Ramiro Espinoza Martínez
Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramiro Espinoza Martínez y Otros.
- Ramiro Espinoza Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de tres de mayo del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que el quejoso XXXX se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en el Estado de Chihuahua, residente en Aquiles Serdán, conforme lo establecen los numerales 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en la ciudad del mismo nombre, solicitándole notifique a aquel el contenido íntegro del presente, debiendo entregarle copia autorizada de este acuerdo; en el entendido, que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para la práctica de dicha diligencia se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXX. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, aclara que el nombre del incidentista en el juicio de origen, es en efecto el aquí quejoso *****. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado por el quejoso *****(siendo lo correcto *****), toda vez que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho se negó a dar apertura al incidente no especificado, ello a fin de resolver sobre el beneficio preliberacional de libertad condicionada; sin embargo, el veinticuatro de abril del presente año se ordenó dar trámite a dicha incidencia. Así, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y turnado a este órgano el mismo día; *****, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien reclamó en esencia el proveído pronunciado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual le negó el beneficio de la libertad condicionada, contemplado en los numerales 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante haber cumplido los requisitos para ello. De lo que se tiene, que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. Procede el sobreseimiento. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, en su informe justificado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que es cierto el acto reclamado, pues el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, negó al quejoso ***** la apertura del incidente no especificado en la causa penal **/****; asimismo, indicó que el veinticuatro del actual ordenó la apertura de la incidencia planteada, con fundamento en los artículos 494 del Código Penal Federal, 124, 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de resolver sobre la petición de la libertad condicionada que realiza el justiciable, para lo cual se dio vista a las partes y se solicitaron los informes correspondientes, y con el propósito de notificar al quejoso, libró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, residente en la capital, toda vez que el impetrante se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua. Remitiendo al efecto, copia certificada de los proveídos de veintidós de marzo y veinticuatro de abril del año en curso; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto reclamado a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Por último, toda vez que el quejoso ***** se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en el Estado de Chihuahua, residente en Aquiles Serdán, conforme lo establecen los numerales 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en la ciudad del mismo nombre, solicitándole notifique a aquel el contenido íntegro del presente, debiendo entregarle copia autorizada de este acuerdo; en el entendido, que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para la práctica de dicha diligencia se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 259/2018-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de abril del año en curso, Ramiro Espinoza Martínez solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien le reclamó en esencia el proveído pronunciado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual le negó el beneficio de la libertad condicionada, contemplado en los numerales 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante haber cumplido los requisitos para ello. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de diecinueve de abril del presente año, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo tal y como se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso, consistente en el proveído pronunciado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, emitido en los autos de la causa penal 77/2004. TERCERO. Improcedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en esencia es el proveído pronunciado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, le negó al promovente el beneficio de la libertad condicionada, contemplado en los numerales 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante haber cumplido los requisitos para ello. Asimismo, como antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa, expresó, bajo protesta de decir verdad, los siguientes: [.] a) Que en fecha 22 de Marzo del año en curso, mediante auto de la misma fecha, el Juez Noveno de Distrito, con residencia en ciudad Juárez, Chihuahua, me niega el beneficio de libertad condicionada que se establece en el numeral 136, 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo el argumento de que dicha normatividad, no es vigente. Fundando tal razonamiento en el artículo Transitorio segundo, de la citada Ley, lo que en realidad contraviene tal afirmación, pues el citado Transitorio Textualmente señala "en lo que interesa" al caso que nos ocupa, "En las entidades Federativas donde está vigente el nuevo sistema de justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo de la declaratoria para el inicio de vigencia de la Presente Ley". En la especie, dicho Término ha transcurrido en exceso, en consecuencia, la vigencia de la multicitada norma, es vigente y debe ser aplicada en lo que nos ocupa, en todos sus términos que la misma establece. [.] De lo anterior, se advierte que el quejoso, reclama la negativa del Juez responsable de otorgarle el beneficio de la libertad condicional, mediante auto de veintidós de marzo del año en curso. En tales condiciones, no es posible otorgar a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita, pues dada la naturaleza negativa de los actos reclamados, conceder dicha medida cautelar equivaldría a asignarle efectos restitutorios, mismos que son exclusivos de la sentencia que se dicte, en su caso, en el juicio principal. Por lo tanto, se niega la suspensión provisional que solicitó el quejoso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.3º.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1468, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, Novena Época, que a la letra dice: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Ahora bien, toda vez que el quejoso Ramiro Espinoza Martínez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Uno en el Estado de Chihuahua, ubicado en Aquiles Serdán, conforme lo establecen los numerales 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la capital, en turno, solicitándole notifique a aquel el contenido íntegro de la presente, debiendo entregarle copia autorizada de esta resolución; en el entendido, que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para la práctica de dicha diligencia se habilitan días y horas inhábiles. RESUELVE ÚNICO. Se niega a Ramiro Espinoza Martínez, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 259/2018-V. Tramítese el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa así lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que en relación con este expediente se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Ahora bien, toda vez que al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, le reviste el carácter de tercero interesado, tal y como lo contempla el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, en consecuencia, gírese oficio al citado agente a fin de emplazarlo al presente juicio de amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene al quejoso ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su ocurso, relativas al oficio ******* de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho; del proveído dictado el tres de los actuales por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua y la comunicación oficial ******* de veintidós de marzo pasado, pronunciado por la autoridad responsable; las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con base en los arábigos 119 y 124 de la Ley de la Materia. Ahora bien, toda vez que el quejoso ******* se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en el Estado de Chihuahua, residente en Aquiles Serdán, conforme lo establecen los numerales 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en la ciudad del mismo nombre, solicitándole notifique a aquel el contenido íntegro del presente, debiendo entregarle copia autorizada de este acuerdo; en el entendido, que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para la práctica de dicha diligencia se habilitan días y horas inhábiles. Como lo solicita el quejoso hágase entrega de copia simple de las actuaciones practicadas por este juzgado, al momento de ser notificado; no así de las remitidas por las demás partes, pues esa hipótesis no la contempla el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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