Ricardo Echeverria Suárez
Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Echeverria Suárez
Actuaciones
- Principal
PRAL.142/2021 MESA 6 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación que antecede, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ****, para interponer recurso de queja contra el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. En virtud que en proveído de dos de marzo de este año se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes, según corresponda y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.
- Principal
PRAL.142/2021-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y de la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en auto de dieciocho de febrero del año en curso, a efecto de que cumpliera con las prevenciones formuladas, transcurrió del veintitrés de febrero al uno de marzo de este año; sin que dicha parte hubiera dado cumplimiento. 2. Demanda de amparo por no presentada. En consecuencia, como la parte quejosa no aclaró la demanda de amparo en el plazo concedido, ante el incumplimiento a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo por vía de parte agraviada y legitimada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 142/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el dieciséis de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional al día siguiente, promovida por el quejoso Ricardo Echeverría Suárez, por propio derecho, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y de otras autoridades; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 142/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Antecedentes: Resulta oportuno precisar que la parte quejosa señala en el apartado del acto reclamado y de autoridades responsables lo siguiente: En tanto que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado la parte quejosa refiere: 4º. Prevención. Ante ello, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente. Único. Indique, en vía de antecedentes, en dónde es el lugar en que, a su dicho, trata de ejecutarse el acto reclamado; ello, ya que en el apartado respectivo únicamente cita textualmente ".acudieron a mi domicilio agentes estatales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, en busca de mi persona al parecer en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la señalada Juez de Control."; sin embargo, del escrito de demanda no se advierte su domicilio particular, dato que resulta necesario a fin de determinar la competencia de la demanda de cuenta, dado que, en la especie, se reclama un acto de ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Así como la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." 4.1 Precisión. Se precisa que la prevención se realiza a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables competentes defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 4.2 Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con los requerimientos formulados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4.3 Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con las prevenciones antes formuladas, se conduzca con verdad. 5. Domicilio y autorizados. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". En tanto que, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley en comento, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Hernández Díaz, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encontró registro único a su favor en la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y la parte quejosa tampoco proporcionó dato alguno de dicha persona, respecto de su cédula profesional, con la que acredite tener la profesión de licenciado en derecho. Sin embargo, una vez que acredite contar con el citado registro, se le autorizará en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a sus intereses conviene. 6. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Por otra parte, como lo solicita, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; (ello, debiéndose observar los lineamientos para la atención al público, establecidos en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el 25/2020 y 37/2020). Con la precisión de que esa autorización no compromete a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la representante especial que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 6.1. Aviso al(a) actuario (a). Por ello, se indica al(a) actuario (a) que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la representante especial o sus autorizados, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. 7. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el 25/2020 y 37/2002, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 7.1 Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en su vigencia por el 25/2020 y 37/2020. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de las resoluciones que se emitan en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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