Rebeca Vega Vitela
Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Vega Vitela
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve , se remitieron al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, los autos originales del juicio de amparo 299/2019, dado que este juzgador carecía de competencia, por razón de turno, para conocer de este sumario; sin embargo, a la fecha no se ha acusado recibo de dicho expediente, ni se tiene conocimiento si se aceptó o no la competencia declinada en su favor. Por tal motivo, y como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se procedió a realizar una búsqueda en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y constatar si existió algún pronunciamiento al respecto, con el resultado de que en acuerdo de veintiséis de marzo de este año, el referido juez de distrito se avocó al conocimiento del sumario 299/2019, radicándolo bajo el número 329/2019. Circunstancias que resultan ser un hecho notorio para este juzgador, en términos del citado numeral 88 del código federal adjetivo civil, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". De ahí que el cuadernillo en que se actúa es un asunto totalmente concluido, por lo que, al no existir acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, toda vez que se dictó un proveído que dio por concluido el juicio, sin decidir el fondo, pues este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y debido a ello es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el oficio de la Juez Tercero de Distrito, en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 72/2019 (número de orden 152/2019), del índice de este juzgado, que le fue remitido para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente a Juan Alejandre Corales, quejoso en el presente, los proveídos de catorce, dieciocho y treinta y uno, todos del mes de diciembre de dos mil dieciocho y catorce de febrero de dos mil diecinueve, en los cuales se tuvieron a las autoridades responsables aceptando los actos que se les atribuyeron; dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondientes y acúsese recibo de estilo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: REBECA VEGA VITELA. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Rebeca Vega Vitela solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Gobernador; Septuagésima Cuarta Legislatura; Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; y, Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso; del Estado de Michoacán. Por los actos reclamados se hacen consistir en: Acto Reclamado: IV.1. La resolución del Congreso del Estado, consistente en el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha, mediante el cual se resuelve el proceso de elección de Fiscal General del Estado y mediante el cual se eligió al C. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado. IV.2. El proceso de elección de Fiscal General del Estado, sustanciado por el Congreso del Estado a través de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, derivado del decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y aperturado con la convocatoria pública emitida por el mismo, mediante el acuerdo número 11, publicado en el periódico oficial del Estado el día 10 de enero del año 2019, y resuelto mediante la determinación consistente en la elección del Fiscal General del Estado, dada a conocer mediante el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado con esa data en el periódico oficial de la entidad. IV.3. A las Comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado la integración de la lista que conformara la decena de aspirantes y que fuera turnada al ejecutivo con los nombres de los aspirantes que deberían ser tomados en consideración para proponer la terna de donde saldría electo el Fiscal General. IV.4. al Congreso en pleno a través de su presidente, la votación y elección del aspirante que resultara electo como Fiscal General (sic). Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número III-299/2019. Consideraciones relativas al turno de la demanda de amparo. Primeramente, es oportuno abordar el estudio relativo al turno de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. Para esto, conviene hacer una interpretación de los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional. Así, tenemos que, esencialmente, se reclama lo siguiente: El proceso de elección de la persona que se designó como Fiscal General del Estado de Michoacán, desde la convocatoria respectiva hasta la publicación del decreto 124 en el que se designa al citado fiscal; Las propuesta de los diez aspirantes para elegir la terna correspondiente; y, La designación de la terna respectiva para la elección del fiscal. Circunstancias que se deben atender puesto que la promovente del amparo Rebeca Vega Vitela ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio al instar la acción constitucional, porque se hace sabedora del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, el establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. De ahí que, se insiste, la protesta de ley que hizo la promovente es, para efectos de este caso, el único elemento con el que cuenta este juzgador; de ahí que se deba tener por cierto, hasta este momento, toda la narración de antecedentes hecha, so pena de incurrir en las penas antes aludidas. Seguidamente, y para efectos de esta determinación, debe atenderse a la certificación secretarial de cuenta, en la que el secretario certificó que se reclaman cuestiones inherentes al procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán; por tal motivo, se trata de un procedimiento administrativo en el que participaron varias personas que aspiraban a ser designadas con dicho nombramiento. Circunstancias que son un hecho notorio por parte de este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia. En esa tesitura, se procedió a realizar una búsqueda en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y constatar si existió algún conocimiento previo por parte de alguno de los juzgados de distrito residentes en esta capital. Con motivo de la referida investigación, se obtuvo que en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, se radicó el juicio de amparo 275/2019, promovido por Gonzalo López Chávez, por los actos que, medularmente, se hicieron consistir en el citado procedimiento de elección del Fiscal General del Estado; juicio constitucional que fue turnado a dicho órgano jurisdiccional el doce de marzo de dos mil diecinueve y que, mediante proveído de catorce siguiente, desechó la demanda en comento. Lo que, de igual manera, resulta un hecho notorio para este juzgador, en términos del citado numeral 88 del código federal adjetivo civil, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Remisión del expediente por razón de turno. Por lo anterior se estima que se actualiza una de las hipótesis de los criterios generales de relación, pues las cuestiones que se reclaman en este asunto tienen su origen del mismo procedimiento administrativo; ya que el procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán -ya sea en una o varias de sus etapas que lo conforman, como son la emisión de la convocatoria, designación de la decena de candidatos a conformar la terna, la propia terna y el decreto de designación correspondiente ha sido cuestionado primeramente a través del diverso juicio de amparo 275/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, el que ya adoptó un criterio sobre el tema debatido, por lo que se actualiza un criterio general de relación para el turno de los asuntos. Es así, que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, regula los criterios generales para el turno de los asuntos de nuevo ingreso, y, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido en sus artículos 45 y 46, señalan, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes. II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; XIII. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, las fracciones II y IV del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Entonces, si el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente de un juicio de amparo que se reclamaron ciertas cuestiones relativas al procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán y se trata del último antecedente de dicho asunto, resulta inconcuso que dicho Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es quien debe conocer del presente juicio. Criterio similar fue sostenido por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la consulta identificada con el oficio SECNO/3382/2018, al indicar que en procedimientos de elección de servidores públicos por parte del Congreso del Estado de Michoacán, debe conocer de todos los asuntos el juzgado que tenga el antecedente más reciente. En tal virtud, remítase este juicio de amparo con sus anexos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo expediente administrativo, tramitado ante las mismas autoridades responsables, respecto del cual ya había conocido aquel órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Suspensión del acto reclamado. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se estima que no hay necesidad de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que los actos reclamados no son de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. Domicilio y autorizados.Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizada a la persona que indica, quien no gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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