Roberto Ramírez Espinoza

Expediente 1171/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1171/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • Roberto Ramírez Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete Agréguese a los autos, únicamente para que obren como legalmente correspondan el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa licenciado Eduardo Hernández Ramírez, mediante el cual, entre otras cosas, informa que cesaron los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno, toda vez que en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se proveyó sobre su contenido (foja 27) y por ende, por diverso proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 31-35). Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecisiete de enero del año en curso, sin contar los días siete, ocho, catorce y quince de enero del presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de diciembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1171/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Toda vez que en el presente juicio de amparo la parte quejosa no solicitó la suspensión definitiva de los actos; en consecuencia, no se aperturó incidente alguno al respecto y por ende no se exhibió garantía alguna para garantizar algun tipo de medida cautelar; No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este juzgado el treinta de diciembre de la presente anualidad (fojas 31-35), en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otro lado, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué.

  3. Principal

    Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable Delegado Estatal Zacatecas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, a su petición contenida en el escrito de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, recibido por dicha autoridad responsable el veinte de dicho mes y año, y al efecto anexó copia simple del referido documento. Sin embargo, mediante oficio presentado en la oficialía de parte de este juzgado el cinco de diciembre de la presente anualidad y registrado con el número de folio 20170 la autoridad responsable en cita, rindió su informe justificado en el que manifestó que era parcialmente cierto el acto reclamado por el quejoso, pues, a la fecha de presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo, no se había dado respuesta por escrito a su petición de diecinueve de julio de dos mil dieciséis: sin embargo, mediante oficio 152.4.1/528 de diecisiete de noviembre de año en curso, la Jefa de la Unidad de Administración de Recursos Humanos de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dio contestación al escrito de referencia el cual fue debidamente notificado el mismo día al aquí quejoso, por conducto de María Hildam Sughey Poblano Ibarra, autorizada de éste para recibir notificaciones en su nombre y representación, lo que se corrobora con la copia certificada del citado oficio 152.4.1/528 que fue remitida en apoyo a su informe con justificación, documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, página ciento cincuenta y tres, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, mediante proveído de seis de diciembre de la presente anualidad, se dio vista al quejoso con las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable a fin de que se impusiera de su contenido y manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, además, se le requirió para que dentro del término de quince días informara si era su deseo ampliar su escrito de demanda respecto a la respuesta dada por la autoridad responsable a su petición, sin que lo hubiera realizado, como se advierte de la certificación que antecede. Entonces, de lo anterior destaca que la respuesta a su petición, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes. Por tanto, al haberse emitido el oficio 152.4.1/258 de diecisiete de noviembre del año en curso, por el cual la autoridad responsable dio respuesta al escrito de diecinueve de julio del presente año, respecto del cual el quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del oficio en comento implica la conclusión del procedimiento administrativo de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la respuesta base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión de la respuesta a su petición que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste al hoy quejoso, pues no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Josué

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó al quejoso en proveído de seis de diciembre de la presente anualidad, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su escrito de demanda (fojas 23 y 24). Para dar oportunidad a lo anterior y a fin de que el citado quejoso realice las manifestaciones que considere convenientes, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Josué

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