Ricardo Castillejos Macias

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Castillejos Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL 556/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1° Autoridad informa. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, informa que: En proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio *****: Dejó sin efecto el acuerdo de veintisiete de septiembre de esta anualidad, en el cual declaró precluído el derecho del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Regularizó el procedimiento en el aludido juicio administrativo, y, por tanto: Declaró precluído el derecho del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas para cumplir con la sentencia definitiva dictada en el aludido juicio. Requirió nuevamente a dicho encargado -de Chiapas- cumpla con la sentencia firme dictada en el referido juicio administrativo. 2° Se toma conocimiento. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 556/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1° Autoridad informa. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, informa que: En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio *****, realizó las siguientes acciones: Hizo efectivo el apercibimiento decretado el tres de julio de esta anualidad al encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Requirió nuevamente a dicho encargado cumpla con la sentencia firme dictada en el aludido juicio administrativo. 2° Se toma conocimiento. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 556/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos, en términos de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. 2° Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez para que, dentro del plazo de tres días, proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio; cuyos efectos son los siguientes: ".NOVENO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez deberá realizar lo siguiente: Emita las determinaciones conducentes en el juicio administrativo 2058/20-15-01-2, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós; lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado.". 3.1° Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, se le impondrá, multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización que es de $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. La medida de apremio con la que se le apercibe se sustenta en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; en tanto que la aplicación de la unidad de medida tiene su base en el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 556/2023, mesa 8 Visto para resolver el juicio de amparo 556/2023; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida el seis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, y recepcionada en este Juzgado el siete de junio siguiente, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de ocho de junio de este año se ordenó formar el expediente relativo, se registró con el número 556/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. TERCERO. Ampliación. El treinta y uno de julio de este año se requirió a la parte quejosa a fin de que manifestara, dentro del término de quince días, si era su deseo, o no, ampliar su demanda por lo que hace al encargado, suplente o titular de la Delegación Estatal Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; empero, al no haber realizado manifestación al respecto, el veintiocho de agosto de esta anualidad se declaró precluído ese derecho y se precisó que este juicio de amparo se resolvería respecto de las autoridades responsables y actos reclamados señalados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. CUARTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama: 1° De la autoridad responsable Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:  La omisión de acordar el escrito presentado el catorce de marzo de este año, en el cual promovió queja por omisión en el cumplimiento de sentencia.  La omisión de acordar el escrito presentado con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.  La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ***. 2° De las diversas responsables a) jefe y/o responsable de la Unidad Jurídica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y b) responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca:  La omisión de acatar en el término legal la resolución firme y ejecutoriada dictada en el juicio contencioso administrativo ***. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables a) jefe y/o responsable de la Unidad Jurídica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y b) responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, no rindieron su informe justificado, a pesar de haber quedado notificadas de su petición el catorce de junio de este año , como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora, si bien de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo se tendría que presumir la certeza de los actos reclamados, también lo es que del análisis de las constancias que integran este sumario, particularmente de las remitidas por la diversa responsable magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en apoyo a su informe justificado, consistente en los autos del juicio contencioso administrativo ***, a las que se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se advierte que dichas autoridades, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, no fueron señaladas como demandadas en ese juicio natural, ni han sido vinculadas, de alguna manera, en el cumplimiento de la resolución emitida en dicho sumario; pues es la diversa autoridad, a saber, encargado, suplente o titular de la Delegación Estatal Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la que le asiste dicho carácter -de demandada-. Determinación. En esa tesitura, ante la inexistencia de los actos reclamados a las responsables a) jefe y/o responsable de la Unidad Jurídica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y b) responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica, la tesis siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo. " CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, negó la existencia de los actos reclamados; además, precisó que:  El tres de julio de este año inició, de oficio, el procedimiento previsto por el artículo 58, primer párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  En proveído de cuatro de julio del año en curso acordó los escritos presentados por el aquí quejoso en fechas catorce de marzo y veinticuatro de mayo ambos de este año, en los cuales: o Señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. o Ratificó una dirección de correo electrónico. o Ratificó a diverso autorizado, así como a personas únicamente para oír y recibir notificaciones. o Desechó por improcedente la queja interpuesta. o Desechó el incidente de indemnización interpuesto. De lo antes expuesto, se advierte que, a la data de la presentación de la demanda motivo de este juicio, esto es, el seis de junio de dos mil veintitrés, la responsable aún no había acordado las peticiones formuladas por la parte quejosa, en tanto que lo efectuó hasta el cuatro de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. Causal de improcedencia. Acto reclamado: Omisión de contestar escritos atribuido a los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, ya que esa disposición legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - ." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecidos los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, retornando las cosas al estado que guardaban, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo; atento a la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL ". De las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente valoradas, así como de los autos de este juicio, se advierte que: 1° El cuatro de julio de este año la responsable acordó los ocursos presentados por el aquí quejoso el catorce de marzo y veinticuatro de mayo, ambos de dos mil veintitrés, determinando que: o Tuvo por señalado nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. o Ratificada una dirección de correo electrónico. o Ratificado a un autorizado y a diversas personas únicamente para oír y recibir notificaciones. o Desechó por improcedente la queja interpuesta. o Desechó el incidente de indemnización interpuesto. Por ello, si la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en:  "La omisión de acordar el escrito presentado el catorce de marzo de este año, en el cual, promovió queja por omisión en el cumplimiento de sentencia.  La omisión de acordar el escrito que presentó con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés." Y, en el caso, mediante determinación dictada el cuatro de julio de dos mil veintitrés , en el juicio ***, la responsable proveyó los escritos presentados por el quejoso; es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión que atribuyó a la autoridad responsable, extinguiéndose la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención reclamada y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo respecto de los referidos actos reclamados, que se atribuyó a la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación al diverso acto reclamado consistente en: la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo***; se estudiarán en los apartados siguientes: SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresó conceptos de violación que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Y únicamente para efectos de claridad en la sentencia, se precisa que la parte quejosa alega, en esencia, que la omisión de la Sala de vigilar que se acate la sentencia firme dictada en el juicio de nulidad ***, es violatoria de su derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. SÉPTIMO. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: 1) El quince de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia en el expediente ***, en la que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad tanto de la impugnada providencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, como la resolución de concesión *** de diez de octubre de dos mil doce, para el efecto de que el delegado Estatal Chiapas del ISSSTE, dentro del plazo máximo de cuatro meses, procediera en los términos precisados en esa resolución. 2) El tres de julio de dos mil veintitrés la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada acredite el cumplimiento otorgado a la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós; ello, dentro del término de tres días, con el apercibimiento de que no cumplir con aquélla, se le impondría una multa como medida de apremio. Siendo ésta la única y última actuación que obra en autos, según la etapa de ejecución del juicio ordinario de que se trata. OCTAVO. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, de rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. El aspecto material se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, de rubro: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA". En el caso concreto, el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: . 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. . (.) Además,. al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo." Como se ve, conforme a la porción normativa transcrita, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme . Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe, dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. De lo anterior, se observa que el Tribunal cuenta con diversas normas jurídicas a efecto de conseguir el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada una vez que ha transcurrido el plazo para que la autoridad demandada cumpla voluntariamente con ésta, por lo que tiene la obligación de dictar todas las medidas necesarias a fin de asegurar su pleno cumplimiento. En ese tenor, de las constancias de autos solo se aprecia que la Sala responsable dictó sentencia en el expediente ***, para el efecto de que el delegado Estatal Chiapas del ISSSTE, dentro del plazo máximo de cuatro meses, procediera en los términos precisados en esa resolución; posteriormente, hasta el tres de julio de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo requirió a la demandada que, en el plazo de tres días, informara el cumplimiento de la aludida sentencia; apercibiéndola que, de no hacerlo, se le impondría una multa como medida de apremio. De lo anterior se pone de manifiesto que el proceder de la Sala responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 constitucional, ya que desde que la sentencia adquirió firmeza, esto es, el quince de diciembre de dos mil veintidós, -al haber transcurrido los cuatro meses a que se refiere el numeral 52, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- al tres de julio de dos mil veintitrés, -en que inició de oficio el procedimiento de ejecución- transcurrieron, aproximadamente siete meses, sin que de modo alguno se requiriera el acatamiento de la sentencia y menos aún que se hiciera uso de los medios de apremio previstos en la ley para su cumplimiento; de ahí que no se ha logrado su cumplimiento, de conformidad con la legislación ordinaria, con lo cual la referida Sala responsable deja al libre arbitrio de la autoridad demandada el plazo para dar cumplimiento a la precitada sentencia. En razón de lo anterior, la dilación para que se administre justicia a la parte quejosa, se traduce en la omisión de dictar las medidas conducentes en los términos y formas descritas en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de evitar la actualización de violaciones de carácter negativo o abstenciones, en tanto que las actuaciones, deben apegarse a los plazos y términos legalmente establecidos, a fin de no retardar injustificadamente el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. En efecto, de las constancias que integran el sumario constitucional no se aprecia que al día de la presentación de la demanda de amparo (seis de junio de dos mil veintitrés) o durante el trámite del juicio, la demandada cumpliera con la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo de origen el quince de agosto de dos mil veintidós en el juicio ***; lo que pone de manifiesto la dilación excesiva para acatar esa resolución firme. De los artículos 1°, párrafos primero y tercero, y 17, párrafos segundo y séptimo , de la Constitución Federal, se obtiene que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; además, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, la garantía de impartición de justicia no se limita a establecer que la justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita, sino que vela por su oportuna materialización, esto es, por la ejecución de las resoluciones de los tribunales. Así, la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones definitivas no fueran acatadas de manera pronta y expedita por quien se encuentra obligada a ello, pues de ser así, el objeto de la función jurisdiccional, el cual consiste en resolver las controversias entre los particulares o entre éstos y los órganos públicos, no tendría trascendencia y sería estéril, más cuando quien obtiene resolución favorable a sus intereses no puede obtener su cumplimiento por omisión o retardo, ya sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello. En tales condiciones, si las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son definitivas y poseen la fuerza de la cosa juzgada, como acontece en la especie; crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual es correlativa del derecho de un particular; de modo que cuando se desobedece, o se deja de cumplir ese fallo se priva a un individuo del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley, y sin que la negativa, la omisión o la resistencia estén, de alguna manera, legalmente fundadas y motivadas, o justificadas. Ahora, de los datos narrados en el considerando sexto de esta sentencia se aprecia que existe una sentencia ejecutoria, en la que se ordenó al demandado, delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Chiapas, a que realizara lo siguiente: "I.- Ha sido procedente el juicio de nulidad interpuesto por el C. ***. II.- La parte actora, en el presente juicio ordinario, probó parcialmente los extremos de su acción, en consecuencia; III.- Se declara la nulidad tanto de la impugnada providencia de 17 de septiembre del 2020, como de la confirmada resolución de concesión número 1251095 de 10 de octubre del 2012, que se precisan en el Resultando 1º; en la forma y términos indicados en el Considerando Tercero, apartado A,1, página 22, de este fallo. IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada de 17 de septiembre del 2020, en la forma y para los efectos indicados en el Considerando Tercero; apartado B,3, páginas 49 y 50, de la presente sentencia. (.)". Sin que de autos se advierta que, previo o durante el trámite del juicio de amparo, el delegado demandado cumpliera con ese fallo. En esa medida, está probada la falta de cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio admnistrativo, y la falta de diligencia en el trámite de ejecución de sentencia por parte de la Sala instructora, lo que evidencia la transgresión al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal; en esa medida, resultan fundados los conceptos de violación, lo que impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso ***. NOVENO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez deberá realizar lo siguiente:  Emita las determinaciones conducentes en el juicio administrativo ***, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós; lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado. DÉCIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ***, contra los actos reclamados consistentes en I) la omisión de acatar en el término legal la resolución firme y ejecutoriada dictada en el juicio contencioso administrativo ***, atribuido al a) jefe y/o responsable de la Unidad Jurídica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y b) responsable de la Subdelegación de Prestaciones de dicho Instituto; así como el diverso consistente en II) la omisión de acordar los escritos presentado el catorce de marzo y veinticuatro de mayo de este año, reclamado a la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, respectivamente. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a *** contra la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ***, atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez; por las consideraciones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el diverso noveno de la misma. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe."

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