Ricardo Antonio Fierros Rodriguez

Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
848/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Antonio Fierros Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 123/2022, relativo al recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja; y en el segundo, confirmó el auto recurrido. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, se advierte que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud, y Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud, todos con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, así como no obran en autos los acuses que acrediten que hayan recibido las comunicaciones en las que se hizo el requerimiento respectivo, a fin de estar en aptitud de celebrar la audiencia incidental correspondiente. En consecuencia, toda vez que no es posible celebrar la audiencia en comento, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley dela materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Atento a lo anterior, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Rafael Domingo Briceño Pinzón, contra el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo en vigor, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídase su informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la citada ley y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, en el entendido que deberán contar con el acuse de recibo por parte de este Juzgado de la recepción del mismo, para considerarse rendido. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad responsable, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, resulta procedente analizar lo relativo a la suspensión del acto reclamado al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 116/2017. Al efecto, para resolver sobre la suspensión provisional solicitada, resulta oportuno realizar algunas consideraciones jurídicas sobre la naturaleza de la suspensión en el juicio de amparo. Ahora bien, el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se compone de los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo. El párrafo primero del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.". Por su parte, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." El citado precepto constitucional dispone que, para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. Pero además, dado el marco Constitucional aplicable, con el otorgamiento de la medida no se debe seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, y el otorgamiento de la medida nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Como aspectos básicos relacionados con la figura de la suspensión de los actos reclamados, cabe señalar que su objeto es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, desde luego, siempre que reúnan los requisitos de procedencia. Otro de dichos aspectos, estriba en que la suspensión puede otorgarse cuando la naturaleza del acto lo permita y siempre que no se afecte al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; además de que dichas figuras se ven afectadas, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. También debe ponderarse que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que cuando se trata de resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio social o al orden público, atendiendo justamente a los principios mencionados de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Como se ve, el numeral 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como el contenido de los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, muestran que el legislador ahí dispuso aspectos a considerar por el juzgador en cuanto a los requisitos que el solicitante de la suspensión peticionario de garantías debe reunir para su concesión, a saber: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros perjudicados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamando con notorios perjuicios para el quejoso. Entonces, los preceptos señalados disponen que los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo son: 1. Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados (previsto en el arábigo 128, fracción I, de la Ley de Amparo). 2. Que sean presuntivamente ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión (previsto en el numeral 107, fracción X, constitucional).4. Que la suspensión definitiva no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho (artículos 107, fracción X, constitucional y 128, fracción II y 138 de la Ley de Amparo). Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional estará en condiciones de conceder la suspensión y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía, en los términos previstos en el arábigo 132 de la Ley de Amparo.Atendiendo a las consideraciones anteriores, por lo que ve al acto reclamado al Juez Primero Mercantil Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 116/2017, se niega la medida cautelar, por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza del mismo, equivaldría a darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia registrada bajo el rubro:"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie".Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional de las consecuencias del acto reclamado, que se traducirían en que no se tenga por fincado y adjudicado el predio rematado en autos del juicio ejecutivo mercantil 116/2017, a favor del ahora quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de mantener las cosas en el estado que actualmente guardan y no se ejecute en contra del ahora quejoso apercibimiento alguno, para evitar que se produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Hágase lo anterior del conocimiento de la tercera interesada BERTHA PATRICIA RUIZ PIÑA, a fin de que se encuentre en aptitud de manifestar lo conducente, ello, en términos de la tesis de jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Notifíquese y personalmente a la tercero interesada.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe previo rendido vía electrónica por el Director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad de México; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que en proveído de dos de los cursantes, se tuvo a la mencionada autoridad responsable, rindiendo su informe previo respectivo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano