Rebeca Godínez Torres y Otros.

Expediente 585/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Rebeca Godínez Torres y Otros.
  • Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán
  • Rebeca Godínez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Se avocaron al conocimiento. Por recibido el oficio 13882/2021 firmado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, a través del cual, en atención al diverso 1271/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, informa que mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el oficio inicial de incompetencia que se le remitió y sus anexos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró con el número ******************** y la admitió a trámite. Archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Valoración. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se trata de una incompetencia, además de que no se considera de relevancia documental, procédase a su destrucción. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, aceptó el conocimiento de la demanda de amparo correspondiente al juicio 585/2021, promovida por ********************, quien se ostenta endosatario en procuración de ********************, ambas de apellidos********************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, la cual quedó registrada con el número ******************** de su índice, por auto de doce de julio de dos mil veintiuno se avocó al conocimiento y aceptó la competencia planteada; sin que a la fecha obre acuse de recibo en autos. Se solicita acuse. En ese tenor, para estar en condiciones de ordenar archivar el presente cuaderno como un asunto concluido, solicítese al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tenga a bien acusar recibo de los autos originales del juicio de amparo 585/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, o informe la imposibilidad material que tenga para ello. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acúsese recibo del oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 585/2021-III-D, promovido por Alfredo López Godínez, quien ese ostenta endosatario en procuración de Ylda Leticia y Rebeca de apellidos Domínguez Torres; en virtud de que, por acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, dicho Tribunal determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de veintitrés de junio pasado, para conocer del referido asunto. ACTO RECLAMADO Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Jueza Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: Del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán el auto de 27 de mayo de 2021, en virtud del cual desechó el escrito inicial presentado por el suscrito. Acto reclamado que fue publicado en las listas de la autoridad responsable el 28 de mayo de 2021 y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, su notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el 31 de mayo de 2021, empezando a correr los términos judiciales para los efectos legales conducentes al día siguiente, es decir, a partir del 1 de junio de 2021" Asimismo, bajo protesta de decir verdad, indica que el once de mayo de dos mil veinte -sic-, solicitó al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, dictar la providencia precautoria consistente en la retención de diversos bienes de Martha Leticia González Torres, quien las registró con el número expediente 233/2021, y mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, previo admitir a trámite el procedimiento judicial de ejecución de garantía prendaria sin transmisión de posesión, previno a las quejosas para que regularizaran su pretensión; no obstante, una vez que cumplieron con tal requerimiento, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, desechó su demanda. De lo anterior, se advierte con toda claridad que el acto reclamado se dictó y tuvo ejecución material en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, municipio que no se ubica dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal. INCOMPETENCIA. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así, conforme a tales preceptos, este órgano federal declara carecer de competencia legal por territorio, para conocer de la demanda de amparo que ahora nos ocupa, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se dictó y se llevó a cabo en el municipio de Tanhuato, Michoacán, habiendo sido dictado por una autoridad con dicha residencia. Es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 585/2021-III-D, del índice de este órgano de control constitucional, así como las copias de traslado de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la impresión del correo electrónico enviado por sise@cjf.gob.mx; a través del cual remite la papeleta de turno que anexa al comunicado de cuenta; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

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