Regina Arias Del Rio

Expediente 568/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
568/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Regina Arias Del Rio
  • Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Micoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 20107/2019, a través del que se le notificó el proveído de dos de octubre del año en curso y se devolvieron las constancias que allegó al juicio en que se actúa para justificar su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído veintidós de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se negó y por otra se concedió la protección constitucional y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio de amparo II-575/2018 es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del presente expediente los datos precisados con antelación, así como en el incidente de suspensión II-575/2018. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales mencionados con antelación, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el referido incidente de suspensión. Dado que del sumario se aprecia que las autoridades responsables Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, allegaron las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo ha concluido, siendo innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán por recibidas a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: REGINA ARIAS DEL RÍO (TERCERA INTERESADA EN EL JUICIO DE AMPARO II-575/2018),ASÍ COMO EL TERCERO INTERESADO: RAMÓN RODRÍGUEZ SOLÍS, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 325) para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por lo que se procede a realizar el pronunciamiento correspondiente a determina si se cumplieron o no, las obligaciones impuestas en el fallo protector, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. i. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: - El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 208), concluyó el engrose de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con los resolutivos siguientes: "PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Rodríguez Solís, contra el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los razonamientos contenidos en el considerando sexto de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara ni protege a Regina Arias del Río, contra el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos contenidos en el último de los considerandos". - El citado Ramón Rodríguez Solís no estuvo conforme con la anterior determinación, por lo que interpuso en su contra recurso de apelación (foja 235), del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo primer Circuito, con residencia en esta población, en donde se registró con el número 53/2019 (foja 259). - Así, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 263), el Pleno de ese órgano colegiado dictó sentencia en el aludido medio de impugnación, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida dictada por este órgano jurisdiccional, por los motivos que se leen en la parte considerativa de dicho fallo. - En atención a lo anterior, mediante proveído de dieciocho de julio del año que transcurre (foja 298), este juzgado federal solicitó al magistrado responsable el cumplimiento de la sentencia concesoria. - En mérito de lo anterior, mediante oficio 1244 (foja 311) el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, remitió copia certificada de la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 312), que dictó en el toca de apelación I-138/2018, en cumplimiento al fallo protector. - Bajo ese contexto, por auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 325), se dio vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera con relación a la sentencia de cumplimiento; sin que hubiesen hecho manifestación alguna a ese respecto. ii. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Una vez relatados los antecedentes de la sentencia emitida por el magistrado responsable en cumplimiento al fallo protector, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, lo que se hace bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto concedió al peticionario de amparo Eduardo Yáñez Pérez la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, llevara a cabo los actos que se indican a continuación: 1. Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. 2. En su lugar emita una nueva en la que: a) Reitere lo que no fue combatido por la peticionaria de amparo; b) Prescinda de considerar que la litis incidental fue fijada expresamente en cantidad líquida por la incidentista en su escrito de demanda y que de aprobar la planilla por un monto mayor implicaría rebasarla; y c) Una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria. Lo que se determinó en tal sentido, con apoyo en los argumentos de orden legal plasmados en la parte considerativa de tal fallo, que en lo conducente señalan: "[.] Ahora, con base en los antecedentes antes narrados y lo analizado en el marco normativo y conceptual de la presente resolución, este juzgador considera que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa son fundados y suficientes para conceder la Protección Federal a la quejosa. A dicha conclusión se llega dado que asiste razón a la quejosa respecto a que el magistrado indebidamente resolvió que fue correcta la determinación del juez primario en aprobar la planilla de liquidación únicamente por la cantidad propuesta por ésta. Lo anterior se sostiene pues, en abono a lo ya expuesto con antelación, la pretensión de la solicitante de amparo en el incidente de liquidación no radicaba en defender exclusivamente el numerario señalado en su demanda incidental, pues si bien exhibió un avalúo que arrojó esa cantidad de forma referencial para el caso de que su propuesta partitoria fuera aceptada, por lo que en el supuesto de existir oposición del incidentado se ajustaría a la prueba pericial, lo que conduce a estimar que lo solicitado por la peticionaria era obtener el pago del cincuenta por ciento del valor real de los inmuebles materia de la indemnización, por tal motivo, no debe entenderse que la peticionaria señaló como límite de la litis incidental la cantidad señalada en su demanda. Por lo anterior, contrario a lo considerado por el magistrado responsable, de aprobarse la planilla de liquidación por la cantidad arrojada por las pruebas desahogadas en el incidente, no significa que se atentaría contra el principio de congruencia, pues se insiste, la litis incidental debía fijarse respecto a la pretensión de la quejosa, la cual -antes se ha concluido- estribaba en cuantificar el cincuenta por ciento del valor real de los inmuebles materia de la indemnización y no así el pago de la cantidad propuesta en su escrito inicial . [.] Así, dado que del análisis efectuado se obtuvo que la sentencia definitiva condenó al pago de la cantidad correspondiente al cincuenta por ciento del valor real de los inmuebles adquiridos por el demandado dentro del matrimonio, siendo el caso que la pretensión de la quejosa era obtener el pago de lo que le correspondía en razón a dicho porcentaje, pretensión respecto de la cual el demandado incidental estuvo en aptitud de oponerse, resulta inconcuso que la autoridad responsable no debió considerar que la litis incidental tenía como límite la cantidad propuesta inicialmente por la quejosa, pues el objeto de la misma era determinar el valor real de los inmuebles adquiridos dentro del matrimonio y así estar en condiciones de cuantificar el monto que correspondía al cincuenta por ciento que le correspondía a la quejosa. Además, la conclusión precedente también tiene sustento atendiendo los parámetros de la sentencia ejecutoriada que se liquidaba, esto es, de que a la aquí quejosa le correspondía una indemnización por el orden del cincuenta por ciento del valor de los bienes inmuebles enlistados en aquélla, por un lado; y, por el otro, en atención a que, por la naturaleza de la condena, era precisamente la pericial el medio idóneo para cuantificar el valor de los bienes enlistados, de ahí que devenía imposible sostener que la aquí solicitante de amparo tuviera la posibilidad de definir con certeza desde la presentación de su demanda inicial, cuál sería el monto que definiría el juzgador previa valoración de la pericial. [.]". Ahora, para cumplir con tales obligaciones, el magistrado responsable realizó lo siguiente: a). Remitió el oficio 1210, al que adjuntó el proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve (foja 308), mediante el cual dejó sin efectos la sentencia reclamada en este juicio de amparo; y, b). El ocho de agosto referido (foja 312), dictó nueva sentencia en el toca de apelación I-138/2018, en la cual, por un lado, reiteró las consideraciones que no fueron objeto de protección constitucional; y, por otro, determinó que: "Bajo ese contexto y atento a la información proveniente de la sentencia interlocutoria cuyo estudio nos ocupa -fojas 454, 455 y 456 del expediente en que se actúa- se aprecia, que si los valores arrojados por las pruebas periciales rendidas por los tres peritos, respecto de los inmuebles de referencia, son diferentes entre sí de conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicable a los juicios de naturaleza familiar por disposición del artículo 745 de la codificación de la materia, el valor que corresponde a los citados inmuebles es el promedio de los tres avalúos. Así pues, si el valor de todos los inmuebles tomados en consideración, señalados y descritos en las páginas 13 y 14 de la resolución interlocutoria para cuantificar la indemnización que nos ocupa, ascienden a la cantidad de $8,050,970.46 (ocho millones cincuenta mil novecientos setenta pesos con cuarenta y seis centavos), lo que procede -como así lo expone la recurrente- es que ésta suma debe ser el parámetro para la cuantificación respectiva. Y si a ella agregamos que la condena establecida a favor de Regina Arias del Río, en la sentencia ejecutoriada del 25 veinticinco de febrero de 2015 dos mil quince, por concepto de indemnización fue el equivalente al 50% cincuenta por ciento de los bienes que adquirió durante el matrimonio. Es inconcuso, que el monto de la indemnización que debe pagar Ramón Rodríguez Solís a Regina Arias del Río, asciende a $4,025,485.23 (cuatro millones veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con veintitrés centavos). De consiguiente lo procedente es modificar los términos de la sentencia interlocutoria recurrida, en lo concerniente a la cantidad por la cual fue aprobada, para que ahora la misma se rija bajo los siguientes términos: '.En mérito de lo aquí discernido, se aprueba la planilla de liquidación solicitada por Regina Arias del Río por la cantidad de $4,025,485.23 (cuatro millones veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con veintitrés centavos), por concepto de indemnización por lo equivalente al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, prestación a cargo del señor Ramón Rodríguez Solís'. En congruencia con lo anterior, el punto resolutivo SEGUNDO de la interlocutoria de referencia, habrá de regirse de igual forma bajo los siguientes lineamientos: '.SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación de la indemnización solicitada por la actora incidentista por la cantidad precisada en la presente ejecutoria, para los efectos legales conducentes'. Dejándose intocados el resto de los puntos resolutivos de la interlocutoria impugnada". De la trascripción de las constancias remitidas por el magistrado responsable, mismas que gozan de eficacia demostrativa plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que dicha responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, que dictó en el toca de apelación I-138/2018 de su índice. Y, en su lugar, dictó una nueva, en la que reiteró las consideraciones que no fueron objeto de protección constitucional, y declaró procedentes los agravios de la quejosa Regina Arias del Río para modificar la interlocutoria de primera instancia, para el efecto de que se aprobara la planilla presentada por la citada Arias del Río, con base en el valor de los bienes arrojado por los peritajes desahogados en la incidencia de liquidación de origen, esto es, que se autorizara tal liquidación para el efecto de que el incidentado Ramón Rodríguez Solís hiciera a su favor el pago de una cantidad equivalente al cincuenta por ciento del valor total de los bienes que en la propia incidencia se describen -sin sujetarse a la cantidad líquida señalada de forma referencial por Arias del Río en su planilla liquidatoria-, porcentaje que el magistrado responsable dejó cuantificado en $4,025,485.23 (cuatro millones veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con veintitrés centavos). De lo anterior se obtiene que en la sentencia dictada en cumplimiento al fallo protector, se colmaron las exigencias impuestas al magistrado responsable; de igual modo, se aprecia que dicha responsable ordenadora, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo que no se está en presencia de un cumplimiento defectuoso; asimismo, no se advierte una extralimitación de sus facultades, sino que se constriñó a realizar lo ordenado en la sentencia de amparo, por lo que tamposo se presenta un exceso en su actuación. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Resta agregar que no se genera pronunciamiento alguno con relación a la actuación del juez de primera instancia responsable; toda vez que la concesión del amparo contra los actos que se le atribuyeron fue en vía de consecuencia a lo determinación respecto al fallo de segunda instancia, es decir, que su actuación fue como ejecutora del tribunal de alzada, no así por vicios propios; por lo que no se le impuso obligación específica de hacer o no hacer en la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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