Ricardo Francisco Hernández Vásquez

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Francisco Hernández Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 866/2023 MESA 3* En el juicio de amparo indirecto 866/2023, promovido por *****, en esta fecha se dictó el siguiente acuerdo: ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el once de septiembre de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Devolución de tomos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, en este expediente obra el expediente original del toca familiar *****; el original del expediente familiar *****; y expediente original del incidente de tacha de testigos anexo al expediente familiar *****, remitidos por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En esas condiciones, mediante oficio que al respecto se envíe, devuélvase a la referida autoridad los expedientes citados; sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega del mismo se advertirá de la constancia de recepción del oficio que se envíe. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles". Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales consiguientes. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    PRAL. 866/2023 MESA 3-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibido el ocho de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma data, al que acompaña: 1) copia del testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de este año, en el amparo directo ********************, 2) el expediente de amparo directo ********************, promovido por ********************, contra un acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; 3) el expediente original del toca familiar ******************** de la Primera Sala Familiar; 4) el original del expediente familiar ******************** del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca; y 5) expediente original del incidente de tacha de testigos anexo al expediente familiar ********************; acúsese recibo al Tribunal de Alzada. Ahora, del contenido de la copia del testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de este año, en el amparo directo ********************, que remite el tribunal de alzada, se advierte que el Tribunal Colegiado determinó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, toda vez que concluyó que la resolución reclamada de doce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar ********************, de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, no es una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio y, por ende, no satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo; razón por la cual declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, para el conocimiento de la demanda en la vía indirecta. Por las razones expuestas por el Tribunal de Alzada, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, se asume la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese el expediente ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A. J/6, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca familiar ********************, en la cual ordenó la reposición de procedimiento en el expediente de origen ********************del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, a efecto de que la juez de primera instancia recabe diversas pruebas a fin de que esté en condiciones de poder efectuar el análisis que permita analizar el desequilibrio económico que pudo haber sufrido ********************. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "LEY DE AMPARO" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el segundo precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 37/2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, junio de 2014, tomo I, materia común página 39, registro 2006589, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad, al sostener: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio vinculante invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Un acto emitido dentro de un juicio reviste las características de tener una ejecución de imposible reparación, cuando afecta directa y materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional del que el estado mexicano sea parte. Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. En términos opuestos, a esta clasificación, se encuentran los derechos procesales que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, e incluso en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se le denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, es factible que los efectos puedan extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Aunado a que de resultar trascedente la violación a los derechos adjetivos en la sentencia final, ésta se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que, en su caso, se promueva, precisamente, contra el fallo final que haga valer la parte que le resulte desfavorable; de ahí que, con respecto a actos con efectos intraprocesales, el amparo biinstancial es improcedente al no vulnerar derecho sustantivo alguno. Como ya se precisó, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca familiar ********************, en la cual ordenó la reposición de procedimiento en el expediente de origen ********************del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, a efecto de que la juez de primera instancia recabe diversas pruebas a fin de que esté en condiciones de poder efectuar el análisis que permita analizar el desequilibrio económico que pudo haber sufrido ********************. En la resolución reclamada se ordenó reponer el procedimiento en el juicio ********************del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, para el efecto de que se recaben diversas pruebas pertinentes a fin de determinar la situación de vulnerabilidad y desventaja económica en que se pudiera encontrar la parte actora. Dicho acto, como lo precisó la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación, porque no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa (quien es parte demandada, en el juicio natural), pues, en su caso, produce una afectación de índole adjetiva o procesal; de ahí que no incide en ninguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte, en forma material, pues solamente transciende en los derechos adjetivos de las partes del juicio natural; por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal que puede ser reclamable en el juicio de amparo directo. Lo que permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera. Además, cabe la posibilidad de que en el expediente de origen se dicte un fallo favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5º.C.8 K (10ª), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1947, Materia Común, registro 2009302, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." Así como la tesis la tesis IV.2o. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 538, Materia Común, registro 202290, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, se invoca por las razones que informa, por analogía la tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, Materia Común, registro 180415, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Autorización para la consulta y notificación vía electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario antes citado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo haya autorizado un domicilio físico; sin embargo, las notificaciones se harán vía electrónica, a través del usuario ya referido, y únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se hará en el domicilio físico proporcionado. 5. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios de ese numeral, a los licenciados: ********************(cédula profesional ********************), ******************** (cédula profesional ********************) y ********************(cédula profesional ********************), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. Asimismo, por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que cita, por así solicitarlo expresamente. 6. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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