Ricardo Benito Martínez Santiago
Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Benito Martínez Santiago
Actuaciones
- Principal
PRAL.148/2021-6*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación que antecede, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ricardo Benito Martínez Santiago, pudiera interponer recurso de queja contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. En virtud que en proveído de diecinueve de febrero se desechó la demanda de amparo y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes, según corresponda y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el diecisiete de febrero del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; promovida por Juan Miguel Luis López, quien se ostentó como autorizado de Ricardo Benito Martínez Santiago, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 148/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 2.1. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en cuanto a su vigencia por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020) y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que está operando en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal y el diverso 6 de la Ley de Amparo, disponen: "CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.." "LEY AMPARO" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos e n esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" De los citados preceptos se advierte que uno de los principios que rigen al juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, quien se ve afectado en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien suscriba el escrito de demanda por sí, o por conducto de las personas que la ley autoriza para tales efectos. Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. (.)" Este artículo establece que la calidad de representante del quejoso o tercero interesado puede ser tomada en consideración en el juicio de amparo, siempre que sea reconocida ante la autoridad responsable. Antecedentes del caso. De los antecedentes de la demanda de amparo, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte: 1) Ricardo Benito Martínez Santiago demandó el juicio de nulidad al delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que está radicado en la sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número 3284/18-15-01-3. 2) El trece de agosto de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el mencionado juicio de nulidad, mismo que fue declarado firme el diecisiete de febrero de dos mil veinte. 3) Ante la omisión de cumplir y vigilar el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3284/18-15-01-3, Juan Miguel Luis López (quien se ostentó como persona autorizada en el juicio de nulidad) promovió la demanda de amparo en nombre de Ricardo Benito Martínez Santiago. En ese sentido, resulta importante mencionar que en el juicio contencioso administrativo la representación de los particulares está regulada en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 5o.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el Sistema de Justicia en Línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral, la hizo el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación. La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Entidades Federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo". (Lo resaltado es propio). En este numeral se prevé, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el actor en el juicio contencioso administrativo o su representante legal autorice a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos. Asimismo, prevé la posibilidad de autorizar a cualquier persona para recibir notificaciones e imponerse de autos. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales. Además, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas en la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, como es el caso de los autorizados en el juicio contencioso administrativo, cuya participación se limita a la defensa del actor, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. Determinación: Por lo anterior, es factible concluir que Juan Miguel Luis López, quien firmó la demanda de amparo con el carácter de autorizado en el juicio de nulidad 3284/18-15-01-3, carece de legitimación para promover el juicio de amparo en nombre del quejoso Ricardo Benito Martínez Santiago, pues, como se indicó, el artículo 5° de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el autorizado puede realizar diversos actos procesales dentro del juicio contencioso administrativo, pero no se obtiene que esas atribuciones puedan extenderse a la promoción de una diversa instancia, como lo es el juicio de amparo, pues ello corresponde al directamente afectado. No obstante que dicho numeral establezca que el autorizado puede interponer recursos, pues la acción que intenta corresponde a un juicio. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6° de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Juan Miguel Luis López, autorizado de Ricardo Benito Martínez Santiago en el juicio de nulidad juicio de nulidad 3284/18-15-01-3, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación al tema que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2012, adoptó el siguiente criterio: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).-El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Siguiendo ese mismo criterio, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 16/2019, emitió la jurisprudencia PC.III.A. J/91 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 504, Registro digital: 2022496, de rubro y texto siguiente: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]. El criterio jurisprudencial de referencia resulta aplicable para el caso del "abogado patrono", autorizado en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en principio, porque el análisis de dicha disposición normativa revela que su designación por alguna de las partes opera en cualquier etapa procesal, dentro del propio juicio contencioso administrativo, pero no se obtiene que esas atribuciones puedan extenderse a la promoción de una diversa instancia, como lo es el juicio de amparo; lo anterior, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entro otros, por los de "instancia de parte agraviada" y de "agravio personal y directo", que se traducen en que el titular de la acción de amparo es el único legitimado para impugnar y precisar cuáles actos son los que, en su concepto, le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, de ahí que la promoción del juicio constitucional constituya un derecho personalísimo de la parte que resiente una afectación en su esfera de derechos. Sin que obste que en la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), se hubiese analizado la figura jurídica del "autorizado" prevista en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, porque el estudio comparativo de esa disposición del orden federal, con el diverso artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad, que regula la institución del "abogado patrono", patentiza que ambas normas guardan una estrecha similitud. Consecuentemente, con independencia de la denominación que cada legislación asigne al autorizado en amplios términos, lo jurídicamente relevante, es lo definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio en estudio, en el sentido de que la autorización conferida en términos de la ley que rige el acto reclamado, debe entenderse otorgada únicamente para actuar en el juicio administrativo, y así es como debe concebirse en el juicio contencioso administrativo ordinario." Estado de indefensión. Hágase la precisión que esta determinación no deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo, porque, en el supuesto de que las autoridades responsables continúen siendo omisas en cumplir y vigilar la sentencia dictada en el procedimiento contencioso administrativo, podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional el directo quejoso Ricardo Benito Martínez Santiago. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que indica, por así haberlo solicitado expresamente. 5. Parte quejosa señala correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa proporcionando en su demanda de amparo una dirección de correo electrónico y un número telefónico. Medios de comunicación que, de ser necesario, serán utilizados para establecer comunicación no procesal con la parte quejosa o sus autorizados, a fin de atender a la pronta administración de justicia. De lo anterior, deberá tomar nota el (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado; en el entendido que siempre que se haga uso de esos medios, deberá levantar la certificación correspondiente e integrarla al expediente. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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