Ricardo Antonio Canul Cocon

Expediente 930/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
930/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Antonio Canul Cocon
  • Agente del Ministerio Publico Adscrita Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término con en el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tal motivo y en virtud de que no interpuso el respectivo medio de impugnación, téngase a dichas partes conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, se hace notar que este asunto no se tramitó el incidente de suspensión, ni cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán a veintidós de agosto de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio SSP/DJ/ME-36608/2023, de tres de los corrientes, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el siete de julio de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa********************Asimismo, por auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a fin de que se reintegre a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que le fueron afectados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión del amparo instado, para que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia: - Deje sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto), de siete de junio de dos mil veintitrés, en la que se sancionó al quejoso con un arresto administrativo por treinta y seis horas." Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la autoridad administrativa en uso de sus atribuciones pueda llevar a cabo un arresto por hecho diverso, pues se trata de una facultad potestativa de ésta, la cual podrá ejercer, siempre y cuando respete la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del referido arresto administrativo correspondiente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió el oficio SSP/DJ/ME-36608/2023, de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte, que dejó insubsistente la resolución de siete de junio del año en curso, en el que se decretó un arresto administrativo de treinta y seis horas al aquí quejoso********************Asimismo, para acreditar su dicho, anexó la copia debidamente certificada del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, lo que se corrobora con la constancia que anexó a su oficio SSP/DJ/ME-36608/2023. De lo expuesto en líneas precedentes, se tiene que la responsable ha restituido en pleno goce de los derechos violados a la aquí parte quejosa, al haber quedado sin efectos la orden de arresto emitida en su contra; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio SSP/DJ/ME-36608/2023, de tres de los corrientes, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente en esta ciudad, y anexo, con los cuales informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 930/2023-III, promovido por ******************** a favor de********************; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a declararla abierta, sin la asistencia de las partes, ni legítimo representante de ellas. La Secretaria de Juzgado hace relación del escrito de demanda, y del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar; y por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, que ya obra agregado en autos, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable, remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la detención de la parte quejosa, a fin de acreditar la legalidad de los actos reclamados. A lo que la Jueza acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de cuenta, en virtud a su propia naturaleza, con lo que se cierra esta etapa y se continúa con la subsecuente. Acto continuo, en el período de alegatos, se hace que ninguna de las partes hizo manifestación alguna, por lo que se declara cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni alegato ministerial de la Agente del Mnisterio Público adscrita a este Juzgado, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 930/2023-III, promovido por ******************** a favor de********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de junio de dos mil veintitrés, el Secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, recibió la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de********************, en la que se solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la detención, incomunicación y malos tratos de los que era víctima la parte quejosa. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de misma fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo, a reserva de que fuera ratificada por el directo quejoso, lo cual fue realizada en diligencia de esa misma data; asimismo, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se solicitó a las autoridades responsables su informe de suspensión de plano y justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, mediante constancia actuarial de fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, el directo quejoso ratificó la demanda de amparo promovida a su favor sólo por lo que ve a los actos relativos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. De ahí que no se continuó la tramitación de la demanda de amparo por cuanto a las autoridades denominadas como FISCAL GENERAL DEL ESTADO, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y FISCAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN CON DETENIDO, todas con sede en esta ciudad, tramitándose el presente juicio únicamente teniendo como responsable al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto actos emitidos por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la directa quejosa reclama de la autoridad responsable, la detención fuera de procedimiento de que fue objeto, así como su incomunicación. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por conducto del Director Jurídico, con sede en esta ciudad, señalado como autoridad responsable, negó el acto reclamado consistente en la incomunicación de que aduce el quejoso fue objeto; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, aunado a que, el ocho de junio del año en curso, el Actuario adscrito a este Juzgado, al entrevistarse directamente con el quejoso, hizo constar que éste no realizó manifestación alguna en relación a su supuesta incomunicación. Motivo por el que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde al referido acto y autoridad señalado en este considerando. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la detención del directo quejoso, pues de las constancias que remitió el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte que efectivamente********************, fue detenido el siete de junio del año en curso, y recluido en la cárcel pública de esa Secretaría, con motivo de un arresto que le fue impuesto en esa referida data; de ahí que deba de tenerse por cierto el acto reclamado a esa autoridad. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que el aludido Director Jurídico remitió como justificación de los actos de la responsable, entre las que se encuentran el informe policial homologado de siete de junio de dos mil veintitrés, de donde se desprende el motivo de la detención del directo quejoso, así como del determinación administrativa relativa a la orden de arresto que le fue impuesta. Documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Una vez sentado lo anterior, en este considerando se analizará el acto reclamado, consistente en la orden de arresto administrativo que le fue impuesta al quejoso********************, reclamada del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En el caso, debe decirse que procede la suplencia de la queja, en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que remitió el Director de la Secretaría de Seguridad del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte una violación de índole formal, máxime que el acto reclamado está relacionado con la libertad del directo quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." Ahora bien, de las constancias que obran en autos, cuyo valor probatorio ya ha quedado establecido en el considerando cuarto, se advierte el informe policial homologado de siete de junio de dos mil veintitrés, del que se aprecia que el quejoso********************, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por alterar la paz y el orden público. Como consecuencia de lo anterior, el Director Jurídico de la citada dependencia, le impuso un arresto de treinta y seis horas. Ahora bien, a fin de sustentar que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales del quejoso, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es necesario transcribir dichos preceptos en lo conducente dicen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento" El primer artículo transcrito establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier gobernado frente a actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia pues, atendiendo a su naturaleza, se garantiza a una persona que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar a una persona de sus bienes o libertades, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que rigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- a una persona, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación, se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar a la persona la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Así, al advertir que la parte quejosa******************** alteraba el orden público, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tomando en consideración que la conducta del mismo encuadraba en los numerales 13 y 16 del Reglamento de Policía Municipal, se apoyó en el numeral 1 fracción IV, del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, para imponerle un arresto de treinta y seis horas. El cual constituye un acto de privación total, porque se le impediría gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición de dicho arresto, es que cumpla con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, ya que dicho arresto causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso de tiempo que estuviera privado de su libertad. Por ello, el arresto que aquí se reclama se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse el arresto, el daño ocasionado al quejoso, como se dijo, sería de difícil reparación. Ahora bien, tocante a las formalidades esenciales del procedimiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Novena Época, estableció: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." La jurisprudencia transcrita revela que el derecho fundamental de audiencia obliga a la autoridad a otorgar a una persona, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja a la persona en estado de indefensión. En el caso, no se cumplieron esas formalidades en el procedimiento instaurado contra la parte quejosa, iniciado el siete de junio de dos mil veintitrés, cuenta habida que si bien fue puesto en libertad en esa propia fecha, lo anterior fue con motivo de la suspensión de plano que fue otorgada por esta Juzgadora. En efecto, se afirma lo anterior, pues al momento de su detención no se advierte que se le haya hecho saber el inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra, comunicándole sus derechos humanos y fundamentales; así también, se evidencia, que el mismo día en que llevó a cabo la detención del impetrante de amparo (siete de junio del dos mil veintitrés), se inició el procedimiento respectivo y se dictó la resolución en la que se le impuso el arresto de treinta y seis horas. Lo que permite inferir que previamente a ser sancionado, no se le respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Situación que se corrobora de las constancias remitidas con el informe justificado, de cuyo contenido no se aprecia que se le haya dado oportunidad de ofrecer pruebas y alegar a su favor, dada la premura en el dictado de esa determinación. En otras palabras, el directo quejoso fue detenido, se le leyeron sus derechos como detenido, a continuación se le dictó la resolución que decretó su arresto por treinta y seis horas y luego quedó en libertad con motivo de la suspensión de plano decretada por esta Juzgadora, sin que durante ese lapso, se aprecie que se le haya informado sobre la naturaleza del procedimiento en su contra, ofrecer pruebas o alegar, todo lo cual evidencia la transgresión de las formalidades mínimas y esenciales de cualquier procedimiento, y por ende, la violación de su garantía de audiencia y defensa. Es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional no desconoce que las personas, como en el presente caso, tienen el deber de cumplir con las normas administrativas y, por otro lado, el juicio de amparo no constituye un instrumento para eludir esa responsabilidad de aquéllos, en la medida que los autorice para realizar actos en contra de la norma; sin embargo, los órganos jurisdiccionales que resuelven dicho proceso constitucional, únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por analogía, por las razones que lo sustentan la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, que dice: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento." Por otro lado, a más de no respetarse las formalidades del procedimiento, la orden de arresto reclamada en sí misma, también es violatoria del diverso artículo 16 Constitucional, ya que carece de motivación, lo que constituye una violación formal del acto. Cabe señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 Constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; en tanto que dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. La fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a las personas estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, decretó el siete de junio del año en curso, contra el quejoso******************** un arresto de treinta y seis horas, en tanto que se determinó que la conducta realizada por la parte quejosa, encuadraba en la prevista en los artículos 13 y 16 del Reglamento de Policía y buen Gobierno del Municipio de Mérida. Así, la autoridad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1, fracción IV, de dicho ordenamiento legal, le impuso la sanción consistente en el arresto por treinta y seis horas. Al respecto, si bien es cierto que la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le compete la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad. También es verdad que del acta de calificación de sanción de la parte quejosa, se advierte lo siguiente: - La responsable no motivó por qué encuadró la conducta que atribuye al quejoso encuadra en los preceptos contenidos en los numerales 13 y 16 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, ordenamiento que estima lo facultaba para ello; -Por qué consideró aplicarle la sanción de treinta y seis horas de arresto, y - Por qué se apoya en el artículo 1, fracción IV, el cual no existe ni establece ninguna sanción. - De la revisión del ordenamiento legal aplicable se aprecia que el dispositivo normativo que regula la sanción a imponer, es el artículo 28, fracción IV, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, el cual no señala un límite mínimo de horas, por lo que éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad de tiempo que sirve para la imposición de esa medida de apremio. De ahí que, en todo caso, la autoridad, al imponer un arresto mayor al mínimo, se encontraba obligada a razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar su duración de esa sanción, pues es necesario para ello tomar en cuenta los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su caso, en el artículo 28, fracción III, del Reglamento citado (arresto hasta por treinta y seis horas) el elemento objetivo que corresponde a la gravedad de la infracción determinada, así como el subjetivo que refiere a las circunstancias personales del infractor (cuando se establezca una sanción pecuniaria), para así poder graduar el tiempo de arresto que le corresponde y así cumplir con el derecho de fundamentación y motivación previsto por el artículo 16 Constitucional. En efecto, se puede establecer que no basta que la autoridad responsable al momento de calificar el tipo de sanción administrativa que le corresponde a la conducta desplegada por la parte quejosa, le haya fijado un arresto por veinticuatro horas, sin establecer los razonamientos lógicos-jurídicos que expliquen el por qué aplicó ese reglamento y fijó un arresto por horas, mayor al mínimo de las establecidas en el citado numeral, lo cual evidentemente conculca los derechos constitucionales de la parte quejosa. Así, la autoridad responsable, al momento de establecer como sanción administrativa al arresto, puede fijar ya sea la temporalidad mínima, que sería un hora, o bien, hasta la temporalidad máxima, que serían treinta y seis horas, pero debe de expresar las razones que la obligan a determinar dicha temporalidad, lo cual no sucedió en el presente asunto, pues como ya se estableció en párrafos precedentes, la autoridad responsable fijó como arresto, la temporalidad de veinticuatro horas (mayor al mínimo de horas), sin motivar su actuar, es decir, omitió expresar los motivos y las circunstancias que consideró para fijar dicho plazo y no por uno diverso. Apoya a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 126/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, de rubro y texto siguientes: "SANCIONES ADMINISTRATIVAS. LAS NORMAS QUE LAS ESTABLECEN NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, CUANDO EN DISTINTOS PRECEPTOS LEGALES SE ENCUENTREN DEFINIDOS. La norma que prevé una sanción o afectación cuya imposición corresponde a una autoridad administrativa, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica cuando el legislador acota de tal manera la actuación de aquélla, que aunque le dé un margen que le permita valorar las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción o conducta antijurídica, el gobernado pueda conocer las consecuencias de su actuar e implique que la determinación adoptada por la autoridad, dentro del marco legislativamente permitido, se encuentre debidamente fundada y motivada, a fin de que la decisión tomada se justifique por las circunstancias en las que se suscitó el hecho. Por tanto, para la evaluación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos que establecen las sanciones administrativas, debe analizarse la ley en forma sistemática y armónica, de manera que dicha evaluación no puede realizarse mediante un análisis aislado de los preceptos legales, ya que puede contener, en otros de sus artículos, la definición de elementos que sirvan para acotar la conducta de la autoridad." También sirve de sustento a lo resuelto en este asunto, en lo conducente, la jurisprudencia I.5OA.J/10, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2366 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, Materia Administrativa, de texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial." Por tanto, es evidente que la responsable se encontraba obligada a señalar los aspectos antes mencionados y, al no hacerlo así, es evidente que dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, pues se desconoce los razonamientos por los que se le situó en ese grado para llegar a la conclusión de fijar esa sanción y temporalidad. En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, contravino el derecho contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insatisfacción de las formalidades previstas en dicho ordinal, por no haber externado las consideraciones que tuvo en cuenta al pronunciarse como lo hizo, lo cual resultaba ineludible e indispensable, a fin de que la parte quejosa, estuviera en aptitud de hacer uso de sus derechos, mediante las manifestaciones respectivas. En consecuencia, al no motivar debidamente su determinación, el actuar de la autoridad resulta contrario a los derechos constitucionales de debida fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 Constitucional. Bajo esas condiciones, lo que procede en la especie es conceder al directo quejoso******************** el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a fin de que se reintegre a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que le fueron afectados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión del amparo instado, para que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia: - Deje sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto), de siete de junio de dos mil veintitrés, en la que se sancionó al quejoso con un arresto administrativo por treinta y seis horas. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la autoridad administrativa en uso de sus atribuciones pueda llevar a cabo un arresto por hecho diverso, pues se trata de una facultad potestativa de ésta, la cual podrá ejercer, siempre y cuando respete la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del referido arresto administrativo correspondiente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ******************** a favor de********************, respecto del acto atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la incomunicación que adujo fue el quejoso objeto, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos indicados en la quinta consideración de esta resolución y para los efectos señalados en el sexto subsecuente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado que autoriza. Doy fe.

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