Ricardo Melgoza Justo y Otros.

Expediente 832/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
832/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Melgoza Justo y Otros.
  • Ricardo Melgoza Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo 832/2015-II, promovido por Ricardo Melgoza Justo y Citlali Melgoza Justo. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Sala responsable el trece de noviembre de dos mil catorce, Ricardo Melgoza Justo y Citlali Melgoza Justo demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua y del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, que hizo consistir en la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el toca de apelación 439/2014, en que se resolvió el recurso de apelación promovido por la misma quejosa, contra la resolución del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, emitida en el expediente 1170/2000, en el que se redujo la pensión alimenticia que venían gozando y su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Como se precisó, por escrito presentado ante la Sala responsable el trece de noviembre de dos mil catorce, Ricardo Melgoza Justo y Citlali Melgoza Justo formularon demanda de amparo directo en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua. Mediante acuerdo de Presidencia de diecinueve de enero de dos mil quince, se declinó la competencia para conocer del asunto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. El seis de febrero de ese año, causó estado la resolución de Presidencia indicada y se ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. CUARTO. Declaración de incompetencia legal. La demanda de amparo se remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil quince la radicó bajo el consecutivo 146/2015 de su índice; enseguida, se avocó al conocimiento del asunto, la admitió a trámite, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y ordenó el emplazamiento a los tercero interesados. Seguido el trámite respectivo, el cuatro de noviembre de dos mil quince, celebró la audiencia constitucional respectiva, en la que se declaró legalmente incompetente para resolver el asunto y el nueve del mismo mes, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta Ciudad. QUINTO. Avocamiento del asunto. En proveído de catorce de diciembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito radicó el asunto bajo el consecutivo 832/2015-II; enseguida, aceptó la competencia declinada y ordenó notificar a las partes la radicación del asunto y dado que la audiencia constitucional la celebró el Juez que declinó competencia, concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de ejecución provenientes de autoridades jurisdiccionales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La sentencia de veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el toca de apelación 439/2014, en que se resolvió el recurso de apelación promovido por la misma quejosa, contra la resolución del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, emitida en el expediente 1170/2000, en el que se redujo la pensión alimenticia que venían gozando y su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos y el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, convinieron en la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistente en la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por la citada Sala, en que se resolvió el recurso de apelación promovido contra la resolución que redujo el monto porcentual de los alimentos a cargo del tercero interesado y su correspondiente ejecución; por lo que debe tenerse por cierta su existencia. La aceptación de la existencia del acto reclamado atribuida a las aludidas autoridades responsables se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce la existencia de la aludida resolución, dictada en el toca de apelación 439/2014, así como de la copia certificada del expediente familiar 1170/2000; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos reclamados. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio que deba examinarse, procede a continuación el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Como aspecto previo, es oportuno narrar los antecedentes relevantes que se advierten de las constancias certificadas que remitieron las autoridades responsables, a saber: a) Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Distrito Bravos, al ahora tercero interesado, Ricardo Melgoza Ramos demandó de María Gloria Justo Flores (padres de los quejosos), la disolución del vínculo matrimonial que los unía hasta esa fecha. b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en el expediente 1170/2000, donde se radicó el trece de junio de dos mil. c) Seguido el procedimiento, el veintitrés de abril de dos mil uno, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial, mediante convenio aprobado en sentencia y, entre otras determinaciones, se pactó una pensión alimenticia definitiva equivalente al 40 % (cuarenta por ciento) del total de las prestaciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado, a favor de los ahora quejosos y otros. d) Mediante escrito de cinco de septiembre de dos mil doce, el tercero interesado solicitó al Juez Familiar la reducción de la pensión alimenticia que se decretó a su cargo (folio 85 del primer tomo de pruebas). e) Por acuerdo de la misma data, el Juez natural dio vista a los acreedores alimentarios para que manifestaran lo que a su interés legítimo conviniera con relación a la solicitud formulada y los citó para la celebración de una junta de avenencia (folio 89 ídem), a la que no comparecieron los acreedores alimentarios. f) El treinta de octubre de dos mil doce, el tercero interesado demandó -en la vía incidental- la cancelación o reducción de la pensión alimenticia fijada a su cargo (foja 1 del tomo III de pruebas). g) El ocho de noviembre de dos mil doce, se dio trámite al incidente de marras y se ordenó emplazar a los demandados incidentales para que dieran contestación a la reclamación formulada en su contra (folio 172 del tomo III de pruebas). h) Mediante escritos presentados el veintitrés de noviembre siguiente, los ahora quejosos dieron contestación a la demanda incidental formulada en su contra (folios 181 a 186 del tomo III de pruebas). i) Una vez desahogados los estudios socioeconómicos practicados a las partes, el diez de julio de dos mil catorce, se dictó resolución en el incidente de cancelación y de reducción de pensión alimenticia de que se trata, en el que el Juez de primera instancia determinó cancelar la pensión alimenticia que se otorgaba a M. Gloria Justo Flores y Minerva Nicté Melgoza Justo; y, por otro lado, determinó que resultaba improcedente decretar la disminución de la pensión reclamada, quedando la pensión en un 20 % (veinte por ciento) del total del ingreso de Ricardo Melgoza Ramos, a favor de Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo (folios 365 a 375 del tomo III de pruebas), en términos de los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Ha procedido la vía incidental. SEGUNDO. El señor RICARDO MELGOZA RAMOS, acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su acción; la señor M. GLORIA JUSTO FLORES, por su propio derecho y en su carácter de representante legítima de ALFA CITLALI MELGOZA JUSTO, así como el joven RICARDO MELGOZA JUSTO, acreditaron en forma parcial sus excepciones. La diversa codemandada, señora MINERVA NICTÉ MELGOZA JUSTO, incurrió en rebeldía; por lo tanto. TERCERO. Se ordena la cancelación de la pensión alimenticia que el señor RICARDO MELGOZA RAMOS le ha estado otorgando a la señora M. GLORIA JUSTO FLORES y a su hija MINERVA NICTÉ MELGOZA JUSTO, que se estableció en un 20% (veinte por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, que es el monto de la reducción. CUARTO. No ha lugar a decretar la disminución de los alimentos reclamados a RICARDO y a ALFA CITLALI MELGOZA JUSTO. QUINTO. Una vez que la presente resolución cause ejecutoria, gírese atento oficio a la fuente empleadora del señor RICARDO MELGOZA RAMOS, a fin de que en lo subsiguiente, se sirva descontar del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias de su empleado, únicamente el 20% (veinte por ciento) de las mismas en concepto de alimentos que deberá seguirle proporcionando a sus hijos mencionados en el resolutivo que antecede y a cuyo favor deberá ponerla a su disposición. SEXTO. Se establece la obligación del señor RICARDO MELGOZA RAMOS de mantener los beneficios médicos a que tienen derecho su hijo RICARDO y su hija ALFA CITLALI de apellidos MELGOZA JUSTO, por la institución para la cual labora. SÉPTIMO. No se hace especial condena en costas. j) No conformes con el sentido de esa determinación, Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo interpusieron recurso de apelación en su contra. El conocimiento del asunto, correspondió a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca de apelación 439/2014, en la que confirmó la resolución interlocutoria, al estimar lo siguiente: 1. Ricardo Melgoza Ramos obtiene mensualmente una percepción neta de $32,868.28, por lo que el 20 % veinte por ciento de éste último importe, equivale a la cantidad mensual de $6,573.65, la cual corresponde por partes iguales a los acreedores alimentarios, lo que equivale a $3,286.82 a cada uno. 2. En el estudio socioeconómico que se practicó a Gloria Justo Flores, se asentó que ella junto con su pareja y sus dos hijos Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo, ocupan desde hace tiempo la misma vivienda que a éstos les fue cedida por convenio, siendo el aspecto económico relevante que: Es financiado mediante la pensión alimenticia con la que contribuye el señor Melgoza de $6,573.66 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), su pareja aporta $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los que aunados son un total de $12,573.66 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) mensual. (.) 3. Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo viven junto con su madre y la pareja de ésta en el mismo inmueble, por lo que en aras de respetar los axiomas de proporcionalidad y equidad que orientan las obligaciones alimentarias, para determinar el monto mensual de los gastos de alimentación que aquellos jóvenes generan, dentro de los que se encuentran inmersos los que derivan por el uso de dicha vivienda, tales erogaciones se deben de dividir entre cuatro ya que éste es el número de personas que ocasionan esos gastos, para determinar la medida justa de la retribución alimentaria que debe de cubrir el padre de dichos acreedores. 4. Las erogaciones mensuales que se plasmaron en el referido estudio socioeconómico, se deben de dividir entre las cuatro personas que habitan el referido inmueble, porque en el estudio socioeconómico que se analiza, no se hace distinción alguna en cuanto a la distribución o generación mensual de esos gastos, para obtener las partes iguales de tales erogaciones que le corresponden a cada uno de sus causantes, ya que de los autos no se advierte que exista un motivo que justifique asignar a uno o a algunos de ellos un porcentaje o cantidad diferente, según se especifica en la tabla siguiente: Egresos Cantidad $ Despensa 4,000.00 2/4 = 2,000.00 Agua 232.00 2/4 = 116.00 Energía eléctrica 250.00 2/4 = 125.00 Gas 300.00 2/4 = 150.00 Teléfono 1,171.00 2/4 = 585.50 Gasolina 1,600.00 2/4 = 800.00 Total $3,776.50 5. Los gastos mensuales erogados por Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo, ascienden a la cantidad de $3,776.50, esto es, $1,888.25, que ambos jóvenes erogan en lo particular por los referidos gastos de alimentación. 6. Aunado a los gastos de preparación académica de Ricardo Melgoza Justo, se encuentra becado y paga de inscripción únicamente $89.00 y en libros y refrigerios $171.00, sin tomar en cuenta los conceptos de abono de celular $1,000.00 y adquisición de computadora personal $400.00 dólares americanos, porque no se anexaron los comprobantes al estudio socioeconómico respectivo, lo que hacía un gran total de $2,148.25, que como gastos de alimentación deberían ser pagados por su padre. 7. Por cuanto a Alfa Citlali Melgoza Justo, en el estudio socioeconómico de marras se indicó que gastaba $330.00 por concepto de inscripción, uniformes de diario y deportivo, así como de refrigerio, los cuales, al sumarlos a los gastos ordinarios del hogar, ascendía a $2,218.25, que debía ser cubierta con la pensión alimenticia a que se encuentra obligado su progenitor. 8. A partir de esas consideraciones, la pensión alimenticia mensual del 20 % veinte del salario total del demandado resulta suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos Ricardo y Alfa Citlali, toda vez que cada uno de ellos recibe el 10% del sueldo de su padre que equivale a la cantidad mensual de $3,286.82, que constituye una cantidad superior a la que necesitan los acreedores alimenticios y con el remanente, dichos jóvenes se encontraban en posibilidad de adquirir ropa, calzado y artículos de uso personal para vivir con decoro, acorde con la situación económico-social a la que se encuentran acostumbrados. 9. Además, del citado estudio socioeconómico se podía advertir que una cuarta parte de lo percibido por la madre de los acreedores les correspondía a estos último, la cual equivale a $857.66 para cada uno de ellos, de modo que si con ésta última cantidad dichos acreedores cubrían los aludidos conceptos, es inconcuso que con las cantidades que les resta de la pensión alimenticia que en aquella época recibían de su padre, los apelantes logran una mayor capacidad adquisitiva para allegarse de los enseres indicados, porque éstas sumas de dinero son mayores a los $857.66, que su madre destinaba para comprarlos. 10. De igual manera, se debía considerar que los acreedores alimentistas contaban con servicio médico como derecho derivado de su relación de filiación con el demandado; que el rubro habitacional se encuentra cubierto con la vivienda en la que residen en la actualidad, la cual fue objeto de convenio a su favor. 11. En tales condiciones, con la pensión alimenticia del 20 % del total de las percepciones del demandado, se podrían satisfacer las necesidades de Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo, porque, como ya se vio, con ese porcentaje pueden desarrollarse plenamente en su entorno personal, familiar y social al que se encuentran acostumbrados, ya que no solamente se les costea lo indispensable para subsistir, como lo es comida, vestido y habitación, sino que se satisfacen también los gastos para su educación, que en el caso se encuentran dirigidos a proporcionarles una profesión adecuados a sus circunstancias personales. 12. No resulta óbice que el demandado tuviera una clasificación económica de clase alta, mientras que en el estudio que se le hizo a su excónyuge se determinó que ella cuenta con una situación económica de clase media, toda vez que la pensión alimenticia del 20% del total de los ingresos de aquél es adecuada para que los acreedores tengan una vida decorosa, sin lujos, pero en la medida de lo posible, suficiente para desenvolverse en el medio a que están acostumbrados y concluir el ciclo educativo en que se encuentran, con lo que pueden desarrollar sus planes de vida. k) Disconformes con esa determinación, los acreedores alimentarios a quienes se les redujo el monto de la pensión alimenticia que venía percibiendo, promovieron el juicio de amparo que dio origen al presente asunto. SÉPTIMO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son inoperantes. Para evidenciar el anterior aserto, es menester precisar que los artículos 1°, 4°, párrafo séptimo de la Constitución General de la República, así como 280, 285 y 288, párrafo segundo, estos últimos del Código Civil del Estado de Chihuahua, que se refieren a la figura jurídica de alimentos, en su orden, estatuyen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 4o. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.] Código Civil del Estado de Chihuahua 280. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 285. Los Alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos adecuados a su sexo y circunstancias personales. Tratándose de personas con discapacidad, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo. 288. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. De la interpretación armónica de los citados preceptos, se colige que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; para tal efecto, el imperativo constitucional exige normas relativas a los derechos humanos se interpreten favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por esa razón, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que se deben evitar, prevenir y reparar las violaciones a tales derechos, en los términos que establezca la ley, entre otros, aquellos que permitan o soslayen circunstancias de desigualdad o discriminación motivada por cualquier motivo, que tenga como consecuencia anular o menoscabar los derechos las personas. En respeto al derecho constitucional de satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral de las personas -especialmente la de los niños pero que no es privativa de éstos- los ascendientes tienen la obligación de preservar el cumplimiento de estos derechos. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero, sin olvidar, desde luego, la capacidad económica de quien está obligado a proporcionar los alimentos y la real posibilidad de mantener el estilo de vida que tenga el deudor e incluso incrementarlo, en la medida de lo posible. Es ilustrativo de lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCLVI/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, de Octubre de 2014, Tomo I, materia civil, página 587, del tenor: ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Al respecto, el Legislador secundario estableció el marco jurídico bajo el que debe satisfacerse ese derecho y, en caso de incumplimiento, también estableció las reglas procesales para su pleno respeto. En torno a ello, en la legislación sustantiva y procesal del Estado de Chihuahua se establecieron las normas a través de las que el Juez debe decretar el pago de una pensión alimenticia a favor de los acreedores alimentarios, la cual debe ser establecida conforme a las necesidades de quien la necesita y a las posibilidades de quien debe otorgarla, la cual no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino que al contar con el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, se deben tomar en consideración aquellas condiciones que le permitan vivir con decoro y cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-social a la que se encuentra acostumbrado, procurando en todo momento el mantener el estilo de vida al que se encuentren acostumbrados y eventualmente, a procurar su mejoría, en atención a un principio natural de progresividad. Ahora, dado que en la fijación de alimentos se tiene como finalidad resolver una necesidad vital, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria, es de suma trascendencia que la autoridad que resuelva lo atinente, pondere los tres elementos apuntados, a efecto de dictar una resolución congruente con la realidad de los involucrados, dada su repercusión en la sociedad un juicio donde se encuentre en juego la subsistencia de personas que no se encuentren en aptitud material de allegarse aún -por sí mismas- de recursos para proveerse alimentación; sin que ello llegue al extremo de incorporar a la litis aspectos que no hayan sido oportunamente plasmados, en acatamiento al principio de congruencia establecido en el artículo 95 del Código Procesal Civil del Estado de Chihuahua, que estatuye: 95. Las sentencias se ocuparán sólo de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación, y de las demás pretensiones deducidas oportunamente en el litigio. Cuando los puntos litigiosos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Contendrán, además lo siguiente: a).- La designación del lugar en que se pronuncien y la del Tribunal que las dicte; b).- Los nombres y apellidos del actor y del demandado, y el objeto del litigio; c).- Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia; d).- Las consideraciones y los fundamentos legales de ella, comprendiéndose en las primeras los razonamientos que el Tribunal haya tenido en cuenta para apreciar los hechos y para valorar las pruebas; e).- La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes. Cuando hubiere de condenarse al pago de intereses, daños y perjuicios, o a la entrega de frutos, se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro se hará la condena, a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. En el caso que se analiza, del capítulo de antecedentes expuesto en el considerando que antecede, se aprecia que Ricardo Melgoza Ramos demandó de María Gloria Justo Flores (padres de los quejosos), la disolución del vínculo matrimonial que los unía y, entre las cláusulas que pactaron, se estableció el pago de alimentos por el equivalente al 40 % (cuarenta por ciento) de las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibiera el ahora tercero interesado. Una vez disuelto el vínculo matrimonial y que la sentencia respectiva adquirió firmeza, el tercero interesado demandó -en la vía incidental- la cancelación y la reducción de la pensión alimenticia fijada a su cargo y mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil doce, con fundamento en los artículo 771, 774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos admitió a trámite al incidente de marras. Los aquí quejosos dieron contestación a la demanda incidental formulada, negando derecho al actor incidentista; sin embargo, al dar contestación al hecho uno de la demanda, reconocieron lo afirmado por el deudor alimentario, en el sentido de que la pensión del 40 % que tenían a su favor, se distribuía equitativamente a razón de 10 % a cada uno de los cuatro acreedores alimentistas. Una vez desahogados los estudios socioeconómicos practicados a las partes, el diez de julio de dos mil catorce, se dictó resolución en el incidente de cancelación y de reducción de pensión alimenticia de que se trata, en el que el Juez de primera instancia determinó, por una parte, cancelar la pensión alimenticia que se otorgaba a M. Gloria justo flores y Minerva Nicté Melgoza Justo; y, por otro lado, determinó que resultaba improcedente decretar la disminución de la pensión reclamada, quedando la pensión en un 20 % (veinte por ciento) del total del ingreso de Ricardo Melgoza Ramos, a favor de Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo. No conformes, los ahora quejosos interpusieron recurso de apelación en su contra, el que se dictó la resolución reclamada, mediante la cual se confirmó la diversa de primer grado, se resolvió el incidente de cancelación y reducción de la pensión alimenticia otorgada a favor de los ahora quejosos y otras, en la que la responsable asumió plenitud de jurisdicción ante la omisión del Juez natural de valorar los estudios socioeconómicos practicados a las partes. Al abordar el examen oficioso, respecto del deudor alimentario precisó que éste obtenía quincenalmente una percepción de $22,000.02 (veintidós mil pesos 02/100 moneda nacional), a la que debían descontarse los montos y conceptos siguientes: "FIDEICOMISO 8% -1560.99, ISR por salario -3382.03, FIDEICOMISO 1% -195.12, SERVICIO MÉDICO -427.74", así que el total de sus descuentos ascendía a $5,565.88 (cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional), la cual, al restársela a las percepciones del deudor alimentario se obtenía la cantidad neta por quincena de $16,434.14 (dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 14/100 moneda nacional), que al multiplicarse por dos, resultaba una cifra de $32,868.28 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional), y que el 20 % veinte por ciento de ese importe -$6,573.65 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 65/100 moneda nacional)-, correspondía por partes iguales a los acreedores alimentarios, esto es $3,286.82 (tres mil doscientos ochenta y seis pesos 82/100 moneda nacional) a cada uno. Con relación a los acreedores alimentarios, después de realizar una serie de cálculos aritméticos derivados del estudio socioeconómico que se practicó a M. Gloria Justo Flores, señaló que los gastos de los ahora quejosos ascendían a $3,776.50, esto es, $1,888.25 cada uno de ellos, por los conceptos de despensa, agua, energía eléctrica, gas, teléfono y gasolina. Enseguida, agregó los gastos de educación de cada uno de los apelantes, aquí quejosos, y consideró que los gastos de preparación académica de Ricardo Melgoza Justo, eran por los conceptos de inscripción ($89.00), libros y refrigerios ($171.00), dejando fuera los conceptos de abono de celular ($1,000.00) y adquisición de computadora personal ($400.00 dólares americanos), porque no se anexaron los comprobantes al estudio socioeconómico respectivo, lo que hacía un gran total de $2,148.25, que la responsable consideró que eran los gastos de alimentación que deberían ser pagados por su padre. Por cuanto a Alfa Citlali Melgoza Justo, la Sala consideró que en el estudio socioeconómico de marras se indicó que gastaba $330.00 por los conceptos de inscripción, uniformes y refrigerio, los que al sumarlos a los gastos ordinarios del hogar, ascendía a la cifra total de $2,218.25, que la responsable determinó se trataba de la cantidad que debía ser cubierta con la pensión alimenticia de referencia. Sobre la base de esos cálculos, la Sala Civil determinó que la asignación de una pensión alimenticia del mensual del equivalente al 20 % del salario total del demandado resultaba suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de loas ahora quejosos, porque cada uno recibiría $3,286.82, que se trataba de una cantidad superior a la que necesitaban los acreedores alimenticios y con el remanente, la responsable estimó que se podría adquirir ropa, calzado y artículos de uso personal para vivir con decoro, acorde con la situación económico-social a la que se encontraban acostumbrados los impetrantes. De igual manera, la Sala estimó que los rubros de servicio médico y habitación se encontraban cubiertos, el primero como derecho derivado de su relación de filiación con el demandado y el segundo, por haber sido objeto de convenio a su favor. Finalmente, para la responsable no era obstáculo que el deudor tuviera una clasificación económica de clase alta, mientras que en el estudio que se le hizo a su excónyuge se determinó que ella cuenta con una situación económica de clase media, toda vez que la pensión alimenticia del 20% del total de los ingresos de aquél era adecuada para que los acreedores tuvieran una vida decorosa, sin lujos, pero en la medida de lo posible, suficiente para desenvolverse en el medio a que estaban acostumbrados y concluir el ciclo educativo en que se encontraban. Con independencia de las consideraciones que le permitieron a la responsable arribar a las reseñadas conclusiones y de los conceptos de violación esgrimidos, la sentencia reclamada no lesionó los derechos de los ahora quejosos, porque a través de ella no se modificó su situación jurídica frente a la pensión alimenticia que les fue otorgada. En efecto, la pretensión del aquí tercero interesado fue obtener la cancelación de la pensión alimenticia que otorgaba a M. Gloria justo flores y Minerva Nicté Melgoza Justo; y, por otro lado, obtener la disminución de la pensión de los diversos acreedores alimentarios Ricardo Melgoza Justo y Alfa Citlali Melgoza Justo. Como refirió el actor en el hecho uno de su demanda incidental y aceptaron como cierto los demandados incidentales en su contestación, la pensión asignada inicialmente del 40 % (cuarenta por ciento) para cuatro personas (ex esposa y tres hijos) y que a cada uno correspondía un 10 % (diez por ciento); por ende, lo manifestado por los ahora quejosos, al reconocer lo manifestado por el actor incidentista, constituye una confesión expresa de lo narrado en el aspecto anotado. A partir de esa base material, fue que el Juez de primer grado determinó la cancelación de la pensión de dos de las acreedoras alimentistas y, al declarar la improcedencia de la acción de disminución, dejó intocado el porcentaje de los dos codemandados incidentales que aún tenían derecho a continuar con la aludida pensión, esto es, al cancelar la pensión de dos de las acreedoras, dejó intocado el monto de la pensión de 10 % del ingreso del deudor alimentario, que correspondía a cada uno de los ahora quejosos. En esa medida, aun cuando en la sentencia reclamada la responsable vertió una serie de argumentos, para determinar que la pensión que les había sido otorgada era correcta, lo cierto es que la sentencia de primer grado no les causaba perjuicio, porque resultaron absueltos de la pretensión de reducirles la pensión alimenticia decretada a su favor y, ante ello, la sentencia que la confirmó tampoco les produce agravio alguno, independientemente de las razones que la sustentan. Ahora, este Juzgador no soslaya que los quejosos pretenden que se incremente el porcentaje de la pensión que tienen decretada a su favor; sin embargo, no es jurídicamente posible analizar ese aspecto, porque resulta ajeno a la litis incidental, en la medida que en el incidente del que deriva el acto reclamado, no solicitaron tal incremento de su pensión, sino que la controversia respecto de aquellos se centró -exclusivamente- en determinar si era o no procedente la disminución de la pensión de 10 % que correspondía a cada uno de ellos, de la que, se itera, resultaron absueltos. Sobre la base de las anteriores consideraciones, resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos, pues en ellos reclamaron en esencia que el porcentaje de pensión alimenticia que perciben les sea incrementado, a partir de la emisión de una resolución que resultara equitativa, en función a que el acreedor alimentario les otorgara un incremento a su pensión para que ésta quedara en 15 % de sus ingresos a cada uno de sus hijos, lo que permitiría que el deudor alimentario aún quedara con el 40 % de su salario. Lo anterior, resulta inoperante, porque son aspectos ajenos a la controversia natural, la cual versó -como se explicó en líneas previas- exclusivamente sobre la disminución de la pensión alimenticia otorgada a los quejosos y no sobre la constitución de una pensión en un porcentaje mayor al que se les otorgó. Asimismo, deviene inoperante lo alegado por los quejosos, en el sentido de que la Sala responsable analizó correctamente la valoración de pruebas que realizó el Juez de primera instancia, así como de las manifestaciones que el deudor alimentario plasmó al formular su incidente; esto es así, porque aún de resultar fundados sus argumentos, no les reportarían benéfico alguno, dado que, como se ha insistido en párrafos precedentes, los quejosos fueron absueltos de la pretensión que se ejercitó en su contra y, como consecuencia de ello, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección constitucional para que la responsable realizara un examen de la totalidad de las pruebas que obran en el sumario e incluso, que les otorgara pleno valor probatorio, porque se insiste, la acción deducida en contra de los ahora quejosos en la incidental de mérito, fue la de reducción de pensión alimenticia y de ésta resultaron absueltos, por ende, una eventual concesión de amparo no variaría el sentido de la resolución reclamada. Lo anterior no implica que los impetrantes del amparo queden desprotegidos si tienen necesidad de incrementar el monto de la pensión que reciben actualmente, porque en todo momento tienen expedito su derecho para solicitar el incremento respectivo en la vía y forma que consideren procedente; sin embargo, en el particular, los argumentos que dejaron vertidos en su demanda de amparo devienen inoperantes, por tratarse de aspectos ajenos a la litis del incidente del que emana el fallo reclamado y de hacerlo se trastocaría el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución jurisdiccional. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, materia común, página 74, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis. En las relacionadas condiciones, al quedar evidenciado que, independientemente de las consideraciones en que se sustentó la sentencia reclamada, no existe lesión a los derechos de los ahora quejosos, sin advertir deficiente queja que suplir, se impone negar el amparo solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, pues su actuación no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia del fallo impugnado. Resulta aplicable, la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 72, del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Ricardo Melgoza Justo y Citlali Melgoza Justo, en términos de lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, quien actúa con el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista, hasta el día de hoy, nueve de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil quince. Visto lo de cuenta, se advierte que la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remite los autos del juicio de amparo 146/2015, promovido por *************** y ***************, ambos de apellidos ***************, toda vez que, mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado tenía su ejecución en esta ciudad. Consecuentemente, las consideraciones esgrimidas por la Juez de referencia se consideran correctas, por lo que, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por *************** y ***************, ambos de apellidos ***************; hágase del conocimiento del Juez declinante esta determinación. Con fundamento en los artículos 1, 112 y 115 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado de Distrito conocer por razón de turno de la demanda de amparo, formulada por 146/2015, promovido por *************** y ***************, ambos de apellidos ***************, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, y otra autoridad. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 832/2015-II-2. Ahora bien, toda vez que los quejosos *************** y ***************, ambos de apellidos ***************, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado ***************, y el tercero interesado ***************, señaló el diverso ubicado en ***************, en Chihuahua, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, en Chihuahua, para que comisione a quien corresponda y notifique el presente proveído a la quejosa y terceros antes mencionados, debiendo requerirlos para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo las comunicaciones derivadas de este juicio, aún las de carácter personal se les harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Por ende, una vez que se notifique al quejoso, tercero interesados y autoridades responsables, la radicación del presente amparo, se levantará la suspensión del juicio y se continuará el mismo en la etapa procesal correspondiente, esto es, en la continuación de la última fase de la audiencia constitucional. En efecto, para no vulnerar la unidad que rige la materia del amparo, en continuación con la audiencia constitucional, cuando se tenga la notificación de las partes en este juicio, procédase a emitir el engrose de la respectiva resolución, observando para ello las exigencias de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, sin necesidad de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, el cual establece que cuando un Juez de Distrito asume la competencia de un juicio de amparo en el que el declinante durante la celebración de la audiencia constitucional declara que no le corresponde el conocimiento del asunto, se debe salvaguardar el principio de unidad que rige para la audiencia constitucional, reconocido implícitamente en el primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, y proceder al dictado de la resolución correspondiente; que se encuentra publicado en la página 1080, del Tomo XXI, marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD EL PROCEDER DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ASUME LA COMPETENCIA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS, Y CELEBRA DE NUEVA CUENTA AQUÉLLA, NO OBSTANTE QUE EL DECLINANTE YA LO HABÍA HECHO, POR LO QUE SE IMPONE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Cuando un Juez de Distrito asuma la competencia de un juicio de amparo en el que el declinante durante la celebración de la audiencia constitucional declara que no le corresponde el conocimiento del asunto, aquél debe salvaguardar el principio de unidad que rige para la audiencia, reconocido implícitamente en el primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, que obliga a celebrarla en un solo acto procesal (pruebas, alegatos y sentencia) y proceder al dictado de la resolución correspondiente. De ahí que si el a quo, en lugar de concretarse a emitir la sentencia, vuelve a señalar fecha y hora en la que celebra de nueva cuenta la audiencia constitucional, tal proceder trastoca el principio de que se trata, pues no existe disposición alguna, ni jurisprudencia relativa, que lo faculte para actuar en esos términos. Consecuentemente, al ser la regularización del procedimiento una cuestión de orden público, al tenor de lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, procede, aun de oficio, ordenar la reposición para dejar sin efecto jurídico alguno la actuación que repitió el juzgador, por existir ya una primera audiencia levantada conforme a la ley. Cabe destacar que el criterio adoptado encuentra apoyo fundamental, en lo que aquí respecta, en la tesis P./J. 8/2001, derivada de la contradicción 1/95, que en esta Novena Época emitiera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", de cuyo texto se desprende la siguiente consideración: "... Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo...". De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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