Rebeca Arista Zúñiga
Expediente 1384/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Arista Zúñiga
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Acúsese recibo del oficio 1721/2023, que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa un legajo de copias certificadas del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 270/2022, de su índice, en la que declara infundado el recurso de referencia. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite queja. Visto lo de cuenta, y en atención al contenido del oficio remitido por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, mismo que se registró como queja 270/2022, de su estadística. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 1 Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito suscrito por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. 1.1 Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte quejosa y recurrente, y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán a través de su titular; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************/2022. 2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución definitiva de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la Investigación Laboral número ******************** de la cual fue objeto como trabajadora de Instituto Mexicano del Seguro Social. 2.2. Desechamiento de la demanda de amparo. En relación a lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que el acto que reclama la quejosa al Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán a través de su titular, quien para los efectos del juicio de amparo en que se actúa, no tiene el carácter de autoridad responsable. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", y para ello, se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la referida, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al emitir y ejecutar el acto reclamado, actuó en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su demanda de amparo, se desprende que el reclamo constitucional deriva de la relación laboral originada del cargo que desempeñaba en la categoría de confianza como "******************** Coordinadora de la Zona de Guarderías de 3 Y 4 8 0", adscrita al Departamento de Guarderías de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, que tenía con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que se acredita con las pruebas documentales, consistentes en el "********************", de ********************, oficio ********************, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y constancias relativas al expediente de investigación laboral ******************** constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable al momento de emitirla, no se ubicó en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues es atendiendo a la relación de trabajo que la une con dicha dependencia. Por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. En efecto, pues al estar laborando para el Instituto Mexicano del Seguro Social, es inconcuso que cualquier cuestión derivada del cumplimiento de exigencias, y en consecuencia la terminación de trabajo, debe ventilarse en la vía ordinaria, ante el Tribunal Laboral correspondiente. Circunstancia que en el presente asunto se encuentra acreditada de manera manifiesta e indudable, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se puede constatar que la quejosa intenta combatir a través del juicio de amparo, la determinación en la que se decidió su cese en el puesto de confianza que desempeñaba. Sirve de apoyo por las razones que se exponen, la tesis I.6o.T.26 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Ahora, desde una óptica diversa, tampoco podría aceptarse que en este caso se estuviere ante actos de particular equiparables a los de autoridad porque la afectación a la esfera jurídica de la solicitante de amparo no fue emitida por la patronal de manera obligatoria en acatamiento al deber impuesto por una norma jurídica; sino que se trata de la voluntad de quien figura como patrón, al igual que en cualquier otra relación de trabajo, de cambiar de área o de adscripción a su empleado. En esa tesitura, esa relación se encuentra regulada por las leyes laborales -ya sea la prevista en el apartado B, del artículo 123 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo de forma supletoria a la anterior, incluso de manera mixta, atendiendo a la norma que lo prevea-, así como las leyes y condiciones generales de trabajo que tenga la institución celebradas con su sindicato. De tal suerte que, cualquier controversia que surja en torno a ese vínculo de trabajo, ha de ser sometida a la jurisdicción de los tribunales laborales competentes, quienes tendrán las facultades de analizar no sólo de su aspecto de legalidad, sino además la constitucionalidad y convencionalidad que se pueda reclamar. Entonces, se desprende que la resolución reclamada por la aquí quejosa no puede ser considerado como acto de autoridad, pues si bien la resolución que reclama puede ser analizada en juicio de amparo, primero debe ser judicializada en la vía ordinaria, que es donde se ventilan ese tipo de cuestiones, concretamente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto es, el juicio de amparo puede proteger el llamado efecto horizontal de los derechos humanos que se da entre los gobernados, pero ello será una vez que se judicialice por la vía ordinaria, como ya se dijo con antelación. No está demás agregar, que las autoridades ordinarias son las competentes en primer orden para proteger esa afectación de derechos humanos. Sirve de apoyo en lo conveniente la jurisprudencia número 2a./J. 2/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 953, con número de registro 2021563, de rubro y tenor siguiente: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD. Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como en la de amparo -ambas de junio de 2011- tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Así, si bien las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo no constituyen disposiciones generales en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza materialmente normativa, por lo que para efectos exclusivos del juicio de amparo directo, basta que se señale como acto reclamado el laudo dictado en un juicio laboral en el que, a su vez, se haya planteado alguna pretensión con base en una de esas cláusulas contractuales, para que su oposición con la Constitución Federal o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte pueda introducirse en el juicio de amparo, independientemente de que en el juicio ordinario se haya demandado la nulidad respectiva. Lo anterior, en el entendido de que para que proceda el estudio de esos temas, es indispensable que el quejoso haga un planteamiento efectivo, cuando menos como causa de pedir advertida de los argumentos opuestos en la demanda de amparo, pues sólo así surgirá la actualización de un problema de constitucionalidad". En tales circunstancias, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo. 3. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que adjunta copia cotejada de su cédula profesional. 4. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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