Ricardo García García y Otros.

Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
540/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Ricardo García García y Otros.
  • Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, Tlaxiaco, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    PRAL 540/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 1° Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, firmada y autorizada el treinta de septiembre siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos 1º *****, 2° *****, 3º *****, 4º *****, 5° *****, 6º *****, 7º *****, 8° *****, 9º *****, 10° *****, 11° *****, 12º ***** y 13° *****, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de a) la autoridad responsable y b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, dado que, como se precisó, en la sentencia dictada en esta instancia constitucional, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, por lo que ningún agravio genera a dichas partes procesales, que carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, libro 39, febrero de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". 2° Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo reciente. Con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo y los artículos 1, 6, 12, 14 y 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Relevancia. En términos del artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este asunto se considera DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por versar sobre materia agraria; por tanto, se conservará en su integridad en original. 4.1. Plazo de resguardo. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. 5º Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (relevancia documental) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 6° Tomos de pruebas de autoridades. Toda vez que a) el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca y b) secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, residente en Huajuapan de León, remitieron copia certificada de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados, las que obran en los tomos I y II, por separado; por tanto, se ordena devolver esa documental a las citadas autoridades, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7° Devolución de documental. Asimismo, en virtud que la parte quejosa ofreció como prueba documental: Escrito dirigido al representante Estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, con sello original de recibido. Copia simple de diversos certificados de derechos sobre tierras de uso común y de credenciales de elector. Copia simple de la primera convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós, suscrita por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, residente en Tlaxiaco. Copia simple de la minuta de trabajo, respecto de la comparecencia y ratificación de firmas de los comuneros de la Comunidad Agraria de Santo Domingo Ixcatlan, municipio del mismo nombre, distrito de Tlaxiaco, fechada el e doce de abril de dos mil veintidós. Oficio TLAX2011/134/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, suscrito por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, residencia Tlaxiaco; y, Copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario *****, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis. Ante ello, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se conservarán en su integridad en este expediente, en virtud de la relevancia documental que tiene este juicio de amparo. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrán obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 540/2022 MESA-2 R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido el doce de mayo siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, 1º Ricardo García García, 2o Florentino García Castro, 3º María Macedonia García Bernabé, 4º Gustavo Martínez Castro, 5o Pedro Castro Hernández, 6º Claudio García Robles, 7º Bertoldo Bernabé García, 8o Rita Robles García, 9º Benito Santiago García, 10o Juana Santiago García, 11o Pedro García Castro, 12º Floriberto García Castro y 13o Florentino López Castro, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados siguientes: a) Ilegalidad del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós. b) Violación a su derecho de petición al suspender el trámite iniciado, sin que éste se encuentre fundado y motivado. c) Orden de suspensión de la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán, programada para el treinta de abril de dos mil veintidós. d) Anulación de la convocatoria emitida el veinte de abril de dos mil veintidós. e) Negativa de convocar a Asamblea en el núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán. f) Suspensión del proceso de convocar a asamblea de comuneros en Santo Domingo Ixcatlán. g) Violación del artículo 24 de la Ley Agraria. Lo que atribuyen al jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 8, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de trece de mayo del año en curso se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 540/2022, se admitió a trámite, no se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por las razones ahí expuestas, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de una autoridad residente en Tlaxiaco, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca. Asimismo, se toma en cuenta que, como se verá, si bien la parte quejosa señala diversos actos que considera se actualizan en su perjuicio, entre ellos, una violación al derecho de petición; no es menos cierto que, en realidad, los referidos actos, consistentes en la: b) Violación a su derecho de petición al suspender el trámite iniciado sin que éste se encuentre fundado y motivado. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 4 c) Orden de suspensión de la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán, programada para el treinta de abril de dos mil veintidós. d) Anulación de la convocatoria emitida el veinte de abril de dos mil veintidós. e) Negativa de convocar a Asamblea en el núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán. f) Suspensión del proceso del proceso de convocar a asamblea de comuneros en Santo Domingo Ixcatlán; y, g) Violación del artículo 24 de la Ley Agraria. Se hacen depender, acorde con lo planteado en los conceptos de violación, del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por lo que no ha lugar a tener como actos reclamados en forma destacada a los señalados en los incisos b) al g). Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca, ya que al rendir su informe justificado el (foja 138) así lo señaló, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó, con valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, Cuarto. Estudio de fondo. Para mejor comprensión del asunto, se describen los antecedentes del acto reclamado, siendo, en lo sustancial, los siguientes: 1) Mediante escrito presentado ante la responsable el cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 25 y 26), algunos de los hoy quejosos solicitaron al representante Estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca lo siguiente: 2) Acorde con la minuta de trabajo de docd de abril de dos mil veintidós (fojas 82 a 88), la responsable determinó que era procedente la petición de los agraviados y otros comuneros del núcleo agrario al que pertenecen, y ordenó expedir la convocatoria relativa, la cual está datada el veinte de abril de dos mil veintidós (foja 81). 3) En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós (foja 90), la responsable determinó, en esencia, que ante la suspensión del acto reclamado concedida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, en el cuaderno de amparo 4/2022, derivado del reclamo de la sentencia emitida en el juicio agrario 1527/2017, de su índice, la cual le había sido notificada al jefe de Residencia de Tlaxiaco de dicha dependencia, el veinte de abril de dos mil veintidós, era procedente que dejara sin efecto la convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós y se suspendiera la asamblea a que aludía dicha convocatoria, hasta en tanto se le notificara la resolución que declare firme la sentencia que se emita en el juicio de amparo promovido contra el fallo dictado en el citado juicio agrario 1527/2017. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora, la parte quejosa, sustancialmente, alega que se vulnera en su perjuicio sus derechos humanos, ya que la autoridad responsable no está facultada para que, motu proprio, deje sin efectos la convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós y ordene la suspensión de la asamblea de comuneros del núcleo GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 6 agrario, programada para el treinta de abril de dos mil veintidós; que lo anterior implica que se les prive de un derecho sin que se les haya oído y vencido en un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. Agrega que los actos reclamados violan el artículo 24 de la Ley Agraria, ya que sin que exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento se están afectando sus derechos. Los quejosos siguen manifestando, que no son, ni han sido parte en el juicio agrario y que, por ende, se vulneran en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, así como su garantía de audiencia; que las funciones que realiza la Procuraduría Agraria están determinadas en la Constitución Federal, así como en los artículos 136 de la Ley Agraria y 5 del Reglamento interno de la Procuraduría Agraria, por lo que el jefe de residencia de esa dependencia actúa como autoridad, porque en forma unilateral extingue su derecho a solicitar que se convoque a una asamblea de comuneros de conformidad con el artículo 24 de la Ley Agraria. Que la Procuraduría Agraria y, en particular, su jefe de residencia en Tlaxiaco, está facultado para convocar a la asamblea de comuneros a fin de elegir a los órganos de representación y vigilancia, por lo que sus actos están sujetos en todo tiempo a un examen constitucional, convencional y legal; que el haber dejado sin efecto la convocatoria y suspendido la celebración de la asamblea programada, conlleva la suspensión del proceso de elección de los órganos de representación y vigilancia de su núcleo agrario y resulta violatorio de sus derechos humanos. Que la emisión de la convocatoria obedece a la petición que hicieron algunos de los quejosos a la citada Procuraduría Agraria; al ser procedente se determinó emitir la aludida convocatoria, pero que ello no se hizo en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario 1527/2017, ya que el que se solicite la celebración de la asamblea no transgrede los derechos de las partes en el juicio de que se trata; pues, por una parte, ya feneció el término por el que fueron electos los representantes del núcleo agrario y, por otra, esos actos, de consumarse, harían físicamente imposible restituir a las partes en el goce del derecho; aunado a que la autoridad responsable no explica por qué su solicitud resulta contraria a lo decidido en el juicio agrario en cuestión. Siguen manifestando los quejosos que debe concedérseles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, porque no son parte en el juicio agrario que invoca la responsable. Análisis de conceptos de violación. Los sintetizados conceptos de violación son jurídicamente infundados y serán analizados conjuntamente, dada su vinculación. Es inexacto que la responsable, de manera apropiada, hubiera dejado sin efectos la convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós, y ordenado la suspensión de la asamblea de comuneros del núcleo agrario, programada para el treinta de abril de dos mil veintidós. Cierto, la responsable en el acuerdo que constituye el acto reclamado señaló: Lo anterior evidencia que la responsable, al emitir el acuerdo cuya imagen se insertó, no actuó de manera GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 Sentencia dictada en el juicio de amparo 540/2022 apropiada, sino que lo hizo en acatamiento al mandato de la suspensión que en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia dictada en el expediente 1527/2017 decretó el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, derivado de la demanda de amparo que promovieron los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de Santo Domingo Ixcatlán, en el referido juicio agrario. Luego, la responsable en forma alguna actuó por sí y sin contar con facultades legales para ello, como inexactamente se alega; en tanto que en el proveído reclamado claramente señaló que lo hacía en acatamiento al mandato de suspensión que emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, en el citado juicio agrario 1527/2017. Lo que de forma alguna puede implicar que a los agraviados se les esté privando de un derecho sin haber sido oídos y vencidos en juicio; porque la responsable actuó, dentro del marco legal aplicable, ya que debía forzosamente cumplir con el mandato de la suspensión que emitió el referido Tribunal Unitario Agrario. En efecto, el numeral 209 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley". Por lo que diverso a lo que alega la parte quejosa, la responsable no sólo cuenta con facultades para suspender el trámite que inició a petición de la parte GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 10 agraviada, sino que su desacato al mandato de suspensión podía acarrearle consecuencias legales de índole penal. De la misma forma, es inexacto que el acto reclamado sea violatorio del numeral 24 de la Ley Agraria, ya que dicho precepto establece: "Artículo 24.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. En la especie, la responsable obsequió la petición de los quejosos, ya que emitió la convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós (foja 149); sin embargo, en el auto controvertido señaló que el veinte de abril de dos mil veintidós se había notificado al jefe de Residencia de Tlaxiaco de dicha dependencia la suspensión del acto reclamado concedida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y seis, en el cuaderno de amparo 4/2022, derivado del reclamo de la sentencia emitida en el juicio agrario 1527/2017, de su índice; por lo que emitió el proveído reclamado, en el que, en esencia, dejó sin efectos la convocatoria y la celebración de la asamblea. Lo anterior evidencia que la responsable, al emitir el acuerdo cuya imagen se insertó, no actuó de manera GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 Sentencia dictada en el juicio de amparo 540/2022 apropiada, sino que lo hizo en acatamiento al mandato de la suspensión que en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia dictada en el expediente 1527/2017 decretó el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, derivado de la demanda de amparo que promovieron los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de Santo Domingo Ixcatlán, en el referido juicio agrario. Luego, la responsable en forma alguna actuó por sí y sin contar con facultades legales para ello, como inexactamente se alega; en tanto que en el proveído reclamado claramente señaló que lo hacía en acatamiento al mandato de suspensión que emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, en el citado juicio agrario 1527/2017. Lo que de forma alguna puede implicar que a los agraviados se les esté privando de un derecho sin haber sido oídos y vencidos en juicio; porque la responsable actuó, dentro del marco legal aplicable, ya que debía forzosamente cumplir con el mandato de la suspensión que emitió el referido Tribunal Unitario Agrario. En efecto, el numeral 209 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley". Por lo que diverso a lo que alega la parte quejosa, la responsable no sólo cuenta con facultades para suspender el trámite que inició a petición de la parte GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 11/02/24 09:24:25 10 agraviada, sino que su desacato al mandato de suspensión podía acarrearle consecuencias legales de índole penal. De la misma forma, es inexacto que el acto reclamado sea violatorio del numeral 24 de la Ley Agraria, ya que dicho precepto establece: "Artículo 24.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea". En la especie, la responsable obsequió la petición de los quejosos, ya que emitió la convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós (foja 149); sin embargo, en el auto controvertido señaló que el veinte de abril de dos mil veintidós se había notificado al jefe de Residencia de Tlaxiaco de dicha dependencia la suspensión del acto reclamado concedida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y seis, en el cuaderno de amparo 4/2022, derivado del reclamo de la sentencia emitida en el juicio agrario 1527/2017, de su índice; por lo que emitió el proveído reclamado, en el que, en esencia, dejó sin efectos la convocatoria y la celebración de la asamblea. Santiago García, 10o Juana Santiago García, 11o Pedro García Castro, 12º Floriberto García Castro y 13o Florentino López Castro, contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional.

  3. Principal

    PRAL 540/2022 MESA 2 Audiencia Constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con dos minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 540/2022, como se ordenó en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por 1) Ricardo García García, 2) Florentino García Castro, 3) María Macedonia García Bernabé, 4) Gustavo Martínez Castro, 5) Pedro Castro Hernández, 6) Claudio García Robles, 7) Bertoldo Bernabé García, 8) Rita Robles García, 9) Benito Santiago García, 10) Juana Santiago García, 11) Pedro García Castro, 12) Floriberto García Castro y 13) Florentino López Castro, por propio derecho e informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, se hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta y que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierto el período probatorio, se hace constar que la parte quejosa exhibió las siguientes documentales: a) Escrito dirigido al representante Estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, con sello original de recibido. b) Copia simple de diversos certificados de derechos sobre tierras de uso común y de credenciales de elector. c) Copia simple de la primera convocatoria de veinte de abril de dos mil veintidós, suscrita por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, residente en Tlaxiaco. d) Copia simple de la minuta de trabajo, respecto de la comparecencia y ratificación de firmas de los comuneros de la 11/02/24 09:24:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.04.d9 GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES 2 Comunidad Agraria de Santo Domingo Ixcatlan, municipio del mismo nombre, distrito de Tlaxiaco, fechada el e doce de abril de dos mil veintidós. e) Oficio TLAX2011/134/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, suscrito por el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, residencia Tlaxiaco. f) Copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario 142/2021, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis; y, g) Copia certificada de constancias relacionadas con los actos reclamados en este juicio de amparo, mismas que obran en el tomo anexo I, por separado. Por su parte, la autoridad responsable jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco, Oaxaca remitió copia certificada de diversas documentales relativas a los actos que se combaten en esta instancia, misma que hizo suya la parte quejosa. Enseguida, se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que por escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós (folio 8723), la parte quejosa realizó diversas manifestaciones al respecto y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia.

  4. Principal

    PRAL 540/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Remite información y constancias. Agréguese el oficio TUA46/UAJ/943/2022, del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por el que remite información y constancias relacionadas con este juicio de amparo; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el treinta y uno de agosto del año en curso, se acordó el oficio con el mismo número y contenido (folio 11698), que fue recibido por diversa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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