellos. Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a la responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, consiste en: Las determinaciones de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa del ********************al ********************, que establecieron el cómputo de las sanciones de inhabilitación impuestas al quejoso en cada uno de ellos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora además con las constancias que allegó en apoyo a su informe; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto que se le atribuyó. CUARTO. Causas de improcedencia no actualizadas. La autoridad responsable Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, aduce que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII de la ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Es infundada la causal de improcedencia. Resulta pertinente precisar, que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, dicha causa de improcedencia consiste en la inexistencia de un menoscabo u ofensa, de ahí que se establezca como premisa que el ejercicio de la acción de amparo está reservado única y exclusivamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Volumen 64 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 233107, del rubro: "INTERES JURIDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En el caso específico, el quejoso reclama el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en que se estableció que las sanciones administrativas de inhabilitación por un año impuestas en cada procedimiento administrativo que se le sigue, se ejecutarían de manera sucesiva, esto es, se cumplirían una después de la otra, estableciéndose las fechas precisas en que éstas se producirían; por tanto, se estima que asiste interés jurídico al impetrante, en tanto dicho auto impacta perjudicialmente en su esfera jurídica, lo que constituye un requisito indispensable para acceder a la vía constitucional. Siendo una premisa errónea, la afirmación de la autoridad responsable, en el sentido que se actualiza la mencionada improcedencia porque fue por diverso auto en que se ordenó la ejecución de las sanciones, pues si bien ello es cierto, fue hasta el auto impugnado en que en forma precisa se estableció la forma en cómo se deberían de ejecutar las sanciones. En ese sentido, el quejoso sí tiene interés jurídico para instar el presente juicio. Por otra parte, la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVI de la ley de Amparo, porque el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable. Es infundado lo anterior. Esto es así, el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." De la fracción anterior, se advierte que los actos consumados de modo irreparable implican que el juicio de amparo intentado en su contra carezca de objeto y no tenga razón de ser, pues la finalidad práctica de tal medio de control constitucional es reparar la lesión jurídica ocasionada al quejoso por el acto de autoridad reclamado, pero si tal reparación no es posible, entonces el juicio de amparo pierde su finalidad. Lo que no acontece, pues en el caso se está ejecutando sólo una de las sanciones administrativas de inhabilitación impuestas al quejoso, por lo que es posible restituir o reparar la lesión jurídica, ya que de concederse el amparo sería procedente establecer una diversa forma de ejecución de las sanciones impuestas. En otro sentido, la propia responsable aduce que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que la impetrante no agotó el principio de definitividad, pues afirma que en contra del acto reclamado se debió promover el recurso de revocación previsto en los artículos 220 y 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es infundado. Para verificar lo anterior, conviene citar el contenido de los preceptos legales en cita, que disponen: Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda. Artículo 202. Las resoluciones serán: I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite; II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente; III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se aprecia, en lo que interesa, el primero de los numerales en cita indica que podrán interponer el recurso de revocación los servidores públicos que resulten responsables de las faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones que se dicten; por su parte, el segundo precepto señala cuáles son las resoluciones, identificándolas en acuerdos, autos provisionales y preparatorios, sentencias interlocutorias y definitivas. En ese sentido, se colige que el recurso de revocación procede contra resoluciones que determinan la comisión de una falta administrativa no grave. Por tanto, si en el caso el disidente reclama la determinación en que se fijó la forma en cómo se van a ejecutar las sanciones administrativas impuestas, evidente resulta que no se está en el supuesto de procedencia del recurso de mérito. De ahí lo infundado de la causa de improcedencia alegada. Por último, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, afirma se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque las determinaciones reclamadas se encuentran sujetas a la resolución de los recursos de revocación interpuestos por el propio quejoso contra las sentencias definitivas dictadas en los procedimientos administrativos de origen. Es infundada. La disposición normativa en comento, tiene como presupuesto, que cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo será improcedente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en efecto en contra de las sentencias dictadas en los procedimientos de origen, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación. No se desconoce, que con motivo de éste, es factible que se pudieran modificar, revocar o nulificar las sentencias dictadas en los procedimientos de origen; sin embargo, se estima que no es una consecuencia directa e inmediata sobre el acto reclamado en esta instancia constitucional, puesto que ello dependerá del sentido que, en su caso, adopten las sentencias de origen. Por tanto, se concluye que al no evidenciarse como una causa de improcedencia manifiesta e indudable, no resulta procedente su actualización, pues devendría en un mayor perjuicio para el quejoso dejar de analizar una cuestión relativa a la forma de ejecución de las sanciones impuestas en dichas sentencias. Al no advertir este órgano de amparo diversa causal de improcedencia, ni tampoco se advierte que haya otra que invoquen las partes, lo procedente es análisis constitucional de tal acto reclamado. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación, por no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin que tal circunstancia transgreda los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Página 830, Novena Época, Mayo 2010, con Registro 164618, del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Son esencialmente fundados los disensos que sostienen transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante establecer, que a ******************** y diversas personas, se les instauraron quince procedimientos de responsabilidad administrativa con los números de expedientes del ********************al ********************, ante el área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas. En cada uno de dichos procedimientos, en treinta de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, misma que resolvió, entre otras cosas, la existencia y comprobación de la comisión de una falta administrativa no grave y, por tanto, impuso al quejoso una sanción consistente en la inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en lo que interesa, se estableció que debía informarse al último patrón que debía prescindir de cualquier relación laboral con los involucrados, entre ellos, el disidente; asimismo, se instruyó para que se efectuara el registro correspondiente en el padrón de inhabilitados estatal y federal; y, por último, se indicó que en el momento procesal oportuno, se comunicaría a los sancionados las peculiaridades, particularidades y cómputo de la sanción impuesta. Luego, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordenó inscribir a los sancionados en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, con la intención de comenzar el cómputo de la inhabilitación determinada en la resolución definitiva. Se estableció, que de existir sanciones ya registradas que se encontraran compurgando, o bien, por compurgar, debía realizarse la inscripción y cómputo hasta en tanto culminara la vigencia de la sanción ya empadronada. De permitirlo el sistema, asentar en cada uno de los registros correspondientes, los cómputos de cada sanción de inhabilitación o suspensión, a fin de impedir el cumplimiento de sanciones simultáneas. Lo que se estimaba así, debido a que resultaba de explorado derecho la imposibilidad que existía en las sanciones de interés público y observancia general, es decir, aquellas que emanen del derecho público, de que, por cada día natural sean cumplidas diversas sanciones emanadas de procesos diversos, autónomos y conductas aisladas y no conjuntas. Además, que ese tipo de sanciones involucraban el bienestar del orden social de la población y tenían como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa y con la posibilidad de que simultáneamente cumpla con sanciones de procedimientos autónomos e independientes, se afectaría el interés social, puesto que la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya a las que no sean idóneas. Lo anterior, lo apoyó en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diverso 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 20, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. Posteriormente, mediante acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el conocimiento de la pluralidad y multiplicidad de sanciones impuestas en los diversos procedimientos instados al quejoso, efectuó el cómputo de éstas a fin de hacerlas del conocimiento de los involucrados, con el propósito de otorgar certeza jurídica al cumplimiento de la inhabilitación determinada. En síntesis, respecto de ********************, estableció: ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 03 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2023 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 04 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2024 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 05 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2025 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 06 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2026 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 07 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2027 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 08 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2028 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 09 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2029 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 10 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2030 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 11 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2031 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 12 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2032 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 13 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2033 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 14 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2034 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 15 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2035 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 16 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2036 ******************** ******************** Notificó 02 septiembre 2022 Sanción 1 año comienza 17 septiembre 2022 Vence 03 septiembre 2037 Esta última determinación, es la que constituye el acto reclamado. Por su parte, el justiciable en una parte de sus conceptos de violación, aduce que la resolución reclamada vulnera el principio de legalidad, porque no se encuentra fundada ni motivada y que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Al efecto cita la jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. " Es fundado el argumento. Para verificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo conducente, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" Así, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En consecuencia, el derecho fundamental de legalidad tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados esté debidamente fundado y motivado. En efecto, conforme a lo dispuesto por el ordinal transcrito, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; lo primero se cumple cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y lo segundo cuando se señalan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con tales requisitos constitucionales, debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, de no acontecer así, el acto resulta violatorio de garantías. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso concreto, como se ha señalado, contra el quejoso y otros, se tramitaron los procedimientos de responsabilidad administrativa del ********************al ********************, en los que se dictó sentencia definitiva que impuso en cada uno al disidente la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Y posteriormente, mediante diversos acuerdos la autoridad responsable indicó que la forma en cómo se deberían ejecutar dichas inhabilitaciones sería de forma sucesiva, esto es, se iniciaría la inhabilitación por un año decretada en un expediente y una vez concluida ésta se iniciaría la siguiente y así sucesivamente, hasta concluir la sanción en los quince procedimientos administrativos. Fundando su determinación en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diverso 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 20, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, que disponen: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva. Artículo 20. Al titular de la Subsecretaría de Responsabilidades, le corresponden las atribuciones siguientes: (.) X. Integrar y mantener actualizado el Registro de los Servidores públicos Sancionados y el Registro de Particulares, Proveedores y Contratistas Sancionados de la Administración Pública Estatal; y proveer la información a la Secretaría Ejecutiva para la publicación en la Plataforma Estatal; (.)" Así es, la autoridad responsable fundó su resolución en el precepto constitucional y preceptos legales previamente transcritos; empero, si bien de su análisis se aprecia que son útiles para establecer que las sanciones por faltas administrativas se llevaran a cabo de inmediato y que corresponde al titular de la Subsecretaría de Responsabilidades integrar y mantener actualizado el registro de servidores públicos sancionados, no se advierte disposición que indique que en caso de multiplicidad de sanciones, éstas se deberían cumplir sucesivamente. De igual manera, como razones que apoyan su determinación toral, estableció que éstas obedecían a que las sanciones impuestas son de interés público y observancia general y que ese tipo de sanciones involucraban el bienestar del orden social de la población, que tenían como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa. En ese sentido, si bien son acertados los motivos expuestos para apoyar la naturaleza de la sanción, no permiten conocer a plenitud por qué las sanciones impuestas en los quince procedimientos seguidos en contra del quejoso deben ejecutarse de manera sucesiva. Escenario que trae como resultado incertidumbre en el disidente en cuanto al fundamento aplicable para la la forma en que se ejecutan las sanciones impuestas en los procedimientos de origen. Bajo ese contexto, se estima que la autoridad responsable al prescindir establecer en el acto reclamado el fundamento legal y las razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para proceder de la forma en que lo hizo, vulnera la garantía de legalidad del impetrante contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, ante lo fundado del concepto de violación analizado, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 2. Emita un nuevo acuerdo, en el que, de manera fundada y motivada, con plenitud de jurisdicción, determine la forma en cómo deben ejecutarse las sanciones de inhabilitación impuestas al quejoso en los procedimientos administrativos de origen. Finalmente, al resultar fundado el concepto de violación analizado, es innecesario el estudio de los restantes, dado que su análisis no cambiaría el sentido del presente fallo. Adquiere puntual aplicación, la Jurisprudencia II.3o. J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 89, del Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy catorce de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas mediante la cual informa que no acepta la competencia declinada y devuelve los autos del juicio de amparo 1290/2022. Acúsese recibo. En atención a lo anterior, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y continúese el trámite correspondiente. Notifíquese; personalmente. ...

  4. Principal

    ...Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Roberto René Pérez Hernández, contra los actos que reclamó del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando único de esta sentencia. Notifíquese; personalmente...

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