Ricardo Alonzo Dzul Cardos

Expediente 681/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
681/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Alonzo Dzul Cardos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de trece de junio del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    VII. Vista la demanda de amparo promovida por Sasha Judith González Cárdenas, a favor de Ricardo Alonzo Dzul Cardos, contra el acto que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otras autoridades. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la promovente Sasha Judith González Cárdenas reclama de las autoridades responsables, la orden de aprehensión librada contra el directo quejoso Ricardo Alonzo Dzul Cardos, y su ejecución. Ahora bien, en el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 5, fracción I, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ahora bien, al respecto, debe decirse que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia agraviada, siendo el caso que quien impetra la protección constitucional, debe ser precisamente quien resiente en su esfera jurídica, la afectación por el acto de autoridad reclamado; es decir, para acudir a la vía constitucional, debe contarse con la legitimación activa respectiva. Así, la promovente Sasha Judith González Cárdenas, solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a favor de su esposo Ricardo Alonzo Dzul Cardos, reclamando la orden de aprehensión librada contra éste. En ese sentido, no resulta admisible dicha demanda de amparo, suscrita por la promovente a favor del directo quejoso, sencillamente porque la orden de aprehensión supuestamente librada contra éste, no se encuentra contemplada en el catálogo del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece limitativamente los supuestos en que es permisible la presentación de la demanda a favor del directamente afectado por el acto reclamado. De manera que, al no ser dable que la promovente del presente asunto inste la acción constitucional a favor del directo quejoso, tratándose del referido acto reclamado, no es procedente admitir dicha demanda. Ello, cuenta habida que, se reitera, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 5 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él. Sin embargo, debe puntualizarse que en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de la Materia; b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo); y, c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo, según el artículo 15 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, la promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de su esposo, sin que hubiere acreditado encontrarse en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser mandataria, exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensora del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 15 del ordenamiento invocado, debe considerarse que la solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Máxime que, en el caso, la promovente no hizo mención alguna, en su escrito de demanda, en relación a alguna circunstancia que impidiera al directo quejoso suscribirla personalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 272, del Tomo VII, Enero de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como autorizadas a las personas que expresamente indica, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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