Rebeca Godínez Torres
Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Godínez Torres y Otros.
- Rebeca Godínez Torres
- Ylda Leticia Godínez Torres
Actuaciones
- Principal
OFICIO Agréguese el oficio del Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual comunica que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se registró la misma con el número de juicio de amparo 416/2021, en esas condiciones, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previa las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Acúsese recibo del oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 584/2021-II-D, promovido por Alfredo López Godínez, quien se ostenta endosatario en procuración de Ylda Leticia y Rebeca de apellidos Godínez Torres; en virtud de que, por acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, dicho Tribunal determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de veintitrés de junio pasado, para conocer del referido asunto. ACTO RECLAMADO Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Jueza Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: Del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán el auto de 27 de mayo de 2021, en virtud del cual desechó el escrito inicial presentado por el suscrito. Acto reclamado que fue publicado en las listas de la autoridad responsable el 28 de mayo de 2021 y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, su notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el 31 de mayo de 2021, empezando a correr los términos judiciales para los efectos legales conducentes al día siguiente, es decir, a partir del 1 de junio de 2021." Asimismo, bajo protesta de decir verdad, indica que el once de mayo de dos mil veinte -sic-, solicitó al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, dictar la providencia precautoria consistente en la retención de diversos bienes de Martha Leticia González Torres, quien las registró con el número expediente 233/2021, y mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, previo admitir a trámite el procedimiento judicial de ejecución de garantía prendaria sin transmisión de posesión, previno a las quejosas para que regularizaran su pretensión; no obstante, una vez que cumplieron con tal requerimiento, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, desechó su demanda. De lo anterior, se advierte con toda claridad que el acto reclamado se dictó y tuvo ejecución material en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, municipio que no se ubica dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal. INCOMPETENCIA. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así, conforme a tales preceptos, este órgano federal declara carecer de competencia legal por territorio, para conocer de la demanda de amparo que ahora nos ocupa, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se dictó y se llevó a cabo en el municipio de Tanhuato, Michoacán, habiendo sido dictado por una autoridad con dicha residencia. Es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 584/2021-II-D, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
CORREO ELECTRÓNICO Agréguese a los autos el correo electrónico que remite la autoridad que lo suscribe, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo la boleta de turno correspondiente a la incompetencia planteada en el presente asunto, de la que se desprende que la demanda que le dio origen a éste fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo López Godínez, quien se ostenta endosatario en procuración de Ylda Leticia y Rebeca de apellidos Godínez Torres, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 585/2021-III-D. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Jueza Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán IV.- ACTO RECLAMADO: Del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán el auto de 27 de mayo de 2021, en virtud del cual desechó el escrito inicial presentado por el suscrito. Acto reclamado que fue publicado en las listas de la autoridad responsable el 28 de mayo de 2021 y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, su notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el 31 de mayo de 2021, empezando a correr los términos judiciales para los efectos legales conducentes al día siguiente, es decir, a partir del 1 de junio de 2021" Así del análisis integral de la demanda se advierte que se reclama el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno que desechó su escrito inicial, esto es, una determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo da por terminado. Ahora, este juzgado federal estima que carece de competencia para conocer y resolver el presente asunto por razón de vía, ello en atención a los razonamientos siguientes. El artículo 170 de la Ley de Amparo, determina sustancialmente lo que a continuación se transcribe: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito". Además, el artículo 171 de la Ley de Amparo, dispone que las violaciones a las leyes del procedimiento deberán hacerse valer al reclamarse la sentencia definitiva, a saber: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". Por tanto, toda vez que lo reclamado se trata de una resolución que puso fin a un juicio, este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase a la oficialía común de partes de los Tribunales Colegiados de este Circuito, pues se estima que la Competencia surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que resulte necesario que se haya agotado el principio de definitividad, pues será el tribunal de alzada el competente para hacer el pronunciamiento respectivo. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenido en la tesis con registro 2008791, cuyo rubro y contenido establecen lo siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, instrúyase a la Analista Jurídica SISE y al actuario judicial de la adscripción para que hagan la habilitación del usuario que indicó que indica el promovente -"AlfredoLopezGodinez"-, a fin de que se encuentre en aptitud de consultar e instar dentro del expediente electrónico de este juicio de amparo. De igual forma, como lo pide se autoriza al actuario adscrito para que por ese medio se le hagan las notificaciones derivadas de este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que la quejosa opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrá acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberá generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia.
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