Ricardo Alfonso Perez Perez
Expediente 819/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Alfonso Perez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el toca 192/2018, relativo a la queja interpuesta por el quejoso Ricardo Alfonso Pérez Pérez, contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja referido. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de garantías, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número 5881 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que recibió y admitió en ese Tribunal el recurso de queja interpuesto por el quejoso Ricardo Alfonso Pérez Pérez, contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso, integrándose el Toca número 192/2018 de su índice, y declaró su competencia legal para conocer del asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el escrito signado por el promovente Ricardo Alfonso Pérez Pérez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3052/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el escrito signado por Ricardo Alfonso Pérez Pérez, parte quejosa en este asunto, con el cual cumple con la prevención realizada en proveído de diecinueve de los corrientes, al aclarar el acto que reclama, así como los antecedentes del mismo; por ende, téngase por cumplida la prevención contenida en proveído ya señalado, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Alfonso Pérez Pérez, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esa determinación, resulta necesario precisar que las manifestaciones vertidas por la parte promovente en la demanda de amparo que instó bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituye un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el auto de veinticinco de junio del año en curso, en el que el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, no accede a la petición del quejoso mediante el cual solicita se cancele la rectificación de inscripción o anotación de propiedad hecha por el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, respecto de un predio a favor de Ofelia Estibaliz Cabrera, y en consecuencia se inscriba la correspondiente escritura de adjudicación de remate a favor del aquí quejoso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1425/2010 del índice de dicha autoridad. A juicio de este juzgador, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, en lo referente al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, dictado en el juicio de origen, en el que no se accedió a la cancelación de la rectificación de inscripción o anotación de propiedad hecha por el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, respecto de un predio a favor de Ofelia Estibaliz Cabrera, y en consecuencia se inscriba la correspondiente escritura de adjudicación de remate a favor del aquí quejoso, en virtud de que la autoridad se declara incompetente en el juicio de origen, toda vez que lo dirimido en tal asunto refiere a un acto propio del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, que fue la autoridad emisora del acto de rectificación de inscripción o anotación de propiedad, por tanto el acto impugnativo deriva de dicha autoridad administrativa, y no del juez mercantil. Como se anunció párrafos previos, se actualiza la aludida causal de improcedencia, pues en contra del citado acuerdo reclamado, el quejoso estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Es sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, décima época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte de la parte quejosa. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte, que en el caso el quejoso no agotó el recurso de revocación ya que dicho medio de impugnación era el procedente, pues los decretos no son recurribles mediante la apelación. En efecto, el acuerdo combatido en este juicio de derechos fundamentales en su parte conducente dice: "(.) Ahora bien, se tiene por presentada a Wendy Carolina Segovia Cocom con su memorial de cuenta haciendo manifestaciones a las que se contrae solicitando se cancele la rectificación de inscripción o anotación de propiedad hecha por el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán respecto del predio número trescientos de la calle treinta y tres de la Colonia Salvado Alvarado Sur de esta ciudad a favor de Ofelia Estibaliz cabrera y en consecuencia se inscriba la correspondiente escritura de adjudicación de remate a favor de RICARDO ALFONSO PEREZ PEREZ petición que no es de accederse ni se accede de acuerdo a lo siguiente: si bien en proveído de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete el entonces juez del conocimiento se declaró competente para conocer la controversia planteada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, relativo al juicio Contencioso Administrativo promovido por RICARDO ALFONSO PEREZ PEREZ en contra del Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán señalando como terceros perjudicados a Omar Cardeña Pacheco y Ofelia Estibaliz Cabrera, esta juzgadora disiente de las razones por las cuales el anterior juez aceptó competencia en cuestión toda vez que lo dirimido en tal asunto contencioso administrativa refiere a un acto propio del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán que fue la autoridad emisora de dicho acto de rectificación de inscripción de inscripción o anotación de propiedad por tanto, el acto impugnado deriva de dicha autoridad administrativa y no del juez mercantil del entonces conocimiento quien únicamente ordenó que se liberaran los gravámenes que tenía el predio número trescientos de la calle treinta y tres de la Colonia Salvador Alvarado Sur de esta ciudad hoy adjudicado a favor de RICARDO ALFOSNO PEREZ PEREZ y no así la multicitada rectificación por lo tanto si el acto de autoridad administrativa únicamente puede ser cancelado por una orden de autoridad judicial ello únicamente deberá instarse únicamente mediante el juicio correspondiente en el cual se oiga a los interesados (.). Ahora bien, el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio por disposición expresa de los numerales 1054 y 1063, dice: "Articulo 220.- Las Resoluciones Judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de tramite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." Del contenido del numeral transcrito se desprende, que son decretos aquéllas determinaciones de simple trámite, con las que se da cuenta con la promoción respectiva y que no disponen otra cosa más que la de dar contestación a los libelos que se presentan ante las autoridades judiciales que no trastoquen el desarrollo de un proceso que ante ellas se llevan; autos son las resoluciones que dilucidan algún punto en el proceso y por lo tanto, sus consecuencias trascienden al negocio en lo principal; y sentencias, son las que deciden el fondo del negocio, además que estas exigen los requisitos de forma que la leyes señalan. Consecuentemente, el acuerdo transcrito párrafos previos, encuadra en la definición de un decreto porque no decide un punto dentro del negocio para ser auto, ni mucho menos decidió el fondo del negocio, simplemente recayó a la contestación de un escrito del aquí impetrante de garantía. Por tal motivo, como se indicó líneas precedentes, en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación como medio idóneo para combatirlo, de conformidad con los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que disponen lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." En efecto, del contenido de los artículos antes transcritos se desprende, que los autos que no son apelables pueden ser revocados; ahora bien, los decretos únicamente serán revocados. Es claro que el legislador federal implementó un medio de impugnación para revocar los decretos que surjan de los juicios ejecutivos mercantiles, ante el tribunal de alzada, el cual es el recurso de revocación. En esa tesitura, como la parte quejosa no impugnó el acto reclamado por la vía idónea ante la alzada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el juicio. De lo anterior, se colige que contra el decreto reclamado en este juicio procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que el mismo no resultaba apelable, dado que no se trata de un auto que decida sobre el negocio o se trate de una sentencia, ni se trata de un auto, que contenga una disposición que impida en términos absolutos la continuación del procedimiento de ejecución o que cause un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución de la sentencia; esto, con base en el citado numeral 1339 y 1345 del Código de Comercio, que establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". También sirve de sustento al anterior razonamiento, en lo aplicable, la tesis de jurisprudencia 3ª. /J. 14/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, relativa a la Octava Época, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE SENTENCIA. LA RESOLUCION QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: "De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior"; de ahí que a la resolución en que se niega la ejecución de una sentencia, no puede considerársele como de aquellas que directamente tienden a ejecutarla, porque, en primer lugar, no se pronuncia con el fin de que se dé cumplimiento a la sentencia, al negar la autoridad judicial su ejecución; y, en segundo término, porque dicha resolución, en rigor, tiene autonomía propia, pues no será materia de estudio en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, tal resolución debe ser impugnada mediante el recurso ordinario procedente establecido en la ley, previamente a la interposición del juicio de amparo." Dejando sentado al respecto que, dado que el acuerdo reclamado en este juicio no resulta apelable dada la naturaleza del mismo conforme a lo establecido en el artículo 1334 del referido código de la materia, lo procedente era la interposición del recurso de revocación, al resultar evidente como se dijo, que dicho decreto no resuelve algún aspecto del negocio ni el fondo del negocio. Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni los quejosos son personas extrañas al procedimiento, sino que son parte demandada en el mismo, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen y como ellos mismos lo reconocen en la demanda de garantías. En ese orden de ideas es inconcuso que en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1425/2010, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el recurso que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, sobreseer en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por RICARDO ALFONSO PEREZ PEREZ, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El criterio anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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