Ramiro Esquivel Morales
Expediente 287/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramiro Esquivel Morales
- Ramiro Esquivel Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diez de julio de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecisiete en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad se recibió la demanda promovida por *******. EL quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en su carácter de ordenadora, la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, con carácter de ejecutoras. De la Juez de Control reclama el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. De la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, reclama el cumplimiento a dicha resolución en lo que corresponde a la ejecución de la medida cautela de prisión preventiva que le fue impuesta. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis la demanda de amparo se registró con el número *******, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se reconoció a ejpa y a la agente del Ministerio Público que conoció del proceso penal de origen el carácter de terceros interesados, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete en contra de *******. La medida cautelar consistente en prisión preventiva que le fue impuesta y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por el disconforme en contra de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esa ciudad, en virtud de que ésta, al rendir su informe con justificación manifestó que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en el hecho delictivo que la ley señala como delito violación con penalidad agravada, contemplado y sancionado en el artículo 172 fracción I, vinculado con el ordinal 175 fracción del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometido en contra de la tercero interesada *******. De igual forma expresó que sujetó al imputado a la medida cautelar de prisión preventiva por el término de un año dado que el hecho delictivo que se le imputa es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, según lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, se corrobora con los discos de audio y video de la audiencia inicial y de la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso, anexos al informe justificado de la responsable. Igualmente es cierto el acto reclamado por el quejoso en contra de las autoridades ejecutoras Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, consistente en la ejecución de la medida cautelar impuesta por la juez responsable, debido a que éstas manifestaron que, en efecto, *******, se encuentra sujeto a dicha medida cautelar, sin embargo, su función se limita al control y vigilancia de ella. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso en contra las autoridades responsables en virtud de que los actos reclamados no violan sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo aplicable. El quejoso expresa lo siguiente: El auto de vinculación a proceso vulnera su derecho a la presunción de inocencia, debido proceso y de legalidad, pues, en él se tuvieron por demostradas las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en especial por lo que corresponde a la fracción III. Asimismo, el quejoso aduce que la juez responsable no se ajustó a la ponderación de la prueba que resulta de la sana crítica, con base en la lógica y las máximas de la experiencia. Luego, expresa que debido al auto de vinculación a proceso que ataca, es que continúa privado de la libertad sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, la que hubiera cesado si no se hubieran tenido por ciertos los hechos de la imputación en su contra. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del primer acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, en contra de *******, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por su probable participación en el hecho delictivo que la ley señala como violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, relacionado con el artículo 175 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama será a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: Expresión del delito imputado Del audio y video remitido por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que, de conformidad con el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de *******, por los hechos sucedidos el nueve y diez de junio de dos mil quince, en contra de la tercero interesada *******. Los referidos hechos los contempla como delito de violación agravada el artículo 172 fracción I, vinculado con el artículo 175 fracción II del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Concluida la formulación de imputación, la Juez de Control cuestionó al aquí quejoso si entendió los hechos atribuidos por la fiscalía, a lo que contestó que sí, por lo tanto, la autoridad responsable tuvo por formulada dicha imputación en términos de los artículos 310 y 311 de la codificación en comento; entonces, es inconcuso que se verificó el elemento establecido en la fracción I del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expresión de circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución Al momento de que la Juez de Control responsable dictó en contra de *******, el auto de vinculación a proceso en estudio, hizo mención de que la menor ******* le dijo a su madre que ******* la había violado el día que su hermanito nació, esto es, el nueve de junio de dos mil quince, era de noche y le dio sueño, por lo que ******* la llevó al carro, en donde se quedó dormida en la parte de atrás, sin embargo, momentos después la despertó, la tomó de los brazos, le bajó el pantalón y le introdujo el pene en la vagina y después en la boca. También la violó al día siguiente, en la casa de la abuela materna, quien se estaba bañando, mientras que ella estaba acostada en la cama, entonces llegó el quejoso, le bajó el pantalón, se sacó el pene, se lo introdujo en la vagina y cuando terminó también se lo introdujo en la boca, pero se quitó porque escuchó que su abuela había salido de bañarse; particularidades que también manifestó en diligencia de declaración ante el agente del Ministerio Público. Por tanto, es evidente que la juez responsable hizo expresión de las circunstancias en que se ejecutaron los hechos delictivos imputado a *******. Datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado participó en él. Sobre este aspecto, la parte quejosa alega que no existen datos de prueba que lleven a concluir que se cometió un hecho que la ley señala como delito y por lo tanto, su probable participación en él, pues los que se desahogaron en la audiencia se contraponen con la declaración de la aquí tercero interesada y aun así, la Juez de Control los tomó en consideración para dictar en su contra auto de vinculación a proceso, sin embargo, para ello, realizó una valoración alejada de la sana crítica, de la luz de la lógica y de las máximas de la experiencia. Bajo ese tenor, es necesario asentar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales realiza la distinción siguiente: Dato de prueba: es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el Órgano Jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Medios o Elementos de prueba: son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Prueba: se le denomina así a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal del enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. La referida transcripción deja en claro que el elemento de prueba es la fuente de donde se obtiene la información de los hechos, mientras que el dato de prueba es el contenido de la prueba, sin embargo, ambos deben ser tan bastos para, únicamente, determinar la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; contrario a ello, sobre la prueba recae un objetivo distinto, que es el de proveer al juez de conocimiento y con él arribar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. En esta idea, para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere solo de datos de prueba que determinen la comisión de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en él, no obstante, dado que dichos elementos se desahogan bajo los principios rectores del sistema acusatorio deben ser valorados conforme a los principios de valoración de la prueba, establecidos en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sana crítica e inferencia lógica, a los que se añade las máximas de la experiencia Para una mayor explicación se procede a conceptualizar cada uno de los principios. Sana crítica: Implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas. Inferencia lógica: es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón. Máximas de la experiencia: son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados Tiene relación la tesis aislada con número de registro 2002373, de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en el Libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, página 1522, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales. Se colige entonces, que la Juez de Control responsable debió analizar los elementos probatorios de manera libre, es decir, sin sujetarse a una norma que le indicara el alcance que cada uno de ellos debía lograr; razonarlos conforme a las reglas de la lógica, y ajustarlos, de acuerdo al conocimiento adquirido durante su ejercicio profesional, al caso en concreto y determinar, justificadamente, el motivo que la llevó a dictar auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. Por tanto, este juzgador se avoca a revisar si la autoridad responsable cumplió con los principios de valoración de la prueba sin que ello implique suplirla en el acto, pues la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional circunscribirse a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto. Así, lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que se contienen, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2009, plasmada en la página 51, tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal". Precisado lo anterior, contrario a lo que asegura el accionante, este resolutor considera que sí existen datos de prueba que determinen la comisión de un hecho que la ley señala como delito y su probable participación en él, como bien lo señaló la juez responsable en la resolución que se analiza. Se arriba a dicha determinación debido a que del audio y video de la audiencia de vinculación a proceso se desprenden los testimonios de *******, madre de la tercero interesada, Médico Legista *******, licenciada en sicología *******, adscritas a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte. Datos de prueba que concatenados entre sí se advierte que el nueve y diez de junio de dos mil quince, la menor ******* fue violada por *******; el primer día, la transgresión sexual ocurrió por la noche, dentro de un vehículo que estaba estacionado afuera del Hospital de la Familia, al que la llevo el propio quejoso para que durmiera, no obstante, aprovechó la soledad en la que se situaron y la penetró vaginal y bocalmente; el segundo día, la menor estaba en la casa, en compañía de la abuela materna, quien tomaba un baño, por lo que nuevamente aprovechó la ocasión y penetró bajo a la menor por las vías referidas. No pasa por inadvertido que la perito médico legista adscrita a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, expuso que al momento de la exploración que realizó a la menor *******, no presentaba huellas antiguas, ni recientes de penetración, sin embargo, también expresó no siempre deben presentarse huellas de penetración, aun cuando se trate de un himen sin las características de elasticidad y complaciente, toda vez que para ello se toman diversos factores, como lo son el grosor y tamaño del miembro viril, así como la profundidad de la penetración, a mayor explicación, si la penetración no fue en su totalidad, muy probablemente no generó un daño que dejara cicatriz, que de haber sido así, la doctora también explicó que dada la humedad constante de la zona, la regeneración puede llegar a ser íntegra, por tanto, el hecho de que la menor no presente huellas de penetración no implica que no haya sido violada. Sin perjuicio de lo expuesto, como bien lo estableció la responsable, la declaración de la madre de la menor *******, tiene destacada importancia, dado que el delito se consuma en secrecía, por lo que no es posible allegarse de numerosos datos ya que el agresor pretende cometerlo ante la ausencia de testigos para lograr la impunidad, de ahí que no es factible restar valor al dicho de la representante de la menor. Así lo indica la jurisprudencia con número de registro 184610, de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito, visible en el tomo XVII, marzo de 2003, página 1549, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél. Sumado al testimonio de la médico legista, se encuentra el dicho de la licenciada en sicología adscrita a la misma fiscalía, quien refirió que al momento de la entrevista que realizó a la menor, ésta se mostró espontánea en su relato, ubicada en tiempo, hora y lugar y con una motricidad acorde a su edad cronológica, por lo que la menor es considerada normal. Respecto a los hechos delictivos, la licenciada en sicología menciona que la menor le hizo saber de las transgresiones sexuales de las que fue objeto por parte de su padrastro, las que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones procesales, sin embargo, este resolutor advierte que las circunstancias de modo, tiempo y lugar coinciden de forma toral con la versión que la propia menor proporcionó en un inicio ante su madre y después, ante el agente del Ministerio Público. Aunado a ello, la perito en comento expresa que la menor se encuentra ubicada en tiempo debido a que los hechos los asocia con el nacimiento de su hermano. Por lo que hace a la sintomatología que presentaba la menor, la encontró con dificultad para dormir y para concentrarse, con miedos, con facilidad para enojarse y disminución en el apetito, afectación emocional moderada, sin que ello contraríe el dicho de la menor, toda vez que, a explicación de la profesionista, cada persona es diferente y por lo tanto, existen reacciones diferentes y en el caso en estudio, a pesar de que la menor presentaba síntomas de estrés post traumático, es funcional y siguió con sus actividades, lo que puede atribuirse al elevado auto concepto en que se tiene, factor que le favorece para disminuir y sobrellevar la situación por la que pasó. Elementos de prueba que este resolutor estima fueron valorados por la Juez de Control en apego a los principios de valoración de la prueba, esto es, a la sana crítica, toda vez que lo realizó de manera libre ya que para tomarlos en consideración no refirió que alcanzaron un objetivo predeterminado por la ley, por el contrario, aplicó la lógica y a las máximas de la experiencia, puesto que la Juez de Control tomó como parámetro para arribar al auto de vinculación a proceso las conclusiones de los dictámenes emitidos por la médico legista y la licenciada en sicología, los cuales vinculó con la testimonial de la menor ejpa, aunado a que explicó y justificó su determinación, tan es así que expresó que los elementos probatorios aportados por las partes dieron como resultado una serie de datos que adminiculados y concatenados de manera lógica natural llevaron a concluir la existencia del hecho delictivo que la ley señala como violación con penalidad agravada, contemplado y penalizado por el artículo 172 fracción I, vinculado con el diverso 175 fracción II del Código Penal para el Estado de Chihuahua, así como a presumir la probable participación del quejoso en él, aparte de que la defensa no aportó algún elemento que restara veracidad o que desvirtuara el cúmulo de antecedentes que existen en su contra. Se confirma pues, que la Juez de Control se ajustó a los principios de valoración establecidos en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Robustece la determinación de la juez responsable que la víctima es menor de edad, se debe atender al interés superior del menor y asegurar y garantizar, a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad, el goce de sus derechos humanos, entre los que se destaca su salud emocional, sin que ello implique que la Juez de Control estaba obligada a dictar un auto de vinculación a proceso por la mera naturaleza de los hechos delictivos, empero, sí debía otorgarle valor significativo sin necesidad de llamarla a declarar en constantes ocasiones pues se debe evitar la re victimización. Es aplicable la jurisprudencia con número de registro 2012592, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 34, tomo I, septiembre de 2016, página 10, que constituye lo siguiente: INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. En mérito de lo anterior, contrario a lo expuesto por *******, atendiendo a las razones que vertió la Juez de Control al valorar los datos de prueba y dar respuesta a la postura defensiva y agravios del imputado, ponen de manifiesto, de acuerdo con el estándar probatorio que para el dictado de un auto de vinculación a proceso exige el artículo 19 de la Constitución Federal, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió, siendo en caso particular, el delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172 fracción I y 175 fracción II del Código Penal estadual. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia J/25 (9ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, inscrita a foja 1942, Libra V, febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación". Ahora, el auto de vinculación a proceso no viola el derecho de presunción de inocencia de ******, puesto que sujeción a proceso no significa que se le esté prejuzgando, ni que, sin duda alguna sentencia condenatoria. A mayor abundamiento, la presunción de inocencia constituye un derecho subjetivo que impone la obligación de tratar al imputado como inocente, por ello, un dato de prueba no es suficiente para destruirla, por el contrario, la presunción de inocencia se desarrolla en la actividad probatoria a cargo de la representación social, justamente en el juicio oral, de tal forma que para desvirtuarla la parte acusadora tiene la obligación de presentar pruebas que recaigan sobre la existencia de los hechos delictivos y sobre la participación dolosa del acusado en ellos. Cobra aplicación la jurisprudencia con número de registro 2006092, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 5, abril de 2014, tomo I, página 497 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que funda lo siguiente: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Bajo dicha guisa, es evidente que hasta este momento, *******, es considerado inocente, puesto que para la emisión del auto de vinculación a proceso únicamente se requirió de datos de prueba que llevaran a presumir su probable participación en los hechos delictivos que le imputa la representación social, los cuales, por supuesto, no son suficientes para acreditar el elemento de dolo en la comisión de éstos. En diverso orden, el acto reclamado en estudio, tampoco vulnera el derecho al debido proceso y legalidad del accionante, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, y para demostrarlo se inicia con el estudio de los preceptos en el orden de mención. Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. . Dicho precepto constitucional consagra la garantía al debido proceso, así como, en lo que aquí interesa, la garantía de legalidad en materia penal. Por debido proceso se entiende que de manera general todo proceso comprende cuatro etapas: 1) la notificación de inicio del procedimiento, 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se funde la defensa, 3) la oportunidad de alegar, y 4) el dictado de una sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Así lo indica la Jurisprudencia con número de registro 200234, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo II, de diciembre de 1995, página 133, que a la letra funda: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Como se anticipó, el derecho al debido proceso del quejoso quedó a salvo porque hasta la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal que se le instruye en el fuero común, se agotaron los dos primeros primeros periodos, esto es, la notificación de inicio del procedimiento y la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se funde la defensa. Se asevera lo expuesto en razón de que del audio y video remitido por la Juez de Control que presidió la audiencia inicial ******* se advierte que previo a que otorgara el uso de la voz a la representación social para que le formulara imputación, le informó que fue presentado ante ella a fin de hacerle de su conocimiento la investigación que se instaura en su contra por un hecho delictivo y le solicitó estar atento a las manifestaciones de la fiscalía pues procedería a informarle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó cabo y con base en ellas podría defenderse. Entonces queda manifiesto que se acreditó la notificación de inicio de procedimiento. Luego, respecto al derecho de ofrecer y desahogar pruebas, cabe acotar que, atendiendo al contexto explicado en líneas precedentes, es un derecho que se constriñe a la etapa de juicio oral, la que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juico hasta el dictado de la sentencia, por tanto, es en dicha etapa donde se desahogan las pruebas ofrecidos y admitidas por las partes, para luego dar oportunidad a la formulación de alegatos y concluir con el dictado de la sentencia correspondiente. No obstante, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio, caracterizado por el principio de contradicción, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas tiene lugar en la etapa de investigación, en su segunda fase, es decir, investigación complementaria, pues en ella se formula imputación y luego, con la finalidad de preservar el derecho de defensa del imputado, se le otorga el uso de la voz para que, a través de su declaración preparatoria, rebata los hechos que le atribuyen, en la inteligencia que su declaración preparatoria además de ser un derecho consagrado por el artículo 20 aparato B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se toma en consideración como elemento probatorio. Aunado a lo expuesto, como también lo establece el artículo 20 en comento, el imputado tiene derecho a ofrecer la duplicidad del término con el propósito de que se desahoguen los datos de prueba que estime pertinentes para contradecir el dicho de la agente del Ministerio Público y sostener su dicho. En la especie, *******, se acogió a su derecho de reservarse a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de setenta y dos horas, a ciento cuarenta y cuatro horas, con la finalidad de desahogar las testimoniales de *******, ******* y *******, lo cual aconteció el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, pues dichas personas fueron sometidas al interrogatorio tanto de la agente del Ministerio Público, como de la defensa misma. Resulta indudable entonces que el aquí quejoso, en la etapa procesal en la que se encuentra su causa, hizo valer su derecho de ofrecer y desahogar los elementos probatorios que estimó robustecían su dicho. No pasa por inadvertido que restan las etapas de alegatos y dictado de sentencia, sin embargo, se insiste, la causa penal que se instruye a ******* se ubica en investigación complementaria, por tanto, no es el tiempo procesal oportuno para desahogarlas. Respecto al derecho de legalidad en el proceso, se precisa que consta de tres aspectos: 1) la reserva de la ley, entendiéndose por esta que las penas deben ser impuestas por una ley formal, esto es, que debió ser legislada, previo al hecho, por el poder legislativo legalmente competente; 2) la taxatividad, lo que quiere decir que la ley penal solo puede interpretarse en forma literal, y 3) la prohibición de analogía o mayoría de razón, que implica la prohibición de aplicar penas por similitud de tipo penal o por mayoría de razón entre juzgadores, por tanto, la aplicación de las penas debe ajustarse al tipo penal establecido por la ley, así como a la sanción que por éste impone. Acorde al panorama del primer elemento, reserva de la ley, es indiscutible que fue respetado por la Juez de Control, puesto que el delito de violación con penalidad a gravada que se imputa a *******, está contemplado y penalizado por el artículo 172 fracción I, relacionado con el artículo 175 fracción II del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente desde el veintisiete de diciembre de dos mil seis, con la última reforma de publicada en el Diario Oficial el trece de junio de dos mil dieciséis. Por tanto, no existe duda de que el citado código es la ley aplicable a los hechos atribuidos a la parte quejosa por la agente del Ministerio Público del Estado, dentro de la causa penal *******, pues está vigente desde nueve años antes de la comisión de los hechos delictivos que se le imputan. Respecto al elemento de taxatividad, se tiene que el delito especificado se encuentra claramente regulado en título quinto, capítulo I, artículo 171 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, instituye lo siguiente: TÍTULO QUINTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL CAPÍTULO I VIOLACIÓN Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de cuatro a doce años. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. De tal manera, para arribar a la conclusión de que *******, de manera probable, cometió los hechos ilícitos que se le imputan, en contra de la tercero interesada ejpa, la Juez de Control no tuvo la necesidad de realizar una interpretación de los artículos continentes de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el libre desarrollo, pues el numeral transcrito es muy claro en conceptualizar jurídicamente dicho injusto. Luego, en virtud de que el injusto fue cometido en contra de la tercero interesada *******, quien es menor de edad, la Juez de Control se constriñó a lo establecido en los artículos 172 fracción I y 175 fracción II de la codificación en comento, los cuales son precisos en referir que se aplicarán se de seis a veinte años de prisión a quien realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo y las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto. Con lo anterior, no debe entenderse que la resolutora natural dio por sentada la participación del quejoso en los hechos delictivos que la agente del Ministerio Público del Estado le imputa, por el contrario, el razonamiento expuesto aclara que el auto de vinculación a proceso que dictó se ajustó a la interpretación literal de la norma punitiva de la materia, de ahí que se estima respetada la taxatividad de la ley. Tocante al elemento de la prohibición de analogía o mayoría de razón, es jurídicamente imposible analizarlo debido a que la parte quejosa no ha sido condenada a una sanción penal en virtud de que la causa que se le instruye se encuentra en la etapa de investigación complementaria. Por otra parte, en proporción al artículo 16 de la carta magna, se tiene que funda lo que se asienta a continuación: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . Este precepto garante obliga la legalidad en los actos de autoridad, a mayor explicación, todo acto de autoridad debe estar dotado de fundamentación y motivación con la finalidad de evitar arbitrariedades en contra del gobernado. Así lo expone la jurisprudencia con número de registro 820034, de la Séptimo Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1998, parte II, página 1481, del Semanario Judicial de la Federación, de cuyo contenido de lee lo siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas Opuesto a lo que manifiesta el quejoso, la Juez de Control motivó el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra, pues como se dejó de manifiesto en el apartado anterior, explicó y justificó las razones que la impulsaron a concluir de tal manera, aunado a que fundamentó su resolución en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser los preceptos legales acordes a ella. Resulta evidente entonces, que el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa no viola sus derechos de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, por tanto, se concluye con el estudio del primer acto reclamado. Enseguida, se procede al estudio del segundo acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva, contemplada en el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula: Artículo 19. . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. . El citado artículo prevé la prisión preventiva como medida cautelar, la que únicamente puede ser solicitada por la representación social cuando no existan otras medidas suficientes que garanticen lo siguiente: la comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación la protección de la víctima, testigos o de la comunidad cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso Además, dado que la prisión preventiva implica una afectación directa e indirecta en distintos derechos fundamentales, su imposición debe superar ciertos requisitos, tales como: Acreditación de los elementos propios del auto de vinculación a proceso Principio de excepcionalidad, lo que significa que la prisión preventiva debe ser solicitada solo en casos especiales Fin procesal de la prisión preventiva, debe acreditarse el motivo procesal que se persigue Proporcionalidad, que la medida se imponga tomando en cuenta y valorando los hechos presuntamente cometidos por el imputado Provisionalidad, implica la revisión de la medida en todo tiempo con el propósito de determinar si sigue siendo necesaria o bien, si ya cambiaron alguno de los elementos que llevaron a imponerla Control judicial, se refiere a la posibilidad de que la medida sea impugnada ante el superior del juez que la dicta Límite temporal, es obligatorio señalar el tiempo que debe perdurar la medida, que por supuesto no debe exceder del tiempo establecido en la Constitución, esto es, dos años. Se actualiza una excepción a la imposición de la prisión preventiva a petición de parte, prisión preventiva oficiosa, está medida deberá ser impuesta por el Juez de Control, de forma obligatoria, cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En la especie, los hechos ilícitos que la representación social imputa a ******* se contemplan como violación con penalidad agravada, en el artículo 172 fracción I y 175 fracción II de Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, indudablemente, la juez responsable estaba constitucionalmente obligada a imponer como medida de apremio la prisión preventiva oficiosa. Así, del cúmulo de razonamientos asentados en la presente sentancia se desprende que el auto de vinculación a proceso que la Juez de Control responsable, dictó en contra de *******, así como la medida cautelar de prisión preventiva a la que sujetó, dentro de la causa penal *******, se ajustan a las disposiciones constitucionales, en consecuencia, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con dicho acto. La negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución atribuido a la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no se reclama por vicios propios, sino como una consecuencia de la medida cautelar impugnada. Al caso, es aplicable la tesis aislado con número de registro 286030, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XII, Materia Común, visible en la página trescientos once, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tales actos, por razón de su jerarquía. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *******, por el acto y autoridades precisadas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la suscrita Secretaria encargada del despacho por licencia del titular, no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 43 Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. (.) Por tanto, toda vez que el titular de este tribunal, se encuentra haciendo uso de una licencia, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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