Ramiro Jaquez Valdez

Expediente 111/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
111/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Ramiro Jaquez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez Chihuahua; catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    entencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 111/2019-I. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el veinte de febrero siguiente a este juzgado, la demanda promovida por ** en nombre de **. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la incomunicación, malos tratos, orden de traslado y su ejecución en contra del directamente agraviado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 111/2019-I, se concedió la suspensión de plano y se ordenó ratificar mediante la comunicación oficial 56/2019. Una vez que se recibió el mencionado exhorto se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se difirió a fin de que el quejoso manifestara si era su deseo ampliar a demanda de amparo respecto al Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos. Seguido el trámite del juicio en los términos planteados inicialmente, en virtud de que el quejoso no amplió su demanda, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en virtud de que se trata de un acto con ejecución en el territorio en el que éste órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de traslado y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua al rendir sus informes de la suspensión de plano negaron los actos consistentes en la incomunicación y los malos tratos en contra de **. Por otra parte, el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuyó el accionante del amparo consistente en la orden de traslado y su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, por el contrario, de las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables se desprende que fueron diversas autoridades las que intervinieron en el traslado del quejoso, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua al rendir informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclamó, además, la actuaria judicial de la adscripción en su constancia de diecinueve de febrero pasado informó que el quejoso fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS en el Estado de Guanajuato y las autoridades exhibieron en copia certificada el oficio FEEPYMJ/UATYDH/574/2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve signado por la Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, oficio OADPRS/4487/2019 y OADPRS/4488/2019 de catorce de febrero de dos mil diecinueve signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, oficio FEEPMJ/DEPYMJ/591/2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve signado por la Fiscal Especializada de penas y Medidas Judiciales y oficio E1146/19 de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve signado por el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. QUINTO. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, con número de registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el efecto es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido o por un nuevo acto de autoridad que incida en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido o que sobrevenga un acto jurídico diverso que sobrevenga al que se estimó violatorio y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, consultable a foja 2546, tomo IV, libro 38, enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013461, del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama la orden de traslado y su ejecución. Asimismo, debe establecerse que del análisis de los autos, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve * fue trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social número doce CPS con residencia en el Estado de Guanajuato por orden del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Luego, el veintiuno de febrero del año en curso el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos calificó de legal la determinación administrativa del traslado de Ramiro Jaquez Valdez, de conformidad con los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esas premisas, es inconcuso que, ocurrió una sustitución procesal al haberse dictado la resolución del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos que cesó los efectos de la orden administrativa del traslado ordenada por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado y Prevención Social, esto es, el nuevo acto dictado por autoridad competente de veintiuno de febrero pasado sustituyó procesalmente los efectos generados por el primer acto, incidiendo en su vigencia. Finalmente, fue el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos quien atendiendo a lo establecido en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, calificó de legal la determinación administrativa de traslado en resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 2083/13, carpeta de ejecución 06/17 como se advierte de la copia certificada del oficio E1151/19 que obra agregada a fojas noventa y nueve, cien y ciento uno de autos. Actos respecto de los cuales en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve se dio vista al quejoso por un término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos. Sin embargo, fue omiso en ampliar la demanda respecto de dicho acto, pues tal como se expuso en proveído de siete de los corrientes, transcurrió el término conferido para ello sin que el quejoso desahogara la vista. Por ello, evidente resulta que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, además de que el quejoso no se pronunció respecto de la calificación de legal de la orden de traslado administrativa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 111/2019, promovido por **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 111/2019-I. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el veinte de febrero siguiente a este juzgado, la demanda promovida por ** en nombre de **. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la incomunicación, malos tratos, orden de traslado y su ejecución en contra del directamente agraviado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 111/2019-I, se concedió la suspensión de plano y se ordenó ratificar mediante la comunicación oficial 56/2019. Una vez que se recibió el mencionado exhorto se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se difirió a fin de que el quejoso manifestara si era su deseo ampliar a demanda de amparo respecto al Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos. Seguido el trámite del juicio en los términos planteados inicialmente, en virtud de que el quejoso no amplió su demanda, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en virtud de que se trata de un acto con ejecución en el territorio en el que éste órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de traslado y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua al rendir sus informes de la suspensión de plano negaron los actos consistentes en la incomunicación y los malos tratos en contra de **. Por otra parte, el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, residente en ciudad Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuyó el accionante del amparo consistente en la orden de traslado y su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, por el contrario, de las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables se desprende que fueron diversas autoridades las que intervinieron en el traslado del quejoso, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua al rendir informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclamó, además, la actuaria judicial de la adscripción en su constancia de diecinueve de febrero pasado informó que el quejoso fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS en el Estado de Guanajuato y las autoridades exhibieron en copia certificada el oficio FEEPYMJ/UATYDH/574/2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve signado por la Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, oficio OADPRS/4487/2019 y OADPRS/4488/2019 de catorce de febrero de dos mil diecinueve signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, oficio FEEPMJ/DEPYMJ/591/2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve signado por la Fiscal Especializada de penas y Medidas Judiciales y oficio E1146/19 de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve signado por el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. QUINTO. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, con número de registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el efecto es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido o por un nuevo acto de autoridad que incida en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido o que sobrevenga un acto jurídico diverso que sobrevenga al que se estimó violatorio y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, consultable a foja 2546, tomo IV, libro 38, enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013461, del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama la orden de traslado y su ejecución. Asimismo, debe establecerse que del análisis de los autos, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve * fue trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social número doce CPS con residencia en el Estado de Guanajuato por orden del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Luego, el veintiuno de febrero del año en curso el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos calificó de legal la determinación administrativa del traslado de Ramiro Jaquez Valdez, de conformidad con los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esas premisas, es inconcuso que, ocurrió una sustitución procesal al haberse dictado la resolución del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos que cesó los efectos de la orden administrativa del traslado ordenada por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado y Prevención Social, esto es, el nuevo acto dictado por autoridad competente de veintiuno de febrero pasado sustituyó procesalmente los efectos generados por el primer acto, incidiendo en su vigencia. Finalmente, fue el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos quien atendiendo a lo establecido en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, calificó de legal la determinación administrativa de traslado en resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 2083/13, carpeta de ejecución 06/17 como se advierte de la copia certificada del oficio E1151/19 que obra agregada a fojas noventa y nueve, cien y ciento uno de autos. Actos respecto de los cuales en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve se dio vista al quejoso por un término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del distrito judicial Bravos. Sin embargo, fue omiso en ampliar la demanda respecto de dicho acto, pues tal como se expuso en proveído de siete de los corrientes, transcurrió el término conferido para ello sin que el quejoso desahogara la vista. Por ello, evidente resulta que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, además de que el quejoso no se pronunció respecto de la calificación de legal de la orden de traslado administrativa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 111/2019, promovido por **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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