Rebeca Barrera Lemus
Expediente 1084/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Barrera Lemus
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, fracción IV , del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rebeca Barrera Lemus, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décimo Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1084/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE, derivado del acta de aseguramiento de inmueble celebrado el día 15 de agosto del año 2021, dos mil veintiuno, realizado por el Agente del Ministerio Publico Lic. JESÚS ANTONIO MACEDA MARTÍNEZ, respecto del inmueble de mi propiedad ubicado en la calle de Ana María Gallaga número 203-A, "Local Comercial" colonia centro de Morelia, Michoacán, mismo que fue asegurado, dentro de la carpeta de investigación xxx 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. ****************************************En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. ****************************************Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". ****************************************4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ******************** (...)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.);"******************** ********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."****************************************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."****************************************"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."****************************************De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir:****************************************A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame;********************O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.****************************************Salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor.****************************************Entonces, siguiendo el marco jurídico de referencia, el acto reclamado identificado se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada.****************************************En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décimo Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, el aseguramiento de inmueble realizado mediante acta de quince de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que aduce de su propiedad, ubicado en la calle Ana María Gallaga número 203-A, "Local Comercial", colonia centro, de Morelia, Michoacán, dentro de la carpeta de investigación ********************.****************************************De lo narrado en la demanda, concatenado con sus anexos, se obtiene que la quejosa se duele de la afectación siguiente:****************************************". Con fecha 15 de agosto de 2021, dos mil veintiuno, llegó al Domicilio ya referido un convoy de patrullas de la Guardia Civil, comandados por la Agente del Ministerio Público, Lic. JESÚS ANTONIO MACEDA MARTÍNEZ, se introdujeron de manera violenta al bien inmueble referido, "local Comercial" ubicado en la calle de Ana María Gallaga número 203-A, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, realizando supuestos actos de investigación (.) y al retirarse sin dar explicación alguna pusieron en las rejas del inmueble diversas lonas asegurando el inmueble (.)**************************************** . si bien soy dueña del inmueble donde se ubica el local comercial asegurado, como lo acredito con copia la certificada de la escritura, razón de ello, es que resulta ilegal y arbitrario el aseguramiento parcial del inmueble referido, ya que únicamente se aseguró el local comercial donde estaban las maquinitas del juego, pero el resto del inmueble tienen otros locales que rento y vivo en la parte alta del inmueble, habida cuenta que no se me entregó documento alguno de parte de las autoridades que realizaron el cateo y aseguramiento, que fundara y motivara el actuar de las autoridades señaladas como responsables".****************************************Atento a lo anterior, de la narración de hechos realizada bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su ocurso de cuenta, se advierte que el quince de agosto de dos mil veintiuno, se apersonaron al domicilio ya referido elementos de la corporación policiaca que menciona, con la finalidad de realizar actos de investigación, derivados de la carpeta de investigación ********************, lo que originó el aseguramiento que señala como acto reclamado; inclusive, refiere que vive en la parte alta del inmueble y en la fecha en que se llevó a cabo tal diligencia no se le entregó documento alguno de parte de las autoridades que lo llevaron a cabo, pues al retirarse únicamente colocaron en las rejas del inmueble diversas lonas que daban cuenta del aseguramiento practicado.****************************************Por otra parte, del acuerdo emitido el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ********************, por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, señalado como autoridad responsable, al cual se le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -el cual adjuntó a su demanda la justiciable-, del capítulo denominado "considerando" en que se detallan algunas actuaciones realizadas en dicha indagatoria, se advierte que:****************************************Mediante escrito de nueve de mayo de dos mil veintidós, suscrito por la apoderada de Rebeca Barrera Lemus, solicitó la devolución del inmueble ubicado en la calle Ana María Gallaga, número 203-A, del centro de la ciudad de Morelia, Michoacán.****************************************Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se declaró improcedente dicha solicitud.****************************************Lo cual le fue notificado vía correo electrónico proporcionado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y como medio alterno por estrados de dicha Unidad Especializada el veintisiete siguiente.****************************************La petición de entrega que fue reiterada mediante ocurso de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la cual fue declarada nuevamente improcedente en auto de tres de enero de dos mil veintitrés.****************************************El cual le fue notificado vía correo electrónico el tres de enero de dos mil veintitrés, y como medio alterno por estrados en la misma data.****************************************Finalmente, el veintiséis de junio del año en curso, la citada apoderada de la quejosa reiteró la solicitud de entrega del multicitado inmueble, en atención a la cual fue emitido el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que se le dijo que su petición ya había sido materia de análisis en autos de veintiséis de mayo de dos mil veintidós y tres de enero de dos mil veintitrés. ****************************************Así, es evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la Ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedora del mismo, esto es, del quince de agosto de dos mil veintiuno.****************************************Por ello, resulta evidente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido -diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil veintiuno- ha fenecido, pues la demanda fue presentada hasta el dieciocho de agosto del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata.****************************************Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado".****************************************Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado".****************************************No pasa desapercibido para este juzgado el hecho de que la quejosa refiere en su escrito inicial de demanda que se hizo sabedora del aseguramiento que constituye el acto reclamado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, lo que pretende justificar con el acuerdo dictado en esa data por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación ********************; sin embargo, como quedó precisado en párrafos precedentes, su contenido no puede justificar dicha data en que la quejosa refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado; contrario a ello, de su literalidad es dable concluir que por ocursos de nueve de mayo y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, así como veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la apoderada jurídica de la quejosa intentó que el aseguramiento decretado en el inmueble que en esta vía defiende fuera levantado y, por ende, devuelto, sin que sus peticiones se hayan acordado favorables. ****************************************Por ende, que con anterioridad a la fecha que menciona, tuvo conocimiento del aseguramiento reclamado e incluso intentó que le fuera devuelto. ****************************************Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.****************************************Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada; máxime que la propia quejosa adjuntó prueba documental de la carpeta de origen que sirve de sustento para actualizar de forma manifiesta e indudable dicha causa. ****************************************Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: ****************************************"DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo".******************** ********************Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica:****************************************"DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico".****************************************Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1o. Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación; de ahí que, las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable.****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:****************************************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA".****************************************5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.****************************************Asimismo, por lo que ve a las diversas personas que menciona se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, por así haberlo solicitado expresamente.****************************************6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico).****************************************7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ****************************************Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.****************************************Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO O AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rebeca Barrera Lemus, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décimo Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1084/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE, derivado del acta de aseguramiento de inmueble celebrado el día 15 de agosto del año 2021, dos mil veintiuno, realizado por el Agente del Ministerio Publico Lic. JESÚS ANTONIO MACEDA MARTÍNEZ, respecto del inmueble de mi propiedad ubicado en la calle de Ana María Gallaga número 203-A, "Local Comercial" colonia centro de Morelia, Michoacán, mismo que fue asegurado, dentro de la carpeta de investigación xxx 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. ****************************************En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. ****************************************Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". ****************************************4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ******************** (...)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.);"******************** ********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."****************************************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."****************************************"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."****************************************De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir:****************************************A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame;********************O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.****************************************Salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor.****************************************Entonces, siguiendo el marco jurídico de referencia, el acto reclamado identificado se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada.****************************************En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décimo Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, el aseguramiento de inmueble realizado mediante acta de quince de agosto de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que aduce de su propiedad, ubicado en la calle Ana María Gallaga número 203-A, "Local Comercial", colonia centro, de Morelia, Michoacán, dentro de la carpeta de investigación ********************.****************************************De lo narrado en la demanda, concatenado con sus anexos, se obtiene que la quejosa se duele de la afectación siguiente:****************************************". Con fecha 15 de agosto de 2021, dos mil veintiuno, llegó al Domicilio ya referido un convoy de patrullas de la Guardia Civil, comandados por la Agente del Ministerio Público, Lic. JESÚS ANTONIO MACEDA MARTÍNEZ, se introdujeron de manera violenta al bien inmueble referido, "local Comercial" ubicado en la calle de Ana María Gallaga número 203-A, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, realizando supuestos actos de investigación (.) y al retirarse sin dar explicación alguna pusieron en las rejas del inmueble diversas lonas asegurando el inmueble (.)**************************************** . si bien soy dueña del inmueble donde se ubica el local comercial asegurado, como lo acredito con copia la certificada de la escritura, razón de ello, es que resulta ilegal y arbitrario el aseguramiento parcial del inmueble referido, ya que únicamente se aseguró el local comercial donde estaban las maquinitas del juego, pero el resto del inmueble tienen otros locales que rento y vivo en la parte alta del inmueble, habida cuenta que no se me entregó documento alguno de parte de las autoridades que realizaron el cateo y aseguramiento, que fundara y motivara el actuar de las autoridades señaladas como responsables".****************************************Atento a lo anterior, de la narración de hechos realizada bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su ocurso de cuenta, se advierte que el quince de agosto de dos mil veintiuno, se apersonaron al domicilio ya referido elementos de la corporación policiaca que menciona, con la finalidad de realizar actos de investigación, derivados de la carpeta de investigación ********************, lo que originó el aseguramiento que señala como acto reclamado; inclusive, refiere que vive en la parte alta del inmueble y en la fecha en que se llevó a cabo tal diligencia no se le entregó documento alguno de parte de las autoridades que lo llevaron a cabo, pues al retirarse únicamente colocaron en las rejas del inmueble diversas lonas que daban cuenta del aseguramiento practicado.****************************************Por otra parte, del acuerdo emitido el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ********************, por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, señalado como autoridad responsable, al cual se le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -el cual adjuntó a su demanda la justiciable-, del capítulo denominado "considerando" en que se detallan algunas actuaciones realizadas en dicha indagatoria, se advierte que:****************************************Mediante escrito de nueve de mayo de dos mil veintidós, suscrito por la apoderada de Rebeca Barrera Lemus, solicitó la devolución del inmueble ubicado en la calle Ana María Gallaga, número 203-A, del centro de la ciudad de Morelia, Michoacán.****************************************Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se declaró improcedente dicha solicitud.****************************************Lo cual le fue notificado vía correo electrónico proporcionado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y como medio alterno por estrados de dicha Unidad Especializada el veintisiete siguiente.****************************************La petición de entrega que fue reiterada mediante ocurso de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la cual fue declarada nuevamente improcedente en auto de tres de enero de dos mil veintitrés.****************************************El cual le fue notificado vía correo electrónico el tres de enero de dos mil veintitrés, y como medio alterno por estrados en la misma data.****************************************Finalmente, el veintiséis de junio del año en curso, la citada apoderada de la quejosa reiteró la solicitud de entrega del multicitado inmueble, en atención a la cual fue emitido el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que se le dijo que su petición ya había sido materia de análisis en autos de veintiséis de mayo de dos mil veintidós y tres de enero de dos mil veintitrés. ****************************************Así, es evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la Ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedora del mismo, esto es, del quince de agosto de dos mil veintiuno.****************************************Por ello, resulta evidente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido -diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil veintiuno- ha fenecido, pues la demanda fue presentada hasta el dieciocho de agosto del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata.****************************************Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado".****************************************Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado".****************************************No pasa desapercibido para este juzgado el hecho de que la quejosa refiere en su escrito inicial de demanda que se hizo sabedora del aseguramiento que constituye el acto reclamado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, lo que pretende justificar con el acuerdo dictado en esa data por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDAPLE, con residencia en la Ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación ********************; sin embargo, como quedó precisado en párrafos precedentes, su contenido no puede justificar dicha data en que la quejosa refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado; contrario a ello, de su literalidad es dable concluir que por ocursos de nueve de mayo y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, así como veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la apoderada jurídica de la quejosa intentó que el aseguramiento decretado en el inmueble que en esta vía defiende fuera levantado y, por ende, devuelto, sin que sus peticiones se hayan acordado favorables. ****************************************Por ende, que con anterioridad a la fecha que menciona, tuvo conocimiento del aseguramiento reclamado e incluso intentó que le fuera devuelto. ****************************************Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.****************************************Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada; máxime que la propia quejosa adjuntó prueba documental de la carpeta de origen que sirve de sustento para actualizar de forma manifiesta e indudable dicha causa. ****************************************Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: ****************************************"DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo".******************** ********************Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica:****************************************"DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico".****************************************Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1o. Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación; de ahí que, las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable.****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:****************************************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA".****************************************5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.****************************************Asimismo, por lo que ve a las diversas personas que menciona se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, por así haberlo solicitado expresamente.****************************************6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico).****************************************7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ****************************************Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.****************************************Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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