Roberto Moreno Dominguez

Expediente 699/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
699/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2015

Partes del expediente

  • Roberto Moreno Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veintiuno de agosto de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintitrés de julio del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En veintiuno de agosto de dos mil quince, la Secretaria licenciado María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la parte quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El seis de julio de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyendo en esa misma fecha con el dictado de la sentencia, en la que se concedió al quejoso Roberto Moreno Domínguez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en los términos y para los efectos siguientes: Para que el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, solicite de inmediato al Secretario de Gobierno la devolución del título de adjudicación del aquí quejoso. Para que el Secretario de Gobierno del Estado, firme y devuelva al Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, el título en mención. Hecho lo anterior, ésta última autoridad entregue al aquí quejoso su título de adjudicación. En el entendido de que con su entrega, quedará cumplido el presente amparo. Mediante auto de veintitrés de junio de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, asimismo se acordó sobre comunicado signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad por el que remitió copia del título que ampara la propiedad del ahora quejoso, ubicada en la Colonia denominada "Plenitud", terrenos expropiados a la ex-hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo Zacatecas y la constancia de que dicho título fue entregado a la autorizada del quejoso el diez de julio de dos mil quince, con lo cual ordeno dar vista a la quejosa por el termino de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera. (f.67) Conforme a lo anterior, atendiendo a que en la ejecutoria protectora de garantías, se concedió al quejoso, el amparo y protección de la Justicia federal solicitado, para que, se le hiciera entrega del título; y toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que el efecto del amparo ha quedado cumplido con la entrega del título de referencia en ese sentido se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALP

  2. Principal

    En veintitrés de julio de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veintidós de julio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de julio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 699/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho del Juzgado con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaría, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el seis de julio del año en curso, en la que se concedió al quejoso Roberto Moreno Domínguez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, toda vez que mediante auto de trece de julio del año en curso, se reservó dar vista a la parte quejosa con el contenido del oficio registrado con el folio 13815, hasta en tanto transcurriera el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, luego, toda vez que ello ya ocurrió; con el contenido del citado comunicado signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad, por el que remitió copia del título que ampara la propiedad del ahora quejoso ubicada en la Colonia denominada "Plenitud", terrenos expropiados a la Exhacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas y la constancia de que dicho título fue entregado a la autorizada del quejoso el diez de julio del año en curso; dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *Rosy

  3. Principal

    En trece de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio registrado con el folio 13815; y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad, por el que a fin de dar cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, remite copia del título que ampara la propiedad del ahora quejoso ubicada en la Colonia denominada "Plenitud", terrenos expropiados a la Exhacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, y la constancia de que dicho título fue entregado a la autorizada del quejoso el diez de julio del año en curso; luego, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, y cause ejecutoria el falle de mérito, con su contenido se dará vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, que autoriza y da fe. Rosy.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 699/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, Secretario General de Gobierno y Gobernador del Estado de Zacatecas, todos con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que el quejoso adjuntó a su demanda de garantías, así como con las documentales que el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, adjuntó a su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo citado con antelación de la ley de la materia, y se procede a emitir la siguiente resolución: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 699/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el siete de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, Secretario General de Gobierno y Gobernador del Estado de Zacatecas, todos con sede en esta ciudad. Acto Reclamado La falta de expedición del título de propiedad al quejoso que lo acredite como adjudicatario de un lote urbano sin número con superficie de 1,106.44 metros cuadrados, ubicado en la Colonia Plenitud, en terrenos expropiados a la ex hacienda Santa Cruz del Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales vulneradas, las contempladas en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el ocho de mayo del año en curso, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 699/2015; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 54/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que tienen ejecución en la demarcación territorial asignada a este órgano jurisdiccional. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La falta de expedición del título de propiedad al quejoso que lo acredite como adjudicatario de un lote urbano sin número con superficie de 1,106.44 metros cuadrados, ubicado en la Colonia Plenitud, en terrenos expropiados a la ex hacienda Santa Cruz del Municipio de Fresnillo, Zacatecas. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza Las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, Secretario General de Gobierno y Gobernador del Estado de Zacatecas, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia del oficio número 2012/2015 signado por el Director de Fraccionamientos Rurales, con sede en esta ciudad, que remitió como apoyo de su informe justificado; de las cuales se advierte la existencia de la omisión aquí reclamada. Documentales que revisten plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Al respecto, es aplicable el contenido de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no ser un requisito exigido por el artículo 74, de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Son fundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. De las constancias que obran en autos del presente juicio de amparo, remitidas tanto por el quejoso en su escrito inicial de demanda como las que adjuntó el Director de Fraccionamientos Rurales, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que el aquí quejoso ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, promovió ante el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado con sede en esta ciudad, Procedimiento Administrativo de Adjudicación número 433/2013, el cual fue admitido a trámite. Seguido que fue el procedimiento por su cauce legal, el doce de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente el procedimiento de adjudicación promovido por ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, respecto del lote urbano sin número, con superficie de 1,106.44 metros cuadrados, inmueble ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz del municipio de Fresnillo, Zacatecas; por lo que se ordenó su adjudicación en favor del aquí quejoso; que previo pago de las cargas tributarias pertinentes, se expidiera a ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, el título que lo acredite como nuevo adjudicatario de la superficie correspondiente. En cumplimiento a lo anterior, el aquí quejoso ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, realizó el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas del Estado, el cuatro de octubre de dos mil trece. Mediante oficio 2012/2015 el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad, remitió al Secretario General de Gobierno del Estado, entre otros, el título de adjudicación del quejoso ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, a fin de que se recabaran las firmas correspondientes; oficio que fue recibido en esa dependencia el veintisiete de mayo del presente año. Sin que a la fecha exista constancia de que se hubiese expedido el aquí quejoso su título de adjudicación. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, dispone en lo conducente: ". Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El precepto constitucional citado establece a favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el estado se hace cargo de la función jurisdiccional que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. Dada la pretensión planteada por el peticionario del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe señalarse el significado de dicha expresión, empleada en el texto del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a los cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. El Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, en torno a la interpretación del artículo 17 constitucional, sostuvieron las tesis del rubro y texto siguientes: "ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.- Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia."; y "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA.- El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos tácita o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada ". De esa interpretación se colige que el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Ahora bien, los artículos 5 fracción VII, 47 y 93 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Corresponde al Director: . VII. Expedir los títulos a favor de los adjudicatarios que así lo soliciten en los términos de la presente Ley; . Artículo 47. Cuando esta Ley no señale términos para la práctica de algún acto o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Cinco días, para la exhibición de documentos o dictamen de peritos, a no ser que por circunstancias especiales creyere el Director justo ampliar el término, lo cual podrá hacerse por el que se necesite, sin que exceda de quince días; II. Tres días, para los demás casos, y III. Cinco días, para que dentro de ellos el Director fije la fecha en que deben tener lugar la celebración de juntas, reconocimiento de documentos y otras diligencias, plazo que podrá ampliarse hasta por diez días cuando el Director lo estime necesario. Artículo 93. Hecha la adjudicación se ordenará la expedición del título respectivo, debiendo el nuevo adjudicatario pagar a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, además de cubrir los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda y de expedición del título, el cual deberá contener: I. Nombre del adjudicatario; II. Ubicación, linderos y superficie del lote, con clasificación del terreno, la cual deberá ser ilustrada con el plano respectivo; III. Nombre de la finca afectada; IV. Nombre del fraccionamiento a que corresponda el lote; V. Valor del lote o lotes, y VI. La firma del Ejecutivo del Estado, del Secretario General, del Coordinador General Jurídico, y del Director". De los preceptos transcritos, se desprende que corresponde al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, expedir los títulos a los adjudicatarios que así lo soliciten; que el término genérico para la práctica de algún acto o para el ejercicio de algún derecho, es de tres días; y que una vez hecha la adjudicación se ordenará la expedición del título respectivo, debiendo el nuevo adjudicatario pagar a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, además de cubrir los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda y de expedición del título. En la especie, de las constancias que aportó el quejoso, así como el Director responsable, se desprende que el quejoso ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, realizó el pago correspondiente de expedición de título de adjudicación ante la Secretaría de Finanzas del Estado, el cuatro de octubre de dos mil trece; y que mediante oficio 2012/2015 el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad, remitió al Secretario General de Gobierno del Estado, entre otros, el título de adjudicación del quejoso a fin de que se recabaran las firmas correspondientes; oficio que fue recibido en esa dependencia el veintisiete de mayo del presente año, sin que a la fecha se haya entregado al quejoso el título que lo acredite como nuevo adjudicatario del lote urbano sin número, con superficie de 1,106.44 metros cuadrados, inmueble ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz del municipio de Fresnillo, Zacatecas, tal como se ordenó en sentencia de doce de septiembre de dos mil trece, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Adjudicación número 433/2013 promovido por el aquí quejoso. Por tanto, dichas circunstancias ponen de manifiesto que se incumplió con lo dispuesto por el artículo 47 fracción II, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dado que ha transcurrido en exceso el plazo de tres días para el trámite relativo a la entrega del citado título de adjudicación al aquí quejoso. En ese orden de ideas y tomando en consideración que de la fecha en que se remitió al Secretario General de Gobierno del Estado, -veintisiete de mayo de dos mil quince- el título de adjudicación del aquí quejoso a fin de que recabara las firmas correspondientes, ha transcurrido un plazo excesivamente mayor al general de tres días, previsto en el numeral de la ley en cita, antes transcrito; es de concluirse, que transcurrió el tiempo necesario para que se realizaran las gestiones tendientes a la recabación de firmas y, al no haberlo hecho, se incurre en transgresión al derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción que consagra el artículo 17 constitucional. Ya que de las constancias que obran en autos, si bien se advierte que la cantidad de títulos que fueron remitidos al Secretario de Gobierno del Estado, para su firma es considerable, ya que son doscientos noventa y tres títulos; también lo es, que del sumario no se advierte constancia o prueba alguna que acredite una justificación para su dilación, habiendo transcurrido el aludido plazo de ley. En razón a lo anterior, se impone conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para los siguientes efectos: Para que el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, solicite de inmediato al Secretario de Gobierno la devolución del título de adjudicación del aquí quejoso. Para que el Secretario de Gobierno del Estado, firme y devuelva al Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, el título en mención. Hecho lo anterior, ésta última autoridad entregue al aquí quejoso su título de adjudicación. En el entendido de que con su entrega, quedará cumplido el presente amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ROBERTO MORENO DOMÍNGUEZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución y para los efectos precisados en el mismo. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- Doy fe. mtm RAZÓN.- ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DE LA SENTENCIA DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 699/2015.- CONSTE.

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