Raúl Torres Rueda
Expediente 1137/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Torres Rueda
- Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. 1. Acusa recibo de oficio y de tomo de pruebas. Téngase por recibido el oficio que remite el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo del oficio 36920/2022, por medio del cual se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa, asimismo, acusa recibo de los tomos de pruebas que se les devolvieron; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dicta por este juzgado en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que adjuntó a su informe justificado Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución en dos tomos de pruebas sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
veintitrés de noviembre de dos mil veintidós AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1137/2022. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez con: 1) la demanda de amparo promovida por Raúl Torres Rueda, 2) auto preventivo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós y acuerdo de admisión de veintiséis siguiente, 3) informe justificado rendido por el magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y 4) constancia de notificación realizada por lista el doce de octubre de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria, como causahabiente de BBVA Bancomer Servicios, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a su vez causahabiente de Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, Dirección Fiduciaria como fiduciario en fideicomiso identificado actualmente con el número "F/27121-3" y con el nombre de fideicomiso de inversión y administración para la reactivación y desarrollo económico del Estado de Michoacán (FIDERMICH), en el que fueron fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a través de la Tesorería General del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial; fiduciario Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria y fideicomisarios las micro y pequeñas empresas constituidas en el Estado de Michoacán, en adelante BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado jurídico. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, rindiendo informe justificado a la autoridad responsable y notificado al tercero con interés, para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. El Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por el magistrado responsable; no habiendo medio de convicción pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la adscripción. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representación social expresando alegatos; se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTO, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1137/2022, promovido por Raúl Torres Rueda, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, lo siguiente: La resolución interlocutoria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil I-248/2022, relativo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado jurídico de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, que declaró insubsistente la sentencia definitiva dictada el catorce de julio del año en curso por la juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio sumario civil hipotecario 1013/2021, que en ejercicio de la acción real hipotecaria hizo valer la apelante frente a Raúl Torres Rueda. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una resolución interlocutoria declarativa carente de ejecución material y la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad responsable, misma que tiene residencia en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la resolución reclamada. Lo que se corrobora con las constancias originales del toca civil I-248/2022 y juicio sumario civil hipotecario 1013/2021, que acompaño en apoyo a su informe justificado, las cuales se integran en dos tomos de prueba por separado y adquieren valor convictivo pleno al ser constancias auténticas que tienen la calidad de documento público de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. CUARTA. Análisis de causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTA. Antecedentes. A continuación, se precisan los antecedentes destacados del juicio de origen y recurso de apelación subyacente. I. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, demandó en la vía sumaria civil hipotecaria y en ejercicio de la acción real hipotecaria a Ma. del Carmen Torres de Ávila, en cuanto acreditada u obligada directa y a Raúl Torres Rueda, en calidad de deudor solidario y garante hipotecario, del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, quien le asignó el número de expediente 1013/2021. II. Previo cumplimiento de requerimiento, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el ocurso y se ordenó emplazar mediante exhorto a los demandados. III. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dio cuenta con un escrito de contestación de demanda aparentemente signado por Raúl Torres Rueda, sin que se tuviera al promovente gestionando en el juicio, en virtud de que las firmas que calzan el ocurso obran en copia simple, las cuales no tienen valor legal. IV. Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo al juez exhortado devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto remitido para emplazar a los demandados, toda vez que, si realizó el llamamiento relativo a Raúl Torres Rueda, sin que fuera posible el de Ma. del Carmen Torres de Ávila, por las razones indicadas. V. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado jurídico de la institución financiera actora desistiéndose de la demanda únicamente respecto de la codemandada Ma. del Carmen Torres de Ávila, en virtud de que no había sido posible su emplazamiento, a Raúl Torres Rueda, por no dando contestación a la demanda y se citó a las partes para oír sentencia. VI. El catorce de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró improcedente la acción real hipotecaria intentada por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, frente a Raúl Torres Rueda, en calidad de aval obligado solidario, al no acreditar el accionante que el crédito es exigible en los términos pactados en el contrato base de la acción, pues no especificó la temporalidad a partir de la cual el deudor incurrió en mora, tampoco lo acreditó con documentación necesaria. VII. Inconforme con dicha determinación, el apoderado jurídico de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, interpuso recurso de apelación el cual se tuvo interpuesto en efecto devolutivo mediante auto de quince de agosto de dos mil veintidós y se ordenó dar vista por tres días al apelado Raúl Torres Rueda, quien la desahogó de acuerdo al proveído de veintitrés siguiente. VIII. El recurso fue turnado a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien le asignó el número de toca I-248/2022 y mediante resolución de catorce de septiembre de dos mil veintidós, determinó declarar fundado el agravio expresado al no ser requisito legal que el apelante señalara expresamente en su demanda la fecha en que el demandado incurrió en mora, tampoco que exhibiera el estado de cuenta que acreditara tal circunstancia, en consecuencia, revocó la sentencia recurrida y ordenó a la juez responsable dictar una nueva con plenitud de jurisdicción, observando los lineamientos precisados. Determinación que constituye la materia de este juicio de garantías. SÉPTIMA. Estudio de la constitucionalidad de la norma general, acto u omisión reclamada. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. Con la finalidad de dar una adecuada respuesta a los conceptos de violación, en principio se analizará la resolución reclamada. En la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintidós, el magistrado responsable determinó fundado el recurso de apelación al estimar fundado el motivo de agravio expresado por la apelante, consistente en que contrario a lo resuelto por el juzgador de origen, se encuentra satisfecho el tercer requisito de la acción sumaria civil hipotecara que hizo valer frente a Raúl Torres Rueda, debido a que es innecesario que en el escrito de demanda se exprese la fecha en que los deudores dejaron de pagar, porque en la cláusula tercera del contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria, base de la acción, estipula su cumplimiento en un plazo no mayor a treinta y seis meses y a la fecha en que compareció a ejercitar la acción, la obligación ya era exigible. Al respecto dijo que el artículo 660 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, contempla los requisitos de procedencia del juicio sumario civil hipotecario, que a saber son: que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, sea de plazo cumplido, exigible en los términos pactados, o bien, conforme a las disposiciones legales aplicables. Así pues, que es innecesario el registro ante la citada dependencia estatal cuando: I. El juicio se entable entre quienes contrataron la hipoteca; II. El bien se encuentre inscrito en favor del demandado y, III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero. Que contrario a lo establecido por la juez de origen, no podían exigirse requerimientos adicionales a los establecidos en dicho dispositivo. Dijo también que en el caso se demanda el pago de un crédito cumplido porque en la cláusula tercera del contrato base de la acción se estipularon treinta y seis meses para el pago de la obligación contraída, específicamente el trece de diciembre de dos mil nueve y el once de octubre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda, por lo que resultaba innecesario que en la demanda se asentara expresamente la fecha a partir de la cual se incurrió en mora, pues la acción se hizo valer precisamente por haber transcurrido el plazo pactado para el pago total del crédito. Invocó al respecto la tesis I.3o.C.1025 C (9a.), de registro digital 160151, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DE CRÉDITOS EXIGIBLES POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO PARA SU LIQUIDACIÓN, NO ES NECESARIO PRECISAR LA FECHA EN QUE EL DEMANDADO INCURRIÓ EN MORA". Precisó además que contrario a lo sustentado por la juez de origen, no existe dispositivo legal que rige la materia del juicio sumario hipotecario que exija la exhibición del estado de cuenta bancario, con la finalidad de evidenciar la fecha en que se incurrió en mora, pues la vía participa de la exigencia de la exhibición de un título ejecutivo para su procedencia, pero solo el documento que la ley respectiva señale, puede servir de base, como lo es la escritura publica que contiene el crédito hipotecario debidamente registrado. Sustentó lo anterior con la jurisprudencia 1a./J. 1/95, de registro digital 200482, emitida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU PRESENTACION EN JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE". En reparación al agravio cometido, el magistrado responsable declaró insubsistente la sentencia definitiva impugnada, para que la juez de primera instancia emitiera una nueva con plenitud de jurisdicción, analizando la acción real hipotecaria, considerando que la institución financiera actora no se encontraba obligada a indicar la fecha de exigibilidad de la obligación, tampoco a exhibir el estado de cuenta que evidenciara la fecha en que el demandado incurrió en mora. Fundó la remisión de los autos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como en la tesis P. LXVIII/2011 (9a.), de registro digital 160526, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada "PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS". Y el derecho de las partes a un recurso efectivo como lo es el de apelación interpuesto, el cual se encuentra previsto en el artículo 682 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, de acuerdo con los numerales 8o., apartado 2, inciso h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José Costa Rica, el dispositivo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el dos de julio de dos mil cuatro en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica y la tesis aislada P. LXVI/2011 (9a.), de registro digital 160584, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Lo cual constituye los motivos y fundamentos esgrimidos por el magistrado responsable al resolver el recurso de apelación materia de este juicio de amparo. Ahora bien, el quejoso aduce de forma genérica que la resolución reclamada viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que los preceptos jurídicos y tesis de jurisprudencia en que se sustenta no son suficientes, amén de que realizó una inadecuada valoración de las pruebas ofrecidas por la parte actora, incluyendo el contrato base de la acción. Motivo de disenso inoperante por no rebatir los motivos y fundamentos de la resolución reclamada. Ello es así, pues no especifica por qué no está debidamente fundada y motivada la determinación, tampoco los motivos por los que no fue correcta la valoración de las pruebas efectuada por el magistrado responsable, no ataca los preceptos legales, jurisprudenciales y de derecho internacional invocados, ni las consideraciones que estimó pertinentes, no dijo por qué fue incorrecto que el magistrado responsable tomara en consideración que se trataba de un crédito cumplido en virtud de que la cláusula tercera del contrato basal se especificó como vencimiento el plazo de treinta y seis meses, asentándose además la data específica en que ello aconteció, trece de diciembre de dos mil nueve y que a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el once de octubre de dos mil veintiuno, había transcurrido el plazo concedido, con lo que se satisfizo el tercer requisito de procedencia de la vía, esto es, que el contrato sea requerido en el término pactado, pues no podían exigirse mayores requisitos a los establecidos en el artículo 660 del Código adjetivo civil del Estado, en que se contemplan los lineamientos de procedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, en que no se exige la exhibición del estado de cuenta y manifestación expresa en la demanda de la fecha en que se incurrió en mora, contrario a lo indicado por la juez de origen. Tampoco precisó el impetrante, por qué no eran aplicables los criterios con números de registro 160151, 200482 y 160526, en que el magistrado responsable fundó su determinación. De ahí lo inoperante del citado concepto de violación. Sirve de sustento la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de registro digital 178786, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con que se comparte criterio, de contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". En otro motivo de inconformidad, el quejoso aduce que el magistrado responsable no valoró la objeción que hizo del documento base de la acción y tampoco se pronunció sobre las pruebas presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones. Concepto de violación inoperante. Ello es así, pues si el quejoso pretende objetar el contrato basal en que se funda la acción intentada en su contra, debió hacerlo en la etapa respectiva de la tramitación del juicio sumario civil hipotecario, en donde además debió presentar las pruebas que estimara conducentes, pues fue en esa fase procesal en que tenía expedito su derecho para hacerlo, sin que hiciera uso de esa prerrogativa, pues en auto dictado el veintiocho de junio de dos mil veintidós (en el juicio de origen1013/2021), se tuvo precluido el derecho de Raúl Torres Rueda, para dar contestación a la demanda y se citó a las partes para oír sentencia. Al no haberse combatido de esa forma la inconformidad en estudio, constituye un argumento novedoso al implicar su consentimiento tácito. Sirve de apoyo la tesis II.1o.118 K, de registro digital 213171, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con que se comparte criterio, de contenido: "JUICIO DE GARANTIAS. LAS PRUEBAS QUE NO FUERON OFRECIDAS ANTE LA RESPONSABLE, NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 78 de la Ley de Amparo dispone que en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán, ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad, para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de esa manera, si las pruebas propuestas en el amparo, no se ofrecieron en el juicio natural ni ante la Sala como supervenientes, por lo cual, la responsable no las consideró dentro del marco probatorio, menos pueden ser tomadas en cuenta por el tribunal de amparo para examinar la constitucionalidad de la sentencia reclamada, a virtud de la técnica del juicio de garantías". En un diverso motivo de inconformidad, el quejoso aduce que el magistrado responsable no consideró que es un adulto mayor, que lo sitúa en un sector poblacional vulnerable, aunado a su estado de enfermedad. Motivo de inconformidad infundado. Si bien los adultos mayores constituyen un sector vulnerable que merece especial protección, en virtud de que generalmente su edad avanzada los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación y abandono, ello no es una justificación para inobservar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales para el acceso a la jurisdicción, amén de que el ramo civil es de estricto derecho, a lo cual se encuentran sujetas expresamente las partes por voluntad propia y dicha situación no los exime de cumplir sus obligaciones. Máxime que la suplencia de la queja en caso de ser procedente se surte en favor de la parte apelante y el quejoso es apelado, adicional a ello, no acreditó ser un adulto mayor, tampoco su condición de vulnerabilidad, pues el solo hecho de pertenecer a ese sector no implica que se encuentre en alguna desventaja. Robustece lo anterior la tesis I.12o.C.33 K (10a.), de registro digital 2019754, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con quien se comparte criterio, de contenido siguiente: "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del País ha precisado que conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han marcado una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: a) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y protección; c) no discriminación en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) protección ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de interés general, y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden público e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actúe al margen de la ley". Sin que se inadvierta la tesis aislada I.1o.A.E.96 A (10a), de registro digital 2010861, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, de rubro "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE LA DUDA DE LA PERTENENCIA DEL PARTICULAR DESTINATARIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A ESE GRUPO VULNERABLE, LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACUERDO DE SU INICIO DEBE ACTUAR DILIGENTEMENTE, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TUTELA", sin embargo, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria para este órgano judicial, al ser un criterio aislado emitido por un Tribunal Colegiado de una región distinta al Décimo Primer Circuito al que pertenece este Juzgado de Distrito. En diverso motivo de inconformidad, la parte quejosa refiere que le causa agravio que el magistrado responsable no haya tomado en consideración el escrito con que desahogó la vista dada a la interposición del recurso de apelación, los cuales se centran en justificar que en el juicio de origen operó la prescripción de la acción. Motivo de desacuerdo infundado. Ello es así, pues la resolución de segunda instancia que resuelve el recurso de apelación se centra en el examen de la resolución recurrida y los agravios expresados por la parte apelante, pues las manifestaciones vertidas en relación a la vista dada con el escrito de agravios, en caso de desahogarse, debe versar en sostener la legalidad de la sentencia recurrida, misma que favorece a sus intereses, desvirtuando las inconformidades de su contraparte. Mayormente que la resolución reclamada, fue concedida para los efectos de que se dejara insubsistente la sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil veintidós y en su lugar se dictara una nueva con plenitud de jurisdicción en que se tuviera acreditado el tercer requisito de procedencia de la vía, lo que implica que la excepción perentoria de prescripción a que alude el quejoso en su escrito de alegatos, en caso de haberse hecho valer, debe ser analizada en la etapa respectiva de la nueva sentencia que se dicte, por ello, no es materia de análisis de la sentencia de segunda instancia rebatida. Fundamenta lo anterior la tesis de registro digital 239404, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "APELACION. ES INNECESARIO EL EXAMEN DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE AGRAVIOS. La circunstancia de que la autoridad responsable no se refiera en su sentencia al escrito de contestación de agravios, no redunda en perjuicio de los intereses jurídicos del apelado, ya que la materia de la sentencia de segunda instancia se limita generalmente al examen de la resolución recurrida con vista de los agravios que expresa el apelante y que fundan el recurso; la intervención del apelado a través de su escrito de contestación de los agravios no desarrolla más función que la de sostener, desvirtuando tales agravios, la legalidad de la sentencia recurrida pronunciada en sentido favorable a sus intereses". Finalmente, el quejoso refiere que BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, es una institución financiera, no una persona, por ello no tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, lo que constituye un derecho humano y tampoco deben aplicarse en su favor los tratados internacionales invocados por el magistrado responsable. Concepto de violación infundado. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Federal, las personas físicas y morales (como lo es el tercero interesado) sujetas al procedimiento tienen derecho a instar los recursos previstos en las leyes ordinarias y extraordinarias, al gozar de igualdad procedimental, por ende, contrario a lo argumentado por el quejoso, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, se encontraba legitimado para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil veintidós, al ser parte actora del juicio sumario civil hipotecario 1013/2021. Al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Raúl Torres Rueda, contra el acto atribuido al magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Tampoco, pasa inadvertido el alegato formulado por la representación social; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Torres Rueda, contra el acto atribuido al magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por los motivos y fundamentos precisados en la consideración sexta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Pedimento ministerial. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la resolución que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas, previo pago que efectúe por ellas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
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