Ricardo Alonso Chan Mezo

Expediente 2396/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2396/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Alonso Chan Mezo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia definitiva, pues si bien no obran en autos el acuse de recibo de los oficios por medio del cual se le comunicó la citada sentencia a las autoridades responsables, las cuales tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, el auto admisorio y la sentencia que sobreseyó en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto depurable. Finalmente, en atención a que el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado informó en su oficio FGE/DJ/AMP/FISC/061/2022, acordado en auto de diecisiete de enero del año en curso, que con motivo de la vista concedida en este juicio de amparo respecto de los actos de tortura señalados al momento de ratificar la demanda, se abrió el acta de investigación V1-G4/000002/2022 con la finalidad de determinar la posible existencia de un hecho delictivo y continuar su investigación; con fundamento en el artículo 20, apartado C., fracción I, de la Constitución, se ordena hacer lo anterior del conocimiento de la parte quejosa a efecto de que, en caso de estimarlo pertinente, comparezca ante la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, a efecto de hacer valer sus derechos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, en suplencia del Fiscal General, con sede en esta ciudad de Mérida, con un anexo que adjunta, quien, en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, informa las gestiones realizadas en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 60/2021, de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Este juzgado toma nota de lo manifestado por el Vicefiscal, para los efectos legales conducentes. Finalmente, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el proveído citado en párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y un minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 385/2017-I, promovido por Ricardo Alonso Chan Mezo, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la presencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales ya obran en autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales que el Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, adjuntaron a sus informes justificados y a sus informes correspondientes a la suspensión de plano. Asimismo, se da cuenta con las constancias remitidas por el Juez de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, a su oficio acordado en auto de veintidós de diciembre dos mil veintiuno. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su especial naturaleza jurídica. En el periodo de alegatos, se da cuenta con que las partes no hicieron uso de este derecho. Finalmente, al no haber diligencia pendiente por desahogar ni alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2396/2021-VI, promovido por Ricardo Alonso Chan Mezo contra actos del Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, ante el secretario de guardia de este Juzgado, Alejandro Calcaneo Lugo, en representación de Ricardo Alonso Chan Mezo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos al Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 constitucionales. SEGUNDO. En proveído de cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, a reserva de ser ratificada, la que quedó registrada con el número 2396/2021-VI; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación y respecto a la suspensión de plano, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que previo diferimiento tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta correspondiente. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ratificada la demanda de amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De lo anterior, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. En el caso en concreto, el quejoso reclamó la incomunicación y detención fuera de procedimiento ejecutadas en su contra. TERCERO. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto que reclama el quejoso consistente en la incomunicación ejecutada en su contra que atribuye al Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, pues ambas autoridades negaron su existencia al momento de rendir sus informes justificados. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiera exhibido prueba alguna a efecto de desvirtuar esas negativas a pesar de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se encontró en aptitud de aportar medios convictivos para tal efecto, por tanto se tiene como inexistente ese acto reclamado. En esas condiciones, se debe sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables aludidas y por el acto consistente en la incomunicación ejecutada en su contra. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 284 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 236, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables, Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no era cierto el acto que se les reclamó, consistente en la detención del quejoso. Sin embargo, posterior a sus respectivas negativas, ambas autoridades formularon diversos argumentos encaminados a justificar sus actuaciones, de los cuales se desprende la existencia de la detención reclamada. Por tal motivo deben desvirtuarse sus negativas y tener por existentes el acto reclamado, para efectos de esta sentencia. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN EJECUTADA. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia que bajo el número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" Al respecto, la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación del órgano jurisdiccional mencionado, ha emitido el criterio visible en la página doscientos diecinueve del Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como el criterio la Tercera Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página mil quinientos setenta y tres del Tomo LXIV, de igual cuerpo compilatorio y época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en las partes que interesan, se colige que para la actualización de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Previo a señalar por qué se actualiza la causa de improcedencia mencionada, conviene apuntar que de las constancias remitidas por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Tizimín y el Juez Primero de Control del Tercero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, se advierte que mediante oficio sin número, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el aludido Fiscal, solicitó fecha y hora a efecto de realizar la audiencia inicial del ciudadano Ricardo Alonso Chan Mezo; quien fue detenido el cuatro de diciembre del mismo año y puesto a su disposición por su probable participación en la comisión el hecho delictivo denominado contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del narcótico denominado Cannabis, previsto y sancionado por los artículos 473, fracción V, VI, VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud. Asimismo, se advierte que el propio Juez de Control celebró la audiencia inicial el siete de diciembre siguiente, en donde ratificó la detención del ahora quejoso y, trascurrido el plazo constitucional respectivo, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, lo vinculó a proceso como probable autor material directo del hecho delictivo antes mencionado. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, es de concluirse que en el caso operó un cambio de situación jurídica, respecto a la privación de la libertad o detención reclamada, al haber sido judicializada la carpeta de investigación de origen e incluso haberse calificado de legal la propia detención y vinculado a proceso al ahora quejoso, pues el fiscal investigador dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia; pues en el caso, la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez de Control, que tendrá a cargo la instauración del procedimiento penal respectivo. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia analizada. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causa de improcedencia que se actualizó, acorde con la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción XVII, 63 fracción V, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Ricardo Alonso Chan Mezo contra los actos que reclamó del Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, consistentes en la detención e incomunicación ejecutadas en su contra; lo anterior, por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado y su anexo, remitidos por el Fiscal en Jefe en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación Tizimin; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

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