Raymundo Sánchez Hernández
Expediente 803/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raymundo Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 14), que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Raymundo Sánchez Hernández, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de esta potestad este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que tuvo por no presentada la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA; RAYMUNDO SANCHEZ HERNÉNDEZ. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se obtiene que la parte quejosa, no compareció ante este juzgado a fin de cumplir con la prevención que se le hizo en proveído de once de julio de dos mil diecinueve (foja 8 a 11), pese a encontrarse notificada para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA; RAYMUNDO SANCHEZ HERNÉNDEZ EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Vista la demanda de amparo promovida por Basilio Cabrera Benítez, quien se ostenta como mandatario jurídico de Raymundo Sánchez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número V-803/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Consideraciones previas. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". De la demanda de amparo se advierte que el promovente comparece en su carácter de mandatario jurídico de Raymundo Sánchez Hernández, no obstante omite exhibir un documento idóneo para acreditarlo, pues si bien refiere tener acreditado dicho carácter ante la responsable no exhibe constancia que así lo acredite y si bien aporta copia simple de la audiencia pericial médica tercera en discordia; sin embargo, de dicha documental no se advierte que tenga reconocido dicho carácter; además es copia simple, la cual carece por sí misma de valor probatorio pleno y sólo constituye un indicio al prudente arbitrio de este juzgador, pues no cuenta con una certificación a cargo de un fedatario público que genere la certidumbre jurídica de su contenido. Habida cuenta que los avances tecnológicos hacen factible que aquélla pudiera alterarse, por lo cual, se insiste, no se tiene certeza de su contenido. Consecuentemente, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Acredite la representación con la que se ostenta, esto es, exhiba el original, copia certificada o cotejada por autoridad en ejercicio de sus funciones, de la actuación en que se otorgó o reconoció dicho carácter. Lo anterior, en virtud a que el análisis de la personalidad es un presupuesto procesal de examen oficioso que el Juez de Distrito debe estudiar al recibir la demanda y, de encontrarse plenamente satisfecho ese requisito, hacerse constar en el acuerdo admisorio; y, en caso contrario, prevenir al promovente, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se determinará lo conducente. Independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece al mandato constitucional contenido en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagran los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, disposición que impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. Al respecto, resulta conveniente traer a colación, la Jurisprudencia P./J. 43/96 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma, se le requiere para que adjunte las copias necesarias de su escrito aclaratorio, así como del documento con el que acrediten su personalidad para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable, tomando en consideración que es una para cada parte. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 124/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1449, tomo II, correspondiente al mes de noviembre de 2016, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el punto preventivo, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley en la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. ? Señalamiento de domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para ese efecto a las personas que indica en el ocurso de cuenta, por así expresarlo el promovente. ? Habilitación de horas inhábiles, firma de oficios, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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