Raúl Tinoco Piedra

Expediente 306/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
306/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Raúl Tinoco Piedra

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Tinoco Piedra, por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno con el número 306/2018 y, fórmese el expediente de que se trata. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio administrativo número C.C.MICH.446/2017, en la cual se determinó infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa respecto a la negativa de pensión de invalides número 17/610190. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, en virtud de que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, para que un acto jurídico pueda ser considerado como de autoridad, aunque sea por equiparación, para efectos del juicio de amparo, es necesario que ese acto reúna iguales propiedades que el acto de autoridad formal. Así pues, la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad, ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante lo anterior, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad, se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas (erga omnes). En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. Así, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciado desde un punto de vista objetivo o material o sea prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y sólo se considera la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza, tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo, de tal suerte que, en los términos del párrafo segundo, fracción II, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, para que un acto de un particular sea "equivalente" a uno de naturaleza legislativo tendría que coincidir con todos esos aspectos. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Para que un particular pudiera emitir un acto equivalente a una función administrativa, tendría que satisfacer todos esos requisitos. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto se materializa, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Debe reiterarse que los requisitos que enumera el citado normativo son los siguientes: 1. Que se trate de un acto unilateral. 2. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. 3. Que ello se realice con fundamento en una ley, y, 4. Que sea obligatoria. Es oportuno señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5o. de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia procede la imposición de una sanción. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica, por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un pacto comisorio. Violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral. Lo contrario significaría que cualquier acto de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, arrendamiento, compraventa, etcétera, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma pues del análisis que se realice del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, suscrita por los Senadores Alejandro González Alcocer, José Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimientos ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional." "A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al respecto, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". También cobra aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." De lo anterior se sigue que los actos reclamados en este juicio, en realidad, no son materia de análisis en el juicio de amparo. Tiene aplicación jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 160995, del rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Finalmente, por las premisas dadas de acuerdo con la forma en que se planteó la demanda de amparo, a las autoridades que se señalaron como responsables, no les asiste ese carácter dado que no están actuando con facultad de imperio, sino como un ente asegurador, es decir, sostiene una relación de particular a particular con la parte quejosa. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados a las personas que menciona en su escrito de cuenta, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.UGA/CFCL/vmv

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