Ricardo Alfredo García Anaya

Expediente 109/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
109/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Alfredo García Anaya
  • Ricardo Alfredo García Anaya y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis terminada de engrosar el treinta y uno de agosto pasado, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo promovido por *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el doce de febrero de dos mil dieciséis, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos y Coordinador de Ministerio Público Encargado del Área de Narcomenudeo de la Fiscalía, Zona Norte, ambos con morada en esta ciudad, a quienes reclamó el auto de vinculación a proceso de tres de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, así como la negativa a otorgarle el beneficio de la libertad bajo caución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de quince de febrero de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a las víctimas y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución de órgano jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos y de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y persecución del Delito, Zona Norte, ambos con sede en esta ciudad, los actos siguientes: a. El auto de vinculación a proceso de tres de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple b. La determinación de cinco de febrero de dos mil dieciséis en la que se efectuó la revisión de la medida de prisión preventiva. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y persecución del Delito, Zona Norte, residente en esta ciudad, negó los actos que se le endilgan al señalar que ni el auto de vinculación ni la revisión de medida impugnados son propios de sus funciones. Ante la negativa de la autoridad responsable, es al quejoso a quien corresponde la carga de acreditar los actos que imputa, sin embargo, en la especie el accionante del amparo omitió aportar algún medio de prueba para tal efecto. De manera que, se tienen como inexistentes los actos en análisis reclamados a la referida fiscal. Dada la inexistencia de los actos procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, indicó que es cierto que en audiencia de tres de febrero de dos mil dieciséis decretó auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, al considerar al quejoso partícipe en la comisión del hecho que la ley tipifica como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple. También, expresó que es cierto que el cinco de febrero de este año se realizó la revisión de medida cautelar (prisión preventiva). Para corroborar lo anterior, se exhibieron los discos versátiles que contienen video grabadas las audiencias en las que se nombró defensor, se efectuó el control de detención, se formuló imputación, se fijó fecha y hora para audiencia, se realizó el control de medidas cautelares, así como, la audiencia de vinculación a proceso y la diversa diligencia de revisión de prisión preventiva (foja 29); además, la documental consistente en copia certificada del auto de vinculación a proceso y de la revisión de medida que se reclama (fojas 19 a 28), probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos ********************, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Análisis del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados son infundados. El quejoso aduce que el acto reclamado le causa agravio y le deja en total estado de indefensión debido a que se incumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para oírlo en defensa, tal como se establece en el artículo 14 de la Constitución Federal. Argumenta que todo procedimiento está sujeto a que se desarrollen distintas etapas que configuran la garantía de audiencia previa, para que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, de la cuestión materia del debate, la posibilidad de oponer su defensa, la oportunidad de alegar y que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. También, el accionante del amparo alega que para el dictado del auto de vinculación que impugna debió respetarse lo estatuido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, debió dictarse en apego al marco jurídico, fundada y motivada. Tales motivos de disenso son infundados tal como se evidenciará más adelante. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama será a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 161, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El treinta de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 274, 275 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la parte accionante del amparo y otro. En la audiencia de esa data, el aquí quejoso ******* manifestó su voluntad de no rendir declaración preparatoria respecto de los hechos que se le imputaron. La representante social formuló imputación por el hecho que consideró constitutivo del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de narcótico (marihuana), previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, que prevé una pena de prisión de diez meses a tres años. El artículo que prevé tal injusto, es el siguiente: 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. Posteriormente, en la audiencia de vinculación a proceso, al resolver la situación jurídica de los imputados, el juez de la causa indicó los hechos que les fueron, atribuidos consistieron en que el día veintisiete de enero de dos mil dieciséis en ******* ubicado en *******, en esta esta ciudad, fueron encontradas dos personas en posesión de marihuana (uno de ellos con un peso total de ******* y la otra persona con un peso total de *******), narcóticos que tenían sin la autorización de la Secretaría de Salud y sin tener elementos para estimar que tal posesión fuese con fines de comercio o suministro. Tales hechos los pudo inferir de la narración de antecedentes efectuada por el fiscal, de entre los cuales destacó el informe de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, suscrito por *******, *******, *******, ******* y *******, en su calidad de agentes de policía Estatal Única División Investigación, quienes informaron que aproximadamente a las diecisiete horas con quince minutos del día del evento el radio operador les informó sobre una agresión con armas de fuego al interior del *******. En razón a lo anterior, los agentes se dirigieron a dicho sitio, al llegar ya se encontraban unidades de Secretaría de Seguridad Pública Municipal y agentes Estatales de la Unidad de Delitos Contra la Vida; los trabajadores del hotel les indicaron que los disparos los escucharon en la habitación marcada con el número cincuenta. Los agentes se acercaron y vieron al interior de la cochera un vehículo color ******* con *******, al costado estaba en el suelo un masculino sin vida sobre una mancha de líquido hemático abundante, en el interior se encontraba otro masculino sin vida, además había varios cartuchos percutidos. Los elementos policiacos ingresaron a la habitación porque escucharon ruidos, encontraron a un costado de la cama a una mujer de nombre ******* a quien le solicitaron que saliera para realizar una inspección. También, en la parte de arriba de la habitación al subir las escaleras vieron cerca del baño a tres hombres que responden a los nombres de *******, ******* y *******, a quienes le solicitaron salieran para poder inspeccionarlos. Al seguir verificando el lugar, los agentes localizaron en el jacuzzi a un costado una rejilla removida de su lugar un arma de fuego tipo subametralladora color negro, cargador metálico y un cargador negro con catorce cartuchos útiles -objetos a los cuales elementos de Servicios Periciales les tomaron fotografías sin manipular, los fijaron y aseguraron-. Destaca de lo narrado por los elementos, que al revisar a ******* y a *******, les encontraron a cada uno un envoltorio de polietileno transparente con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, razón por la cual formalizaron su detención a las diecisiete horas cuarenta minutos en el interior del *******. El natural también consideró la forma de revisión e inspección de persona que el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis realizó el agente ******* al accionante ******* en la que señaló que el envoltorio de polietileno transparente con hierba verde seca con características a la marihuana, se la encontró en la bolsa derecha del pantalón, evidencia que aseguró con el acta respectiva y la hizo acompañar con acta de cadena y eslabones de custodia. A tales datos de prueba el juez de control les reconoció valor por tratarse de actas de actividad de agentes de Policía Estatal Única quienes actuaron con motivo y en ejercicio de sus funciones en cumplimiento a las obligaciones que se les confiere en el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales, además, porque desde su perspectiva no existían elementos para considerar que los agentes policiacos actuaron falsamente o con algún interés en el asunto, por eso es que se les otorgó valor tales informes de la Policía Estatal. El juzgador de garantía, también apreció la pericial en materia de química que realizó la perito ******* el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, quien al practicar el análisis gravimétrico y químico instrumental sobre los envoltorios o sobre el contenido de los envoltorios que fueron asegurados, concluyó corresponde a marihuana la hierba en cantidad de ******* asegurada a ******* y la sustancia con un peso de ******* que se le encontró a *******, lo que es considerado narcótico en términos del artículo 234 de la Ley General de Salud. A dicho dictamen pericial el juez le reconoció valor probatorio dado que lo realizó perito oficial, con conocimientos técnicos y científicos en la materia que dictaminó, además rindió su experticia con motivo y en ejercicio de sus funciones lo cual le reveló su imparcialidad por no tener algún interés en el asunto. Así vistos los hechos imputados y los antecedentes, el juez estimó que efectivamente se cometió un actuar que la ley castiga como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión, pues los activos fueron encontrados con hierba verde que la perito química corroboró es marihuana con un peso total de 20.4 gramos y uno de 30.4 gramos. Así, el juez de la causa señaló que los agentes delictivos tenían el narcótico en una cantidad que supera los cinco gramos de dosis permitida, pero sin exceder de cinco mil gramos; por tanto, dada las circunstancias del caso consideró una posesión simple del narcótico, ya que no existían elementos para estimar que era con fines de comercio o suministro. También, el natural estableció que los actores del evento delictivo no acreditaron contar con autorización de la Secretaría de Salud para estar en posesión de la marihuana. En cuanto a la probabilidad de que el quejoso ******* y el coinculpado ******* cometieron el ilícito anteriormente establecido, el natural estimó que en su contra obra un señalamiento directo por parte de los agentes de la Policía Estatal Única que los aprehendieron, pues del informe de revisión e inspección de personas signado por *******, dicho agente señaló que al aquí quejoso se le encontró en la bolsa derecha del pantalón un envoltorio de polietileno transparente que contenía lo que la perito concluyó eran ******* de marihuana y al diverso coinculpado otro elemento policíaco le encontró en la bolsa izquierda del pantalón que vestía un envoltorio similar con ******* de marihuana y ambos agentes delictivos no contaban con la autorización de la Secretaria de Salud. El juez consideró que los imputados tuvieron una participación en los hechos como autores materiales de conformidad con la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado, ya que por sí mismos estuvieron en posesión del narcótico; además, obraron dolosamente de conformidad con la fracción I del artículo 18 del Código Penal del Estado, al estimar que es conocido en el común de la gente que estar en posesión de marihuana es algo que está prohibido por la Ley. Así, al no haber demostrado más allá de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excelente de incriminación, el juez de control consideró que sí estaban reunidos los requisitos para vincular a los imputados a proceso. Ahora contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. El accionante del amparo aduce que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, dado que se le privó de su libertad mediante un juicio en el que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Tal planteamiento es infundado, pues en la especie, previo a la emisión del auto de vinculación a proceso que se reclama se infiere que se respetó la garantía de debido proceso. Además, se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, que en materia penal, consisten en la oportunidad que se otorga al inculpado de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses. Se afirma lo anterior, debido a que, al quejoso se le hizo saber quién lo acusa, la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que conociera los hechos punibles que se le atribuyen y contestara el cargo; el derecho a tener una defensa adecuada, prerrogativa que ejerció al señalar defensora pública; se le hizo saber el derecho a declarar con absoluta libertad o abstenerse de hacerlo, a lo cual, en audiencia de formulación de imputación manifestó que se reservaba su derecho a declarar en relación con los hechos que se le imputaban; y se le explicaron los objetivos o procedimiento a seguir a lo largo de cada audiencia. De manera que, es infundado el motivo de inconformidad hecho valer por la defensa, pues para el dictado del auto de vinculación que se impugna se respetaron las formalidades del procedimiento en materia penal. En otro aspecto, el quejoso afirma que el acto reclamado es violatorio de la garantía prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está debidamente fundado y motivado. No asiste la razón a la accionante del amparo. Del reseñado acto reclamado este juzgador advierte que el natural señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida a la enjuiciado se subsume en las hipótesis normativas previstas por el dispositivo 477 de la Ley General de Salud. Asimismo, estableció puntualmente cuales son los hechos que se imputan y que estos se consideran como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, con pena privativa de libertad. Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10a), expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de dos mil trece, Materia Penal, que se puede consultar en la página 757, con registro 2004857, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Aunado a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso se precisó que la hipótesis de participación que se actualizaba respecto del aquí quejoso es la prevista en el numeral 21 fracción I de la legislación sustantiva de la entidad; también se plasmaron los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del accionante en la comisión de los hechos que le imputa el representante social, al ser labor de los juzgadores de control determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el inculpado conozca a ciencia cierta cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le imputa. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] En este mandato constitucional se establece que la autoridad judicial en toda resolución debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en los aspectos señalados por la accionante del amparo. Con base en lo antes expuesto, se obtiene que el auto de vinculación a proceso que se reclama satisface las exigencias contempladas en el artículo 19 Constitucional, por lo que su dictado no resulta violatorio de derechos humanos. Máxime que para motivar un auto de vinculación, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, sino únicamente que los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Sobre el particular, sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 222763, que expresa: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. SÉPTIMO. Examen constitucional de la revisión de medida cautelar. El quejoso reclama la revisión de medida cautelar de cinco de febrero de dos mil dieciséis, sin hacer valer concepto de violación en su contra. No obstante, a fin de dar seguridad jurídica se procederá al análisis de la misma, con la finalidad de verificar su constitucionalidad. Es menester precisar que el artículo 157 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, señala que las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en juicio; garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido; y evitar la obstaculización del procedimiento. En este sentido, para imponer la prisión preventiva como medida cautelar debe atenderse a lo dispuesto por el numeral 173 que establece que sólo es aplicable cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: I. El imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia; II. Exista riesgo de obstaculización de la investigación o del proceso; III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad; IV. El imputado ya esté siendo procesado por la comisión de diverso delito doloso; o V. El imputado cuente con antecedentes penales o policiacos, o incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye. Además, el Juez de Garantía no podrá dejar de imponerla en aquellos que la permitan, en los delitos de: homicidio doloso; violación; secuestro; secuestro exprés; extorsión; robo de vehículos automotores cometido con violencia en las personas o cosas; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Así como los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad: delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en el supuesto de los artículos 181, segundo párrafo y 184; pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; y trata de personas, en el supuesto previsto en el artículo 198, tercer párrafo, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. En la especie, en la audiencia de treinta de enero de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público solicitó que se fijara al aquí quejoso ******* y a su coimputado medida cautelar consistente en prisión preventiva establecida en la fracción XII, del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado. El fiscal indicó que se actualizaban los requisitos establecidos en el artículo 170 y 173 fracciones III y V del código adjetivo de la materia y fuero, al existir una presunción razonable de que los imputados se sustraerían de la acción de la justicia, obstaculizarían el proceso y representan un riesgo para la sociedad. Ello, al considerar que podrían escapar dada la pena a que asciende el ilícito que se les imputa, además que existen procesos pendientes en su contra y específicamente aquí peticionario de amparo tenía antecedente ante Fiscalía General sobre su detención por delitos de portación de arma de fuego de siete de agosto de dos mil seis. Frente a tal solicitud, la juzgadora de garantía dio el uso de la voz a la defensa para que hiciera alguna manifestación. La defensora pública indicó que era desproporcional la medida solicitada toda vez que aun cuando fuesen condenados los imputados podrían alcanzar el beneficio de alguna salida alterna, además de que existe oficio en el que se establece que no cuentan con antecedente penal y si bien están sometidos o se les pretende formular imputación por diversos delitos, ello no ha acontecido, es decir, no están sujetos a algún otro procedimiento. La juez cerró el debate e indicó que los datos para identificar a los imputados que fueron descritos al comienzo de la audiencia y fueron registrados ante el tribunal. Estableció que los hechos que se les atribuyen fueron los expuestos por la representante social, cuya calificación jurídica fue efectuada en el auto de vinculación (los imputados presuntamente poseían marihuana en envoltorios de polietileno cada uno en cantidad de 30.4 gramos y con un peso de 20.4 gramos). Así estimó que era procedente imponer al quejoso y al coimputado la medida cautelar de prisión preventiva que se prevé en el numeral 169, fracción XII, del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues en el numeral 173 de la referida legislación establece que debe aplicarse cuando el imputado esté siendo procesado por la comisión de diverso delito doloso, o cuente con antecedentes penales o policiacos. La juez estableció que se encontraba justificada la medida ante la presunción de que los detenidos se sustrajeran a la acción de la justicia, se garantizará su presencia en el juicio, además, que si bien el delito que se les atribuye tiene una penalidad menor, los imputados tienen procesos pendientes dentro del Tribunal de Garantía, asuntos por hechos similares a los que se investigan y registros policiacos. Así, al considerar los requisitos establecidos en los artículos 170 y 175 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de acuerdo con la fracción XII, artículo 169, de la legislación precitada, impuso la medida cautelar consistente prisión preventiva por un plazo que no podrá exceder de diez meses a vencer el dos de marzo de dos mil quince. Luego, en audiencia de cinco de febrero de dos mil dieciséis, la defensora de oficio solicitó la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. En dicha diligencia la juzgadora cuestionó a la defensa sobre la existencia de alguna causa que hubiese modificado las condiciones por las cuales se decretó la medida cautelar, ante lo cual la defensora indicó que las condiciones eran las mismas. Así, dado que lo alegado por la solicitante de la revisión no era distinto a lo considerado por la otrora juzgadora al imponer la medida, se estimó procedente mantener la prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. Con base en lo expuesto, se estima que la prisión preventiva impuesta al peticionario del amparo no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues como lo dijo el juzgador existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. En relación con el tópico de la prisión preventiva los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen: 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. [.] 8. Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Tal precepto prevé el denominado derecho a la libertad personal, así como la existencia y regulación de la prisión preventiva, pues establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Además, dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, la cual tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y precisa que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Del artículo 8.2 de dicha convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus preceptos 18 y 19, dispone: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. [.] 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. [.] La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. [.] De los numerales en comento se infiere que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva; el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de secuestro. En la especie, la fiscal acusó al quejoso de la comisión del hecho que la ley considera como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión (marihuana), además, indicó que el accionante contaba con procesos ante la Fiscalía y registros policiacos, antecedentes que la juez consideró razón suficiente para imponer la medida precautoria en comento, lo que implica una presunción razonable de que el imputado representa un riesgo para la sociedad y que podría sustraerse de la acción de la justicia. Además, la medida cautelar fue impuesta por un plazo máximo de diez meses, y si la Constitución Federal en su artículo 20, fracción IX, prescribe que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, es inconcuso que la imposición de la medida no es violatoria de derechos, pues la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. Corrobora lo dicho, la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 1, Materia Constitucional, que se publica en la página 493, con registro 2001432, del tenor siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. Con base en lo expuesto, este juzgador estima que la ratificación de la medida cautelar es procedente y no existía razón para que al momento de efectuar la revisión de la medida de prisión preventiva se pudiese modificar a una menos gravosa, dado que las circunstancias por las que se dictó no habían cambiado, tal como lo aceptó la propia defensa. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto de los actos reclamados por el quejoso. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, respecto de los actos endilgados a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y persecución del Delito, Zona Norte, con morada en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* respecto del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el tres de febrero de dos mil dieciséis, así como la revisión de medida cautelar de prisión preventiva emitida el cinco del mismo mes y año, actos dictados en la causa penal *******, que reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, domiciliado en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al fiscal que realizó la imputación en la causa penal de origen. Así lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de ******* secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, hoy es el quinto día de los ocho concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Garantía del Supremo Tribunal de Justicia; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por último, agréguese a los autos la notificación del Agente del Ministerio Público tercero interesado, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.

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