Raymundo Gallegos Dagio

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Raymundo Gallegos Dagio
  • Secretario de Relaciones Exteriores con residencia en la Ciudad de México
  • Alexis Agustin Aburto Vargas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto 925/2022, promovido por Christian Arturo Pahua Guzmán, a nombre de los quejosos directos Raymundo Gallegos Dagio, Alexis Agustín Aburto Vargas, Gabino Cornejo Salinas, José Marín Álvarez Lemus, Manuel Alejandro Romo Torres, Juan Leonardo Pedraza García, Gregorio Almonte Cortés, Luis Fernando Torres Beltrán, Jaime García Ortiz y Adrián Herrera Díaz por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20 apartado "A", y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de deportación y/o extradición dictada en contra de los quejosos. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que reclaman actos de autoridades, cuya posible ejecución al momento de la presentación de la demanda se efectuaría en esta ciudad de Morelia, Michoacán. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda, negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte el Secretario de Gobernación, así como el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificados, sin embargo, sí rindieron los informes sobre la suspensión de plano concedida a los quejosos, los cuales cumplen con los requisitos legales necesarios para determinar la existencia o no de las omisiones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de tesis: II.2o.P.25 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado". En dicho informe, si bien las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, lo que resulta suficiente para emprender el análisis de constitucionalidad de fondo en esta sentencia. En ese contexto, se tiene por inexistente el acto reclamado, y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Respecto a los alegatos formulados por la fiscal de la adscripción, la quejosa; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raymundo Gallegos Dagio, Alexis Agustín Aburto Vargas, Gabino Cornejo Salinas, José Marín Álvarez Lemus, Manuel Alejandro Romo Torres, Juan Leonardo Pedraza García, Gregorio Almonte Cortés, Luis Fernando Torres Beltrán, Jaime García Ortiz y Adrián Herrera Díaz. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, se le tiene formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Copias simples. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, rindiendo informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes. Domicilio y delegados. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que expresa en su informe y designando delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo a las personas que precisa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma física y electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.

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