Rita Ramón Ramón

Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2023
Año
2023
Actuaciones
38
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Rita Ramón Ramón
  • Claudia Muñóz Ramón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos las piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano y mensajería ESTAFETA, que contienen los oficios 28748, 28750, 31242 y 31244, relativos a la sentencia de veintisiete de septiembre pasado y el acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la quejosa, ambos dirigidos a las autoridades 4. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y 6. Director de Catastro del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, con las leyendas: "Cambio de domicilio" y "La Autoridad que cita no existe".********************No obstante, resulta un hecho notorio para el suscrito que de los informes justificados que obran en autos se advierte que el 4. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa tiene su domicilio en Calle Juárez número 68, zona Centro, código postal 91000 en Xalapa, Veracruz; por su parte, el 6. Director de Catastro del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, en su denominación correcta, tiene su domicilio en Parque 15 de Octubre sin número, colonia Centro, código postal 95270, en Alvarado, Veracruz.********************Por tanto, por economía procesal y en obvio de mayores dilaciones procesales, en aras de una pronta y expedita administración e impartición de justicia conforme a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, reexpídanse los oficios 28748, 28750, 31242 y 31244, vía mensajería rápida ESTAFETA, relativos a la sentencia de veintisiete de septiembre pasado y el acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la quejosa, respectivamente, a citadas autoridades responsables en los domicilios y con las denominaciones antes precisadas, a fin de que tenga conocimiento del contenido de cada una de las referidas misivas.********************Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    .se notifica a al parte tercera interesada el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.. Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.********************Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda.********************Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, un tomo de pruebas, así como el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común.********************Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente.********************Finalmente, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa.********************Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.********************Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda.********************Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, un tomo de pruebas, así como el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común.********************Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente.********************Finalmente, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa.********************Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 64/2023 promovido por Rita Ramón Ramón, Claudia Muñoz Ramón y María del Carmen Muñoz Ramón. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, las quejosas promovieron juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-8). SEGUNDO. Trámite. Luego de una prevención (fojas 10-12) por auto de diecisiete de febrero siguiente, se acordó: por una parte, desechar parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos a la Asamblea General del Ejido Punta de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz. Por otra, admitir la demanda de amparo respecto de los restantes actos reclamados; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar al presente juicio a los terceros interesados 1. Ricardo Cuellar y Márquez y/o Ricardo Cuellar Márquez y 2. Tomás Muñoz Flores y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 34-42). El veinte de febrero siguiente, se emplazó personalmente al presente asunto a los citados terceros interesados (fojas 48 y 49) compareciendo al juicio el de nombre Ricardo Cuellar y Márquez, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero siguiente, en el que hizo valer el motivo de improcedencia allí indicado (fojas 60-61). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 57, 73-75, 79, 141, 148-149 y 157-158). Por auto de quince de junio del año en curso, se acordó: variar el carácter otorgado inicialmente a la autoridad responsable 3. Registro Agrario Nacional, en Xalapa, Veracruz, para reconocerlo como tercero interesado; darle vista a éste con todo lo actuado en el expediente; reconocer como diversos terceros interesados a la 4. Asamblea General de Ejidatarios del Ejido del Poblado denominado Punta de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz y, al 5. Titular de la Notaría Número 61 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial en el Estado de Veracruz, con en Boca del Río, Veracruz, así como emplazarlos al presente asunto (fojas 185-187) lo que se realizó el dieciséis y veinte de junio siguientes (fojas 192 y 196). Integrado el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 219-220) la cual se llevó a cabo en el horario y día fijados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama la falta de emplazamiento de las quejosas a un juicio agrario, susceptible de afectar directa e irreparablemente sus derechos fundamentales, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, dado que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consisten en: Del 1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, en Xalapa, Veracruz, se reclama: ".Que el ahora tercero interesado RICARDO CUELLAR Y MÁRQUEZ, pretende hacer creer a la autoridad ser poseedor de dicho inmueble y por lo cual promovió el expediente 1253/2022 del índice de las responsables ordenando su admisión y entrada y proveyendo lo necesario.". "La falta de llamamiento al expediente 1253/2022." Del 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Veracruz, Veracruz, se reclama: ".La cancelación de toda inscripción en favor del C. TOMAS MUÑOZ FLORES, dentro del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Boca del Río, al haber pasado los lotes de terrero lote 7 manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, con una superficie de 533.70 metros cuadrados del Ejido a asentamiento humano...". Del 3. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, se reclama: ".La cancelación de toda inscripción en favor del C. TOMAS MUÑOZ FLORES, dentro del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Boca del Río, al haber pasado los lotes de terrero lote 7 manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, con una superficie de 533.70 metros cuadrados del Ejido a asentamiento humano...". Del 4. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se reclama: ".La cancelación de toda inscripción en favor del C. TOMAS MUÑOZ FLORES, dentro del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Boca del Río, al haber pasado los lotes de terrero lote 7 manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, con una superficie de 533.70 metros cuadrados del Ejido a asentamiento humano...". Y del 6. Director del Área de Planeación Catastral del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, se reclama: ".La cancelación de toda inscripción en favor del C. TOMAS MUÑOZ FLORES, respecto del lote de terrero número 7 de la manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, el cual refiere tener una superficie de 533.70 metros cuadrados...". Cabe precisar que no se verificará la certeza del acto o actos reclamados atribuidos al Registro Agrario Nacional, en Xalapa, Veracruz, que inicialmente se había identificado como la autoridad responsable 5, en razón que por auto de quince de junio del año en curso, se acordó variar el carácter de dicha autoridad, para reconocerla como tercero interesado en este asunto (fojas 185-187); de allí, que por técnica jurídica es inviable dicha verificación. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Veracruz, Veracruz, 3. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, 4. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en Xalapa, Veracruz y 6. Director del Área de Planeación Catastral del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. Lo anterior en razón de que al rendir su informe justificado, negaron categóricamente haber ordenado o ejecutado los actos reclamados atribuidos (foja 57, 79, 148-149 y 157-158). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas autoridades responsables, es decir, que éstas hayan ordenado, participado o ejecutado los referidos actos atribuidos; por tanto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto hace a los actos reclamados a las mismas. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al 1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, en Xalapa, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del juicio agrario de origen, en el que las quejosas no han sido llamadas al procedimiento (foja 141). Lo que se constata, en razón que dicha autoridad remitió copia certificada del expediente de origen, en donde no se advierte que las quejosas hayan sido llamadas al aludido procedimiento judicial (tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, en criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico de las quejosas, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (Lo resaltado es propio de esta sentencia) Ahora bien, antes de definir los tópicos de qué debe entenderse por interés jurídico y por interés legítimo, se precisa que en esta sentencia únicamente se abordará lo relativo al interés jurídico de la parte quejosa y no al interés legítimo también aludido en la causa de improcedencia que se invoca. Lo que es así pues, cuando el acto reclamado proviene de un tribunal judicial, la parte quejosa debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como se dispone en los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. El interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo) tienen interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. Es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad; de tal suerte que para su existencia resulta intrascendente que el promovente sea o no, titular del respectivo derecho subjetivo. No obstante, la excepción a esa regla la constituyen los asuntos en los que se reclamen actos jurisdiccionales, pues aquí, como se dijo, los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de la Materia, exigen que el solicitante de amparo acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuando disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" (Lo subrayado es propio de esta sentencia) En esas condiciones, cuando la parte quejosa reclame un acto de autoridad jurisdiccional, se está en la hipótesis en que debe demostrar su interés jurídico, es decir, la afectación a un derecho subjetivo del que es titular. Sirve de apoyo la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Así pues, en lo relativo al interés jurídico, el mismo está reservado para quien resiente un perjuicio directo con motivo de un acto de autoridad o la aplicación de una ley; por lo tanto, presupone la existencia de un derecho legítimo que, cuando resulta vulnerado, su titular tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional que corresponda, demandando la cesación de tal quebranto. Esta situación supone dos elementos: la facultad de exigencia y la obligación jurídica de cumplir con la misma. Con base en esos requisitos, una persona carece de interés jurídico, cuando la norma no le confiere o no reconoce la potestad de exigir al gobernante se abstenga de perturbar el derecho tutelado, por lo que en dicho supuesto no se actualiza la posibilidad real y legal de obligar a éste a respetar el derecho que se sostiene lesionado. Por estas razones, también es conveniente precisar que el perjuicio, para efectos del juicio de amparo, en virtud de la correlación existente entre éste y el definido interés jurídico, se entiende como la existencia de un derecho tutelado de manera legítima en favor del gobernado que, al ser transgredido o trastocado por alguna autoridad, de forma inmediata otorga a su titular la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales que corresponda a fin de exigir que los entes agresores, vía la resolución que en derecho proceda, respeten tal derecho, ya sea a través de conminarlas a que dejen de hacer o hagan algo o bien omitan su conducta violatoria de derechos. Asimismo, el perjuicio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, esto es, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico. De la misma manera, dicho perjuicio debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando cuando se acude al juicio constitucional o que no haya lugar a dudas sobre su acontecimiento, pues los actos sólo probables no engendran perjuicio. Sirve de respaldo, en lo conducente, la siguiente tesis: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Ahora bien, tratándose de actos privativos de la propiedad y de la posesión, como los reclamados de manera destacada en este asunto, el órgano de control de constitucionalidad, como premisa fundamental, debe establecer si, con el material de prueba allegado al juicio, se acreditó la titularidad de esos derechos y, en caso afirmativo, si tales derechos fueron o no vulnerados con los actos de autoridad. Por tanto, si no llegan a probarse los derechos en que descansa tal reclamación, es decir, la propiedad y posesión, o bien, habiéndose probado, no se demuestra que fueron vulnerados por los actos de autoridad impugnados, lo correcto es estimar que surge a la vida jurídica la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la ausencia de prueba fehaciente en relación con que la parte quejosa tenga ese derecho, da lugar a su falta de interés jurídico. Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado (tomo único de pruebas) a saber: 1). Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, Ricardo Cuellar y Márquez promovió juicio agrario y demandó de Tomás Muñoz Flores, de la Asamblea General de Ejidatario del aludido Ejido, del Titular de la Notaría Pública número 61 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial en Boca del Río, Veracruz y del Registro Agrario Nacional en Xalapa, Veracruz, entre otras prestaciones, la declaración en sentencia firme de su mejor derecho para poseer y usufructuar el inmueble ubicado en Lote 7, Manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado Veracruz (fojas 1-12). 2). En proveído de veintiocho de octubre siguiente, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, en Xalapa, Veracruz, acordó: radicar la demanda con el número de expediente 1253/2022; notificar, correr traslado y emplazar a los demandados (foja 31). 3). En la diligencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se acordó: a) tener al demandado Tomás Muñoz Flores dando contestación a la demanda instaurada en su contra; b) tener por ciertos los hechos demandados al Notario Público número 61 en Boca del Río, Veracruz y al Registro Agrario Nacional en Xalapa, Veracruz; c) dar curso a la demanda en reconvención planteada por Tomás Muñoz Flores y, d) señalar fecha y hora para la audiencia de ley en dicho expediente (fojas 113-114). Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN En el caso, se desprende que Rita Ramón Ramón, Claudia Muñoz Ramón y María del Carmen Muñoz Ramón reclaman la falta de emplazamiento al juicio agrario 1253/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, en Xalapa, Veracruz. De la demanda de amparo se colige que el derecho sustantivo que las quejosas estiman afectado, es el de propiedad sobre el lote de terrero número 7 de la manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, con una superficie de 533.70 metros cuadrados y, por tanto, adquirieron la carga de justificar que son titulares de ese derecho, pues sólo así podría establecerse si los actos de autoridad reclamados lesionan o no el derecho alegado. Es así que, con el objeto de acreditar sus aseveraciones, las quejosas ofrecieron, entre otros medios probatorios, los que a continuación se describen (mismos que obran agregados en la carátula plástica de la foja 9): 1. Original del primer testimonio de la escritura pública ocho mil quince, de veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Notario Público número Treinta, de Veracruz, Veracruz, relativa a la protocolización de las constancias de la sucesión de Alberto Muñoz Anaya y adjudicación de sus bienes a favor de Rita Ramón Ramón, como albacea, así como las constancias que sirvieron de antecedente para la realización de dicha escritura; además del pago de los impuestos y derechos sobre certificado de valor, traslado de dominio, derechos de registro público, adicionales y la manifestación de transmisión o modificación del dominio directo de un bien raíz, relativo a las inscripciones 4466, 4543 y 4332. 2. Copia certificada de las inscripciones 452, 453, 455 y 457, todas de la sección I, volumen 23, del año 2023, respectivamente. Analizadas dichas documentales, confrontadas en forma paralela con las documentales remitidas por la Magistrada del Tribunal Agrario responsable, en particular, con el Acta De Asamblea General de Ejidatarios celebrada el seis de mayo de dos mil diecisiete, por el Comisariado del Ejido denominado "Punta de Antón Lizardo", del municipio de Alvarado, Veracruz, en la que, entre otros puntos, se reconoció por mayoría de votos a Ricardo Cuellar Márquez como avecindado y poseedor del lote 7, de la manzana 35, del aludido Ejido (fojas 16-23 del tomo único de pruebas); se concluye que con dichos medios de convicción las quejosas no acreditan el interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues no demostraron que cuenten con algún documento generador del derecho de propiedad sobre el predio que aquí defienden y que es materia del controvertido agrario natural. Lo anterior se sostiene así, en tanto que si bien las quejosas en su demanda de amparo pretenden defender su derecho propiedad respecto del lote de terrero número 7 de la manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, con una superficie de 533.70 metros cuadrados; lo cierto es que de la escritura pública ocho mil quince, de veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete que exhibieron, no se advierte que dicho predio se encuentre relacionado con la protocolización de las constancias de la sucesión de Alberto Muñoz Anaya y adjudicación de sus bienes a favor de Rita Ramón Ramón, como albacea. Ello, porque ninguno de los bienes que allí se relacionan tiene identidad con el lote de terrero número 7 de la manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, que es materia del juicio agrario de origen; es decir, de la aludida escritura pública no se observa que entre los bienes que fueron materia de esa sucesión, se encuentre el predio aludido. Así, resulta patente que las quejosas, por lo menos en el presente juicio de amparo, no demuestran que les asiste la titularidad del derecho de propiedad sobre el lote de terrero número 7 de la manzana 35, del Ejido Punta de Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, pues aun cuando en su demanda de amparo afirman que sí lo tienen, de la escritura pública ocho mil quince que exhibieron para justificarlo, no se advierte dicha circunstancia. No pasa inadvertido que las quejosas ofrecieron la documental relativa a la ficha catastral que remitió la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, en la que se observa que "RAMÓN RAMÓN RITA Y COP." aparecen como propietarios del predio ubicado en "AV DE LA PLAYA 7", según el documento de propiedad relativo a la escritura pública 8015, con una superficie de 256 metros cuadrados (foja 231); no obstante, de dicho documento no se advierte que el predio allí descrito sea el mismo o guarde identidad con el que es materia del controvertido agrario al que las quejosas pretenden se les llame a deducir sus derechos. Lo anterior porque si bien de la foja 2, último párrafo, de la aludida escritura pública, se relaciona como materia de la sucesión un predio con el número siete (7) entre otros, lo cierto es que dicho predio, según la propia escritura pública, corresponde a la manzana treinta y cuatro (34) del municipio de Antón Lizardo, que es distinta a la manzana treinta y cinco (35) en la que se ubica el lote de terreno siete (7) materia del juicio agrario; de allí, que no se pueda colegir que se trata del mismo predio. Máxime que del informe también ofrecido por las quejosas a cargo de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, en la respuesta a la pregunta D, punto 2, la aludida autoridad comunicó (foja 239): ".SI LA CLAVE CATASTRAL 12-011-006-01-035-011 CORRESPONDE AL LOTE NÚMERO 7 DE LA MANZANA 35 CALLE LA PLAYA, EN DICHO EJIDO PUNTA DE ANTÓN LIZARDO, ALVARADO, VER. - LA CLAVE CATASTRAL MENCIONADA NO CORRESPONDE AL LOTE 7 MANZANA 35."; lo que pone de manifiesto que, se insiste, por lo menos en el presente juicio de amparo, las quejosas no demuestran la titularidad del derecho de propiedad sobre el predio materia del juicio natural. Por consecuencia, se concluye que los medios de prueba aportados por las solicitantes de amparo, no resultan idóneos para justificar su interés jurídico en el presente asunto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos al 1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, en Xalapa, Veracruz. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rita Ramón Ramón, Claudia Muñoz Ramón y María del Carmen Muñoz Ramón, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.Notifíquese en términos de ley.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano